STC15810-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15810-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04190-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rosa Mar\u00eda Caro Malag\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 el resguardo de sus garant\u00edas de petici\u00f3n, debido proceso, \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, igualdad y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas al dictar sentencia acogiendo las pretensiones en el juicio declarativo incoado en su contra. <\/p>\n
Rog\u00f3, entonces, declarar la nulidad de lo actuado por el Juzgado y el Tribunal convocados, en especial y en su orden, de las providencias que emitieron el 22 de julio y el 20 de noviembre de 2019. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n del presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el proceso declarativo que contra la accionante inco\u00f3 Nubia Patricia Caro Moreno, pretendiendo se declarara nulo, absolutamente, el contrato de promesa de compraventa celebrado el 30 de noviembre de 1998 respecto del predio identificado con folio inmobiliario Nro. 530-13087 (siendo la primera promitente compradora y Jos\u00e9 An\u00edbal Caro Malag\u00f3n, fallecido padre de la segunda, promitente vendedor), el 22 de julio de 2019 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual acogi\u00f3 las pretensiones, declar\u00f3 la nulidad absoluta de ese acuerdo, orden\u00f3 a la demandada restituir el inmueble y pagar frutos; determinaci\u00f3n que el 20 de noviembre siguiente confirm\u00f3 el Tribunal atacado. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela la censora critic\u00f3, en concreto, que los juzgadores no tuvieran en cuenta, como prueba, la sentencia que dict\u00f3 el 15 de abril de 2016 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, en la cual no se accedi\u00f3 al juicio reivindicatorio propuesto en su contra respecto del mismo predio, declarando probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n que all\u00ed propuso. <\/p>\n
Asever\u00f3 que ese pronunciamiento constitu\u00eda cosa juzgada, sin que fuera dable que all\u00ed se le diera la raz\u00f3n y aqu\u00ed se resolviera en su contra, desconociendo, sin justificaci\u00f3n, su condici\u00f3n de poseedora, por lo que present\u00f3 derecho de petici\u00f3n al Juzgado acusado solicit\u00e1ndole se pronunciara al respecto, pero no ha recibido respuesta. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el ruego tutelar, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes contemplados en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado encausado pidi\u00f3 \u00abse niegue el amparo por improcedente\u00bb por estar insatisfecho el presupuesto de la inmediatez, a m\u00e1s que \u00ablo considerado\u2026 en la sentencia de primera instancia dentro del proceso [fustigado]\u2026 no muestra vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por la gestora, pues fue fruto del an\u00e1lisis del material probatorio expuesto y la aplicaci\u00f3n de las normas sustanciales que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Isidro Mancipe Lara, quien dijo actuar como \u00abapoderado judicial de\u2026 Nubia Patricia Caro Moreno\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n, sin aportar el poder especial conferido por \u00e9sta para actuar en su representaci\u00f3n en el presente tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La demanda de amparo se dirigi\u00f3 frente a i) la falta de respuesta a un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que la quejosa adujo presentar al Juzgado acusado rog\u00e1ndole tener en cuenta el fallo dictado en el a\u00f1o 2016 dentro del juicio reivindicatorio aludido en su escrito de tutela; y ii) la actuaci\u00f3n surtida en el proceso declarativo que culmin\u00f3 con la sentencia que el 20 de noviembre de 2019 emiti\u00f3 el Tribunal acusado, en segunda instancia, confirmatoria de la proferida el 22 de julio anterior por el Juzgado encausado, la cual fue adversa a la accionante. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se anticipa el fracaso del ruego tutelar, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3.1. En lo tocante con la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, como lo es el Juzgado convocado, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales\u2026 deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867; reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., rad. 01762-01). <\/p>\n
3.2. Por otro lado, de cara al tr\u00e1mite y definici\u00f3n del juicio declarativo criticado, por carecer de actualidad, comoquiera que entre la emisi\u00f3n de la providencia que puso fin a ese asunto -20 de noviembre de 2019- y la interposici\u00f3n del presente ruego tutelar -el 10 de noviembre de 2021-, transcurrieron mucho m\u00e1s de seis (6) meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la jurisprudencia de la Sala como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de situaci\u00f3n alguna que justifique tal tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto, insistentemente ha sostenido esta Corte que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera… el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
4. Lo sucintamente consignado basta para despachar adversamente la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el resguardo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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