STC15785-2021<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-2021-01980-00 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
<\/p>\n
STC15785-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-2021-01980-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Julio G\u00e1mez Mendoza le interpuso a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, al Presidente de la Rep\u00fablica, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, la Direcci\u00f3n Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., extensiva a Ludis Pedrozo. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- El libelista, con ocasi\u00f3n de la negativa de la empresa de servicios p\u00fablicos domiciliarios Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. a acceder a la solicitud que elev\u00f3 para que se \u201crompiera la solidaridad\u201d entre \u00e9l y Ludis Pedrozo frente a la deuda generada por la prestaci\u00f3n del servicio de energ\u00eda, en el inmueble que afirma es de su propiedad, pidi\u00f3, para la protecci\u00f3n de sus derechos de petici\u00f3n y debido proceso administrativo, lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
i). Conminar al Consejo de Disciplina Judicial, antes Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Constituci\u00f3n para \u201cexaminar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial\u201d, ordene \u201ca este juez constitucional y dem\u00e1s jueces y magistrados\u201d, a que cumplan los precedentes que han \u201cordenado a las [empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios] conceder el derecho de petici\u00f3n y decretar el rompimiento de la solidaridad, y la reconexi\u00f3n del servicio as\u00ed mismo que se abstengan de suspender el servicio de forma unilateral\u201d, con el fin de proteger a los usuarios, \u201cdebido que el Presidente, la Procuradora y la Superservicios, no vienen ejerciendo sus funciones por m\u00e1s de 26 a\u00f1os\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
ii). Respecto del Presidente Iv\u00e1n Duque M\u00e1rquez, inst\u00f3 que a) cumpla con las funciones de inspecci\u00f3n y vigilancia que debe ejercer frente a las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios, e b) indique \u00bfcu\u00e1les son las funciones que deben ejercer, si entre ellas est\u00e1n ordenarles a la empresas de servicios p\u00fablicos que ante de suspender el servicio de energ\u00edas o aguas deben expedir un acto administrativo conforme a los art\u00edculos 130,140,141, y 154 de la ley 142 de 1994?\u201d <\/p>\n
iii). En torno a la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios rog\u00f3 que, adem\u00e1s de las directrices consignadas en el numeral anterior, se le conmine a que, a) \u201chaga extensiva los precedente y la jurisprudencia y el procedimiento que ha establecido la Corte Constitucional antes de suspender el servicios de energ\u00eda , prohibiendo la suspensi\u00f3n de forma unilateral y mucho menos si en la vivienda donde habitan hay persona sujetos de protecci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d, b) \u201cimparta funciones a la Superintendencia, Zona Norte de Barranquilla y a la empresa Air-e [sic], [para que] cumplan los mandatos constitucionales consagrados en el art\u00edculo 84 de la Constituci\u00f3n, Ley 1755 51 del 2015, Decreto 019 del 2012, y la sentencia de tutela de segunda instancia Tribunal Administrativo De Cundinamarca Secci\u00f3n Primera Subsecci\u00f3n B Bogot\u00e1 DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), y se abstenga de seguir exigiendo requisito no autorizado por la ley para conceder el derecho de petici\u00f3n y decretar el rompimiento de la solidaridad , como es el certificado de libertad y tradici\u00f3n certificado de nomenclatura (\u2026)\u201d, y c) \u201cse abstenga de seguir durando hasta 430 d\u00edas para fallar un recurso de apelaci\u00f3n ocasion\u00e1ndole a los suscriptores y usuarios un perjuicio irremediable\u201d, como pas\u00f3 con su recurso de queja. <\/p>\n
<\/p>\n
iv). A la Procuradur\u00eda la acus\u00f3 de no ejercer sus funciones constitucionales y legales frente a las citadas empresas, implorando, adem\u00e1s, que se le ordene que investigue disciplinariamente al Presidente de la Rep\u00fablica y al Superintendente de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios por no ejercer los deberes que les compete en relaci\u00f3n con dichas entidades, \u201cprohibi\u00e9ndole suspender el servicio de forma unilateral\u201d y \u201cque para poder presentar los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n debe cumplir dos requisito: pagar lo que no est\u00e1 objeto de reclamo y estar a paz y salvo como todas las deudas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
v). Se ordene a la empresa implicada que a) \u201cdecrete el rompimiento de la solidaridad\u201d instada, \u201cordenando archivar el proceso administrativo sin necesidad a esperar el fallo de la superservicios, de conformidad con los precedente y la jurisprudencia de la corte constitucional\u201d, b) \u201cantes de tomar la decisi\u00f3n de suspender[le] el servicio debe expedir un acto administrativo conforme a los art\u00edculos 130,140,141, 154 de la ley 142 de 1994 y las sentencias T-636\/06, T-485\/01, T-1108\/02, T-1020\/02, T1150\/2001, T-793\/2012, C-150\/2003, C-389\/2002, T-013\/18, SU1010 DEL 2008 (\u2026)\u201d, y c) se abstenga de exigirle \u201ccertificado de nomenclatura, certificado de libertad y tradici\u00f3n\u201d para tramitar su solicitud de rompimiento de la solidaridad. <\/p>\n
<\/p>\n
vi). Que se declare que \u201cel recurso de apelaci\u00f3n que se encuentra ante la superservicios hace 381 d\u00edas bajo el radicado No 20218200183082 fecha 2021-03-15 es declarado negado por no fallarse en 60 d\u00edas (\u2026), y por no existir prueba que se encuentra en periodo probatorio de acuerdo al art\u00edculo 159 de la ley 142 de 1994 y la ley 1437 del 2011\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
vii). Que el juez constitucional le indique \u201c\u00bfcu\u00e1les son las funciones que deben cumplir la superservicios, seg\u00fan el art\u00edculo 79 de la ley 142 de 1994 y la sentencia C263 DE 1996?, ser\u00e1 que esta funci\u00f3n le corresponde es a la procuradur\u00eda o a los jueces y magistrado, as\u00ed mismo diga si ellas se encuentra facultadas para exigir requisito no autorizado por la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
viii). Que en caso de que no se tutelen sus derechos de petici\u00f3n y debido proceso administrativo, de acuerdo con los precedentes se\u00f1alados, se motiven las razones por las cuales se aparta de ellos. <\/p>\n
<\/p>\n
ix). Finalmente, sugiri\u00f3 que se investigue penalmente a los funcionarios involucrados en esta acci\u00f3n, por la no aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia citada. <\/p>\n
2.- La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa, ya que es ajena a los hechos que motivaron la acci\u00f3n y no tiene competencia para atender los requerimientos del censor. <\/p>\n
<\/p>\n
La Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n era temeraria porque el impulsor formul\u00f3 antes de esta ocasi\u00f3n una acci\u00f3n similar. Adem\u00e1s, esboz\u00f3 que el actor puede acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a discutir las directrices emitidas por su rogativa. <\/p>\n
<\/p>\n
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., por su parte, hizo un recuento de las actuaciones adelantadas a prop\u00f3sito de la petici\u00f3n del gestor, destacando que las mismas concluyeron con la Resoluci\u00f3n No. SSPD – 20218200263985 de 25 de junio de 2021 de la Direcci\u00f3n Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, comoquiera que a trav\u00e9s de ella se declar\u00f3 \u201cimprocedente el recurso de queja\u201d interpuesto por el accionante contra la decisi\u00f3n No. 202170104239 del 19 de abril de 2021, que neg\u00f3 la alzada frente a la desestimaci\u00f3n de la solicitud de ruptura de la solidaridad, por no sufragar la factura que no era objeto de discusi\u00f3n. A su vez, la acci\u00f3n por los mismos hechos la impulsa el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, bajo el radicado 2021-00092-00 <\/p>\n
<\/p>\n
Para el momento en que se proyect\u00f3 esta decisi\u00f3n no se hab\u00edan recibido pronunciamientos adicionales. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Como cuestiones preliminares, la Sala precisa lo siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
1.1.- Dilucidar\u00e1 la denuncia enfilada contra el Presidente de la Rep\u00fablica porque la misma no versa sobre ninguno de los supuestos previstos en el numeral 12 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual <\/p>\n
<\/p>\n
[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep\u00fablica, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, as\u00ed como, las actuaciones administrativas, pol\u00edticas, programas y\/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades p\u00fablicas relacionadas con la erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado. <\/p>\n
<\/p>\n
1.2.- Definir\u00e1 la protesta dirigida contra autoridades distintas a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial, de acuerdo con el fuero de atracci\u00f3n previsto en el numeral 11 del art\u00edculo 2.2.3.1. 2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, m\u00e1xime cuando est\u00e1 relacionada con el tema de servicios p\u00fablicos domiciliarios, por el cual dicha Corporaci\u00f3n es convocada <\/p>\n
<\/p>\n
1.3.- Por otra parte, se advierte que la existencia del resguardo que cursa ante el estrado de Valledupar no trae como consecuencia el rechazo de esta acci\u00f3n por temeridad, al menos, no totalmente, pues, si bien, de los documentos aportados en esta instancia por Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P, se observa que ambas tutelas est\u00e1n asociadas a la petici\u00f3n que present\u00f3 el actor con el fin de que se le eximiera del pago solidario del servicio de energ\u00eda, no son id\u00e9nticas; coinciden en que a trav\u00e9s de los dos auxilios el quejoso pretende evitar la suspensi\u00f3n del servicio de energ\u00eda, y remover las decisiones adoptadas por dicha compa\u00f1\u00eda y la Direcci\u00f3n Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios sobre su rogativa y el recurso de queja que formul\u00f3, pero difieren en cuanto las autoridades convocadas y lo pretendido frente a ellas. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, n\u00f3tese que all\u00e1, adem\u00e1s de los mencionados organismos, solo fueron demandados el Presidente de la Rep\u00fablica y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, mientras que ac\u00e1, tambi\u00e9n se convoc\u00f3 a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial. A su vez, obs\u00e9rvese que en la primera salvaguarda el actor inst\u00f3 frente a los dos primeros entes, impartir directrices relacionadas con la exigencia de pagar parte del servicio de energ\u00eda para que se tramite el recurso de apelaci\u00f3n ante la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios (escrito de tutela 2021-00092-00), y en este auxilio, la queja est\u00e1 dirigida m\u00e1s a que, en general, se adopten medidas para que las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios accedan a la ruptura de la solidaridad y no suspendan el servicio de energ\u00eda a sus usuarios. Igualmente, no puede perderse de vista que, en esta ayuda, a diferencia de la primera, el actor se duele de la demora de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios en atender las apelaciones a su cargo, y en particular el recurso de queja que propuso. <\/p>\n
<\/p>\n
1.4.- Aunque el gestor se refiere en la tutela a las empresas Air-e y \u201cAfinia\u201d, la compa\u00f1\u00eda que en realidad est\u00e1 implicada en los hechos de la salvaguarda es la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., quien fue la que decidi\u00f3 la petici\u00f3n del quejoso, como qued\u00f3 plasmado en los antecedentes de esta providencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Aclarados esos puntos, se advierte que el amparo debe desestimarse por improcedente, como pasa a exponerse. <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. Frente a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, el Presidente de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como respecto de las rogativas dirigidas a la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, mencionadas en los numerales ii) y iii), literales a) y b), el resguardo carece del presupuesto de subsidiariedad, toda vez que no se evidencia que el actor hubiese provocado de dichos organismos una soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que exhibe, sin que pueda suscitarla a trav\u00e9s de este mecanismo, dado su car\u00e1cter residual y excepcional. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed que, si el peticionario considera que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial debe impartir alguna orden en relaci\u00f3n con esta Corporaci\u00f3n, como juez constitucional, o frente a otros funcionarios, a prop\u00f3sito de la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia relacionada con servicios p\u00fablicos domiciliarios, o estima que el Presidente de la Rep\u00fablica, la Superintendencia accionada y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n deben intervenir en asuntos asociados al tema, le incumbe a \u00e9l gestionar directamente los resultados que anhela. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.- La tutela tampoco es viable para que el juez constitucional responda las inquietudes del gestor en torno a la competencia de las entidades demandadas con ocasi\u00f3n de la vigilancia y control de las empresas p\u00fablicas domiciliarias, pues para ello tambi\u00e9n debe acudir a ellas con el fin de que le aclaren las dudas que tenga. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela ha sido instituida para protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, y no para resolver los interrogantes de sus promotores <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. Lo mismo se predica de las investigaciones penales sugeridas por el accionante, ya que, si a su juicio esta Colegiatura, a prop\u00f3sito de lo que aqu\u00ed resuelva, o alguna de las autoridades llamadas a este tr\u00e1mite, han incurrido en responsabilidad de ese linaje, le corresponde acudir a la entidad competente. <\/p>\n
<\/p>\n
2.4. El auxilio tampoco es viable para que se expidan \u00f3rdenes gen\u00e9ricas a favor de los usuarios de los servicios p\u00fablicos domiciliarios, como la que se pide para que la Superintendencia \u201cse abstenga de seguir durando hasta 430 d\u00edas para fallar un recurso de apelaci\u00f3n ocasion\u00e1ndole a los suscriptores y usuarios un perjuicio irremediable\u201d o que ese organismos o la empresa de servicios p\u00fablicos domiciliarios apliquen las sentencias citadas por el libelistas, toda vez que el juez constitucional est\u00e1 llamado a conjurar, en los casos concretos, las acciones u omisiones que vulneren las garant\u00edas fundamentales. Y, en todo caso, si el actor considera que los organismos querellados deben proceder de ese modo, les corresponde, se insiste, comparecer ante ellos y exigirles directamente dicho proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
2.5.- Respecto de las directrices imploradas frente al desenlace de la petici\u00f3n que el actor elev\u00f3 para que se \u201crompiera la solidaridad\u201d sobre el pago de las facturas causadas entre 2016 y 2021, la suerte es id\u00e9ntica. <\/p>\n
<\/p>\n
En primer lugar, debe anotarse que, aunque el promotor alude a la demora en resolver un recurso de apelaci\u00f3n por la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, de las evidencias allegadas por el censor no se advierte que dicha entidad haya tenido a cargo una impugnaci\u00f3n de esa naturaleza. De esas piezas se observa que lo que desat\u00f3 la Direcci\u00f3n Norte de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios fue el recurso de queja planteado por el censor contra la negativa de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. a conceder la alzada interpuesta contra la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 el \u201crompimiento de la solidaridad\u201d, el cual \u201cdeclar\u00f3 improcedente\u201d, al considerar que no cumpli\u00f3 con la carga establecida en el art\u00edculo 155 de la Ley 142 de 1994 para que el remedio vertical se surtiera, relativa a pagar la factura que no era objeto de discusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Y cualquier demora en que dicha entidad haya incurrido en tramitar el recurso de queja es intrascendente en este momento, pues, el derecho de petici\u00f3n del censor se satisfizo al dirimir la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En segunda medida, se precisa que no es procedente analizar si el rechazo del recurso de queja impulsado por el actor hiri\u00f3 sus derechos fundamentales, como tampoco si la negativa de la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. a \u201cromper la solidaridad\u201d que inst\u00f3 lo hizo, toda vez que respecto de esos \u00edtems existe temeridad de la acci\u00f3n, y como lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita [art. 38 Dcto. 2591 de 1991], tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, (\u2026) que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante (\u2026) (STC039-2018 citada en STC10321-2020) (CSJ STC12570-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3.- En conclusi\u00f3n, el auxilio implorado no puede abrirse paso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Julio G\u00e1mez Mendoza <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
3 <\/p>\n
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