STC15782-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15782-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00622-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Hernando Castro Prieto frente a la sentencia de 17 de junio de 2021, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la salvaguarda que el recurrente le interpuso a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, extensiva a los intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El impulsor solicit\u00f3 declarar la nulidad de la decisi\u00f3n de 12 de mayo del 2021, proferida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que revoc\u00f3 parcialmente la de 31 de octubre de 2018, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1. <\/p>\n
De la lectura del escrito de tutela y los anexos se extrae que Alcides Prada Lizarazo, y otros, denunciaron al actor por el incumplimiento de sus deberes como abogado en el proceso de pertenencia para el cual fue contratado desde el 12 de julio de 2013. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el promotor que \u00abdesconcierta\u00bb que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial abra un decurso ya resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura, decidiendo sobre un proceso archivado hace m\u00e1s de 3 a\u00f1os, por hechos ocurridos 9 a\u00f1os atr\u00e1s; en consecuencia, consider\u00f3 \u00abviolados\u00bb los t\u00e9rminos de caducidad de la acci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 ados\u00f3 el prove\u00eddo de 31 de octubre de 2018, por medio de la cual, el gestor fue sancionado en primera instancia e inform\u00f3 que remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la sala hom\u00f3loga del otrora Consejo Superior de la Judicatura para que se surtiera el tr\u00e1mite de consulta. La Magistratura convocada defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado y se remiti\u00f3 a los argumentos expuestos en la decisi\u00f3n reprochada. Precis\u00f3 que \u00abno es cierto que [se] desarchivara un proceso terminado, (\u2026) dado que el proceso disciplinario contra el abogado Edwin Hernando Castro Prieto, fue remitido a esa Comisi\u00f3n por la Sala de Primera Instancia, para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta\u00bb. <\/p>\n
3. El a quo declar\u00f3 la improcedencia del auxilio tras advertir que la decisi\u00f3n cuestionada era razonable al no advertir ning\u00fan defecto o arbitrariedad en la misma. <\/p>\n
4. El precursor se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La revisi\u00f3n del plenario sometido al escrutinio de esta Sala muy pronto permite afirmar que el veredicto que revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n de primer grado y ratific\u00f3 la \u00absuspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de tres (3) meses\u00bb (12 may. 2021) al abogado Edwin Hernando Castro Prieto no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
N\u00f3tese que la Magistratura censurada parti\u00f3 reafirmando su \u00abcompetencia\u00bb para definir el asunto, acorde con las previsiones de los \u00abart\u00edculos 254 a 257 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; Ley 270 de 1996, 734 de 2002 y la Ley 1123 de 2007\u00bb. <\/p>\n
Luego de examinar la calidad del disciplinado, esa Colegiatura abord\u00f3 la congruencia entre la formulaci\u00f3n de los cargos y la sentencia de primera instancia, as\u00ed como record\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) se formularon cargos en contra del abogado Edwin Hernando Castro Prieto por la posible violaci\u00f3n de los deberes contemplados en el art\u00edculo 28 numerales 8 y 10 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en las faltas de los art\u00edculos 35 numeral 3 y 37 numeral 1 de la misma norma, a t\u00edtulo de dolo y culpa, respectivamente, porque al parecer (\u2026) omiti\u00f3 materializar diligentemente el mandato confiado por los quejosos, pese a contar con los respectivos poderes y hab\u00e9rsele cancelado sumas de dinero para realizar en nombre y representaci\u00f3n de los quejosos la presentaci\u00f3n de una serie de demandas por medio de las que pretend\u00eda se legalizara la posesi\u00f3n de los mismos sobre una serie de bienes, teni\u00e9ndose que en varios de los casos, no present\u00f3 la demanda y, en otros, pese a que si la radic\u00f3, una vez inadmitida no la subsan\u00f3 y retirada esta tras su rechazo, no obraba prueba de que hubiere procurado su nueva presentaci\u00f3n. <\/p>\n
Siendo que, adem\u00e1s, el profesional recibi\u00f3 dineros con cargo a cubrir los costos del proceso y en espec\u00edfico lo relacionado a los curadores Ad-Litem, gastos que al no estarse tramitando asunto alguno, significaron el recibo de dineros para gastos irreales. <\/p>\n
Enseguida, analiz\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n y advirti\u00f3 su ocurrencia: <\/p>\n
(\u2026) frente a las actuaciones realizadas por el [disciplinado] en su condici\u00f3n de apoderado de Margarita Perdomo Escobar, Jorge Eli\u00e9cer Medina Tovar, Edilma Le\u00f3n Pe\u00f1a, Alcides Prada Lizarazo, Rosalba Medina Mar\u00edn, Ana Rosa y Reinaldo Giraldo Guti\u00e9rrez, Israel Ort\u00edz Campos y Elvia Barrios de Ort\u00edz, esto es, las efectuadas entre los a\u00f1os 2013 y 2014, (\u2026) pues desde cada una de esas datas a la actual, han transcurrido m\u00e1s de cinco a\u00f1os, con lo cual se configura la causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria por el transcurso del tiempo. <\/p>\n
(\u2026) Por tanto, corresponde a la Comisi\u00f3n decretar parcialmente la prescripci\u00f3n seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 24 de la Ley 1123 de 2007, al concurrir causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria en cuanto a la falta consagrada en el art\u00edculo 37.1 de la Ley 1123 de 2007, respecto de que el abogado se hubiese demorado en la iniciaci\u00f3n de las gestiones encomendadas, y dejado de hacer las diligencias propias de las mismas, conforme al enunciado del art\u00edculo 23 de la misma norma, por lo cual se ordenar\u00e1 la cesaci\u00f3n del procedimiento acorde con lo previsto en el art\u00edculo 103 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
En torno a la otra conducta endilgada al gestor, contin\u00fao su an\u00e1lisis de cara a la tipicidad y se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) En el asunto objeto de estudio, las faltas endilgadas al abogado Edwin Hernando Castro Prieto, est\u00e1n consagradas en el art\u00edculo 35 numeral 3, en concurso con el art\u00edculo 37 numeral 1, que se\u00f1alan: <\/p>\n
Art\u00edculo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: <\/p>\n
3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o il\u00edcitas\u201d <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Demorar la iniciaci\u00f3n o prosecuci\u00f3n de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuaci\u00f3n profesional, descuidarlas o abandonarlas\u201d. <\/p>\n
Sobre el particular encuentra esta Comisi\u00f3n que, no s\u00f3lo las conductas que motivaron la sanci\u00f3n disciplinaria impuestas al abogado encuadran en la descripci\u00f3n t\u00edpica de las normas citadas, sino que adem\u00e1s se halla plenamente acreditado que dichas conductas ocurrieron. <\/p>\n
Bajo ese marco, procedi\u00f3 a analizar los elementos suasorios adosados a ese decurso y hall\u00f3 <\/p>\n
demostrado (\u2026) que el profesional del derecho desconoci\u00f3 el deber de cumplir las disposiciones legales establecidas en la Ley 1123 de 2007, teniendo en cuenta que cometi\u00f3 dos (2) conductas reprochables: i) el haber recibido una suma determinada de dinero por parte de sus poderdantes que seg\u00fan los recibos que libr\u00f3 estaban destinados a cubrir gastos de los procesos y en especial lo concerniente al pago de un curador ad litem, sin que ello hubiera sido cierto, pues a la fecha que fueron emitidos, esto es, el 1 y 3 de junio de 2016, en unos casos ya se hab\u00edan retirado las demandas en el a\u00f1o 2013, y en otros, ni siquiera se hab\u00eda iniciado la acci\u00f3n civil y ii) el no haber actuado con diligencia en los asuntos encomendados por Edilma Le\u00f3n Pe\u00f1a, Alcides Prada Lizarazo, Rosalba Medina Mar\u00edn, Israel Ort\u00edz Campos, Elvia Barrios de Ort\u00edz, Mar\u00eda Elsa Pe\u00f1alosa Urrea, Ana Rosa y Reinaldo Guti\u00e9rrez con ocasi\u00f3n de los poderes otorgados para tal efecto el 14 de mayo de 2016. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la primera conducta advirti\u00f3 <\/p>\n
que se demostr\u00f3 la relaci\u00f3n cliente abogado que exige la Ley 1123 de 2007 para ser sujeto disciplinable, en tanto este \u00faltimo se comprometi\u00f3 a realizar una serie de demandas de pertenencia frente a los inmuebles de los que sus poderdantes se reputaban poseedores para lo cual se le otorgaron el 14 de mayo de 2016 los respectivos poderes y que en virtud de dicho mandato el profesional expidi\u00f3 al se\u00f1or Alcides Prada Lizarazo y a las se\u00f1oras Rosalba Medina Mar\u00edn, Mar\u00eda Elsa Pe\u00f1alosa recibos de fechas 1 y 3 de junio de 2016 por el pago de \u201ccostos de proceso\u201d y \u201ccurador ad litem\u201d, gastos que resultaron irreales pues para esa data no se hab\u00eda instaurado demanda alguna, y por tanto, los fines sobre los cuales supuestamente iban a ser destinados no exist\u00edan. <\/p>\n
Entonces, conforme el material probatorio se encuentra demostrada la materialidad de la conducta enrostrada al doctor Edwin Hernando Castro Prieto, pues se evidencia que los costos del proceso y en espec\u00edfico lo relacionado a los curadores ad-litem, surtidos por los aludidos poderdantes al no estarse tramitando asunto alguno, significaron el recibo de dineros para gastos irreales. <\/p>\n
Por lo anterior, concluye esta Comisi\u00f3n que la conducta se enmarc\u00f3 en lo dispuesto en el art\u00edculo 35 numeral 3 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Atinente a la segunda conducta <\/p>\n
se tiene que el 12 de julio y 9 de noviembre de 2013, 1 de noviembre de 2014 y 14 de mayo de 2016, los se\u00f1ores Alcides Prada Lizarazo y Edilma Pe\u00f1a Le\u00f3n confirieron poder especial, amplio y suficiente al abogado EDWIN HERNANDO CASTRO PRIETO para que en sus nombres y representaci\u00f3n iniciara y llevara hasta su culminaci\u00f3n proceso de pertenencia y\/o proceso verbal especial para otorgar t\u00edtulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica consagrado en la ley 1561 de 2012, en contra de los herederos determinados e indeterminados del se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio Lizarazo D\u00edaz y dem\u00e1s personas desconocidas e indeterminadas que pudieran tener alg\u00fan derecho real principal sobre el bien inmueble (\u2026) identificado con la matricula inmobiliaria No. 50S-20230. <\/p>\n
Tambi\u00e9n la se\u00f1ora Rosalba Medina Mar\u00edn confiri\u00f3 poder especial, amplio y suficiente al abogado EDWIN HERNANDO CASTRO PRIETO los d\u00edas 12 de julio de 2013, 1 de noviembre de 2014 y 14 de mayo de 2016, para que en su nombre y representaci\u00f3n iniciara y llevara hasta su culminaci\u00f3n proceso de pertenencia y\/o proceso verbal especial para otorgar t\u00edtulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica consagrado en la Ley 1561 de 2012 en contra de los herederos determinados e indeterminados del se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio Lizarazo D\u00edaz y dem\u00e1s personas desconocidas e indeterminadas que pudieran tener alg\u00fan derecho real principal sobre el bien inmueble (\u2026) identificado con la matricula inmobiliaria No. 50S-20230 y c\u00e9dula catastral 86AS 27BE 18. <\/p>\n
El 1 de noviembre de 2014 y 14 de mayo de 2016, los se\u00f1ores Reinaldo y Ana Rosa Giraldo Guti\u00e9rrez confirieron poder especial, amplio y suficiente al abogado EDWIN HERNANDO CASTRO PRIETO para que en sus nombres y representaci\u00f3n iniciara y llevara hasta su culminaci\u00f3n proceso verbal especial para otorgar t\u00edtulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica consagrado en la Ley 1561 de 2012, en contra de los herederos determinados e indeterminados del se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio Lizarazo D\u00edaz y dem\u00e1s personas desconocidas e indeterminadas que pudieran tener alg\u00fan derecho sobre el bien inmueble (\u2026) identificado con la matricula inmobiliaria No. 50S-307863. <\/p>\n
En similar sentido, el 14 de mayo de 2016, los se\u00f1ores Israel Ort\u00edz Campos y Elvia Barrios de Ort\u00edz confirieron poder especial, amplio y suficiente al abogado EDWIN HERNANDO CASTRO PRIETO para que en sus nombres y representaci\u00f3n iniciara y llevara hasta su culminaci\u00f3n proceso verbal especial para otorgar t\u00edtulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica consagrado en la Ley 1561 de 2012, en contra de los herederos determinados e indeterminados del se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio Lizarazo D\u00edaz y dem\u00e1s personas desconocidas e indeterminadas que pudieran tener alg\u00fan derecho sobre el bien inmueble (..) identificado con la matricula inmobiliaria No. 50S-547234. <\/p>\n
El 14 de mayo de 2016, la se\u00f1ora Mar\u00eda Elsa Pe\u00f1alosa Urrea confiri\u00f3 poder especial, amplio y suficiente al abogado EDWIN HERNANDO CASTRO PRIETO para que en su nombre y representaci\u00f3n iniciara y llevara hasta su culminaci\u00f3n proceso de pertenencia y\/o proceso verbal especial para otorgar t\u00edtulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica consagrado en la Ley 1561 de 2012 en contra de los herederos determinados e indeterminados del se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio Lizarazo D\u00edaz y dem\u00e1s personas desconocidas e indeterminadas que pudieran tener alg\u00fan derecho real principal sobre el bien inmueble (\u2026) identificado con la matricula inmobiliaria No. 50S-20230. <\/p>\n
Del recuento anterior, constata esta Comisi\u00f3n, que en efecto el disciplinado pese a contar con los respectivos poderes otorgados en el a\u00f1o 2016, para presentar en nombre y representaci\u00f3n de los quejosos una serie de demandas por medio de las que pretend\u00eda legalizar la posesi\u00f3n sobre una serie de bienes inmuebles, no realiz\u00f3 la gesti\u00f3n encomendada, pues de conformidad con el reporte de demandas instauradas por el abogado en nombre de sus representados se evidenci\u00f3 que el profesional, para la fecha en que se formul\u00f3 la queja, no hab\u00eda presentado dichas acciones, incurriendo as\u00ed en la falta contemplada en el art\u00edculo 37 numeral 1\u00ba de la Ley 1123 de 2007, ya que como se ha dicho en l\u00edneas anteriores demor\u00f3 la iniciaci\u00f3n de las gestiones encomendadas. <\/p>\n
Seguidamente, procedi\u00f3 a estudiar la Antijuricidad e indic\u00f3 que <\/p>\n
el abogado Castro Prieto, desconoci\u00f3 el deber de cumplir las disposiciones legales establecidas en la Ley 1123 de 2007, pues est\u00e1 probado que el profesional de derecho no obr\u00f3 con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, adem\u00e1s no atendi\u00f3 con celosa diligencia el encargo profesional que le fue encomendado (\u2026) pues a pesar de contar con los respectivos poderes no materializ\u00f3 de manera diligente el mandato confiado, al no dar inicio al tr\u00e1mite de pertenencia y obtener de sus clientes sumas de dinero con cargo a cubrir los costos del proceso y en espec\u00edfico lo relacionado a los curadores Ad-Litem, gastos que al no estarse tramitando asunto alguno en el a\u00f1o 2016, cuando se prob\u00f3 fueron entregados, se configuraron en gastos inexistentes. [En consecuencia, confirm[\u00f3] la sanci\u00f3n disciplinaria de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de tres (3) meses. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ahond\u00f3 en el elemento culpabilidad y adujo que el encartado <\/p>\n
no actu\u00f3 con la debida diligencia que se esperaba pues dej\u00f3 ac\u00e9falos los intereses de sus mandantes, y en consecuencia, se le endilg\u00f3 la falta en modalidad culposa. <\/p>\n
De otra parte, el disciplinado al no adelantar gesti\u00f3n alguna para el a\u00f1o 2016, obtuvo de sus clientes el pago para unos tr\u00e1mites que a todas luces eran inexistentes porque en efecto no se adelantaba la actuaci\u00f3n para la cual fue contratado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que el abogado Edwin Hernando Castro Prieto, actu\u00f3 a t\u00edtulo de culpa, respecto de la falta de que trata el art\u00edculo 37 numeral 1\u00ba de la Ley 1123 de 2007, por cuanto no se logr\u00f3 desvirtuar que el proceder reprochado obedeciera a causas diferentes del descuido, la negligencia y la incuria del abogado, quien desatendi\u00f3 la gesti\u00f3n encomendada por sus poderdantes, y por otro lado, su actuaci\u00f3n fue dolosa en relaci\u00f3n con la falta establecida en el numeral 3 del art\u00edculo 35 ibidem, por cuanto con su proceder el abogado recibi\u00f3 el dinero sin fundamento y nunca lo destin\u00f3 para los fines que aludi\u00f3. <\/p>\n
Finalmente, se adentr\u00f3 en el estudio de la dosimetr\u00eda de la sanci\u00f3n a imponer, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 13 de la Ley 1123 de 2007 y, de cara a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, resolvi\u00f3: <\/p>\n
Primero: Revocar Parcialmente el fallo consultado proferido el 31 de octubre de 2018, por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, por las faltas previstas en los art\u00edculos 35 numeral 3 en concurso con el art\u00edculo 37 numeral 1\u00ba de la Ley 1123 de 2007, mediante el cual se impuso la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n de tres (3) meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n, al abogado Edwin Hernando Castro Prieto, (\u2026). <\/p>\n
Terminar y Archivar: las actuaciones a favor del abogado Edwin Hernando Castro Prieto, en lo relacionado con las actuaciones desplegadas del 12 de julio de 2013 al 1 de octubre de 2014 y del 1 de noviembre de 2014 al 13 de mayo de 2016, de acuerdo con las consideraciones expuestas en procedencia. <\/p>\n
Confirmar: La responsabilidad disciplinaria del abogado Edwin Hernando Castro Prieto, por la falta descrita en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, relacionado con el actuar efectuado a partir del 14 de mayo de 2016 y la establecida en el numeral 3 del art\u00edculo 35 de la misma norma, y en consecuencia confirmar la sanci\u00f3n suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de tres (3) meses. <\/p>\n
De esta forma, el examen del sumario objeto de esta causa superlativa muy pronto revela la impertinencia de la s\u00faplica, habida cuenta que como se evidenci\u00f3, la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Corporaci\u00f3n convocada estuvo soportada en la valoraci\u00f3n de los medios suasorios obrantes en el plenario y en la aplicaci\u00f3n de los criterios esenciales para la graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1123 de 2007. As\u00ed las cosas, en torno a las faltas a la debida diligencia profesional y a la honradez endilgadas al togado encartado, hall\u00f3 demostrado que de manera injustificada, no actu\u00f3 con la diligencia debida en los asuntos que le fueran encomendados por los quejosos, atinentes, de un lado, a abstenerse de radicar unas demandas de pertenencia para las cuales le confirieron poder; y de otro, pese a haber radicado algunos asuntos, no subsan\u00f3 los defectos de que adolec\u00edan; en consecuencia, fueron rechazadas; sumado a ello, con posterioridad, solicit\u00f3 la entrega de dineros para gastos procesales relacionados con curadores ad-Litem, peculios \u00abque al no estarse tramitando asunto alguno, significaron el recibo de dineros para gastos irreales, infringiendo as\u00ed los deberes establecidos en los numerales 8 y 10 de la Ley 1123 de 2007. Con todo, la autoridad atacada, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n respecto de las conductas en las cuales hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de cinco a\u00f1os desde su consumaci\u00f3n. <\/p>\n
[i]ndependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales (CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, citado en STC15884-2018). <\/p>\n
4. Son estas breves razones las que determinan la impertinencia de la salvaguarda suplicada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y en tiempo rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC15782-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15782-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00622-01 (Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Hernando Castro Prieto frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59520","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59520"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59520\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}