STC15814-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15814-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01637-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de agosto de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Jos\u00e9 de la Candelaria Vides de Arco contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la citada Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Magangu\u00e9, las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, en el marco del proceso declarativo laboral que promovi\u00f3 contra la Electrificadora de la Costa Atl\u00e1ntica \u2013 Electrocosta S.A. E.S.P. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, que se ordene \u00abdej[ar] sin efecto la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (\u2026) del d\u00eda 15 de agosto de 2017, que decidi\u00f3 no casar la sentencia dictada el 30 de junio de 2010 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena\u00bb, y en consecuencia, se ordene a esa autoridad \u00abque estudie y se pronuncie de fondo, profiriendo nueva sentencia, que reconozca el derecho que [l]e asiste\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que pretendi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n que se declarara que tuvo un contrato de trabajo con Electrocosta S.A. E.S.P. que culmin\u00f3 sin justa causa, por lo que proced\u00eda su reintegro a igual o superior cargo al que ven\u00eda desempe\u00f1ando, pedimento al que accedi\u00f3 el 19 de diciembre de 2008 el Juzgado Civil del Circuito de Magangu\u00e9, no obstante, la decisi\u00f3n fue apelada por la demandada y revocada el 30 de octubre de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, para entonces absolver a la demandada, determinaci\u00f3n que atac\u00f3 y no fue casada el 15 de agosto de 2017 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Afirma que con lo decidido se desconoci\u00f3 lo establecido en la convenci\u00f3n colectiva de 30 de abril de 1998, en la que Electrocosta S.A. E.S.P. adquiri\u00f3 los activos y derechos de la Empresa de Energ\u00eda de Magangu\u00e9, entidad para la que \u00e9l laboraba, por lo que opero la sustituci\u00f3n patronal, situaci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte desconoci\u00f3, al negar el tr\u00e1mite a su demanda por no cumplir con las exigencias formales, situaci\u00f3n que justifican en su criterio la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, por intermedio de la Magistrada que conoci\u00f3 del asunto, hizo un recuento de los motivos por los cuales no cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia y resalt\u00f3 que la solicitud de protecci\u00f3n incumple con el requisito de la inmediatez, porque el prove\u00eddo dictado en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n data del 15 de agosto de 2017, sin que se explique la tardanza en pedir la protecci\u00f3n. <\/p>\n
b.) El titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Magangu\u00e9 pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n, porque no vulner\u00f3 ninguna de las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, ya que \u00abdesde la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n [SL12274-2017] -15 de agosto de 2017-, hasta cuando se presenta la demanda, ha transcurrido m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os y once (11) meses, lo cual es contrario al principio de inmediatez. <\/p>\n
Es de advertir que no se encuentra justificaci\u00f3n valedera, as\u00ed como tampoco la parte actora la demostr\u00f3, que lo habilite a demandar en esta <\/p>\n
sede constitucional, despu\u00e9s de haber pasado ese tiempo. <\/p>\n
No puede perderse de vista que presuntamente se est\u00e1 ante una lesi\u00f3n de derechos fundamentales, lo que exige una oportuna reclamaci\u00f3n. Por tanto, el presupuesto de la inmediatez no est\u00e1 satisfecho\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, alegando que no acudi\u00f3 antes a la tutela, por su condici\u00f3n de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que el se\u00f1or Julio de la Candelaria Vides se duele, concretamente, de la decisi\u00f3n proferida el 15 de agosto de 2017 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual NO cas\u00f3 la sentencia del 30 de junio de 2010 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con que se hab\u00eda revocado el fallo de 19 de diciembre de 2008 del Juzgado Civil del Circuito de Magangu\u00e9, para en \u00faltimas, no acceder a las pretensiones, en el marco del proceso ordinario laboral que aquel promovi\u00f3 contra Electrocosta S.A. E.S.P., pues seg\u00fan su dicho, lo resuelto en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n emergi\u00f3 como resultado de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que, tal como lo advirti\u00f3 el juez constitucional de primera instancia, lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n de la Sala Hom\u00f3loga Laboral en Descongesti\u00f3n data del 15 de agosto de 2017; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 9 de agosto de 2021, es decir, transcurridos casi cuatro (4) a\u00f1os, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito del actor es reprochar la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n antes individualizada, de no casar la sentencia emitida dentro del referido proceso por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de ese prove\u00eddo, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que la tardanza en el reclamo por la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales se explique por la condici\u00f3n de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n alegada por el gestor en su impugnaci\u00f3n, no solo porque bien pudo acudir oportunamente a la tutela sin necesidad de incurrir en los costos de un apoderado judicial, tal cual finalmente lo hizo, sino adem\u00e1s, porque fue muy extensa la demora verificada para pedir la protecci\u00f3n, si en cuenta se tiene que se trataba de una situaci\u00f3n que supuestamente ameritaba actuar con la mayor prontitud. <\/p>\n
4. Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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