STC15830-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15830-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00191-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas al debido proceso, trabajo y m\u00ednimo vital, entre otras, presuntamente vulneradas por la sede judicial accionada. <\/p>\n
Por lo anterior, solicitaron, en concreto, revisar \u201clos efectos de la decisi\u00f3n\u201d que afect\u00f3 su \u201cderecho de dominio\u201d dentro del asunto materia de resguardo. <\/p>\n
2. Como respaldo de su reproche sostienen, en s\u00edntesis, que en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos se tramita el juicio ejecutivo hipotecario adelantado por Bancolombia S.A., contra Bertha Libia Nore\u00f1a Buile, asunto en el cual se decret\u00f3 el embargo del bien identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 012-9293 de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Girardota. <\/p>\n
2.1. Aseveran que el 5 de mayo de 2017, se orden\u00f3 el secuestro del referido inmueble, por tanto, se comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Don Mat\u00edas para adelantar dicha diligencia. <\/p>\n
2.2. Aducen que ese acto procesal se realiz\u00f3 sin los documentos id\u00f3neos para la verificaci\u00f3n de los linderos del fundo inmiscuido. <\/p>\n
2.3. Indican que el 19 de abril de 2021, el despacho convocado efectu\u00f3 el remate del aludido predio sin percatarse que en el \u201cavalu\u00f3\u201d presentado por la parte ejecutante se incluy\u00f3 una franja de terreno y una construcci\u00f3n que no son del lote subastado, sino que \u201chace parte integrante del bien inmueble identificado con la matr\u00edcula (\u2026) n\u00famero 012-15033\u201d el cual es de su propiedad. <\/p>\n
2.4. Afirman que, el 21 de junio pasado, fue aprobada la comentada almoneda, adjudic\u00e1ndosele la totalidad del bien a Daniel Esteban Mej\u00eda Berr\u00edo, incluidas las \u201cocho (8) hect\u00e1reas\u201d que les pertenecen. <\/p>\n
2.5. Manifiestan que, el estrado fustigado orden\u00f3 la entrega del memorado inmueble sin estar debidamente notificados de ese asunto. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
El juzgado criticado se opuso al ruego se\u00f1alando que \u201cen el acta de la diligencia de secuestro, el cartel de remate, el acta de la diligencia de remate y auto que aprob\u00f3 el remate, en ninguno de estos documentos aparece registrada la vivienda a que hace alusi\u00f3n el accionante, lo que deja claro que, si bien hizo parte del aval\u00fao presentado por la parte ejecutante, no fue incluida en el inmueble objeto de [subasta]\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los aqu\u00ed actores nunca fueron notificados del litigio subex\u00e1mine, pues \u201cno figuran como partes dentro del mismo, y en ninguna etapa de proceso se hicieron presentes, ni reclamaron los derechos que hoy aducen como presuntamente vulnerados\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al hallar insatisfecho el presupuesto de inmediatez y subsidiariedad, por cuanto la \u201cdiligencia de secuestro fue practicada el 15 de marzo de 2018 y s\u00f3lo a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela, los demandantes expusieron sus reproches frente al bien secuestrado que fue el posteriormente rematado\u201d; adem\u00e1s, los quejosos no presentaron oposici\u00f3n en esa diligencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propusieron los accionantes insistiendo en sus planteamientos iniciales y afirmando que el \u201cda\u00f1o\u201d a ellos ocasionado ocurri\u00f3 con la diligencia de entrega practicada el 29 de septiembre de 2021, donde no se les permiti\u00f3 \u201cser escuchados\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso de autos, muy a pesar de las alegaciones de los impugnantes, se anticipa la improcedencia del resguardo y, por ende, la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado, comoquiera que, efectivamente, la salvaguarda no satisface el presupuesto de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, como acertadamente lo concluy\u00f3 el a-quo constitucional, los tutelantes censuran la diligencia de secuestro de 15 de marzo de 2018, adelantada dentro del compulsivo bajo estudio; y la interposici\u00f3n del auxilio ocurri\u00f3 el 22 de septiembre de 2021, esto es, luego de transcurrido m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os de materializo ese acto procesal, super\u00e1ndose, ampliamente, los seis (6) meses fijados por la jurisprudencia de la Sala como lapso razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01)\u201d. <\/p>\n
\u201cReiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01)\u201d (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
2.1. Por otro lado, se evidencia que los quejosos formularon esta acci\u00f3n de amparo sin haber acudido previamente ante el fallador ordinario a pedir la nulidad de la actuaci\u00f3n recriminada con fundamento en la ausencia de notificaci\u00f3n que le reprochan en esta senda supralegal, con apoyo en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso1, en concordancia con el inciso 2\u00ba del precepto 134 ib\u00eddem2, lo cual configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u201c[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u201d. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las circunstancias planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a sus s\u00faplicas. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, para confirmar la negativa frente a la solicitud de protecci\u00f3n all\u00ed planteada, dej\u00f3 dicho esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Analizado el diligenciamiento cuestionado, advierte la Sala que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional est\u00e1 llamada a ser confirmada, como quiera que la tutela no cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que atendiendo lo reglado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, el accionante aun cuenta con otros medios de defensa que le permiten garantizar sus derechos antes de acudir por esta v\u00eda\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, era disposici\u00f3n prev\u00e9 que \u00abla nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese sentido ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito\u201d. <\/p>\n
\u201cObs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cY es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01, reiterada, entre otras, en CSJ STC 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo\u201d (CSJ STC8016-2016, 17 jun., rad. 2016-00760-01). <\/p>\n
3. Ahora, respecto al motivo de impugnaci\u00f3n que se enfila a cuestionar la diligencia de entrega practicada el 19 de septiembre pasado, donde los actores afirman que no se les permiti\u00f3 \u201cser escuchados\u201d, se advierte que ese aspecto constituye un hecho nuevo y, por ende, no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicar\u00eda preterir las garant\u00edas del debido proceso y defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir ese espec\u00edfico punto. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
4. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u201cART\u00cdCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u201d. <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 134. OPORTUNIDAD Y TR\u00c1MITE. Las nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella\u201d. <\/p>\n
\u201cLa nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades\u201d. <\/p>\n
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