STC15809-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15809-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00679-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 12 de octubre de 2021 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Mar\u00eda Rodr\u00edguez D\u00edaz contra el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la demora en admitir la demanda de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos que promovi\u00f3 en contra de Johnnys Oliveros Riccholl, con rad. 2021-00118-00. <\/p>\n
2. En apoyo de tal reparo aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que no solo desde el 16 de abril de la presente anualidad radic\u00f3 la demanda contentiva del litigio referido en l\u00edneas anteriores, sino que el 21 de mayo siguiente solicit\u00f3 el impulso del proceso, el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla no ha siquiera calificado el libelo, lo que, asegura, le causa un perjuicio irremediable a su menor hijo y hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla puntualiz\u00f3, que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la actora, pues \u00abla demanda fue repartida en este despacho judicial el d\u00eda 16 de abril de 2021, siendo inadmitida en fecha 03 de mayo de 2021, pasado el termino legal para subsanar la demanda conforme los defectos se\u00f1alados en auto inadmisorio, y en vista que no se alleg\u00f3 escrito de subsanaci\u00f3n por la parte demandante, este despacho en auto datado 24 de mayo del a\u00f1o en curso, rechaz\u00f3 la demanda\u00bb, decisiones todas que, advierte, fueron notificadas por los estados electr\u00f3nicos e informadas por el aplicativo Siglo XXI. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla desestim\u00f3 la salvaguarda deprecada, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta que le accionante omiti\u00f3 controvertir las determinaciones que le fueron desfavorables en el citado juicio, aun cuando \u00e9stas fueron debidamente notificadas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que s\u00f3lo hasta el mes de septiembre pasado tuvo conocimiento de lo decidido dentro del asunto endilgado, pues con antelaci\u00f3n, dice, el micrositio del Despacho convocado no reportaba actuaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por regla, es improcedente frente a decisiones judiciales, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos ordinarios para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
3. Sin embargo, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El 26 de enero de 2021, el decurso objeto de revisi\u00f3n constitucional fue asignado por reparto al Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1, quien mediante prove\u00eddo del 12 de febrero siguiente declar\u00f3 su falta de competencia, y remiti\u00f3 las diligencias a la ciudad de Barranquilla. <\/p>\n
3.2. El 16 abril del presente a\u00f1o, se asign\u00f3 el asunto al Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla. <\/p>\n
3.3. Mediante prove\u00eddo del 3 de mayo de la presente anualidad, la Juez del conocimiento inadmiti\u00f3 la demanda, tras advertir, entre otros, que el profesional del derecho que adujo representar los intereses de la aqu\u00ed inconforme, carec\u00eda de mandato para tal efecto, decisi\u00f3n notificada por estado electr\u00f3nico del d\u00eda 6 siguiente1. <\/p>\n
3.4. Comoquiera que la actora no subsan\u00f3 los yerros advertidos, en auto del 24 de mayo postrero, notificado por estado electr\u00f3nico del d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o2, se rechaz\u00f3 el libelo. <\/p>\n
4. Visto lo anterior, no cabe duda para la Sala que, a diferencia de lo considerado por la se\u00f1ora Rodr\u00edguez D\u00edaz, no ha existido de parte de la autoridad judicial criticada actuaci\u00f3n alguna que debe ser enmendada a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, comoquiera que en el juicio respecto del cual se reclama el impulso procesal, en efecto se profirieron las decisiones a que hab\u00eda lugar, las que fueron notificadas a trav\u00e9s de los medios digitales dispuestos para ello, sin que se advierta omisi\u00f3n alguna en tal sentido, pues de la revisi\u00f3n no solo, del micrositio del Juzgado, sino adem\u00e1s, las plataformas TYBA y Siglo XXI, se advierte sin lugar a dudas que se registraron todas y cada una de las actuaciones que se surtieron en el mentado litigio de conformidad con la normativa procesal vigente, luego resulta inexiste la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
5. Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abEl objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
6. Finalmente cabe advertir, que nada obsta para que la actora retire los legajos del Despacho convocado, subsane los yerros que le fueron advertidos al inadmitir la demanda y radique nuevamente el tan mentado proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, ello en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el rechazo referido anteriormente no trae de suyo sanci\u00f3n o impedimento alguno para volver a promover el litigio. <\/p>\n
7. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n