STC15805-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15805-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04171-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rafael Adolfo Barrera Moreno contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Paipa, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas, por tanto, solicit\u00f3 \u201cdejar sin efecto\u201d la sentencia condenatoria proferida dentro de la causa criminal adelantada en su contra. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Paipa, mediante sentencia de 10 de abril de 2019, conden\u00f3 a Rafael Adolfo Barrera Moreno, a la pena privativa de la libertad de 72 meses de prisi\u00f3n por el punible de \u201cviolencia intrafamiliar\u201d con circunstancias agravadas. <\/p>\n
2.2. Contra la decisi\u00f3n antes referenciada, el tutelante interpuso apelaci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de esa alzada a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, quien, el 6 de marzo de 2020, confirm\u00f3 el fallo atacado. <\/p>\n
2.3. Arguye el censor que dentro del comentado decurso se conculcaron sus garant\u00edas fundamentales, porque, en su sentir, fue condenado por un delito que a la fecha de los hechos investigados <\/p>\n
\u201c(\u2026) no se cumpl\u00eda con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo Penal, para [tenerlo] como sujeto activo de su comisi\u00f3n, estando por fuera de la circunstancia contemplada en la ley penal como prohibitiva como lo fue la violencia intrafamiliar entre relaciones extramatrimoniales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.4. Sin indicar la causal invocada, afirma que present\u00f3 \u201crecurso extraordinario de revisi\u00f3n\u201d ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el cual \u201cse encuentra al despacho para admisi\u00f3n desde el d\u00eda 16 de octubre del a\u00f1o 2020, mora judicial que hace gravoso [su] derecho, aun mas cuando [se] encuentra privado de la libertad en el centro penitenciario del municipio de Duitama (\u2026)\u201d. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 que el recurso de revisi\u00f3n aducido por el actor se encuentra al despacho desde el 6 de octubre del a\u00f1o anterior, y \u201cest\u00e1 en turno para calificaci\u00f3n de la demanda, correspondi\u00e9ndole, a la fecha, el No. 5 de un total de 19 asuntos de similares caracter\u00edsticas\u201d, por tanto, solicit\u00f3 declarar improcedente el ruego porque se est\u00e1 ante \u201cun plazo razonable para resolver la admisibilidad o inadmisibilidad\u201d de ese asunto. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (STC de 11 de mayo de 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De entrada se advierte que el amparo elevado frente al fallo de segundo grado proferido en el asunto bajo estudio por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que se torna prematuro, en la medida en que el aqu\u00ed quejoso interpuso recurso extraordinario de revisi\u00f3n en contra de dicha providencia, alegando las anomal\u00edas expuestas en esta senda y el cual se encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el medio de impugnaci\u00f3n referido est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
3. Ahora, el promotor tambi\u00e9n reprocha la demora que se ha suscitado en torno a la calificaci\u00f3n de la demanda contentiva del aludido recurso extraordinario. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u201cmora judicial\u201d que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
Pues bien, del informe allegado por el magistrado ponente del comentado caso criminal, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza en resolver sobre la admisi\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n a que se contrae la inconformidad del gestor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de la obligaci\u00f3n de respetar los turnos establecidos para fallar los procesos a su cargo, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por otra parte, se destaca que de los hechos narrados por el actor no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n, con m\u00e1s raz\u00f3n, como qued\u00f3 visto, est\u00e1 insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad; adem\u00e1s, mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida de la tutela como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos, que se hallan ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01 y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
Por tanto, el hecho de que el actor est\u00e9 privado de la libertad no puede ser tomado como una violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, pues tal evento es el resultado del adelantamiento de un proceso en su contra, en el cual los juzgadores del conocimiento lo hallaron culpable de la conducta endilgada, y dadas las facultades punitivas en cabeza del Estado, fue condenado a pena de prisi\u00f3n por ello. <\/p>\n
5. Por consiguiente, se denegar\u00e1 el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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