STC15812-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04144-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edumaris del Socorro Solano Moscote frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Construcciones Walex S.A.S. antes Ltda., Alexandra Luc\u00eda Baquero Yunez, el Tribunal de Arbitramento de la Corporaci\u00f3n Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Barranquilla y el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la mencionada ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en los procesos con radicados 2020-0317-00 y 2021-00019. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la gestora demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n, defensa y \u00abprincipio universal de congruencia\u00bb, presuntamente vulneradas por los convocados. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se extraen los siguientes supuestos f\u00e1cticos relevantes: <\/p>\n
La actora sostiene que Construcciones Walex Ltda. otorg\u00f3 poder a un abogado para que instaurar\u00e1 demanda arbitral en su contra, solicitando: (i) la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes el 18 de febrero de 2009, (ii) la declaraci\u00f3n de incumplimiento de la conciliaci\u00f3n de 12 de mayo de 2011 y (iii) la entrega del apartamento 303 del Edificio Palmera Plaza ubicado en Barranquilla \u00abjunto con los correspondientes frutos civiles y\/o intereses comerciales moratorios\u00bb. <\/p>\n
No obstante, alega, \u00aben ninguna parte del inicio o encabezado de la demanda especifica qu\u00e9 clase de acci\u00f3n presenta (\u2026) [y] en el ac\u00e1pite de las pretensiones de la misma en ninguno de sus apartes se menciona de que lo que [sic] se pretende es que se resuelva la promesa de compra venta suscrita por las partes el d\u00eda 18 de febrero de 2009\u00bb, proceder que estima irregular, pues \u00abse termina utilizando un acta de conciliaci\u00f3n que a [su] juicio daba por finalizada la promesa de compraventa y sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Reprocha que la accionada haya solicitado el desglose de la aludida acta de conciliaci\u00f3n, la cual obraba en \u00abla acci\u00f3n ejecutiva adelantada previamente ante el Juzgado 17 Civil Municipal de la ciudad de Barranquilla dentro del radicado No.08001400301720120013200\u00bb y, posteriormente, la hubiera allegado al Tribunal de Arbitramento, autoridad que, a partir de una \u00abmala e inexacta interpretaci\u00f3n\u00bb de la cl\u00e1usula sexta de dicho documento, orden\u00f3 la entrega del inmueble objeto de controversia; dicha conducta, en su criterio, es constitutiva de \u00abfraude procesal\u00bb, \u00abfalsedad ideol\u00f3gica y material\u00bb y de \u00abtemeridad y mala fe\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona que en el laudo arbitral nada se haya dispuesto en relaci\u00f3n con la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa, tal como estaba estipulado en el poder otorgado al apoderado que present\u00f3 la demanda arbitral; mandato que, adem\u00e1s, seg\u00fan afirma, carec\u00eda del derecho de postulaci\u00f3n por cuanto fue concedido por alguien que no ostentaba la calidad de representante legal, raz\u00f3n por la cual considera que \u00abel entramado arbitral est\u00e1 viciado de NULIDAD POR FALTA DE REPRESENTACION ACTIVA [sic]\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, censura que entre las pruebas adosadas al decurso no se allegara la promesa de compraventa suscrita entre las partes el 18 de febrero de 2009, la cual, en su concepto, \u00absigue teniendo y cobrando plena validez\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1ala que el Tribunal de Arbitramento desestim\u00f3 las excepciones por ella formuladas y neg\u00f3 ordenar la devoluci\u00f3n de los dineros que abon\u00f3 al precio inicialmente pactado, lo cual, a su juicio, es constitutivo de \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, asevera que no es posible materializar el laudo arbitral, porque la demanda fue inicialmente incoada por Construcciones Walex Ltda., pero, en desarrollo del litigio dicha sociedad pas\u00f3 a ser Walex S.A.S. <\/p>\n
Adem\u00e1s, fue condenada econ\u00f3micamente al pago de \u00abunos guarismos aritm\u00e9ticos productos de unos frutos civiles liquidados por el Se\u00f1or \u00c1rbitro\u00bb consistentes en \u00abunos c\u00e1nones de arriendo\u00bb sin contar con prueba pericial y, menos a\u00fan, haber corrido traslado de esta a la parte demandada, situaci\u00f3n que, en su entender, configura \u00abuna conducta prevaricadora\u00bb; esa irregularidad, asegura, \u00abfue alegad[a] en su momento tanto en el Tribunal de arbitramento como a nivel del Tribunal Superior de Barranquilla que resolvi\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto oportunamente\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, argumenta que, a pesar de los aspectos y falencias enunciadas, \u00abla parte demandante dentro del laudo arbitral decide solicitar entrega o ejecuci\u00f3n del fallo\u00bb, asunto que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla1, que orden\u00f3 la comisi\u00f3n para materializar la entrega del inmueble en cuesti\u00f3n, seg\u00fan aduce, sin estar debidamente identificado; estima que esa decisi\u00f3n es arbitraria, pues \u00abse pretende despojar a la hoy accionante de una posesi\u00f3n material del inmueble regular o irregular que ha mantenido durante m\u00e1s de 12 a\u00f1os y, que entre otras cosas, fue entregada dicha posesi\u00f3n de manera voluntaria y expresa por parte de la propia Constructora\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, indica que \u00ab[l]o m\u00e1s extra\u00f1o del asunto del auto Admisorio de la demanda de ejecuci\u00f3n del fallo es que admite la misma y se decide \u00fanicamente en la entrega material del inmueble y no se cumple en la admisi\u00f3n con las dem\u00e1s condenas del fallo, convirti\u00e9ndose esto en una v\u00eda de hecho m\u00e1s (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo antelado, pide, en concreto, \u00abordenar la anulaci\u00f3n de toda la actuaci\u00f3n adelantada ante el Tribunal de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Construcciones Walex S.A.S. antes limitada solicit\u00f3 \u00abrechazar por extempor\u00e1nea y manifiestamente dilatoria, la acci\u00f3n de tutela de la referencia\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla puso de presente que, en prove\u00eddo de 14 de septiembre de 2020, resolvi\u00f3 declarar infundado el recurso de anulaci\u00f3n presentado por Edumaris del Socorro Solano Moscote respecto al laudo arbitral de 3 de febrero de 2020, proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Barranquilla en el correspondiente decurso arbitral. Frente a ello, inst\u00f3 declarar la improcedencia del amparo \u00abpor no reunirse el requisito general para su procedencia, cual es, el principio de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
3. El Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Barranquilla refiri\u00f3 que, con fundamento en el art\u00edculo 35 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal de Arbitramento conformado para el caso concreto ces\u00f3 en sus funciones, con la ejecutoria del laudo y la formulaci\u00f3n del recurso de anulaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Antonio Guzm\u00e1n Naranjo, \u00e1rbitro en el aludido litigio arbitral, defendi\u00f3 su proceder y pidi\u00f3 desestimar el ruego por inobservancia del requisito de inmediatez. Se\u00f1al\u00f3 que la accionante \u00abest\u00e1 repitiendo la misma argumentaci\u00f3n ya expuesta dentro del proceso arbitral y en el tr\u00e1mite del recurso de anulaci\u00f3n, sin que haya asomo de que se le hayan violado alg\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, en raz\u00f3n a que solo \u00abha sido ejecutor de la ordena impartida en prove\u00eddo del 3 de febrero de 2021, por lo que las supuestas y\/o aparentes vulneraciones de los derechos fundamentales alegadas por la accionante no han sido de nuestro resorte\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La actora plantea una serie de reproches a la gesti\u00f3n y decisiones adoptadas por el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Barranquilla, en el litigio arbitral promovido en su contra por Construcciones Walex S.A.S. -antes Ltda.-, cuyo recurso de anulaci\u00f3n fue resuelto por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en tanto, a su juicio, constituyen v\u00edas de hecho que justifican la invalidaci\u00f3n de ese tr\u00e1mite. Con base en dichas alegaciones, se opone a la ejecuci\u00f3n del citado laudo. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la petici\u00f3n de la promotora habr\u00e1 de ser denegada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional no cumple con el presupuesto general de la inmediatez. <\/p>\n
2.1. En efecto, del escrito inicial se colige que la gestora cuestiona el contenido del laudo arbitral proferido el 3 de febrero de 2020 por el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la Corporaci\u00f3n Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Barranquilla y que, aun cuando interpuso recurso de anulaci\u00f3n, el mismo fue declarado infundado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el 14 de septiembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
Pues bien, como quiera que la acci\u00f3n de tutela se radic\u00f3 el 9 de noviembre de 2021, debe concluirse que, respecto de las decisiones adoptadas en torno al tema, con anterioridad al 9 de mayo de la presente anualidad no se cumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez, por haberse superado el t\u00e9rmino de 6 meses que la jurisprudencia ha definido como prudencial para instaurar la acci\u00f3n de amparo constitucional. <\/p>\n
Respecto del citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo \u00abrazonable\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
2.2. Cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible, por razones que justifiquen la inactividad de la parte interesada para impetrar la s\u00faplica, como la interdicci\u00f3n, la incapacidad f\u00edsica, la minor\u00eda de edad, entre otras circunstancias v\u00e1lidas para no instaurar prontamente la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb2. <\/p>\n
Bajo tales presupuestos, la Sala no observa una justificaci\u00f3n frente a la tardanza en la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela, en tanto la accionante no da cuenta de situaciones espec\u00edficas que le hayan impedido reclamar, oportunamente, por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
En ese sentido, no es de recibo el argumento de la tutelante, seg\u00fan el cual la queja fue propuesta de manera tempestiva \u00abteniendo en cuenta que la demanda que se presenta para la ejecuci\u00f3n del fallo seg\u00fan el acta de reparto se present\u00f3 el 03\/02\/2021 arbitral ahora cuestionado, de manera que bien pod\u00eda la interesada acudir a esta jurisdicci\u00f3n tan pronto como el mismo cobr\u00f3 ejecutoria. <\/p>\n
3. De otro lado, frente al proceso ejecutivo con radicado 2021-00019 que cursa en el Juzgado Diecis\u00e9is del Circuito de Barranquilla, adelantado por Construcciones Walex S.A.S. contra la aqu\u00ed promotora, con el objeto de hacer efectivo el cumplimiento del laudo arbitral censurado, se advierte que, en dicho tr\u00e1mite, la actora present\u00f3 un escrito de contestaci\u00f3n de la demanda el pasado 10 de noviembre, en el que propuso excepciones, pidi\u00f3 hacer un control de legalidad y rechazar de plano la demanda, aduciendo cuestiones an\u00e1logas a las aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge evidente el fracaso de la acci\u00f3n constitucional, por prematura, pues lo cierto es que corresponde a los jueces naturales y no al constitucional resolver lo concerniente a los procesos a su cargo y, como tal, la tutela no es procedente, pues esta jurisdicci\u00f3n no puede anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al juzgador de la causa, por cuanto no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
Sobre el ejercicio prematuro de esta herramienta, se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha sostenido que es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela \u00absin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia\u00bb (ver cita en STC5325-2019). <\/p>\n
4. Por las razones anotadas, se debe negar el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Radicado No. 08001-31-03-016-2021-00019-00. <\/p>\n
2\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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