STC15796-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15796-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04029-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Johana Milena y Marcela Liliana Guerra Manrique instauraron contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso verbal con radicado n\u00b0 680013103001-2018-00209-03. <\/p>\n
1. Las gestoras pidieron que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia que defini\u00f3 su asunto para que, en su lugar, se resuelva nuevamente. <\/p>\n
En sustento, adujeron haber sido demandadas en el proceso cuestionado donde Antonio Mar\u00edn Salazar pidi\u00f3 declararlas responsables por el incumplimiento de un contrato de transacci\u00f3n que ten\u00eda por objeto la construcci\u00f3n de una v\u00eda privada \u00abramal\u00bb desde su predio, y sobre el de las accionantes, hasta la autopista Barrancabermeja \u2013 Bucaramanga. <\/p>\n
Relataron que se dict\u00f3 sentencia favorable a sus intereses (13 feb. 2020) la cual fue apelada por el demandante y revocada parcialmente por el Tribunal querellado (12 nov. 2020), raz\u00f3n por la que pidieron aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n del fallo, lo que fue desestimado en auto del 27 de noviembre de 2020. Se\u00f1alaron que contra el mencionado prove\u00eddo interpusieron recurso de casaci\u00f3n que fue denegado el 18 de mayo hoga\u00f1o. <\/p>\n
Indicaron que, con soporte en ese veredicto, el juzgado de primera instancia libr\u00f3 mandamiento de pago a fin de ejecutar la obra ordenada (1 sep. 2021) y que el 4 de octubre pasado su contraparte pidi\u00f3 al despacho que se autorizara la construcci\u00f3n del \u00abramal\u00bb por un tercero conforme al numeral tercero del canon 433 del C\u00f3digo General del Proceso. Manifestaron haberse opuesto a dicha petici\u00f3n (5 oct 2021). <\/p>\n
De la situaci\u00f3n transcrita derivan la lesi\u00f3n a sus prerrogativas pues consideran que el Tribunal i). no apreci\u00f3 adecuadamente las probanzas y los hechos sometidos a su conocimiento, ii). desestim\u00f3 su petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n al fallo de segunda instancia sin referirse de fondo a los planteamientos expuestos y, iii). deneg\u00f3 su casaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia en comento. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1alaron que \u00abtemen que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga le permita al [ejecutante] realizar las obras a [sus] expensas\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal convocado remiti\u00f3 el expediente cuestionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares y las circunstancias que rodearon el caso concreto se impone la denegaci\u00f3n del resguardo porque la decisi\u00f3n criticada se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n razonable y por el irrespeto de la inmediatez y subsidiariedad que impera en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Ciertamente, la queja medular de Johana Milena y Marcela Liliana Guerra Manrique se circunscribe a la forma en la que el Tribunal accionado apreci\u00f3 la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria, normativa y jurisprudencial en el caso concreto, pues, a su parecer, no se hallaban los presupuestos necesarios para declararlas contratantes incumplidas. As\u00ed, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n de las accionantes se halla cimentada sobre la base de discutir el raciocinio desplegado por el juzgador natural de su causa a pesar de que no se vislumbra caprichoso, fortuito o abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico como se pasa a exponer. <\/p>\n
En efecto, luego de un escrutinio legislativo y jurisprudencial sobre los presupuestos axiol\u00f3gicos del contrato demandado y del deber judicial de desentra\u00f1ar la voluntad real de los contratantes, el Tribunal consider\u00f3 que contrario a lo indicado por el juzgado de primera instancia, se hallaba acreditado el plazo en que debi\u00f3 iniciarse la adecuaci\u00f3n de la v\u00eda objeto de la litis, al respecto se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
Teniendo como norte la buena fe de las partes y la voluntad negocial, el plazo echado de menos por el a quo se encontraba intr\u00ednseco en el mismo [contrato], por ende, las demandadas (\u2026) se deduce o se entiende incumplieron las obligaciones all\u00ed contra\u00eddas (\u2026) <\/p>\n
Al interpretar el contrato se tiene que, en efecto, con las adecuaciones del embalse de la central hidroel\u00e9ctrica Sogamoso, efectuadas por Isagen S.A., esta entidad reconoci\u00f3 una indemnizaci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb a favor de los se\u00f1ores Antonio Mar\u00edn Salazar y las se\u00f1oras Marcela Liliana y Johana Milena Guerra Manrique para que estas dos \u00faltimas efectuaran la obra necesaria para la adecuaci\u00f3n y construcci\u00f3n de una v\u00eda de acceso a los predios lote 1 y 4, restituyendo el acceso vehicular entre la v\u00eda antigua que comunicaba a Bucaramanga a Barrancabermeja, por donde antes entraban las partes a sus predios, y la nueva v\u00eda, instalando obras de arte, perfilando y reconformando la v\u00eda, instalando base y sub base granular y realizando la pavimentaci\u00f3n garantiz\u00e1ndole al se\u00f1or Mar\u00edn Salazar el libre tr\u00e1nsito y uso de la v\u00eda a restituirse. <\/p>\n
En la contestaci\u00f3n de la demanda se alega que no hubo un plazo para la ejecuci\u00f3n de la obra, no obstante el Tribunal no comparte o no acoge este argumento blandido como excepci\u00f3n de fondo por las demandadas y acogido por el a quo, pues si bien existi\u00f3 esa omisi\u00f3n en el contrato, pronto se advierte que una verdadera interpretaci\u00f3n de la voluntad de los contratantes permite inferir, por lo menos, que el plazo se encuentra t\u00e1citamente establecido, no siendo otro que el t\u00e9rmino que se demore la ejecuci\u00f3n de la obra una vez se reciban los recursos para ese proyecto tal y como ocurri\u00f3 el d\u00eda 22 de septiembre de 2015 seg\u00fan se aprecia en el aviso de pago (\u2026). <\/p>\n
En ese sentido, sobre el inicio y la ejecuci\u00f3n de la prestaci\u00f3n demandada se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
Y se desprende (\u2026) que la obra (\u2026) pod\u00eda empezarse a ejecutar inmediatamente [recibida la indemnizaci\u00f3n], pero que esta prestaci\u00f3n se prolonga en el tiempo como quiera que una v\u00eda de esta naturaleza no puede realizarse de forma instant\u00e1nea o cumplirse en un solo acto pero s\u00ed se puede comenzar inmediatamente. <\/p>\n
Ahora, de all\u00ed podemos deducir tambi\u00e9n que existir\u00eda un tiempo normal, prudente, conforme a la naturaleza de la prestaci\u00f3n para terminarla que no para empezarla, y eso lo podemos deducir por ejemplo del testimonio del se\u00f1or Jos\u00e9 Vidal Anaya quien fuera la persona encargada de la negociaci\u00f3n por parte de Isagen, persona que en su relato dijo que posiblemente si se cometi\u00f3, dice \u00e9l en su criterio, un error en el contrato de transacci\u00f3n al no establecerse un plazo (\u2026), pero que ello obedeci\u00f3 a que la compa\u00f1\u00eda de buena fe entendi\u00f3 que ante la insistencia de los compensados, la obra deb\u00eda realizarse de forma inmediata una vez se giraran los recursos, tal como lo alega el recurrente en los reparos presentados. <\/p>\n
No de otra forma se puede interpretar este contrato al cual, entre otras cl\u00e1usulas y c\u00e1nones interpretativos, debe tenerse en cuenta aquel que le da una finalidad y que le permite desarrollar sus efectos, y desde luego como contrato de transacci\u00f3n que le permite precaver y acabar cualquier litigio que pueda presentarse entre las partes, esa fue la finalidad, por eso hicieron un contrato de transacci\u00f3n, no ten\u00eda otro fin principal, obviamente aparte de restituir a los compensados la salida hacia la ahora nueva v\u00eda p\u00fablica (\u2026). <\/p>\n
En relaci\u00f3n a la realizaci\u00f3n de la obra y la ausencia de permisos de construcci\u00f3n con lo que las accionantes pretendieron exculpar su incumplimiento, el Tribunal predic\u00f3 que: <\/p>\n
Estas exculpaciones no son de recibo, y en primer lugar porque existen dos conceptos de la secretar\u00eda de planeaci\u00f3n municipal de Gir\u00f3n (\u2026) en el que el jefe de planeaci\u00f3n concept\u00faa que por tratarse de una v\u00eda rural no requiere licencia, por lo que autoriz\u00f3 la obra de mejoramiento vial. <\/p>\n
En segundo lugar, la Sala no puede pasar inadvertido que la obtenci\u00f3n de los permisos consagrados en la Ley 1228 de 2008 en concordancia con la Resoluci\u00f3n 716 de 2015 expedida por la ANI no son aplicables para el mejoramiento vial que nos ocupa, pues una simple lectura de esta normativa nos permite deducir que estos permisos son aplicables para la ocupaci\u00f3n y la intervenci\u00f3n temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y ferrera, aspecto que ni por asomo ocurre en el presente caso, pues tal como lo declar\u00f3 el ingeniero Vidal Anaya, ese tramo de la v\u00eda lo construy\u00f3 la empresa encargada de ejecutar la v\u00eda constitutiva Bucaramanga Barrancabermeja sobre el lote n\u00famero 4 de propiedad de las demandadas con autorizaci\u00f3n de estas, siendo la finalidad del ramal transportar con mayor facilidad el material requerido por la contratista desde el r\u00edo hasta la carretera, luego esta v\u00eda no es de aquellas que regula la ley y mucho menos la resoluci\u00f3n atr\u00e1s mencionada. <\/p>\n
No podemos olvidar que como lo recalca el mismo apoderado de las (\u2026) [demandadas] la v\u00eda se encuentra totalmente sobre un predio privado, de propiedad de ellas precisamente, y entonces, simplemente ellos son aut\u00f3nomos en el manejo de su derecho de propiedad (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) Es m\u00e1s, la carretera, la v\u00eda ya est\u00e1 construida (\u2026) como bien lo aceptan las partes, simplemente ahora se trata de su arreglo, de su adecuaci\u00f3n. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa recalc\u00f3 que la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, conceptu\u00f3 para el caso concreto que: <\/p>\n
La actividad que se va a realizar en el predio consiste en el mejoramiento de un ramal existente en un predio privado. <\/p>\n
Lo que lo llev\u00f3 a colegir al respecto que: <\/p>\n
El mejoramiento vial que fue objeto de transacci\u00f3n se requiere para una v\u00eda existente, pero, sobre todo, que es de naturaleza privada, pues reitero, atraviesa el lote numero 4 denominado las cruces, sin que pueda denominarse como un mejoramiento de infraestructura vial o de una carretera concesionada y Ferrera, pues las finalidades de estas disposiciones son proteger bienes de naturaleza p\u00fablica y no privada (\u2026). Eso s\u00ed, no valga recordar que en el desarrollo de esa labor no se pueden realizar obras dentro de las v\u00edas p\u00fablicas. <\/p>\n
Lo anterior, le permiti\u00f3 concluir a la magistratura accionada que: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para el Tribunal las demandadas son contratantes incumplidas (\u2026) pues m\u00e1s all\u00e1 de la esencia de (\u2026) su buena fe (\u2026), lo cierto es que la transacci\u00f3n impon\u00eda a las demandadas ejecutar o arreglar la v\u00eda, adecuarla en los t\u00e9rminos all\u00ed dichos para beneficio propio y del aqu\u00ed demandante. <\/p>\n
Establecido ese panorama, resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada de cara a los hechos y pruebas que fueron adosados a la autoridad accionada y sobre los cuales efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico que la llev\u00f3 a concluir que, para el caso concreto, las gestoras hab\u00edan incumplido la obligaci\u00f3n de adecuar la v\u00eda privada conforme a las especificaciones descritas en la transacci\u00f3n demandada y con los recursos que para tal fin les fueron girados, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el litigio, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que las gestoras consideran que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
3. En lo que respecta a la queja por la forma en la que el Tribunal resolvi\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la sentencia, basta con remitirse al escrito de tutela y a la base de datos p\u00fablica de consulta de expedientes de la Rama Judicial para poner en evidencia que ese prove\u00eddo data del 27 de noviembre de 2020, de lo que emerge con facilidad que desde esa \u00e9poca hasta la interposici\u00f3n del amparo (30 oct. 2021) han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional. No en vano, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 y STC3236-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la improcedencia del auxilio se torna evidente, pues como en casos similares se ha dicho, \u00abno se entiende por qu\u00e9 si la amenaza o violaci\u00f3n del derecho era tan perentoria, no se acudi\u00f3 al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamaci\u00f3n constitucional contra una providencia judicial, puede afectar adem\u00e1s el principio de seguridad jur\u00eddica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb (Sentencia T-879 de 2012 reiterado SU184\/19) (resaltado de ahora). <\/p>\n
4. En lo relativo a la censura por la denegaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, se advierte que una vez revisado el expediente y la base de datos p\u00fablica rese\u00f1ada en precedencia, se observ\u00f3 que las censoras no recurrieron el auto que deneg\u00f3 su recurso extraordinario dentro de la oportunidad y a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios de defensa judicial que el legislador les otorg\u00f3 para ello, en este caso concreto, mediante el recurso de reposici\u00f3n y queja consagrados en los art\u00edculos 318, 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo tenor literal contemplan: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 352. PROCEDENCIA. Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelaci\u00f3n, el recurrente podr\u00e1 interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casaci\u00f3n. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 353. INTERPOSICI\u00d3N Y TR\u00c1MITE. El recurso de queja deber\u00e1 interponerse en subsidio del de reposici\u00f3n contra el auto que deneg\u00f3 la apelaci\u00f3n o la casaci\u00f3n (\u2026) <\/p>\n
Si el superior estima indebida la denegaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n o de la casaci\u00f3n, la admitir\u00e1 y comunicar\u00e1 su decisi\u00f3n al inferior (\u2026). <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
As\u00ed, queda en evidencia que las promotoras desaprovecharon la posibilidad que tuvieron de que su asunto fuera examinado, si quiera preliminarmente, por parte del superior del Tribunal accionado, circunstancia que hace patente la incuria predicada. <\/p>\n
5. Ahora, en lo que refiere al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, quien adelanta la ejecuci\u00f3n de la sentencia criticada, pronto se advierte que el reproche de las gestoras se funda en una situaci\u00f3n que a la fecha de interposici\u00f3n de este auxilio se tornaba inexistente, esto es, en la decisi\u00f3n que ese despacho deber\u00e1 proferir sobre la petici\u00f3n que el all\u00e1 ejecutante elev\u00f3 para obtener la ejecuci\u00f3n de las obras demandadas y la oposici\u00f3n que elevaron a dicha petitoria. Ciertamente, como las mismas censoras lo manifestaron, lo que las llev\u00f3 a promover la queja fue el \u00abtem[or de] que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga le permita al [ejecutante] realizar las obras a [sus] expensas\u00bb. <\/p>\n
Establecido lo anterior, emerge con claridad que a\u00fan se encuentra en curso el tr\u00e1mite ordinario dise\u00f1ado por el legislador para desatar la petici\u00f3n fincada en el numeral tercero del art\u00edculo 433 del C\u00f3digo General del Proceso y la respectiva resistencia de las precursoras. Tambi\u00e9n queda en evidencia el actuar precipitado de las tutelantes quienes acudieron a esta salvaguarda sin esperar las resultas propias del rito que se adelanta ante la convocada, a quien naturalmente corresponde evacuar la controversia. Al respecto, sobre el car\u00e1cter excepcional de este instrumento, la jurisprudencia constitucional tiene ampliamente decantada la impertinencia del auxilio supra legal cuando est\u00e1n en marcha otros mecanismos de defensa dise\u00f1ados por la Ley, al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa. (STC14280-2018, reiterada STC12017-2020), (Subrayas propias). <\/p>\n
6. En definitiva, como quiera que la sentencia acusada no se percibe caprichosa, antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, y ante la ausencia de inmediatez y subsidiariedad del amparo, no queda alternativa diferente a la de desestimar el auxilio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Johana Milena y Marcela Liliana Guerra Manrique. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC15796-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15796-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04029-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Johana Milena y Marcela Liliana Guerra Manrique […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59534","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59534"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59534\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}