STC15832-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15832-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04018-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Mac\u00edas Buitrago contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Penal del Circuito de Funza, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2010-00280. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, en el a\u00f1o 2010, consecuencia de un allanamiento policial a un inmueble de su propiedad \u2013 en el que funcionaba un establecimiento de comercio \u2013 donde se hallaron sustancias estupefacientes, fue procesado, junto a Catalina Tob\u00f3n Moreno y Javier Mauricio Rodr\u00edguez, por los delitos de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado en concurso heterog\u00e9neo con destinaci\u00f3n il\u00edcita de inmueble\u00bb. <\/p>\n
Relata que, luego de que fueran improbados por la judicatura varios intentos de preacuerdo con el ente persecutor, en el mes de octubre de 2010 finalmente el Juzgado Penal del Circuito de Funza aval\u00f3 una negociaci\u00f3n de terminaci\u00f3n anticipada presentada respecto de los coprocesados Catalina Tob\u00f3n y Javier Rodr\u00edguez, \u00fanicamente por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n y porte de estupefacientes en modalidad de venta\u00bb, descartando para ellos el punible de \u00abdestinaci\u00f3n il\u00edcita de inmueble\u00bb, lo que provoc\u00f3 la ruptura de la unidad procesal respecto de la causa en su contra. <\/p>\n
Refiere que, el 5 de febrero de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de Funza lo conden\u00f3 a la pena de 108 meses de prisi\u00f3n por los delitos mencionados, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Penal, el 28 de abril de 2015, providencia frente a la cual la defensa interpuso el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores decisiones, pero en especial, la \u00abdeficiente\u00bb labor del abogado que lo asisti\u00f3 en el juicio, la cual, aduce, tuvo directa incidencia en la condena que le fue impuesta. <\/p>\n
Sobre el particular, enlista una serie de situaciones que se presentaron a lo largo del proceso que revelaron, supuestamente, la falta de idoneidad de su defensor, como, por ejemplo, solicitudes de nulidad y preclusi\u00f3n que impetr\u00f3 sin fundamento jur\u00eddico, formulaci\u00f3n de recursos sin la debida sustentaci\u00f3n, petici\u00f3n de pruebas sin explicaci\u00f3n sobre su conducencia, intervenciones en el juicio impertinentes y actitud pasiva frente a decisiones arbitrarias tales como, cuando el juez se neg\u00f3 a resolver un recurso interpuesto, el darle aprobaci\u00f3n al preacuerdo de los coprocesados \u00absentenci\u00e1ndolos por la comisi\u00f3n de un solo delito con penas m\u00e1s favorables\u00bb, no declararse impedido para continuar su juzgamiento por haber conocido de la preclusi\u00f3n e indicarle que no ten\u00eda derecho a rebaja de pena de aceptar responsabilidad en la audiencia de juicio oral \u00ab(\u2026) [aunque] el inciso segundo del mentado art\u00edculo [367 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal] establece todo lo contrario [\u2026] a lo cual, lo \u00fanico que manifest\u00f3 la defensa fue que no aceptar\u00eda los cargos, y es l\u00f3gico tal posici\u00f3n cuando no se conoce la ley procesal\u00bb. <\/p>\n
Destaca que, la actuaci\u00f3n del defensor no solo amerit\u00f3 por parte del juez de conocimiento reiterados requerimientos, llamados de atenci\u00f3n y amonestaciones, sino que decidi\u00f3 \u00abcompulsar copias ante el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb para que lo investigaran. <\/p>\n
Indica que, la falta de defensa t\u00e9cnica fue parte esencial de la fundamentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n propuesto \u2013 presentada por otro apoderado \u2013; empero, la Sala Especializada desestim\u00f3 tal reproche por cuanto no \u00abse demostr\u00f3 que dicha carencia de defensa t\u00e9cnica influyera en resultado de la sentencia\u00bb. En suma, sostiene que, la \u00abla violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas procesales desconocidas y no alegadas por el defensor condujeron y permitieron la sentencia en contra [\u2026] de manera injusta con desconocimiento de las garant\u00edas propias del juicio\u00bb, todo lo cual, signific\u00f3 que los juzgadores incurrieran en defectos \u00abf\u00e1ctico y procedimental absoluto\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, manifiesta que debe superarse el requisito de la inmediatez ya que, pese a que las decisiones atacadas fueron proferidas \u00abhace mucho tiempo, no es menos cierto que sus efectos se mantienen vigentes [\u2026] as\u00ed mismo el sentenciado no ha guardado silencio ante el juicio toda vez que ha presentado diferentes peticiones al procurador con el fin de que reestableciera sus derechos, los cuales han sido contestadas de manera desfavorable\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que se deje sin valor ni efecto \u00ab(\u2026) la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso radicado 2010-280 por el Juzgado Penal de Conocimiento de Funza, as\u00ed como la de segunda instancia que confirm\u00f3 el fallo, el auto de inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n y la sentencia de casaci\u00f3n oficiosa dentro del radicado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera Penal del Circuito de Funza, sobre la inconformidad que expone el actor respecto de la falta de defensa t\u00e9cnica que presuntamente lo afect\u00f3 en el proceso, indic\u00f3 que \u00abes evidente que, pese a las advertencias hechas y los correctivos tomados por la juez de la \u00e9poca, al defensor de confianza Dr. Fredy Enrique Tuir\u00e1n Rodr\u00edguez, el acusado consinti\u00f3 est\u00e1 situaci\u00f3n y debi\u00f3 haberlo relevado de su defensa o haber solicitado la designaci\u00f3n de un defensor p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n en tanto que, respecto de las decisiones que le correspondi\u00f3 tomar en sede de segunda instancia del proceso penal en cuesti\u00f3n, \u00abfueron motivadas y respetuosas de la garant\u00eda del debido proceso, siendo resueltas todas dentro de los t\u00e9rminos establecidos en la ley\u00bb. <\/p>\n
3. Un Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, relacion\u00f3 las providencias que se adoptaron en el asunto, esto es, la que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n el 16 de diciembre de 2015 y la que, oficiosamente, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n respecto de uno de los delitos endilgados al procesado, emitida el 24 de febrero de 2016. En cuanto a la queja del actor, solicit\u00f3 se desestime \u00abpor incumplir el presupuesto de la inmediatez y no advertirse vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. La procuradora 375 Judicial Penal, pidi\u00f3 se deniegue el amparo por cuanto \u00abresulta totalmente improcedente a esta instancia entrar a subsanar los yerros de la defensa t\u00e9cnica del accionante, amen que, si se decret\u00f3 la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, ello obedeci\u00f3 a la falta de los requisitos exigidos, no obstante se conoci\u00f3 que [\u2026] la Corte Suprema de Justicia cas\u00f3 parcialmente la sentencia de primera y segunda instancia, dosificando el quantum punitivo impuesto, lo que result\u00f3 beneficioso para el accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el actor en el proceso penal radicado n\u00ba 2010-00280 al condenarlo a 96 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abdestinaci\u00f3n il\u00edcita de inmueble\u00bb (sentencia de primera instancia del 5 de febrero; de segundo grado, del 28 de abril y, auto que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, del 16 de diciembre, todas del 2015), incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria y, porque careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica durante el curso procesal. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que los cuestionamientos que se hacen no atienden el postulado que viene de comentarse, ya que, el auto que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue proferido el 16 de diciembre de 2015, mientras que el presente auxilio se radic\u00f3 el 2 de noviembre de 2021, esto es, superando con amplitud el tiempo establecido como razonable por la jurisprudencia de esta Sala para interponerlo. <\/p>\n
Entonces, el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento respecto de las decisiones que ataca; adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.3. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como no fueron alegadas y la Corte tampoco evidenci\u00f3 concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia precitada como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Ahora, aunque el gestor del amparo se\u00f1al\u00f3 que no ha permanecido inactivo en relaci\u00f3n con lo que aqu\u00ed denuncia, ya que ha dirigido en varias ocasiones, y recientemente, peticiones a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a fin de exponer las presuntas irregularidades de su proceso, no es ello raz\u00f3n suficiente para omitir la aplicaci\u00f3n de la destacada exigencia procedimental pues, se ha dicho en precedencia por esta Corte que, peticiones o incidentes promovidos con posterioridad a las determinaciones que puntualmente se atacan, no necesariamente alteran el an\u00e1lisis sobre la \u00abinmediatez\u00bb. <\/p>\n
En casos similares donde se pretendi\u00f3 desvirtuar el requisito enunciado insistiendo con solicitudes insulares pero que redundaban finalmente en el mismo prop\u00f3sito, esta Corporaci\u00f3n expuso \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio\u00bb (CSJ, STC 27 de mayo de 2011, exp, 00096-01, reiterada en STC11067 de 21 de agosto de 2015). <\/p>\n
3.4. En definitiva, el criterio adoptado releva a esta particular justicia de ahondar en el estudio de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de las providencias recriminadas, los cuestionamientos al juicio que se le adelant\u00f3 al precursor del amparo y las cr\u00edticas a la gesti\u00f3n del profesional que lo asisti\u00f3; ex\u00e1menes que, en este evento, quedan condicionados a la superaci\u00f3n del requisito temporal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 declarado improcedente porque el convocante se demor\u00f3 en ejercer este mecanismo y no demostr\u00f3 circunstancia v\u00e1lida que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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