STC15806-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15806-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-21-000-2021-10138-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de octubre de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Erick Urueta Benavidez como representante de la Veedur\u00eda de la Rama Judicial de Cartagena \u2013VEJUCA, contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bol\u00edvar, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto disciplinario a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, el accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionados por la autoridad acusada, dentro del asunto disciplinario seguido frente al abogado Oswaldo Burgos Valets, bajo el radicado N\u00b0 13001110200020200025200. <\/p>\n
Solicita, por tanto, \u00abDEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 27 de julio de 2021. Por medio de la cual se absolvi\u00f3 al disciplinado el se\u00f1or OSWALDO BURGOS VALETS En proceso de RAD. 13001110200020200025200. Magistrada Ponente Dra. DERYS VILLAMIZAR REALES. Y en su lugar que se proceda a dictar sentencia sancionatoria contra el disciplinado (\u2026) por la comisi\u00f3n de la falta disciplinaria que se denunci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de sus reclamos asevera, que impuls\u00f3 la queja materia del decurso reprochado porque, entre otras cuestiones, el denunciado \u00abpese a saber que estaba suspendido desde el 02 de marzo de 2017 hasta el 01 de noviembre de 2017, interpuso una tutela en su calidad de apoderado de unos accionantes con fecha de reparto de 11 de mayo de 2017 ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena Rad. 13001221300020170016701 (\u2026). Luego se impugn\u00f3 la sentencia de primera instancia cuya fecha de reparto de la impugnaci\u00f3n fue de 08 de agosto de 2017 ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde el apoderado representaba a los accionantes\u00bb. <\/p>\n
Advierte que, al no haber sido enterado del tr\u00e1mite impartido, solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre el mismo, indic\u00e1ndosele que, dada la falta de consenso entre los Magistrados de la Comisi\u00f3n, se design\u00f3 un Conjuez para adoptar la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Acota que el 12 de agosto del a\u00f1o en curso fue notificado de la sentencia dictada el 27 de julio anterior, a trav\u00e9s de la cual se absolvi\u00f3 al abogado querellado, fallo sustentado en que el disciplinado \u00abdesconoc\u00eda los extremos temporales de la sanci\u00f3n disciplinaria que le fue impuesta. Por tal raz\u00f3n dice la sentencia de primera instancia que no hubo dolo cuando \u00e9ste litig\u00f3, ya que desconoc\u00eda si la sanci\u00f3n estaba vigente, ya que seg\u00fan \u00e9sta no le fue notificada\u00bb; no obstante, expone, esa fundamentaci\u00f3n contraviene la normatividad aplicable -Ley 1123 de 2007-, pues nada impone notificar personalmente al sancionado \u00abdel registro de la sanci\u00f3n, ni tampoco de la fecha de inicio y finalizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n disciplinaria. Solo se notifica la sentencia de segunda instancia. Luego es deber de diligencia y cuidado del sancionado averiguar en el registro de abogado la fecha de inicio y finalizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n disciplinaria\u00bb y con todo, tampoco existe un deber de comunicaci\u00f3n del registro de tales sanciones. <\/p>\n
Por tanto, agrega, la accionada incurri\u00f3 en \u00abDefecto Sustantivo y Defecto F\u00e1ctico [y] la motivaci\u00f3n de la sentencia carece de soporte constitucional, legal y probatorio\u00bb, m\u00e1xime si en cuenta se tiene, seg\u00fan se\u00f1ala, que en un fallo del Consejo Superior de la Judicatura, emitido el 7 de octubre de 2015 en un caso equiparable, exp. 2012-01163, se advirti\u00f3 que la conducta del denunciado es dolosa, pues \u00abno hay excusa ninguna para argumentar que el disciplinado haya obrado de buena fe o bajo la convicci\u00f3n errada e invencible de que no estaba suspendido. Cuando este claramente tiene conocimiento de una sentencia donde es sancionado por el Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria. Es previsible de que la sanci\u00f3n disciplinaria ser\u00e1 poco tiempo despu\u00e9s registrado. Y es un deber de diligencia por parte del abogado consultar en el registro de abogados la fecha en que inici\u00f3 la vigencia de la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bol\u00edvar, relat\u00f3 los antecedentes del asunto y defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n discutida, por cuanto la misma se adopt\u00f3 en Sala mayoritaria, con sustento en la normatividad aplicable y en las pruebas adosadas al asunto. A\u00f1adi\u00f3 que, en materia disciplinaria, las sanciones tienen un componente subjetivo necesario para la configuraci\u00f3n de la falta y la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, elemento no hallado en el caso reprochado. <\/p>\n
b. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de estas diligencias, comoquiera que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
c. Oswaldo Burgos Valets expres\u00f3, que el tutelante formul\u00f3 apelaci\u00f3n contra la sentencia absolutoria emitida en su favor, motivo por el cual corresponde al superior jer\u00e1rquico del ente accionado adoptar la determinaci\u00f3n correspondiente; que aqu\u00e9l inco\u00f3, adem\u00e1s, otro auxilio similar a \u00e9ste, despachado de forma desfavorable. <\/p>\n
d. La Unidad de Registro Nacional de Abogados asegur\u00f3, que a la fecha el abogado Oswaldo Burgos Valets se encuentra en \u00abestado vigente\u00bb para desempe\u00f1arse como tal. Adujo que su competencia se restringe a registrar sanciones como la impuesta a dicho profesional y reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
e. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena deneg\u00f3 la protecci\u00f3n propuesta, por cuanto no hall\u00f3 irregularidad en la sentencia refutada, pues \u00abla decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el juez de la causa es razonable en el marco del ejercicio de su independencia judicial, por lo que contrario a lo afirmado por el accionante, no se evidencia faltas en la valoraci\u00f3n de la prueba que conmin\u00f3 absolver al togado dentro del proceso disciplinario, raz\u00f3n por la cual el defecto f\u00e1ctico invocado no est\u00e1 llamado a prosperar. (\u2026) Tampoco est\u00e1 llamado a prosperar el invocado defecto sustantivo por cuanto la referida decisi\u00f3n se bas\u00f3 en la norma que regula la materia, esto es, la Ley 1123 del 2007, y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, tales como las sentencias SU 396 del 2017 y C-495 del 2019; no cumpli\u00e9ndose con el requisito establecido en el art\u00edculo 97 de la Ley 1123 de 2007 que estipula: (\u2026) \u2018Para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable\u2019\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el tutelante no hab\u00eda incurrido en temeridad, comoquiera que la salvaguarda pasada se apoy\u00f3, particularmente, en la tardanza de la accionada en definir la procedencia de la apelaci\u00f3n interpuesta contra el fallo absolutorio criticado, remedio que, finalmente, fue negado en providencia de 29 de septiembre de 2021, atendiendo al par\u00e1grafo del canon 66 de la Ley 1123 de 2007, que establece: \u00abEl quejoso solamente podr\u00e1 concurrir al disciplinario para la formulaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnaci\u00f3n de las decisiones que pongan fin a la actuaci\u00f3n, distintas a la sentencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante reiterando el quebranto de las prerrogativas invocadas, y se\u00f1alando que, en primer grado, se \u00abcometi\u00f3 un yerro procesal al no vincular a la COMISI\u00d3N NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, por lo tanto, tambi\u00e9n el superior deber\u00e1 revisar si hay causal de nulidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Delanteramente, debe advertirse que en este asunto nada evidencia la necesidad de convocar a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial como lo exige el promotor en su impugnaci\u00f3n, pues, de un lado, ning\u00fan ataque le endilg\u00f3 de manera t\u00e1cita o expresa a dicha autoridad y, de otro, no se observa que \u00e9sta hubiese adoptado determinaci\u00f3n alguna en el decurso materia de queja; por tanto, bien obr\u00f3 el a quo constitucional al no imponer su vinculaci\u00f3n en estas diligencias. <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, se advierte que el reproche del censor se dirige frente a la sentencia de 27 de julio de 2021, mediante la cual la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bol\u00edvar absolvi\u00f3 al abogado Oswaldo Burgos Valets de los cargos imputados en el decurso disciplinario refutado, decisi\u00f3n que adquiri\u00f3 firmeza ante la denegaci\u00f3n de la alzada incoada por el tutelante dada su falta de legitimaci\u00f3n para ese efecto. En criterio del petente, la ausencia de conocimiento del disciplinado del registro de la sanci\u00f3n otrora definida en su contra, no lo exoneraba de la falta enrostrada en las diligencias ahora cuestionadas, por ello, asegura, debi\u00f3 sancion\u00e1rsele. <\/p>\n
4. Como lo expuso el a quo constitucional, la protecci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque en la decisi\u00f3n rese\u00f1ada no se encuentra irregularidad manifiesta lesiva de garant\u00edas sustanciales que permita la intromisi\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. En efecto, en el enunciado fallo, la Sala mayoritaria comenz\u00f3 por indicar los antecedentes del caso, exponiendo que al involucrado se le imput\u00f3 \u00abla posible comisi\u00f3n, en la modalidad dolosa, de la falta consagrada en el art\u00edculo 39 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado, disposici\u00f3n cuyo tenor literal reza: \u00abART\u00cdCULO 39. Tambi\u00e9n constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesi\u00f3n, y la violaci\u00f3n de las disposiciones legales que establecen el r\u00e9gimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesi\u00f3n o al deber de independencia profesional\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto presuntamente el abogado actu\u00f3 en esa calidad, pese a encontrarse suspendido en el ejercicio de la profesi\u00f3n, en virtud de sanci\u00f3n que fuera impuesta en su contra por el t\u00e9rmino de ocho (8) meses\u00bb. <\/p>\n
Luego, relacion\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n adosados, se\u00f1alando sobre \u00e9stos \u00abque, junto con la queja, se aport\u00f3 copia del pantallazo de la p\u00e1gina web de La Rama Judicial, que da cuenta del historial de actuaciones de la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2017-1677. Adicionalmente, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena alleg\u00f3 copia de dicha acci\u00f3n de tutela, revisada la misma, se observan las siguientes actuaciones relevantes: <\/p>\n
Aparece acci\u00f3n de tutela presentada el d\u00eda 11 de mayo de 2017, ante la Oficina Judicial de Reparto de Cartagena, por el abogado OSWALDO BURGOS VALETS, en contra de los Jueces Octavos Civiles Municipal y Circuito de esta ciudad, para cuyo efecto, se le otorg\u00f3 poder por parte de la se\u00f1ora MAR\u00cdA LEONOR BURGOS PETRO. <\/p>\n
Dicha acci\u00f3n de tutela fue admitida mediante auto de 17 de mayo de 2017, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, y el d\u00eda 26 de mayo de 2017, se profiri\u00f3 fallo declarando improcedente la acci\u00f3n10. <\/p>\n
Mediante memorial radicado el abogado OSWALDO BURGOS VALETS impugn\u00f3 el fallo de tutela, concedi\u00e9ndose dicho recurso mediante auto de 9 de junio de 201711. <\/p>\n
Dicha impugnaci\u00f3n se reparti\u00f3 el d\u00eda 8 de agosto de 2017, y el 22 del mismo mes y a\u00f1o, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia profiri\u00f3 fallo de segunda instancia, revocando la decisi\u00f3n del a-quo. <\/p>\n
De otra parte, obran en el plenario certificados Nos, 501.274 y 277.586, expedidos por la entonces Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ahora Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que dan cuenta que el doctor OSWALDO ENRIQUE BURGOS VALETS fue sancionado con suspensi\u00f3n por el t\u00e9rmino de ocho (8) meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n, mediante sentencia proferida el 25 de enero de 2017, al interior del radicado No. 2013.00169.01, cuya sanci\u00f3n rigi\u00f3 entre el 2 de marzo y el 1o de noviembre de 2017. <\/p>\n
De otra parte, se tiene que mediante oficio de 24 de mayo de 2021, la Secretaria de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial remiti\u00f3 los telegramas mediante los cuales se notific\u00f3 al abogado investigado de la sentencia proferida en su contra el 25 de enero de 2017, al interior del proceso disciplinario con radicado No. 2013.00169.01. <\/p>\n
Al efecto, aparecen los telegramas Nos. 1765, 1766, 1767 y 1768 de 26 de enero de 2017, dirigidos al abogado investigado, donde se le comunica que se le sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de 8 meses y se consigna la siguiente anotaci\u00f3n: \u201cEL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS INFORMAR\u00c1 A PARTIR DE CUANDO COMENZAR\u00c1 A REGIR DICHA SANCI\u00d3N\u201d. <\/p>\n
En su momento, se formularon cargos en contra del profesional del derecho investigado, al considerarse que pudo haber adecuado su comportamiento a la incompatibilidad de que trata el numeral 4 del art\u00edculo 29 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la prohibici\u00f3n de ejercer la profesi\u00f3n, aunque se hallen inscritos, a los abogados suspendidos o excluidos de la profesi\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior como quiera que el disciplinable, no obstante haber sido sancionado en el ejercicio de la profesi\u00f3n desde el 25 de enero de 2017, present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que correspondi\u00f3 al Tribunal Superior de Cartagena, a punto que para el 8 de agosto de 2017, cuando a\u00fan estaba vigente la suspensi\u00f3n que le fuera impuesta, figuraba como apoderado en ese mismo tr\u00e1mite. <\/p>\n
No fueron admisibles las manifestaciones del togado, respecto de que actu\u00f3 como agente oficioso de un familiar, dado que la incompatibilidad mencionada y la falta establecida en el art\u00edculo 39 de la Ley 1123 de 2007, no prev\u00e9 como excepciones actuar como agente oficioso de parientes o conocidos. <\/p>\n
La conducta, de conformidad con el art\u00edculo 21 de la Ley 1123 de 2007, se imput\u00f3 a t\u00edtulo de dolo, al considerarse que de manera deliberada y consciente incurri\u00f3 en el comportamiento que le fuere endilgado. <\/p>\n
4.2. Tras examinar las pruebas referidas y analizar los argumentos de la defensa del disciplinado, la autoridad querellada concluy\u00f3 que resultaba viable absolverlo de los cargos atribuidos en audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional, pues estaba probado que si bien \u00abel togado fue sancionado en el ejercicio de su profesi\u00f3n entre el 2 de marzo y el 1\u00b0 de noviembre de 2017, al interior del proceso disciplinario con radicado No. 2013.00169.01, por la comisi\u00f3n de las faltas consagradas en los numerales 9 y 11 del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007\u00bb: y, asimismo, que sumariamente se acredit\u00f3 \u00abque durante dicho interregno, en el cual le estaba vedado actuar en el ejercicio de su profesi\u00f3n, acorde con la incompatibilidad tipificada en el numeral 4 del art\u00edculo 29 de la norma ya mencionada, el abogado actu\u00f3 como tal, al interior de la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2017.00167, en representaci\u00f3n de la se\u00f1ora MAR\u00cdA BURGOS PETRO, de quien asegur\u00f3 en su versi\u00f3n libre, era familiar y despleg\u00f3 su actuar como agente oficioso\u00bb, lo cierto era que como lo refer\u00eda la defensa, \u00abel disciplinable fue informado que la sanci\u00f3n regir\u00eda a partir de una comunicaci\u00f3n o informaci\u00f3n que deb\u00eda recibir de la Unidad del Registro Nacional de Abogados, sin que exista constancia en el diligenciamiento que d\u00e9 cuenta que dicha comunicaci\u00f3n tuvo lugar\u00bb, cuesti\u00f3n que, \u00aben manera alguna afecta la vigencia de la sanci\u00f3n, pero s\u00ed su publicidad\u00bb. <\/p>\n
De lo esbozado, concluy\u00f3 que no bastaba con que el abogado fuese informado de la existencia de la sanci\u00f3n, por cuanto \u00abla misma autoridad secretarial de la entidad que impuso la sanci\u00f3n indic\u00f3 que los extremos temporales de la misma ser\u00edan informados por la entidad encargada de su registro\u00bb y, trayendo a colaci\u00f3n el contenido del art\u00edculo 47 de la Ley 1123 de 2007, sostuvo que \u00abuna vez efectuada la notificaci\u00f3n, carga que recae en el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n disciplinaria, corresponde al Registro Nacional de Abogados anotar la sanci\u00f3n impuesta para que a partir de su registro, comience a regir\u00bb, pues dicha norma se\u00f1ala: \u00abNotificada la sentencia de segunda instancia, la oficina de Registro Nacional de Abogados anotar\u00e1 la sanci\u00f3n impuesta. Esta comenzar\u00e1 a regir a partir de la fecha del registro (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, anot\u00f3 el ente accionado, \u00abque el hecho de que el aqu\u00ed disciplinado hubiese sido notificado de la sanci\u00f3n en su contra, autom\u00e1ticamente no le generaba el conocimiento de los extremos temporales en que deb\u00eda abstenerse de ejercer profesionalmente, so pena de incurrir en causal de incompatibilidad en los t\u00e9rminos del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 29 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Ahora, partiendo de la falta de certeza de que el togado conociera la fecha en que comenzaba a regir la sanci\u00f3n en su contra, mucho menos podr\u00eda imput\u00e1rsele una conducta dolosa, pues dicho elemento subjetivo requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la ilicitud de su conducta, y pese a ello, opte por asumir las consecuencias de su actuar. <\/p>\n
Es as\u00ed como, en el caso sub ex\u00e1mine, las pruebas practicadas, no permiten a esta Sala, constatar de manera eficaz, la comisi\u00f3n efectiva de la conducta objeto de reproche, por lo que a esta altura procesal ya es imposible que este despacho efectivamente compruebe, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, la existencia de la responsabilidad del investigado, como quiera que, la oportunidad procesal contemplada en la Ley se encuentra precluida, y por tanto, deber\u00e1 darse aplicaci\u00f3n al principio de in dubio pro disciplinado\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, luego de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el citado principio -C-495 de 2019-, agreg\u00f3 la Sala accionada, que en materia disciplinaria resultaba indispensable demostrar, fehacientemente, la responsabilidad del denunciado, pues \u00abla presunci\u00f3n de inocencia es un principio fundamental que va entrelazado con el debido proceso en las actuaciones judiciales, y su connotaci\u00f3n es tan apremiante que no solo es protegido constitucionalmente, sino mediante varios tratados que integran el bloque de constitucionalidad, siendo casi que obligatoria su aplicaci\u00f3n, cuando se presente una duda razonable que no se hubiese podido eliminar por parte del operador jur\u00eddico\u00bb; y, para el caso bajo su conocimiento, insisti\u00f3 en que \u00abcon el material probatorio obrante, no se ha podido despejar a cabalidad la duda, frente a las actuaciones del disciplinado, es decir, si bien, como ya se dijo, se puede tener como cierto que actu\u00f3 estando suspendido en el ejercicio de su profesi\u00f3n, no existe certeza de que tuviera pleno conocimiento del interregno en que deb\u00eda cumplir la suspensi\u00f3n y de manera deliberada y consciente hubiera optado por violar el r\u00e9gimen de incompatibilidades establecido en la Ley 1123 de 2007. (\u2026) No puede esta Sala, basarse en supuestos carentes de respaldo para endilgar responsabilidad disciplinaria al aqu\u00ed enjuiciado y teniendo en cuenta que los medios de convicci\u00f3n hasta ahora recaudados, no dan lugar, en grado de certeza a confirmar el auto de cargos, no queda otro camino que disponer su absoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. Puestas de ese modo las cosas, como lo determin\u00f3 el a quo constitucional, no se halla arbitrariedad en la sentencia rese\u00f1ada, pues al margen de la interpretaci\u00f3n que la Corte pudiera tener sobre el asunto, la autoridad denunciada, en su Sala mayoritaria, determin\u00f3 que exist\u00eda duda sobre el conocimiento que ten\u00eda el disciplinado de estar ejerciendo su calidad de abogado, pese a hallarse suspendido de la profesi\u00f3n, incertidumbre generada, justamente, en el tr\u00e1mite donde se hab\u00eda emitido tal sanci\u00f3n, pues all\u00ed el ente secretarial habilitado, expresamente dej\u00f3 constancia de que la Unidad de Registro de Abogados le informar\u00eda al denunciado a partir de cu\u00e1ndo comenzar\u00eda a regir la sanci\u00f3n impuesta; proceder que, seg\u00fan las pruebas, no se comunic\u00f3. Por tanto, si bien como lo arguye el tutelante, la normatividad no impone ese \u00faltimo acto de enteramiento, para el caso, se le gener\u00f3 al togado la expectativa leg\u00edtima de recibir tal notificaci\u00f3n y, con todo, el art\u00edculo 47 de la Ley 1123 de 2007 s\u00ed establece que s\u00f3lo despu\u00e9s de surtirse el registro correspondiente, puede determinarse la vigencia del correctivo decretado. <\/p>\n
6. Queda claro entonces, que lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n estudiada, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los diferentes juicios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15806-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC15806-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-21-000-2021-10138-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59543","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59543","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59543"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59543\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59543"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59543"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59543"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}