STC15819-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15819-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04193-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Omar Bonilla Valero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial convocada, por tanto, solicit\u00f3, en consecuencia, se ordene a la sede judicial fustigada \u201cque proceda a atender los t\u00e9rminos contemplados en el art\u00edculo 195 de la Ley 906 de 2004\u201d dentro del asunto objeto de resguardo. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra el accionante se adelant\u00f3 proceso penal donde result\u00f3 condenado a pena de prisi\u00f3n, encontr\u00e1ndose privativo de la libertad \u201cen el EPMSC COIBA Picale\u00f1a de Ibagu\u00e9\u201d. <\/p>\n
2.2. Aduce el gestor que present\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el cual se encuentra al despacho en la sede de la corporaci\u00f3n convocada, desde el 28 de enero de 2021. <\/p>\n
2.3. Asevera que a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego \u201chan transcurrido poco m\u00e1s de 9 meses sin que la autoridad judicial accionada se pronuncie de fondo\u201d frente al aludido remedio extraordinario, desbord\u00e1ndose ampliamente los t\u00e9rminos contemplados en el art\u00edculo 195 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el escrito de amparo, orden\u00f3 enterar a la autoridad judicial accionada, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origina la queja. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el despacho al cual le fue repartido el caso referido por el quejoso \u201cpermaneci\u00f3 ac\u00e9falo por un lapso de 16 meses, aproximadamente, tiempo durante el cual se le asign\u00f3 un alto n\u00famero de asuntos\u201d que, al momento de la llegada del nuevo Magistrado titular, esto es, el 11 de marzo de 2020, \u201cse hallaban pendientes de resolver\u201d. <\/p>\n
Argument\u00f3 que, si bien los t\u00e9rminos dispuestos por el legislador con relaci\u00f3n al recurso extraordinario de revisi\u00f3n \u201chan sido superados sin que se halla emitido alg\u00fan pronunciamiento en torno a aquel, es lo cierto que ello es atribuible a la voluminosa carga laboral que afronta es[a] Judicatura, motivada en, entre otras, razones de orden administrativo (\u2026), la complejidad de los diversos asuntos tratados, el elevado n\u00famero de acciones constitucionales que a diario deben ser resueltas, as\u00ed como a la situaci\u00f3n sanitaria que ha venido afrontando el pa\u00eds, circunstancia que ha conllevado, a no dudarlo, a una congesti\u00f3n excesiva en la generalidad de los despachos judiciales, de la cual no escapa es[a] Corporaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que a su cargo tiene casos penales que han debido ser evacuados con preeminencia del presentado por Omar Bonilla Valero, toda vez que aquellos se revisten de particular urgencia, \u201cpues han sido tr\u00e1mites pr\u00f3ximos a prescribir, o relacionados con solicitudes de libertad, extradiciones, etc.\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (STC de 11 de mayo de 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, de entrada, se resalta que la queja del promotor se circunscribe a la demora que se ha suscitado en torno a la calificaci\u00f3n de la correspondiente demanda contentiva del recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesta contra el fallo condenatorio proferido en el proceso penal seguido en su contra. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u201cmora judicial\u201d que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u201d (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3. Pues bien, del informe allegado por el magistrado ponente del caso criminal , el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza en resolver sobre la admisi\u00f3n del memorado recurso extraordinario, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de la congesti\u00f3n laboral que presenta y la obligaci\u00f3n de resolver asuntos que revisten cierta urgencia lo cuales se encontraban pr\u00f3ximo a prescribir, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por otra parte, se destaca que de los hechos narrados por el actor no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n. Mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida de la tutela como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos, que se hallan ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01 y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
Por tanto, el hecho de que el actor est\u00e9 privado de la libertad no puede ser tomado como una violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, pues tal evento es el resultado del adelantamiento de un proceso en su contra, en el cual los juzgadores del conocimiento lo hallaron culpable de la conducta endilgada, y dadas las facultades punitivas en cabeza del Estado, fue condenado a pena de prisi\u00f3n por ello. <\/p>\n
5. Lo anterior es suficiente para denegar\u00e1 el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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