STC15828-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15828-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04159-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la salvaguarda que HOSAR S.A. instaur\u00f3 contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 05-045-31-21-002-2016-01713-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La empresa accionante solicit\u00f3 que se deje sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal accionado (22 septiembre 2021) para que, en su lugar, se profiera una nueva decisi\u00f3n en la que se reconozca su buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3 que Manuel Jos\u00e9 Caro Ruiz (Q.E.P.D) present\u00f3 solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras por el inmueble denominado \u201cLA PALMA\u201d, tr\u00e1mite en el cual la empresa actora present\u00f3 oposici\u00f3n con fundamento en que el predio fue adquirido de buena fe exenta de culpa y con legalidad, lo cual qued\u00f3 acreditado con la escritura p\u00fablica de compraventa No. 818 del 30 de septiembre de 2002, en la que qued\u00f3 registro del pag\u00f3 justo efectuado; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que, para la fecha en que efectu\u00f3 el negocio, la zona en que se encuentra ubicado el inmueble estaba en calma. <\/p>\n
A juicio de la actora, el cuerpo colegiado en la valoraci\u00f3n probatoria no tuvo en cuenta los aval\u00faos presentados por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y las respuestas de la Agencia Nacional de Tierras; adem\u00e1s, desconoci\u00f3 que el art\u00edculo 39 de la Ley 160 de 1994, es una norma que le es aplicable a los predios denominados Unidades Agr\u00edcolas Familiares y Parcelaciones o del Fondo Nacional Agrario. mientras que el predio denominado \u201cLA PALMA\u201d es un inmueble de naturaleza bald\u00eda, que fue adjudicado por el INCORA en el marco de la Ley 135 de 1961, que no consagra de manera directa dicha restricci\u00f3n de venta, ni autorizaci\u00f3n previa para vender. <\/p>\n
2. La Procuradora 18 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Medell\u00edn adujo que la autoridad judicial accionada no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho. <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia se remiti\u00f3 a los raciocinios consignados en la sentencia objeto de censura, los cuales se fundaron en lo previsto en la ley 1448 de 2011 y en la sentencia C-330 de 2016 <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la decisi\u00f3n cuestionada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de los supuestos f\u00e1cticos y probanzas obrantes en el proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras en comento. <\/p>\n
En efecto, revisada la sentencia censurada, se hall\u00f3 que el Cuerpo Colegiado rese\u00f1\u00f3 los fundamentos de la oposici\u00f3n presentada por la empresa accionante, as\u00ed: <\/p>\n
La sociedad Hosar S.A.S., como propietaria inscrita del predio objeto de reclamaci\u00f3n, compareci\u00f3 en la oportunidad legal correspondiente y formul\u00f3 oposici\u00f3n a la solicitud restitutoria. <\/p>\n
Para tales efectos, sostuvo, en s\u00edntesis, que las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se dieron los hechos victimizantes alegados, el presunto despojo de tierras que se invoca, y el arribo de grupos paramilitares a la zona de ubicaci\u00f3n del predio reclamado para 1996, no le constan. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, adquiri\u00f3 el predio para el a\u00f1o 2002, tras ofrecimiento de su propietario Luis Gonz\u00e1lez, conocido como \u2018Luis Tomate\u2019, quien manifest\u00f3 como motivo de venta los malos rendimientos del cultivo de pl\u00e1tano; asimismo que, para la \u00e9poca de la negociaci\u00f3n el orden p\u00fablico se encontraba en calma, y que el valor pagado, esto es, $54.289.509, era un justo precio respecto del valor catastral y comercial que en su momento presentaba el bien. <\/p>\n
Invoc\u00f3 en su favor la buena fe exenta de culpa, la cual consider\u00f3 que se configura, en tanto: i. Como vecina del predio conoci\u00f3 como propietarios a los se\u00f1ores Teolinda Borja y Luis Gonz\u00e1lez, de quienes adquiri\u00f3 el bien, y no se percataron de hechos de violencia en la zona, ii. Al momento de la compra hizo la revisi\u00f3n de los \u2018documentos de propiedad\u2019, iii. Al revisar la Escritura P\u00fablica nro. 392 de 1998, se observ\u00f3 que en la misma se constituy\u00f3 una hipoteca en favor del vendedor Manuel Jos\u00e9 Caro Ruiz, la cual no se levant\u00f3 hasta que se efectu\u00f3 el pago total de la venta, iv. La fe p\u00fablica dada por un notario gener\u00f3 confianza en la licitud del negocio en comento, v. El motivo de venta aducido por el se\u00f1or Gonz\u00e1lez fueron los bajos rendimiento de sus cultivos de pl\u00e1tano, y, vi. Nunca efectuaron presi\u00f3n sobre los vendedores para la adquisici\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Para resolver la oposici\u00f3n y definir si Hosar S.A. ten\u00eda la calidad de segundo ocupante, el Tribunal analiz\u00f3, de un lado, el actuar de la sociedad y, de otro, su naturaleza jur\u00eddica. A partir de esos \u00edtems, concluy\u00f3 que no hab\u00eda lugar a reconocer alg\u00fan derecho a dicha empresa toda vez que no fue probada su buena fe exenta de culpa. Al respecto dijo: <\/p>\n
Ahora bien, revisadas las pruebas arrimadas al plenario, y sin que haya lugar a mayores elucubraciones, esta magistratura advierte que, la buena fe exenta de culpa alegada por Hosar S.A.S., no se configura en el sub judice, y ni siquiera la buena fe simple, habida cuenta que, su actuar al momento de adquirir el predio objeto de reclamaci\u00f3n fue negligente e incurioso, pues para dicha \u00e9poca, el negocio por el cual la se\u00f1ora Mar\u00eda Teolinda Borja Mu\u00f1oz hab\u00eda adquirido el inmueble \u2018La Palma\u2019, contenido en la Escritura P\u00fablica nro. 392 del 22 de agosto de 1998, adolec\u00eda de nulidad absoluta, toda vez que, para celebrar el mismo no se cont\u00f3 con la autorizaci\u00f3n del Incora de que trata el art\u00edculo 39 de la Ley 160 de 1994, ni se agot\u00f3 el tr\u00e1mite all\u00ed establecido, el cual resultaba necesario por no haber transcurrido quince (15) a\u00f1os entre la adjudicaci\u00f3n del inmueble, la cual se dio en 1984, y la venta del mismo, ocurrida en 1998, tal como se evidencia en los antecedentes registrales arrimados por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Apartad\u00f3, y los administrativos aportado por la Agencia Nacional de Tierras. De ah\u00ed que bastaba realizar una revisi\u00f3n somera de los t\u00edtulos para constatar que no se estaba adquiriendo un bien en las condiciones exigidas por la ley, lo que impide, a todas luces, a dicha sociedad sostener que ten\u00eda la \u00abcreencia sincera y leal de adquirir el derecho de quien es leg\u00edtimo due\u00f1o\u00bb, pues, se itera, la adquisici\u00f3n del predio \u2018La Palma\u2019 por parte de la se\u00f1ora Borja Mu\u00f1oz se dio de forma ilegal. <\/p>\n
En consecuencia, se desestimar\u00e1 la oposici\u00f3n presentada por dicha sociedad, y por tanto no habr\u00e1 de reconocerse compensaci\u00f3n alguna en su favor. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el Tribunal estim\u00f3 que por la condici\u00f3n de persona jur\u00eddica tampoco hab\u00eda lugar a tener a Hosar S.A. como segundo ocupante del predio objeto de restituci\u00f3n. En concreto consign\u00f3: <\/p>\n
De igual forma, y en trat\u00e1ndose de una persona jur\u00eddica, no resulta procedente analizar si en la misma concurren las condiciones fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-330 de 2016, relativas a la configuraci\u00f3n de la calidad de segundos ocupantes, donde en torno a la buena fe exenta de culpa se dijo: debe se\u00f1alarse de forma expresa que personas que no enfrentan ninguna condici\u00f3n de vulnerabilidad no deben ser eximidos del requisito, pues no resulta admisible desde el punto de vista constitucional, que hayan tomado provecho de los contextos de violencia para su beneficio personal, ni que hayan seguido un est\u00e1ndar de conducta ordinario en el marco del despojo y la violencia generalizada, propios del conflicto armado interno\u201d y por tanto esa vulnerabilidad se pregona de personas en \u201ccondiciones de debilidad manifiesta en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, la vivienda digna o el trabajo agrario de subsistencia, y siempre que se trate de personas que no tuvieron que ver con el despojo\u201d lo que de suyo presupone el car\u00e1cter de persona natural. <\/p>\n
Ahora, aunque la empresa accionante aludi\u00f3 a una indebida aplicaci\u00f3n de la ley a la hora de catalogar la naturaleza del predio objeto de restituci\u00f3n, la Sala debe destacar que el art\u00edculo 39 de la ley 160 de 1994 establece que \u00ab[q]uienes hubieren adquirido del INCORA Unidades Agr\u00edcolas Familiares con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, quedan sometidos al r\u00e9gimen de propiedad parcelaria que en seguida se expresa: (\u2026) Hasta cuando se cumpla un plazo de quince (15) a\u00f1os, contados desde la primera adjudicaci\u00f3n que se hizo sobre la respectiva parcela, no podr\u00e1n transferir el derecho de dominio, su posesi\u00f3n o tenencia sino a campesinos de escasos recursos sin tierra, o a minifundistas. En este caso el adjudicatario deber\u00e1 solicitar autorizaci\u00f3n expresa del INCORA para enajenar, gravar o arrendar la Unidad Agr\u00edcola Familiar\u00bb. Luego como el inmueble referido fue adjudicado por el INCORA y corresponde a una unidad agr\u00edcola familiar en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 50 de la ley 135 de 1961, la exigencia realizada por el Tribunal para su transferencia es razonable y, contrario a lo referido en el escrito de tutela, no depend\u00eda de los aval\u00faos realizados por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. <\/p>\n
De igual forma, en lo que tiene que ver con el no reconocimiento de segundo ocupante, ning\u00fan reparo se tiene frente a lo decidido, toda vez que dicha categor\u00eda est\u00e1 integrada por las personas que habitan inmuebles que fueron despojados por la violencia, siendo susceptibles de amparo \u00fanicamente aquellos que no tuvieron ninguna relaci\u00f3n, ni tomaron provecho del despojo y enfrentan alguna condici\u00f3n de vulnerabilidad; caracter\u00edstica que no cumple la empresa actora por su condici\u00f3n de tal. <\/p>\n
Entonces, puede afirmarse que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio e interpretaci\u00f3n razonable de la ley 1448 de 2011, de la sentencia C-330 de 2016 y de los medios suasorios obrantes en el expediente. En esas condiciones, debe admitirse que al margen que la precursora no comparta tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se observan los desaciertos que se enrostran a la colegiatura fustigada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hosar S.A. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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