STC15827-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15827-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2021-00099-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Mar\u00eda Rodr\u00edguez y Martha Rodr\u00edguez frente al fallo emitido el 11 de octubre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que ellas promovieron contra la Defensor\u00eda de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Valle del Cauca y el Juzgado Cuarto de Familia, ambos de aquella ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las actoras reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, en especial, del debido proceso, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas al declarar en situaci\u00f3n de adoptabilidad a su nieto e hijo. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Las accionantes son la abuela y la madre de Marcelo S\u00e1nchez Rodr\u00edguez (quien actualmente tiene 8 a\u00f1os y desde el 2019 se dej\u00f3 en hogar de paso como medida de protecci\u00f3n provisional), a quien el 11 de marzo de 2020 la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal de Cali del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Valle declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad, decisi\u00f3n que el 4 de mayo \u00faltimo homolog\u00f3 el Juzgado convocado. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela las quejosas cuestionaron todo el tr\u00e1mite que dio lugar a las decisiones referidas a espacio, el cual dijeron se adelant\u00f3 bajo maniobras fraudulentas dirigidas por la Defensora de Familia, en tanto que los informes recopilados en el plenario faltan a la verdad, a ellas nunca se les permiti\u00f3 visitar al ni\u00f1o ni se les integr\u00f3 debidamente al programa, lo que result\u00f3 extensivo al padre del menor, quien exclusivamente fue citado una vez, oportunidad en la que s\u00f3lo le hicieron firmar un documento y nunca m\u00e1s lo volvieron a contactar; aducen, tambi\u00e9n, err\u00f3nea apreciaci\u00f3n probatoria, omisi\u00f3n en el establecimiento de los v\u00ednculos de familia extensa, falencias en el enteramiento de la actuaci\u00f3n y sus alcances. <\/p>\n
Destacaron que la abuela, contrario a lo registrado en el tr\u00e1mite administrativo, s\u00ed compareci\u00f3 a m\u00faltiples de las citaciones efectuadas por la Defensor\u00eda de Familia, sin embargo, en la mayor\u00eda de ellas no fue atendida por el personal de esa instituci\u00f3n; que la enga\u00f1aron para que llevara al menor al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para supuestamente restablecerle sus derechos y, posteriormente, devolv\u00e9rselo, pero ello nunca ocurri\u00f3; adem\u00e1s, al ni\u00f1o all\u00ed le hurtaron sus pertenencias, a saber, \u00ab4 cadenas[,] una pulsera de mano y un anillo\u00bb, hecho que denunci\u00f3, por lo cual considera que la Defensora de Familia tom\u00f3 represalias en su contra; y que si bien en el a\u00f1o 2017 sustrajo al ni\u00f1o del hogar sustituto en el que hallaba para entonces, se vio obligada a hacerlo porque el mentado Instituto no tom\u00f3 ninguna medida frente a las denuncias que promovi\u00f3 respecto a los maltratos de que era objeto su nieto por parte de la madre sustituta asignada. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Defensora de Familia del Centro Zonal Cali del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Valle del Cauca indic\u00f3 que \u00ab[l]as afirmaciones esbozadas por la accionante en las cuales [la] tilda\u2026 de actuar de manera fraudulenta dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos\u2026, son\u2026 FALSAS en su totalidad\u00bb; histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, las que dijo ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico; resalt\u00f3 que los padres del menor, aunque fueron debidamente enterados del tr\u00e1mite administrativo, \u00abno comparecieron a averiguar qu\u00e9 suced\u00eda con la situaci\u00f3n jur\u00eddica de su hijo, denot\u00e1ndose en ambos\u2026 un total abandono y desinter\u00e9s por la suerte que [\u00e9ste] pudiera correr\u00bb; y concluy\u00f3 que el material suasorio recaudado, de forma contundente, demuestra que, a pesar de comparecer a ese tr\u00e1mite y manifestar su deseo de hacerse cargo de su nieto, \u00abMar\u00eda Rodr\u00edguez no cuenta con idoneidad de ninguna \u00edndole para considerar que el ni\u00f1o pueda ser reintegrado a su medio familiar y por los mismos resultados de su participaci\u00f3n en el proceso de restablecimiento de derechos\u00bb, por lo que \u00abconsider\u00f3 como la medida m\u00e1s id\u00f3nea para restablecer los derechos del ni\u00f1o[,] la declaratoria de adoptabilidad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Ner\u00f3n S\u00e1nchez, de acuerdo a lo ordenado por esta Corte en auto del 27 de septiembre \u00faltimo (ATC1475-2021), deneg\u00f3 la salvaguarda porque \u00abdel extenso expediente aportado por el despacho accionado\u00bb, se desprende que en el tr\u00e1mite fustigado se respetaron todos los derechos de los intervinientes, destacando que all\u00ed las accionantes fueron representadas por dos profesionales del derecho diferentes, realizando sus respectivas intervenciones y se les dieron a conocer las falencias a superar como familia para proteger las garant\u00edas esenciales del menor, pero decidieron no hacer parte de las mismas, tampoco brindaron datos de la familia extensa a pesar de los requerimientos all\u00ed efectuados al respecto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la parte actora, insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, resalt\u00f3 que en la actuaci\u00f3n ante la Defensor\u00eda de Familia se agregaron diferentes documentos en que las manifestaciones efectuadas por la funcionaria y empleados de ese ente ri\u00f1en con la realidad, y que debieron decretarse pruebas para adoptar la decisi\u00f3n de fondo en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y providencias administrativas y judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el mandato de tempestividad. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, de entrada, advierte la Sala el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta, comoquiera que estudiados los documentos allegados al presente tr\u00e1mite, se halla que la actuaci\u00f3n administrativa de restablecimiento de derechos del ni\u00f1o y su posterior homologaci\u00f3n se surtieron con sujeci\u00f3n a la normatividad vigente y desplegando todas las gestiones necesarias con el fin de salvaguardar las garant\u00edas esenciales no s\u00f3lo del menor sino de su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
2.1. Se destaca que lo dispuesto por la Defensora de Familia en la Resoluci\u00f3n Nro. 021 de 11 de marzo de 2020 – mediante la cual declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad al ni\u00f1o-, se bas\u00f3 en \u00ablos informes y conceptos rendidos por los profesionales de las \u00e1reas psicosocial y de la salud\u00bb, en \u00ablos testimonios\u00bb y entrevistas recaudadas. <\/p>\n
Por lo anterior, se considera que no existe vulneraci\u00f3n de los derechos del menor ni de las quejosas, porque las actuaciones de los accionados fueron debidamente sustentadas y corresponden a una valoraci\u00f3n probatoria adecuada, m\u00e1xime cuando lo que se busca es el inter\u00e9s superior de aqu\u00e9l. <\/p>\n
2.2. En efecto, el 4 de mayo \u00faltimo el Juzgado Cuarto de Familia de Cali, para homologar en todas sus partes la referida Resoluci\u00f3n de la Defensor\u00eda de Familia, encontr\u00f3 que: <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n surtida por los funcionarios del Centro Zonal Centro del I.C.B.F., respecto del ni\u00f1o\u2026, no queda duda que las autoridades administrativa observaron con la debida diligencia los mandatos descritos en el Cap\u00edtulo II del T\u00edtulo II del Libro Primero del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia[,] pues se verifica que el ni\u00f1o\u2026 ingres\u00f3 a protecci\u00f3n del ICBF por reportar negligencia hac\u00eda menor por parte de su abuela Mar\u00eda Rodr\u00edguez, la cual cuidaba del\u2026 menor en comento y de la otra nieta\u2026, falleciendo la ni\u00f1a[,] por cuya raz\u00f3n le est\u00e1n adelantando proceso judicial\u2026, la familia est\u00e1 vinculada al programa de protecci\u00f3n y asistencia de la fiscal\u00eda, residieron en la ciudad de Ibagu\u00e9, aunado a ello en dicha ciudad estuvo bajo supervisi\u00f3n del ICBF pero su abuela lo rapt[\u00f3] del programa, padres ausentes. <\/p>\n
Al interior del proceso se observa que el ICBF agot\u00f3 en debida forma el procedimiento establecido en la ley para esta clase de asuntos, notificando a la madre, padre y abuela del ni\u00f1o\u2026 y ubicando a la familia extensa del mismo, tratando de buscar la persona m\u00e1s id\u00f3nea y que expresara una voluntad firme de asumir la responsabilidad del cuidado personal del ni\u00f1o, su crianza y establecimiento y, de esa manera lograr restablecer definitivamente sus derechos ubic\u00e1ndolo en su medio familiar. <\/p>\n
Revisada las diligencias se verifica que los funcionarios competentes dieron a la se\u00f1ora Mar\u00eda Rodr\u00edguez abuela del ni\u00f1o y a la se\u00f1ora Martha Rodr\u00edguez, una serie de compromisos que deb\u00eda cumplir a fin de mejorar su condiciones y de esa manera recuperar a su nieto e hijo, sin embargo, a lo largo del proceso se observa, de acuerdo a las actuaciones surtidas, que no solo a la progenitora, sino tambi\u00e9n a la abuela materna, no fueron garantes de derechos del menor, como quiera que, a notificaciones y citaciones a la madre para intervenci\u00f3n psicosocial\u2026, el d\u00eda 01 de julio de 2020 la psic\u00f3loga brinda atenci\u00f3n en dicha entrevista cuando le preguntaron a cerca de su situaci\u00f3n familiar con Ner\u00f3n manifiesta \u201cle voy hacer franca y sincera, yo ahora en estos momentos no puedo tenerlo, pues con el pap\u00e1 del ni\u00f1o estamos que s\u00ed, que no, estamos que nos separamos\u201d\u2026 <\/p>\n
Comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica con el padre\u2026 para intervenci\u00f3n psicosocial en la entrevista cuando le preguntan si tiene conocimiento sobre el proceso de restablecimiento del ni\u00f1o responde \u201cyo no s\u00e9 nada porque las que est\u00e1n haciendo las vueltas son la abuela y la mam\u00e1, se\u00f1orita la abuela es una se\u00f1ora muy problem\u00e1tica, muy peleona y yo le hab\u00eda pedido el ni\u00f1o pero ella no me lo da, yo lo iba a poner a estudiar ac\u00e1 en la escuela que hay cerca a la finca donde vivo pero ella no deja, ella le quit[\u00f3] el ni\u00f1o a la mam\u00e1 desde que estaba muy peque\u00f1o y no se lo deja tener y tampoco lo pone a estudiar ella\u201d\u2026, la defensora env\u00eda a la abuela y madre a evaluaci\u00f3n psicosocial en la Fundaci\u00f3n Bambi chiquitines para que asuman el rol correspondiente, pese a intervenciones del equipo sicosocial, las se\u00f1ora Mar\u00eda y Martha no logran reconocer los factores de riesgo y de vulneraci\u00f3n de derechos a los cuales ha sido expuesto el ni\u00f1o, aunado a ello no han sido participativas del proceso interdisciplinario para superar la falencia y poder ser garantes del cuidado del ni\u00f1o. <\/p>\n
No se puede desconocer que la se\u00f1ora Mar\u00eda ha sido persistente en manifestar su deseo de asumir [l]a custodia de su nieto\u2026, pero pese a sus deseos, sus actuaciones no reflejan lo mismo, pues no quiso participar del acompa\u00f1amiento de los profesionales para superar las falencias advertidas y determinadas dentro del proceso administrativo. <\/p>\n
Ciertamente, los informes del equipo interdisciplinario nunca arrojaron resultados favorables para el reintegro del ni\u00f1o a sus padres o al menos su ubicaci\u00f3n con alg\u00fan miembro de su familia extensa, es m\u00e1s, el \u00fanico pariente interesado en asumir el cuidado y la crianza de Marcelo S\u00e1nchez fue su abuela la se\u00f1ora Mar\u00eda Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Razones por las que, en suma, concluy\u00f3 que, \u00abprobado como se encuentra que\u2026 Mar\u00eda Rodr\u00edguez, no es id\u00f3nea para tener el cuidado de su nieto y no cuenta con red familiar de apoyo apta para ello, se observa que se han reunido las formalidades de ley y se agotaron por parte del I.C.B.F., los recurso[s] para tratar de capacitar a la abuela del menor en todos los aspectos sobre los cuales se evidenciaron falencias, sin obtener resultados plenamente satisfactorios que permitieran tomar decisi\u00f3n contraria a la aqu\u00ed adoptada, por tanto, sin m\u00e1s consideraciones habr\u00e1 de homologarse la decisi\u00f3n tomada por la Defensora de Familia\u2026 respecto al ni\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2.3. En ese contexto, se evidencia que la providencia acabada de analizar no luce arbitraria o caprichosa, pues se supedit\u00f3 a una respetable hermen\u00e9utica del ordenamiento jur\u00eddico y del material suasorio acopiado, lo que descarta la vulneraci\u00f3n manifestada por las convocantes y, de paso, conduce a la inviabilidad del amparo suplicado. <\/p>\n
Ello, dado que el presente acudimiento ni siquiera denota una justificada divergencia de criterio frente a la forma en que las autoridades convocadas desataron el asunto a su cargo, valorando las pruebas regular y oportunamente recaudadas, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, vislumbr\u00e1ndose que efectivamente los argumentos expuestos por la Defensor\u00eda para efectuar la declaraci\u00f3n en situaci\u00f3n de adoptabilidad, como del Juzgado para homologarla, se muestran ajustados a dichos medios suasorios, de los cuales se desprende no s\u00f3lo la dificultad sino lo desfavorable de retornar al ni\u00f1o al medio familiar, por falta de compromiso de su abuela, madre y padre para tal prop\u00f3sito, aunado a la inviabilidad de ubicarlo con alg\u00fan miembro de la familia extensa, en tanto que los \u00fanicos que se logr\u00f3 contactar manifestaron no desear hacerse cargo del ni\u00f1o, aunado a que no est\u00e1n en condiciones familiares y econ\u00f3micas de hacerlo; en cuyo caso, tales disquisiciones, no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o aviesas, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Colegiatura tambi\u00e9n tiene por sentado que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01; y STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
3. De otro lado, en cuanto a los reproches que se efect\u00faan respecto a las supuestas falsedades en las actuaciones de la Defensor\u00eda de Familia, si las quejosas consideran que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades convocadas o los intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, como parecen entenderlo, a las cuales, si a bien lo tienen, han de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En torno a ello, de vieja data tiene dicho la Sala que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Finalmente, destaca la Sala, en relaci\u00f3n con la abstracta solicitud probatoria tra\u00edda en la impugnaci\u00f3n, que su pr\u00e1ctica resultaba innecesaria para resolver el asunto, pues la censura recay\u00f3 sobre la actuaci\u00f3n surtida ante los funcionarios naturales, de la cual, como qued\u00f3 visto, con suficiencia, daba cuenta el expediente contentivo del asunto fustigado, el que al haber sido efectivamente acopiado en este tr\u00e1mite, torn\u00f3 improcedente el decreto de otros medios suasorios, de acuerdo a lo reglado en el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la no obligaci\u00f3n del juzgador constitucional en cuanto a decretar las pruebas pedidas en sede de tutela, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u2026el juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u201cresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u201d (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC5449-2016, rad. 2016-00122-01). <\/p>\n
5. Lo dicho impone refrendar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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