STC15833-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15833-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00497-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 12 de octubre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida Sandra Milena Guinguer Pineda, Cristian Pineda Acevedo y Jhon Camilo Pineda Monsalve contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, por tanto, solicitaron, en consecuencia, \u201cdejar sin efectos la sentencia de segunda instancia n\u00famero 004 (\u2026) del 22 de julio de 2021\u201d emitida por la sede judicial fustigada dentro del asunto objeto de resguardo. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Los aqu\u00ed accionante incoaron ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medell\u00edn, juicio de responsabilidad civil contractual frente a Rub\u00e9n Dar\u00edo Mu\u00f1oz Pulgar\u00edn \u201cpor ejecuci\u00f3n imperfecta de las obligaciones estipuladas en contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales del abogado\u201d. <\/p>\n
2.2. En sentencia de 16 de diciembre de 2020, el referido despacho emiti\u00f3 sentencia concediendo las pretensiones invocadas, por tanto, conden\u00f3 al all\u00ed accionado a pagar 30 s.m.l.m.v. para cada uno de los tutelantes. <\/p>\n
2.3. El mencionado fallo fue recurrido por el extremo activo, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la citada ciudad, quien, en prove\u00eddo de 22 de julio de 2021, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, para, en su lugar \u201cdeclarar probada de manera oficiosa la excepci\u00f3n de falta de capacidad jur\u00eddica de los demandantes para comparecer al proceso\u201d. <\/p>\n
2.4. Consideran los gestores que el estrado convocado incurri\u00f3 en \u201cdefecto procedimental y f\u00e1ctico\u201d, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) confunde una falta de legitimaci\u00f3n en la causa para reclamar en proceso de reparaci\u00f3n directa sobre la capacidad de los contratantes para reclamar el cumplimiento del contrato de la persona contratada (\u2026), asum[iendo] de manera err\u00f3nea que (\u2026) no logra[ron] demostrar su relaci\u00f3n consangu\u00ednea en el proceso de Reparaci\u00f3n Directa, cuando en el caso de la se\u00f1ora Sandra Guinguer se demostr\u00f3 su parentesco, pero claramente no se le reconoci\u00f3 derecho alguno por no ser rogado por su abogado en sede administrativa, situaci\u00f3n que dista del problema jur\u00eddico en materia contractual presentado en sede de primera instancia donde se demostr\u00f3 la existencia de un contrato plenamente v\u00e1lido y su ejecuci\u00f3n imperfecta de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal concedi\u00f3 la salvaguarda, tras considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]e asiste toda raz\u00f3n al tutelante cuando invoca que la (\u2026) decisi\u00f3n [criticada] es constitutiva de una v\u00eda de hecho, porque como se advirti\u00f3, si bien la legitimaci\u00f3n en la causa por ser un presupuesto de la sentencia, es un asunto que debe evaluar el juez de manera oficiosa aunque la parte contraria no lo haya detectado o guardado silencio por no alegarla en su favor, de todas maneras en el presente caso no se justifica que el juez no haya hecho uso del poder de decretar pruebas de oficio, pues en cuanto el tema espec\u00edfico de que los jueces de la jurisdicci\u00f3n ordinaria ora administrativa nieguen pretensiones con base en que no se aport\u00f3 el registro civil que demuestre v\u00ednculos de parentesco con una v\u00edctima directa que demuestre un inter\u00e9s para recurrir, la Corte Constitucional ha sido muy tajante y consistente en estimar ese hecho como un exceso de ritual procedimental manifiesto concurrente con el defecto f\u00e1ctico en su versi\u00f3n negativa, cuestionando la labor del juez, exigi\u00e9ndole que en esos casos acuda a la prueba indiciaria si la hay en el proceso e incluso, lo ha obligado a decretar esa prueba de oficio, para preservar los derechos fundamentales a debido proceso, entre otros (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al estrado fustigado <\/p>\n
\u201cque dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, deje sin efectos la sentencia proferida el 22 de julio que declar\u00f3 la falta de capacidad de los demandantes dentro del proceso de responsabilidad civil contractual que promovieron aquellos en contra del demandado, para que de manera inmediata haga uso de la facultad de decreto oficioso de pruebas y luego una vez allegados dichos documentos, previo correr traslado de dicha prueba proceda dentro del t\u00e9rmino de 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes al vencimiento del traslado, profiera una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta el documento que omiti\u00f3 solicitar de oficio, o en su defecto en el caso que no sea posible obtener aquellos, realice una valoraci\u00f3n conforme a los indicios que permitan dar por probada la situaci\u00f3n que se pretende acreditar\u201d. <\/p>\n
El juzgado tutelado y Rub\u00e9n Dar\u00edo Mu\u00f1oz Pulgar\u00edn impugnaron manifestando su inconformidad con la decisi\u00f3n de primera instancia, el primero resaltando que \u201clos demandantes ante el proceso de responsabilidad contractual, ya eran conocedores de su deber de arrimar los correspondientes certificados de registro civil, para as\u00ed demostrar lo que no se mostr\u00f3 en el proceso contencioso; y el segundo, insistiendo que la carga de la prueba de los documentos aducidos por el a quo constitucional reca\u00eda sobre los aqu\u00ed tutelantes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Los actores pretenden que, a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n, se deje sin efecto la sentencia de 22 de julio de 2021, por la cual el juez accionado revoc\u00f3 el fallo de primera instancia emitido en el caso bajo estudio, declarando probada, de manera oficiosa, \u201cla excepci\u00f3n de falta de capacidad jur\u00eddica de los demandantes para comparecer al proceso\u201d. <\/p>\n
3.1. Analizada la determinaci\u00f3n del despacho fustigado, se revela la lesi\u00f3n de las prerrogativas de los querellantes, como pasa a explicarse: <\/p>\n
Inicialmente, el convocado, para proferir su fallo, adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l juez de segunda instancia, vigilando el cumplimiento de los principios procesales, no solo est\u00e1 facultado a declarar probada de oficio, una excepci\u00f3n que, de acuerdo con los hechos plasmados en el proceso, resulte probada; sino que, adem\u00e1s le asiste esa obligaci\u00f3n, so pena de que su decisi\u00f3n sea sometida a estudio constitucional a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDe manera que, en cumplimiento de dichos preceptos legales, y esas ense\u00f1anzas jurisprudenciales, este despacho deber\u00e1 declarar de oficio un hecho que constituye una excepci\u00f3n, que una vez revisado todo el expediente ha vislumbrado, esto, aparte que el mismo accionado mencionara en sus alegaciones, lo cual no fue advertido por el se\u00f1or juez de primera instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, para dirimir el asunto puesto a su conocimiento, consider\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El se\u00f1or juez de primera instancia, dentro de sus consideraciones acierta a se\u00f1alar que le asiste responsabilidad al demandado para responder por los perjuicios sufridos por los demandantes, quienes tienen todo el derecho de reclamar, lo cual se origina en el hecho de no haber aportado al proceso de reparaci\u00f3n directa del cual se habla en m\u00faltiples ocasiones en este proceso, la prueba id\u00f3nea para demostrar el parentesco que supuestamente les asiste con respecto al se\u00f1or Juan Pablo Pineda, victima directa de unos hechos all\u00ed mencionados\u201d. <\/p>\n
\u201cPero, cabe preguntar, si dentro de este proceso, los actores han logrado demostrar ese derecho de reclamar al cual se refiere el a-quo; interrogante que exige una respuesta negativa\u201d. <\/p>\n
\u201cComo bien lo advierte el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia que sirve de fundamento para haberse presentado esta demanda que nos ocupa, la simple afirmaci\u00f3n del vinculo de sangre, no basta para tenerlo por tal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De acuerdo con los art\u00edculos 101 y siguientes de tal dec\u00e1logo; para el caso de demostrar el parentesco, la \u00fanica prueba v\u00e1lida lo es el registro civil de nacimiento, expedido por la autoridad competente, como lo es el Registrador del Estado Civil, teniendo competencia para ello, igualmente el se\u00f1or Notario (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEs posible que, durante todo el proceso, tanto partes como testigos se refieran a los demandantes como consangu\u00edneos del se\u00f1or Juan Pablo Pineda; pero tales afirmaciones, frente a los preceptos de la norma citada, no son suficientes para tener por demostrados tal v\u00ednculo\u201d. <\/p>\n
\u201cPodr\u00e1 decir la parte demandante que la prueba posa en los documentos tra\u00eddos a este proceso, espec\u00edficamente las copias del proceso de reparaci\u00f3n directa adelantado en su nombre ante la Justicia Administrativa; sin embargo, este despacho considera que dichos documentos no son suficientes para demostrar el parentesco de los mismos en este; por las razones que se ofrecen\u201d. <\/p>\n
\u201cDe un lado, se tiene que dichos documentos fueron calificados en la sentencia que con relaci\u00f3n al asunto, emiti\u00f3 el Tribunal Administrativo de Antioquia en sede de segunda instancia, se\u00f1al\u00e1ndolos como no suficientes para acreditar el parentesco entre las personas a que se refieren y el se\u00f1or Juan Pablo Pineda Ospina; por tanto, traerlos ahora a esta providencia con el fin de eventualmente darles valor probatorio; ser\u00eda ir en contra del principio constitucional de la seguridad jur\u00eddica; pues ello significar\u00eda ni m\u00e1s ni menos, que este despacho, siete a\u00f1os luego de aquella sentencia, sin estar en competencia para ello, proceda a revocarla en relaci\u00f3n con tales medios de prueba\u201d. <\/p>\n
\u201cFundar la sentencia con base en tales documentos; nos llevar\u00eda a desconocer el derecho de igualdad de algunos, como el caso del se\u00f1or Jhon Camilo Pineda Monsalve, pues el documento que presentara en aquel juicio sigue presentando las mismas circunstancias, por lo que es obvio que tampoco en este proceso podr\u00eda servir como prueba plena de su estado civil\u201d. <\/p>\n
\u201cPor otra parte, trat\u00e1ndose de prueba traslada, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 174 del C\u00f3digo General del Proceso, ella no re\u00fane las condiciones necesarias para apreciarlas en contra de los intereses del demandado; pues en aquel proceso, dicha prueba documental no fue arrimada en su nombre, sino en el de sus representados\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Estaba entonces obligada la parte demandante en este proceso, como lo estuvo en el proceso de reparaci\u00f3n directa, de aportar la prueba suficiente que demostrara el parentesco entre ellos y el se\u00f1or Juan Pablo Pineda; hecho ese que es el soporte central de su derecho a reclamar; pero como se ha inferido, ello no ha ocurrido\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se trata este proceso de un juicio en el cual, la parte actora, con base en un contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrado con el accionado, pretenden ser indemnizados por el supuesto incumplimiento de aquel por parte del \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el proceso de reparaci\u00f3n directa, en donde invocando su parentesco con el se\u00f1or Juan Pablo Pineda, victima directa de algunos hechos denunciados ante la justicia administrativa, y por fallas en la prueba del parentesco no lograron sus pedimentos\u201d. <\/p>\n
\u201cDe manera que no habi\u00e9ndose logrado all\u00ed, por las dichas condiciones; buscan ahora conseguirlo a trav\u00e9s del demandado, quien fungi\u00f3 como apoderado judicial, a quien le imputan la responsabilidad por tales defectos probatorios; por tanto, para conseguirlo en este proceso seg\u00fan sus pretensiones, estaban obligados, seg\u00fan el principio de la carga de la prueba, a demostrar que ten\u00edan derecho a hacerlo; es decir, probar el hecho que alegan en su demanda, vale decir, que tienen esa relaci\u00f3n de consanguinidad en que apoyan sus pretensiones, tanto en el proceso de reparaci\u00f3n directa, como ahora en este de responsabilidad contractual\u201d. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, el quebranto de las garant\u00edas de los promotores radica en su inactividad en decretar pruebas de oficio para dilucidar el asunto sometido a su conocimiento, pues la misi\u00f3n de la justicia en el Estado constitucional es lograr la demostraci\u00f3n de la verdad real para restablecer derechos agredidos, respecto del juzgamiento de los intereses en conflicto. <\/p>\n
N\u00f3tese, el sentenciador, sin verificar la situaci\u00f3n de hecho debatida, sin un an\u00e1lisis de fondo frente a la problem\u00e1tica suscitada en el proceso, adoptando una posici\u00f3n neutral y c\u00f3moda anclada en la pasividad, declar\u00f3 oficiosamente la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n de los tutelantes por no aportarse el documento legal mediante el cual demostraran el inter\u00e9s que les asist\u00eda dentro del comentado decurso, esto es, el registro civil de nacimiento de cada uno de ellos. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es que la sede judicial acusada al carecer de esos elementos demostrativos necesarios para resolver el litigio cuestionado, debi\u00f3 hacer uso de las potestades oficiosas, frente a las cuales esta Corte ha dicho, que cuando los litigios ofrecen deficiencia probatoria, es obligaci\u00f3n del juzgador de emplear los poderes oficiosos para decretar todos los elementos de convicci\u00f3n que, a su juicio, considere convenientes para verificar los hechos alegados por las partes1, ante todo, cuando se afectan los derechos fundamentales o el orden p\u00fablico. <\/p>\n
Esta Colegiatura refiri\u00e9ndose al poder-deber oficioso para el decreto de medios demostrativos, anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]quella es una valios\u00edsima herramienta que ha de servir al compromiso de apropiarse de la mayor cantidad de elementos de juicio posibles con el fin de hallar la verdad hist\u00f3rica de lo sucedido, y as\u00ed resolver las controversias de la manera m\u00e1s acertada posible, de cara a cumplir con el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial (\u2026)\u201d (CSJ STC, 8 may. 2006, rad. 00089-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 7 feb. 2013, rad. 00160-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDel mismo tenor, se ha expuesto que: <\/p>\n
\u201c[F]rente a las dudas que puedan derivarse en el juicio para el fallador, ah\u00ed est\u00e1 a mano la facultad oficiosa en materia probatoria a la que puede acudir contingentemente y si lo estima oportuno (\u2026), porque no otra connotaci\u00f3n tiene que prevalezca el derecho sustancial sobre el adjetivo (art\u00edculos 228 Superior y 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), lo cual posibilita que aquellas se remuevan, aun exofficio, en aras de perseguir la verdad real, cometido a que perennemente se debe propender por parte de la jurisdicci\u00f3n (CSJ STC, 21 may. 2013, rad. 01008-00) (\u2026)\u201d2 (se destaca). <\/p>\n
4. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 7 de septiembre de 1978. En sentido similar: CSJ. SC. Sentencia de 29 de noviembre de 2004. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 18 de noviembre de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-02725-00 <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15833-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15833-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00497-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 12 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59569","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59569","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59569"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59569\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59569"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59569"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59569"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}