STC15829-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15829-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03999-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaisson Alexander Prado Daza contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-80485. <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna y libertad personal, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial y la Sala Especializada convocadas. <\/p>\n
2. Relata que el 10 de agosto de 2017 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto lo absolvi\u00f3 por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb ocurrido el 4 de septiembre de 2016 en el corregimiento de Catambuco, Pasto. <\/p>\n
Afirma que esa decisi\u00f3n fue apelada por la fiscal\u00eda y la representaci\u00f3n de v\u00edctimas. En segunda instancia, el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, mediante fallo del 4 de junio de 2020 revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n, y en su lugar, lo conden\u00f3 a la pena de 228 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Destaca que su defensora, frente a la \u00faltima providencia interpuso impugnaci\u00f3n especial, que no prosper\u00f3, pues, el 22 de septiembre de 2021 la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 en su integridad la sanci\u00f3n penal impuesta por el ad quem. <\/p>\n
Acusa los fallos del tribunal y de la Sala Especializada de constituir v\u00edas de hecho por proferir \u00abuna condena por medio de fraude (sic)\u00bb. Tambi\u00e9n dirigi\u00f3 cr\u00edticas a la labor investigativa de la fiscal\u00eda, indicando que cometi\u00f3 errores t\u00e9cnicos en la recolecci\u00f3n de evidencias que provocaron una indebida valoraci\u00f3n probatoria, especialmente de los testigos. <\/p>\n
Adicionalmente cuestion\u00f3 que, por los mismos hechos, se adelantara otra causa penal y que aqu\u00e9lla tuviera un resultado diferente en cuanto a la pena fijada. Refiere que, en el proceso radicado 2016-12425, Milton Javier Cusos Paz y Helmer Leandro Males Chicaiza, fueron condenados \u2013 19 de septiembre de 2018 \u2013 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto a 96 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio simple\u00bb, producto de un preacuerdo con la fiscal\u00eda y las v\u00edctimas y que, en la providencia que finiquit\u00f3 dicho asunto, se narr\u00f3 que los all\u00ed enjuiciados fueron quienes ultimaron con arma blanca a Mauricio Guancha Buesaquillo. <\/p>\n
Finalmente, informa que instaur\u00f3 denuncia por el punible de \u00abfalso testimonio\u00bb contra quienes declararon en su juicio como testigos de cargos y los agentes policiales que lo capturaron, indagaci\u00f3n asignada a la Fiscal\u00eda 32 Seccional de Pasto. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide \u00ab(\u2026) suspender el fallo o revocar la confirmaci\u00f3n del fallo de segunda instancia [\u2026] de acuerdo a las consideraciones del juez [a quo], hasta tanto el juez de revisi\u00f3n se pronuncie (\u2026) suspender el fallo o revocar la confirmaci\u00f3n del fallo [\u2026] por tener como fundamento un fraude que motiv\u00f3 la sentencia (\u2026) se ordene la libertad inmediata\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, indic\u00f3 que el actor ya hab\u00eda presentado una tutela similar contra el fallo que profiri\u00f3 esa corporaci\u00f3n, resuelta negativamente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. De otra parte, se opuso al presente amparo por cuanto, la decisi\u00f3n adoptada se soport\u00f3 en \u00abun estudio juicioso de las pruebas recaudadas en el juicio oral y lo obrante en el expediente\u00bb; y a\u00f1adi\u00f3 que, el actor podr\u00eda acudir al recurso de revisi\u00f3n \u00absi lo considera procedente\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Penal del Circuito de Pasto, indic\u00f3 que, en efecto, en sentencia del 10 de agosto de 2017 ese despacho absolvi\u00f3 a Prada Daza de los delitos por los que fue acusado, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 el superior para en su lugar condenarlo, condena que ratific\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
3. Un Magistrado de la Hom\u00f3loga Penal, defendi\u00f3 la providencia que, en sede de doble conformidad, profiri\u00f3 esa Sala, la cual \u00aben modo alguno revela vulneraci\u00f3n de garant\u00edas como el debido proceso [\u2026] por el contrario exhibe los razonamientos constitucionales y legales con fundamento en los cuales se confirm\u00f3 la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto \u2013 incluido lo relacionado con la eventual acci\u00f3n de revisi\u00f3n a la que pod\u00eda acudirse, acorde con el tema alegado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el aqu\u00ed accionante al condenarlo a 228 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb (fallos de 4 de junio de 2020 del Tribunal Superior de Pasto, Sala Penal; y, 22 de septiembre de 2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial) decisiones que, supuestamente, tuvieron \u00abcomo fundamento un fraude (sic)\u00bb, producto de \u00aberrores\u00bb en la investigaci\u00f3n adelantada por la fiscal\u00eda que, entre otros, present\u00f3 \u00abfalsos testigos (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. Auscultadas las discrepancias planteadas por esta v\u00eda excepcional frente a las determinaciones proferidas por las autoridades judiciales accionadas que condenaron a Prado Daza por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb, se observa que son defensas afines a las presentadas como fundamentos de la impugnaci\u00f3n especial. As\u00ed, al igual que en dicho escenario, la apoderada del tutelante dirigi\u00f3 censuras primordialmente contra la valoraci\u00f3n probatoria, y se\u00f1al\u00f3 a los testigos presentados por la fiscal\u00eda de incurrir en falsedades y contradicciones. <\/p>\n
A partir de esa afirmaci\u00f3n, insisti\u00f3 en que el proceso se trat\u00f3 de un \u00abfraude\u00bb que parti\u00f3 de \u00abuna investigaci\u00f3n incompleta [\u2026] [con] falencias de car\u00e1cter t\u00e9cnico jur\u00eddico y una ineficiente aplicaci\u00f3n del programa metodol\u00f3gico, adem\u00e1s de la mala informaci\u00f3n y fraude a la verdad por parte de los testigos de la parte acusadora, sumado al rompimiento de la unidad procesal por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, agreg\u00f3 que, \u00ab(\u2026) en audiencia la parte de la defensa presenta testimonios que informaron que los verdaderos responsables del homicidio fueron Milton Cusis y Helmer Males, contrario al cumplimiento del deber legal de vincularlos en la investigaci\u00f3n, la fiscal\u00eda representada por el fiscal orden\u00f3 compulsar copias para iniciar una nueva investigaci\u00f3n en contra de los reales autores del homicidio [\u2026] hoy condenados\u00bb. <\/p>\n
Luego, en cuanto a los hechos denunciados, resalt\u00f3 que, fue \u00abMar\u00eda Isabel D\u00edaz Gomajoa quien argument\u00f3 que era Jaison Prado el homicida y as\u00ed convenci\u00f3 a los dem\u00e1s testigos presuntamente presenciales [\u2026] fue la se\u00f1ora Mar\u00eda Isabel D\u00edaz Gomajoa igualmente quien inform\u00f3 a los polic\u00edas que el autor del homicidio fue el Jaison Alexander Prado Daza, capturado alrededor de las 10:30 minutos en su casa de habitaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, sobre las circunstancias en que se dio la aprehensi\u00f3n de su prohijado, expuso que, \u00aba diferencia de la informaci\u00f3n suministrada por la familia de Jaison Prado, no fueron ninguno de los dos funcionarios de la polic\u00eda que lo extrajeron de su residencia, con enga\u00f1os, la persona que lo requiri\u00f3 en su residencia fue el comandante Luis Vargas Sosa argumentando que \u201cvalla a poner su nombre en alto, si no es responsable de ning\u00fan delito (sic)\u201d, seg\u00fan los testimonios de la madre (Sandra Patricia Daza Jojoa) el padre (Jos\u00e9 Fabi\u00e1n Prado) y la abuela (Laura Jojoa de la Cruz)\u00bb. <\/p>\n
De lo ocurrido tras la captura, indic\u00f3 que \u00abfue conducido a la SIJIN de Pasto, donde se le informa que es capturado de manera oficial por homicidio, [que] fue capturado [\u2026] en el sector de Santa M\u00f3nica, omitiendo que fue sustra\u00eddo de su vivienda, afirmando una presunta captura en flagrancia\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que, tras la absoluci\u00f3n en primera instancia, el tribunal adopt\u00f3 una comprensi\u00f3n diferente de los hechos y encontr\u00f3 \u00abcredibilidad en los medios probatorios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en el proceso seguido contra Milton Javier Cusis y Helmer Males, estos aceptaron su culpa y preacordaron con la fiscal\u00eda; all\u00ed, en los antecedentes f\u00e1cticos de la sentencia se indic\u00f3 que fueron ellos los directamente perpetradores de la muerte violenta. <\/p>\n
En torno a la actuaci\u00f3n de la fiscal\u00eda, sostuvo que la investigaci\u00f3n \u00abfue deficiente [\u2026] adolece de falencias de car\u00e1cter t\u00e9cnico jur\u00eddico, aunque ten\u00eda mecanismos id\u00f3neos para determinar la realidad de todos los testimonios, como [\u2026] una reconstrucci\u00f3n de hechos, inspecci\u00f3n del lugar de los hechos, puesto que hay contradicciones de espacio y tiempo por parte de los testigos de la fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3.2. En suma, n\u00f3tese, que alegatos tal como los que aqu\u00ed formula la abogada del quejoso son incompatibles con este auxilio, pues es evidente que pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, decisiones que le fueron desfavorables, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario. <\/p>\n
Adem\u00e1s, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Ahora, si bien la abogada del actor se\u00f1ala los \u00abyerros\u00bb que considera cometieron las autoridades tuteladas al momento del ejercicio deductivo, observa la Corte que en realidad lo que hace es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo en la instancia habilitada para la doble conformidad; es decir, lo que contienen sus argumentos es un nuevo recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Se observa que la intenci\u00f3n del querellante es que se otorgue validez a su personal apreciaci\u00f3n sobre lo sucedido y la forma en que debieron valorarse cada uno de los elementos de conocimiento, testimonios y evidencias, practicados en el juicio, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Finalmente, cabe se\u00f1alar que con suficiencia la Corte ha dicho que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional \u2013 Subsidiariedad. <\/p>\n
Por otra parte, constituye raz\u00f3n adicional para predicar el fracaso de la petici\u00f3n, la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n de tutela, en tanto, \u00e9sta no es el escenario id\u00f3neo para suscitar a plenitud el debate propuesto, comoquiera que, si lo que alega el gestor del amparo es que los testigos que llev\u00f3 la fiscal\u00eda a juicio declararon falsamente, o que, la existencia de una condena por los mismos hechos de otras dos personas, impedir\u00eda, supuestamente, atribuirle responsabilidad a una tercera, seg\u00fan lo narrado, subsiste la posibilidad jur\u00eddica de formular el recurso de revisi\u00f3n, medio de defensa apto, en materia penal, para ese tipo de alegaciones. <\/p>\n
As\u00ed mismo lo previno la Hom\u00f3loga Especializada en la sentencia recriminada, cuando, previo a abordar el examen de la decisi\u00f3n confutada, preliminarmente precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para los efectos de garantizar la inmutabilidad e intangibilidad de la cosa juzgada, frente a situaciones de injusticia material, como las aducidas por la recurrente, el legislador dise\u00f1\u00f3, con car\u00e1cter excepcional, la acci\u00f3n de revisi\u00f3n prevista en los art\u00edculos 192 a 198 de la Ley 906 de 2004, cuyos presupuestos consisten en presentar una demanda por escrito donde se determine la actuaci\u00f3n procesal cuya revisi\u00f3n se pretende, la identificaci\u00f3n del despacho que produjo el fallo, el delito o delitos que motivaron el tr\u00e1mite, la decisi\u00f3n adoptada, la causal de revisi\u00f3n que se invoca, los fundamentos de hecho y derecho que la fundamentan y las evidencias que sustentan la solicitud, adem\u00e1s de aportar copia de los fallos cuestionados y constancia de ejecutoria; raz\u00f3n por la cual, cuando la finalidad perseguida es esa, debe acudirse al mencionado mecanismo\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
Ciertamente, el estatuto adjetivo penal \u2013 Ley 906 de 2004 \u2013 consagra ese remedio extraordinario en el art\u00edculo 192, en el que se contemplan diversas causales de procedencia, entre las cuales, al interesado le corresponder\u00e1 adecuar el sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda de cara a su admisi\u00f3n y eventual escrutinio de fondo; aspecto que redunda en la inviabilidad del auxilio en los t\u00e9rminos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto que, este \u00abmecanismo excepcional\u00bb no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de los jueces competentes, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
Por las puntuales razones precedentes, se impone la negativa del resguardo porque: <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
5.1. Lo pretendido por el accionante resulta improcedente, toda vez que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, ya que, lo que persigue es imponer una determinada tesis sustituyendo al fallador de la causa, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
5.2. Y porque la presente demanda tambi\u00e9n desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, pues frente a algunos de los puntuales cuestionamientos planteados por el precursor del amparo respecto de los fallos condenatorios, existe un mecanismo procesal pertinente \u2013 recurso de revisi\u00f3n \u2013 a trav\u00e9s del cual es posible promover dicho debate. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15829-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC15829-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03999-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaisson Alexander Prado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59565","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59565","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59565"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59565\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59565"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59565"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59565"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}