STC15818-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15818-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02243-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de octubre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lino Rodr\u00edguez Prada contra el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, a la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb y de petici\u00f3n, que consider\u00f3 quebrantadas por la autoridad jurisdiccional accionada, dentro del proceso verbal que Inversiones P\u00e9rez Taborda Ltda. y otros promovieron en contra del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO S.A.-, identificado con el radicado n.\u00ba 2017-00117-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, se ordene al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de esta capital, \u00abrealice los tr\u00e1mites correspondientes para garantizar el derecho a conocer la informaci\u00f3n realizada a trav\u00e9s de las peticiones y se respete el debido proceso vinculando al BBVA\u00bb, y que de no cumplirse lo anterior, \u00abse compulse copias a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por la posible configuraci\u00f3n de extralimitaci\u00f3n de funciones\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, en lo esencial, que desde 5 de agosto de 2020, en su condici\u00f3n de apoderado de uno de los extremos que componen la litis en comento, solicit\u00f3 insistentemente a la c\u00e9lula encartada integrar el contradictorio con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -BBVA, a quien calific\u00f3 del litis consorcio necesario, sin que a la fecha se haya emitido decisi\u00f3n alguna al respecto, lo que en su criterio, hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Juez Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 narr\u00f3, que por auto del 21 de agosto actual se pronunci\u00f3 respecto a una \u00abserie\u00bb de solicitudes realizadas por las partes, pero por una \u00abomisi\u00f3n involuntaria\u00bb, no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno respecto de la precisa petici\u00f3n elevada por el quejoso referente a la vinculaci\u00f3n de un litisconsorte necesario, raz\u00f3n por la cual el 12 de octubre actual resolvi\u00f3 \u00ablo pertinente\u00bb. Entonces, pidi\u00f3 denegar el auxilio al estar superada la situaci\u00f3n que dio origen a la misma. <\/p>\n
b.) El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO S.A., a trav\u00e9s de apoderado judicial, precis\u00f3 que no era por esta v\u00eda donde deb\u00edan ventilarse las inconformidades del gestor, sino en el marco del proceso que se adelanta en la sede convocada, m\u00e1xime cuando su solicitud ya fue objeto de pronunciamiento desde el a\u00f1o 2019. <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, porque \u00abel profesional del derecho promotor del amparo-no es como tal un sujeto procesal en el interior del litigioobjeto de sus pedimentos, en la medida en que all\u00ed simplemente funge como apoderado judicial de los demandantes [Inversiones P\u00e9rez Taborda y Compa\u00f1\u00eda Limitada y otros] por lo que no le es dable afirmar que sus derechos fundamentales -intuitu personae -se encuentran vulnerados por la supuesta mora judicial denunciada, dado que dicha situaci\u00f3n afectar\u00eda, eventualmente, pero a sus clientes, de los que tampoco aport\u00f3 poder para incoar la tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, al considerar que no se realiz\u00f3 en un estudio exhaustivo al asunto, pues de lo contrario \u00abse hab\u00eda podido advertir que tengo poder para representar a una persona jur\u00eddica como lo es INVERSIONES P[\u00c9]REZ TABORDA LTDA, y otros que son demandantes dentro del proceso con radicado 2017-117 que cursa en el Juzgado accionado (\u2026) no entendi\u00e9ndose porque se adecua la causa dentro de agente oficioso, cuando no guarda ninguna relaci\u00f3n con esa figura\u00bb. Por dem\u00e1s, dijo que el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito se limit\u00f3 a proferir una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n alguna, que simplemente cerr\u00f3 el paso a su solicitud, por lo que pidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que lo pretendido por el abogado Lino Rodr\u00edguez Prada es, en lo fundamental, que se ordene al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, resolver sobre su solicitud de integraci\u00f3n de contradictorio elevada desde el 5 de agosto de 2020, en el marco del juicio de responsabilidad civil contractual que en nombre de Inversiones P\u00e9rez Taborda Ltda. y otros promovi\u00f3 contra el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO S.A.-, pues seg\u00fan su dicho, la autoridad judicial ha incurrido en mora injustificada que redunda en el quebrantamiento de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Sin embargo, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, de cara a las inconformidades aducidas respecto omisi\u00f3n endilgada al Juez convocado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
3.2. Al respecto, revisadas las documentales allegadas al tr\u00e1mite y los informes rendidos al interior del mismo, no cabe duda del fracaso de lo reclamado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, teniendo en cuenta que aqu\u00ed accionante no funge como parte o tercero dentro del asunto, sino como apoderado de algunos de los all\u00ed convocantes, por lo que no le es factible acudir al resguardo tras atribuir el quebrantamiento de sus garant\u00edas, tampoco la de sus representados, pues ese mandato no lo habilita para cuestionar la actuaci\u00f3n adelantada por la autoridad judicial accionada mediante este mecanismo extraordinario de defensa, comoquiera que ese tipo de representaci\u00f3n no \u00abpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC14062-2021). <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos esta Sala expres\u00f3, \u00abque si bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, (\u2026) otorg\u00f3 poder general a favor de Luz Estela Bedoya Murillo, (\u2026) dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa\u00bb (ib). <\/p>\n
Por lo tanto, como en sede de impugnaci\u00f3n el gestor refiri\u00f3 que act\u00faa en nombre de su prohijados, esta Sala ha precisado que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017)\u00bb (CSJ, STC163-2021). <\/p>\n
4. Y aun cuando lo anterior resulta suficiente para dar al traste con la aspiraci\u00f3n del gestor, no pasa por alto la Sala que el alegato de la impugnaci\u00f3n, referente a que el contenido de la decisi\u00f3n proferida por la sede judicial encartada (que fue lo que en principio reclam\u00f3) no satisfizo sus aspiraciones pues es carente de motivaci\u00f3n alguna, esa determinaci\u00f3n se cimientan en hechos nuevos exteriorizados en esta instancia, por lo que al margen de lo expuesto en precedencia, tampoco podr\u00edan ser analizados por la Corte, pues los querellados no tuvieron la oportunidad de ejercer su leg\u00edtimo derecho de contradicci\u00f3n y defensa frente a los mismos, principalmente, por la autoridad que adelanta el juicio que origin\u00f3 el resguardo. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad\u2013deber del fallador de sentenciar extra y ultrapetita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (…) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC14062-2021) <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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