STC15811-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15811-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2020-01900-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de diciembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Alfaro Hern\u00e1ndez contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, el Juzgado Cuarto Laboral de Barranquilla y la Sala Laboral del Tribunal de ese mismo Distrito Judicial, tramite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la seguridad social, al m\u00ednimo vital, a la \u00abtercera edad\u00bb y a la igualdad, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial convocada, con la providencia SL4886 de 5 de noviembre de 2019, que resolvi\u00f3 sobre el recurso de casaci\u00f3n por \u00e9l propuesto en el marco del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 en contra de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, con el fin de que se ordenara a.) el reajuste del 15% sobre las mesadas causadas a partir del a\u00f1o 2000, de conformidad con lo normado en el par\u00e1grafo 3\u00b0, art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976 y la cl\u00e1usula 8\u00aa de CCT de1985 – 1986, b.) la indexaci\u00f3n de las diferencias retroactivas, y c.) los intereses moratorios de cada una de las diferencias causadas a partir del mes de enero de 2000 resultantes del reajuste ordenado y, las costas procesales. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto la memorada sentencia. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, luego de hacer un resumen de las actuaciones acaecidas en desarrollo de la contienda ordinaria laboral objeto de an\u00e1lisis, que con lo resuelto por la Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia memorada, ha sufrido un perjuicio, en tanto que pese a que \u00abtiene derecho a la igualdad laboral [frente a todos los beneficios concedidos al] (\u2026) pensionado Hugo Brochero P\u00e9rez, [relativos al] reajuste de la pensi\u00f3n convencional por el referente de la Ley 4\u00aa de 1976, pactada en la Convenci\u00f3n de 1985 de Electromag\u00bb, esa situaci\u00f3n fue inadvertida por dicha autoridad, motivo por el que acude a la presente senda excepcional, m\u00e1xime porque no cuenta con otro medio de defensa judicial tras haber agotado todos los mecanismos ordinarios. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada Ponente de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, solicit\u00f3 que se desestime la protecci\u00f3n rogada, luego de indicar al respecto, que adem\u00e1s de incumplirse con el presupuesto de la prontitud, el accionante no se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1les son los defectos de los que supuestamente padece la providencia cuestionada, respecto de la cual dijo atenerse a las argumentaciones all\u00ed consignadas. <\/p>\n
b. De otra parte, la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio de Salud, coincidieron en solicitar su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, luego de esgrimir al efecto que ninguna injerencia tienen frente a los hechos y pretensiones enlistados en la demanda de amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 al amparo invocado, tras advertir, de un lado, que se incumple con el presupuesto de la inmediatez, pues \u00ab[e]n el asunto bajo examen, las pretensiones de la parte actora se encuentran dirigidas a cuestionar, entre otras, la legalidad de la sentencia del 5 de noviembre de 2019 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n dentro del proceso ordinario laboral 2009-000868. Siendo as\u00ed, el accionante tard\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o en acudir al presente tr\u00e1mite constitucional, lo cual desborda lo que es considerado como plazo razonable por esta Sala\u00bb; y del otro, que al margen de lo anterior, \u00abal examinar las pruebas obrantes y el marco jur\u00eddico aplicable, la Sala advierte que las providencias objeto de la presente solicitud de amparo no vulneran de alguna forma los derechos fundamentales del accionante y, por ende, no incurre en una v\u00eda de hecho que haga necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no se encontr\u00f3 defecto sustantivo alguno, toda vez que la interpretaci\u00f3n utilizada por las autoridades judiciales accionadas, aunque no fuese compartida por el accionante, no se tornan de alguna forma irrazonables o caprichosas, y el simple hecho de ser estas interpretaciones diferentes a sus intereses no hace que esta causal especifica proceda. La simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisi\u00f3n, no habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue dise\u00f1ado como una instancia adicional. <\/p>\n
Dentro de la autonom\u00eda que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, est\u00e1 la de interpretar las normas para resolver el caso concreto, y esa labor permite que la comprensi\u00f3n que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. De manera que la razonabilidad de la argumentaci\u00f3n presentada resulta relevante al momento de hacer la valoraci\u00f3n respectiva\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del amparo recurri\u00f3 el anterior fallo, con similares argumentos a los esbozados del escrito inaugural, adem\u00e1s de insistir que contrario a lo indicado por el a quo constitucional, s\u00ed se cumple con el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
Sobre el \u00faltimo punto, la Corte ha insistido en la necesidad de verificar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar, a tal punto que la falta de cualquiera de ellos impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n se concluye, que el amparo resulta improcedente, conforme se pasa a explicar: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 8 de agosto de 2011, zanj\u00f3 en primer grado la controversia suscitada entre Luis Olivero Morales, Antonio V\u00edctor Granados Rocha, Hugo Alberto Brochero P\u00e9rez, Jaime Alfaro Hern\u00e1ndez, y la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, disponiendo: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: CONDENESE a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. ESP, a reajustar la pensi\u00f3n plena convencional de jubilaci\u00f3n o al mayor valor a partir de cu\u00e1ndo opere la compartibilidad por reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, de HUGO ALBERTO BROCHERO PEREZ, en un 15 % anual y a pagar la diferencia entre \u00e9ste y el reajuste que ha venido aplicando con base en el IPC reflejado en cada una de las mesadas pensionales, desde el a\u00f1o 2000, con el mismo criterio al se\u00f1or LUIS ANDR\u00c9S OLIVEROS MORALES, a partir de 2008, respecto de quienes no se declara probada Cosa Juzgada. Se deber\u00e1n los intereses de mora sobre las diferencias insolutas. <\/p>\n
SEGUNDO: Los efectos de la presente sentencia no cobijan al se\u00f1or JAIME ALFARO HERN\u00c1NDEZ, y se absuelve en el caso del se\u00f1or ANTONIO GRANADO ROCHA. <\/p>\n
TERCERO: Por prescripci\u00f3n trienal, el pago de los reajustes insolutos del se\u00f1or HUGO ALBERTO BROCHERO PEREZ, tendr\u00e1n efecto a partir de diciembre de 2006\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de apelaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal del mentado distrito judicial, emiti\u00f3 fallo revocatorio el 28 de septiembre de 2012, para en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones elevadas en su contra. <\/p>\n
2.3. As\u00ed entonces, los demandantes interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue resuelto en la sentencia SL4886 del 5 de noviembre de 2019. <\/p>\n
3. Visto lo anterior se concluye que el promotor del auxilio, pretende desconocer el requisito de la acci\u00f3n que vienen de comentarse, si en cuenta se tiene que la determinaci\u00f3n que expresamente cuestiona es la proferida el 5 de noviembre de 2019 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s de la cual se dispuso no casar la sentencia de segundo grado pronunciada en el juicio ordinario laboral aludido, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 18 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Lo anterior deja en evidencia, que la tutelante para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir m\u00e1s de un (1) a\u00f1o de emitida tal decisi\u00f3n, t\u00e9rmino supera ostensiblemente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC7554-2021). <\/p>\n
4. Finalmente, se advierte que no puede tenerse en cuenta la excusa alegada por el abogado de Alfaro Hern\u00e1ndez, relativo a la \u00absuspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales\u00bb con ocasi\u00f3n del estado de excepci\u00f3n decretado en marzo del a\u00f1o pasado, habida cuenta que dicha determinaci\u00f3n no se hizo extensiva a las acciones de tutela. Por tanto, no fue demostrada la existencia de alg\u00fan motivo o circunstancia que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Y es que el 15 de marzo de 2020, mediante Acuerdo PCSJA20-11517 el Consejo Superior dispuso: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 1. Suspender los t\u00e9rminos judiciales en todo el pa\u00eds a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la funci\u00f3n de control de garant\u00edas y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podr\u00e1n realizar virtualmente. Igualmente se except\u00faa el tr\u00e1mite de acciones de tutela1\u00bb (subrayado de la Sala). <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Medida que se prorrog\u00f3 hasta el 01 de julio de 2020, en virtud del acuerdo PCSJA20-11567 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
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