STC15826-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC15826-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04189-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Martha Amparo Sierra Nieto instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecisiete del Circuito de la misma ciudad y especialidad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n de restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicado n\u00b0 110013103017-2016-00389-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 que se revoque la sentencia que defini\u00f3 la segunda instancia del ejecutivo criticado. <\/p>\n
En sustento, adujo ser ejecutada en el proceso objeto de revisi\u00f3n donde el Tribunal convocado confirm\u00f3 la sentencia que le fue desfavorable (20 oct. 2021). Relat\u00f3 que en ese veredicto la magistratura omiti\u00f3 el \u00abestudio de los reparos concretos sostenidos en la apelaci\u00f3n\u00bb de los cuales destac\u00f3, en esencia, i). la omisi\u00f3n al deber de revisar oficiosamente el t\u00edtulo ejecutivo, ii). la ejecuci\u00f3n del fallo de la contienda restitutoria, el cual, a su parecer, no estipul\u00f3 suma dineraria en su parte resolutiva y, iii). la consideraci\u00f3n relativa a la prejudicialidad del pleito. <\/p>\n
Finalmente, reproch\u00f3 que la Sala convocada guardara \u00ababsoluto silencio\u00bb sobre la petici\u00f3n de nulidad que interpuso. <\/p>\n
De lo anterior deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales pues consider\u00f3 que le fueron exigidas formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala convocada remiti\u00f3 copia de las actuaciones censuradas. EL Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un relato de las actuaciones surtidas y defendi\u00f3 su respectiva legalidad. El apoderado de la sociedad ejecutante se opuso a la prosperidad del resguardo. El Fiscal 319 delegado ante los Jueces Penales del Circuito dio cuenta de la existencia de una denuncia por la alegada falsedad de los documentos que la gestora aduce sirvieron de base para adelantar el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. Relat\u00f3 que \u00abno ha existido colaboraci\u00f3n debida por parte del denunciante\u00bb a fin de esclarecer los hechos materia de investigaci\u00f3n. <\/p>\n
La Oficina de Asignaciones del Grupo de Intervenci\u00f3n Temprana de Denuncias- adscrita a la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del sumario. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. En efecto, se observa que la queja de Martha Amparo Sierra Nieto se circunscribe a la forma en que la querellada defini\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra de la sentencia de primer grado, porque, a su parecer, dicha resoluci\u00f3n no contiene un adecuado estudio de los \u00abreparos concretos\u00bb que elev\u00f3. As\u00ed, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n de la accionante se halla cimentada sobre la base de discutir el raciocinio desplegado por el juzgador natural de su causa a pesar de que no se vislumbra caprichoso, fortuito o abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico como se pasa a exponer. <\/p>\n
Ciertamente, basta remitirse a los antecedentes y las consideraciones de la providencia acusada para advertir que, contrario a lo indicado por la promotora, el Tribunal s\u00ed identific\u00f3 los reparos concretos que se atribuyeron al fallo de primera instancia, sobre ello se indic\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a los cuestionamientos atendibles, referidos a que: (i) la sentencia dictada en el juicio de restituci\u00f3n no dispuso condena alguna en contra de la recurrente, constituyendo cosa juzgada que debi\u00f3 ser estudiada en el fallo al no existir talanquera para la verificaci\u00f3n de los presupuestos del t\u00edtulo; (ii) se ha materializado una vulneraci\u00f3n de principios constitucionales fundamentales a lo largo del tr\u00e1mite; (iii) no se permiti\u00f3 el adosamiento de pruebas documentales, las cuales tampoco decret\u00f3 el juez por iniciativa propia; y (iv) existen \u201cserias dudas\u201d sobre la identificaci\u00f3n del bien que se orden\u00f3 restituir, o que conlleva la \u201cabsoluta indeterminaci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo\u201d, se pronuncia la Sala: (\u2026) (Resaltado de ahora) <\/p>\n
Luego, frente a la existencia de los t\u00edtulos que sirvieron de base a la ejecuci\u00f3n -sentencia restitutoria y contrato de arrendamiento- y sobre la revisi\u00f3n oficiosa que extra\u00f1o la censora, la magistratura se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
De manera liminar respecto del reproche dirigido a que en la sentencia que decret\u00f3 la restituci\u00f3n del bien no se orden\u00f3 pagar concepto alguno en contra de los demandados y, por ende, no hay soporte para el cobro ejecutado, reclam\u00e1ndose la revisi\u00f3n del t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n al existir cosa juzgada sobre la inexistencia de esa espec\u00edfica condena \u2013defensiva que no se interpuso contra el mandamiento de pago\u2013 tales argumentos los aborda el tribunal porque ambos institutos \u2013revisi\u00f3n del t\u00edtulo y cosa juzgada\u2013 son de examen oficioso. En efecto, del primero la Corte Suprema de Justicia memor\u00f3 que (\u2026) <\/p>\n
Sin embargo, de la censura expuesta prontamente se advierte su fracaso en particular porque ella parte de una inferencia equivocada, en tanto que en el fallo de restituci\u00f3n s\u00ed hubo una condena pecuniaria \u2013las agencias en derecho, a la postre incluidas en la liquidaci\u00f3n de costas aprobada en auto del 22 de julio del mismo a\u00f1o para un total de $2.688.085 que ahora se reclaman\u2013. Pero si la controversia se dirige a los dem\u00e1s rubros, no incluidos en esa providencia por cuanto el objeto de ese contradictorio se circunscribe a la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento y la restituci\u00f3n de la heredad por mora en el pago de la renta \u2013sin que sea necesario determinar la entidad y cuant\u00eda de los periodos adeudados\u2013, no puede dejarse en el olvido que el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso habilita promover \u201cla ejecuci\u00f3n en el mismo expediente dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, para obtener el pago de los c\u00e1nones adeudados, las costas, perjuicios, o cualquier otra suma derivada del contrato o de la sentencia\u201d previsi\u00f3n que deja al descubierto la regularidad formal de la actuaci\u00f3n por la existencia del t\u00edtulo que justifica la ejecuci\u00f3n de la renta y la cl\u00e1usula penal que se sustentan en el negocio de locaci\u00f3n, como claramente se advierte en los hechos de la solicitud del coactivo y as\u00ed se ratifica en el mandamiento de pago, al paso que las costas se pueden exigir por esta v\u00eda, pues el auto que las aprueba constituye t\u00edtulo coactivo. <\/p>\n
En consecuencia, si bien no hay duda de la presencia de la cosa juzgada en lo concerniente a la restituci\u00f3n, la contingencia de que el monto de los c\u00e1nones no se hubiera ordenado cancelar, no impide su cobro, en tanto \u2013 se repite\u2013 el documento de ejecuci\u00f3n, en lo relativo a las erogaciones que emanan del contrato de arrendamiento, es este \u00faltimo negocio, del que no se demostr\u00f3 el pago de lo adeudado, hecho que motiv\u00f3, igualmente, la imposici\u00f3n del castigo pecuniario pactado entre las partes. (Resaltado de ahora) <\/p>\n
De igual forma, frente a la \u00abtransgresi\u00f3n de derechos superiores\u00bb, indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) cumple puntualizar que para derribar la decisi\u00f3n de primer grado, no basta con su gen\u00e9rica invocaci\u00f3n y la cita de decisiones adoptadas por altos tribunales, ni hacer llanas enunciaciones respecto del aducido exceso ritual o la preponderancia que se otorg\u00f3 a aspectos procedimentales, sin explicar el porqu\u00e9 de esas aseveraciones, al margen de que \u2013en todo caso\u2013 la ritualidad legal prevista por el legislador para su desarrollo hace parte esencial del derecho fundamental del debido proceso \u2013el cual opera en igual dimensi\u00f3n para ambas partes\u2013. Por el contrario, ese alegato impone en el recurrente la carga de incorporar los argumentos espec\u00edficos y estrictamente relacionados con los aspectos destacados por el juez en su decisi\u00f3n que, en verdad, apoyen ese motivo de disenso, gesti\u00f3n que fue omitida, provocando que el recurso \u2013en lo que a este t\u00f3pico ata\u00f1e\u2013 sea et\u00e9reo y especulativo, sin la idoneidad para prestar alg\u00fan elemento de juicio para su an\u00e1lisis en la alzada, defectos que, en conjunto, conllevan su frustraci\u00f3n. <\/p>\n
Referente al reproche consistente en que no se tuviera en cuenta en la etapa coactiva lo relativo a la identificaci\u00f3n del inmueble restituido, se predic\u00f3 que: <\/p>\n
Frente a la falta de identificaci\u00f3n del inmueble sobre el que recay\u00f3 la sentencia de restituci\u00f3n, es preciso destacar que ese pretexto ni siquiera se hizo valer en esa etapa y, por ende, tal aspecto qued\u00f3 sellado en sentencia que cobr\u00f3 firmeza, en la que se dispuso la devoluci\u00f3n del fundo con la descripci\u00f3n de los datos para su individualizaci\u00f3n , de donde fluye que no es de recibo el intento de la ejecutada de franquear las consecuencias que esa providencia produce, aspiraci\u00f3n que, de suyo, vulnera la res judicata. <\/p>\n
De otra parte, sobre la petici\u00f3n de prejudicialidad del coactivo, se precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) si en gracia de discusi\u00f3n se analizara la prejudicialidad en la ejecuci\u00f3n, esa suspensi\u00f3n no es viable \u201cporque exista un proceso declarativo iniciado antes o despu\u00e9s de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del t\u00edtulo ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En lo relativo al reproche por la actividad probatoria de primera instancia, el Tribunal expuso: <\/p>\n
En lo que se refiere a que no se permitiera pedir o aportar nuevas pruebas, basta puntualizar que la interesada no fustig\u00f3 el auto que las decret\u00f3 y no demostr\u00f3 que existiera alguna causa que, en realidad le \u201cimpidiera\u201d \u2013como arguye en la alzada\u2013obtener la informaci\u00f3n pretendida a trav\u00e9s del derecho de petici\u00f3n en el estadio legalmente previsto para tal efecto, con el agravante de que tampoco intent\u00f3 solicitar su pr\u00e1ctica en esta instancia. De ese incumplimiento de la carga demostrativa se derivan consecuencias que, ante su actuar remiso, est\u00e1 llamada a soportar, en tanto \u201cquien concurre a un proceso en calidad de parte [debe asumir] un rol activo y no [limitarse] a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte\u2026ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisi\u00f3n sean deducidas en su contra\u201d. De otra parte, con relaci\u00f3n a la cr\u00edtica a la abstenci\u00f3n del juzgador de decretar pruebas de oficio, de las que, de todas maneras, no se explic\u00f3 en que habr\u00edan alterado las conclusiones a las que se lleg\u00f3 en el fallo atacado y su vinculaci\u00f3n con los medios de defensa propuestos, carece de justificaci\u00f3n que adelantado a plenitud el tr\u00e1mite de la primera instancia, se reproche al funcionario por no utilizar esa prerrogativa, cuando lo que se vislumbra es el desprecio de esa labor que debi\u00f3 desplegar la convocada (\u2026) <\/p>\n
Establecido lo anterior, resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada de cara a los hechos y pruebas que fueron adosados a la autoridad accionada y sobre los cuales efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico que la llev\u00f3 a concluir que, para el caso concreto, la condena ejecutiva se ajustaba al tenor de los t\u00edtulos que sirvieron de base para su cobro y obedeci\u00f3 a la falta de demostraci\u00f3n de pago por parte de la accionante, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el litigio, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que el gestor considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
3. De otro lado, se duele la gestora de que el Tribunal accionado hubiese guardado \u00ababsoluto silencio\u00bb sobre la solicitud de nulidad que elev\u00f3 en contra de la sentencia de primera instancia; sin embargo, revisado el expediente se desdibuja tal situaci\u00f3n como quiera que, en prove\u00eddo del 30 de agosto pasado, la magistratura se\u00f1al\u00f3 al respecto: <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al documento de \u201cinterposici\u00f3n incidente de nulidad\u201d, contrariamente a lo indicado por el memorialista, corresponde a la autoridad de primer grado definir lo pertinente frente a esa actuaci\u00f3n, teniendo en cuenta la modalidad [devolutiva] en la que se concedi\u00f3 la alzada, la cual no suspende \u201c…el curso del proceso\u201d ni conlleva a que la competencia del funcionario de conocimiento se suspenda (art. 322, C. G. P.), tanto as\u00ed que en esa oficina ya se corri\u00f3 el traslado secretarial del escrito. <\/p>\n
As\u00ed, queda en evidencia que, distinto a lo expuesto por la memorialista, la Sala querellada s\u00ed se pronunci\u00f3 sobre la nulidad interpuesta, aunque no de la forma en que aquella esperaba, lo que, por s\u00ed, no conlleva una autom\u00e1tica lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales. Con todo, se extra\u00f1a que dicha determinaci\u00f3n haya sido recurrida oportunamente por la censora, de lo que se colige su desidia al respecto. <\/p>\n
4. En definitiva, dado que la sentencia acusada no se percibe caprichosa, antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico y en vista de que la falta de pronunciamiento en torno a la petici\u00f3n de nulidad en realidad no existe, no queda alternativa diferente a la de desestimar el auxilio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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