STC15839-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15839-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 29 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Eduardo Tabares Vega contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 13 Laboral del Circuito de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n accionada que \u00abemita nueva sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Edgar Eduardo Tabares Vega promovi\u00f3 demanda contra Comfenalco Valle EPS, con la finalidad de que \u00abse declare que es responsable de los perjuicios materiales, (da\u00f1o emergente y lucro cesante), morales y a la vida de relaci\u00f3n ocasionados\u2026 con motivo de la falta de atenci\u00f3n oportuna de la cirug\u00eda del ligamento cruzado anterior\u00bb que requiri\u00f3 el actor. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 28 de febrero de 2012, se negaron las pretensiones, decisi\u00f3n confirmada con providencia del 28 de febrero de 2014. <\/p>\n
2.3. Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, la parte demandante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que se desestim\u00f3 con fallo del 28 de octubre de 2020, notificada por edicto el 7 de diciembre de esas calendas. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el juez de casaci\u00f3n incurri\u00f3 en \u00abviolaci\u00f3n de hecho por defecto f\u00e1ctico en contra de la evidencia probatoria en la acreditaci\u00f3n del nexo causal\u00bb, pues \u00abdecide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jur\u00eddico debatido\u00bb, desconociendo que se encontraban reunidos los presupuestos necesarios para la prosperidad de sus pretensiones. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali resalt\u00f3 que \u00abha sido di\u00e1fano y ce\u00f1ido al procedimiento establecido, el tr\u00e1mite dado al proceso mientras estuvo en [ese] juzgado, brindando en cada actuaci\u00f3n las garant\u00edas procesales a las partes, sin que se haya vulnerado disposici\u00f3n o tr\u00e1mite en su diligenciamiento\u00bb. <\/p>\n
2. Comfenalco Valle EPS, a trav\u00e9s de apoderado judicial, rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, por cuanto la \u00abSala de Casaci\u00f3n Laboral llev\u00f3 a cabo una valoraci\u00f3n probatoria razonable, debidamente fundamentada, que consulta las directrices de apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n fijadas por el art\u00edculo 61 del CPTSS\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la valoraci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria efectuada en el fallo que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia de 28 de octubre de 2020, que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se formul\u00f3 en el juicio criticado, al margen que se comparta, no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026, el promotor le atribuye yerros f\u00e1cticos y jur\u00eddicos a la decisi\u00f3n de segundo grado, por la equivocada valoraci\u00f3n o la ausencia de estimaci\u00f3n de los diferentes elementos de juicio denunciados, pues en su criterio, el juzgador de alzada se equivoc\u00f3 al considerar que fue \u00e9l quien dio lugar con su conducta inicial frente al personal m\u00e9dico, y con su decisi\u00f3n de consultar con otros especialistas, lo que condujo al retraso o tardanza en la pr\u00e1ctica del procedimiento quir\u00fargico, sosteniendo que de ello no obra prueba, pues no existe el consentimiento informado de su parte en desistir de la cirug\u00eda, con lo que afirma que adem\u00e1s se transgredi\u00f3 su derecho de informaci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
Con el fin de dar respuesta al censor, la Sala abordar\u00e1 en primer lugar el estudio de las pruebas respecto de las cuales se hizo expresa argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
Pruebas valoradas equivocadamente <\/p>\n
i) Documento sobre cambio de especialista de la Jefe de orientaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n del 18 de septiembre de 2008; comunicaci\u00f3n de cancelaci\u00f3n y reprogramaci\u00f3n de cirug\u00eda del 29 de octubre de 2008 de la Cl\u00ednica los Andes; \u00f3rdenes de fisioterapia del 29 de octubre de 2008, y del 12 de diciembre\/09, expedidas por el Doctor Alfredo Mart\u00ednez, y apartes de la historia cl\u00ednica (fs. 19, 29 a 31, 33, 34, 36 a 38, 371 a 373). <\/p>\n
Del primer elemento de juicio que data del 18 de septiembre de 20008, a trav\u00e9s del cual la EPS informa al actor sobre el cambio de galeno para continuar con su tratamiento, en raz\u00f3n a que el doctor Carlos Lemos, quien inicialmente atendi\u00f3 al actor al momento del incidente en su rodilla, solicit\u00f3 que se asignara otro especialista, aduciendo para ello \u00abdificultades de relaciones interpersonales\u00bb con el demandante; frente esta probanza tenemos, que si bien el Tribunal hizo menci\u00f3n en su providencia, y sostuvo que por \u00abpresuntos malos tratos del paciente al personal m\u00e9dico en varias ocasiones el profesional a cargo solicit\u00f3 y obtuvo relevo del cargo, situaci\u00f3n que est\u00e1 ligada a la conducta del accionante y no de la EPS\u00bb, dicho medio probatorio, no fue concluyente en la decisi\u00f3n ni el eje medular de la misma. <\/p>\n
Con todo, tal afirmaci\u00f3n del juez de alzada no resulta ajena a la realidad procesal, en tanto que el contenido de lo dicho en ese documento, se corrobora con la declaraci\u00f3n rendida por la se\u00f1ora Mar\u00eda Edith Herrera Morales, Jefe de orientaci\u00f3n y Autorizaciones de la llamada a juicio, quien frente a este particular aspecto manifest\u00f3, que entre el paciente y el doctor Lemos se suscit\u00f3 una discusi\u00f3n por la prioridad que el actor pretend\u00eda que se le diera a su procedimiento, lo que condujo a que el galeno presentara solicitud de ser relevado de atender al accionante. <\/p>\n
Ahora bien, con total independencia de lo aducido por Comfenalco en dicha misiva, debe tenerse en cuenta, que en esa misma oportunidad se inform\u00f3 al paciente de la asignaci\u00f3n del doctor Carlos Fernando Cobo, como nuevo profesional que continuar\u00eda atendiendo al se\u00f1or Tabares, fijando fecha para valoraci\u00f3n el 19 de septiembre\/08, la que en \u00faltimas se llev\u00f3 a cabo el 26 del mismo mes y a\u00f1o, y luego se program\u00f3 cirug\u00eda para el 29 de octubre de igual a\u00f1o, como lo confiesa el propio demandante su escrito inaugural y en el recurso extraordinario, sin que se evidencie que hasta ese momento haya transcurrido un tiempo desproporcionado. <\/p>\n
En este punto, llama poderosamente la atenci\u00f3n a la Sala, que antes de ser atendido por dicho especialista, el demandante el 22 de septiembre de 2008 (fs. 20 a 23), cuando present\u00f3 la solicitud de incidente de desacato, solicitara tambi\u00e9n el cambio de profesional, afirmando que \u00abno me siento seguro de la intervenci\u00f3n quir\u00fargica en la Cl\u00ednica los Andes por el doctor CARLOS FERNANDO COBO\u00bb, pretendiendo desde ese momento que fuera remitido donde los doctores Alfredo Mart\u00ednez u Ochoa; es decir, que sin haber acudido a la primera cita o valoraci\u00f3n con aquel especialista, ya hab\u00eda descalificado o cuestionado su idoneidad, al expresar su inconformidad con esa designaci\u00f3n. <\/p>\n
En este mismo hilo argumentativo, encontramos el documento fechado del 29 de octubre de 2008 (f. 33), dirigido por la Cl\u00ednica los Andes S.A. al Juzgado Quince Administrativo de Cali, en donde se informa sobre la cancelaci\u00f3n y reprogramaci\u00f3n de la cirug\u00eda del paciente, en raz\u00f3n a los quebrantos de salud del m\u00e9dico Carlos Fernando Cobo, se\u00f1alando como nueva fecha para surtir la misma, el 1 de noviembre\/08, es decir, tres d\u00edas despu\u00e9s. <\/p>\n
Es as\u00ed como se observa, que el accionante el 29 de octubre\/08, acudi\u00f3 por iniciativa propia, donde el doctor Alfredo Mart\u00ednez Rondanelli, especialista en Ortopedia y Traumatolog\u00eda, tal y como se desprende del documento que milita a folio 36, en donde consta, que ese profesional le orden\u00f3 veinte (20) sesiones de fisioterapia, las que fueron transcritas y autorizadas por el doctor Cobo de la EPS Comfenalco, el 31 de octubre\/08, como se infiere de la historia cl\u00ednica visible a folios 29 a 31 y 371 a 373, en la que el galeno se\u00f1ala, que ante ese nuevo concepto m\u00e9dico, el paciente decide esperar la terapia para posiblemente realizar la cirug\u00eda, indicando como plan, la espera de evoluci\u00f3n. Se advierte igualmente, en la \u00abHoja de evoluci\u00f3n\u00bb de la historia cl\u00ednica emitida el 25 de noviembre\/08 (f. 38), que el fisioterapeuta adscrito a Comfenalco, asent\u00f3 que despu\u00e9s de diez (10) sesiones de quince (15), el paciente presenta mejora en la flexibilidad en un 70%, recomendando autorizar otras cinco. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se evidencia, que el 12 de diciembre\/08, el ortopedista Alfredo Mart\u00ednez, le orden\u00f3 al paciente otras 20 sesiones de terapia, que igualmente fueron autorizadas por la EPS, como se desprende la historia cl\u00ednica antes citada. <\/p>\n
De lo anteriores elementos de convicci\u00f3n, se desprende de manera di\u00e1fana y certera, que la cirug\u00eda reprogramada para el 1 de noviembre\/01, no se llev\u00f3 a cabo por decisi\u00f3n del promotor, quien antes de esa fecha, acudi\u00f3 donde otro profesional de la medicina, y opt\u00f3 por efectuarse las terapias ordenadas y recomendadas por el especialista Mart\u00ednez, a quien consult\u00f3 en forma voluntaria y de manera particular, prefiriendo esperar la evoluci\u00f3n de las mismas, como expresamente lo consign\u00f3 el doctor Cobo en la consulta con el paciente del 31 de octubre\/08 (f. 29 y 372), de donde se infiere, que con su accionar t\u00e1citamente hizo a un lado o decidi\u00f3 postergar la cirug\u00eda que ya hab\u00eda si ordenada y fijado fecha para su pr\u00e1ctica por la enjuiciada para la mencionada calenda, como acertadamente lo concluy\u00f3 el juez plural, sin que para ello fuera necesario, que en forma expresa manifestara su consentimiento de no realizar o continuar con el procedimiento quir\u00fargico, como ahora lo pretende hacer ver el recurrente, y en esa medida, tampoco se evidencia transgresi\u00f3n a los derechos de informaci\u00f3n y defensa a los que alude en sus acusaciones, pues se itera, fue su querer el que condujo a iniciar un tratamiento distinto, acorde con la recomendaci\u00f3n del ortopedista Mart\u00ednez, al inicialmente ordenado por la EPS. <\/p>\n
Tampoco le asiste raz\u00f3n al impugnante, en cuanto a que fue por la falta de idoneidad del m\u00e9dico Cobo, por la que consult\u00f3 con otro especialista, lo que es una consecuencia imputable a la EPS, aduciendo que al observarlo en la consulta que se llev\u00f3 a cabo el 31 de octubre\/08, \u00abno lo aprecia apto para realizar la cirug\u00eda y desconf\u00eda de su procedimiento\u00bb, no coordina sus movimientos y escribe de manera inusual con \u00abgarabatos, abreviaturas y errores ortogr\u00e1ficos\u00bb; pero no obstante tal aseveraci\u00f3n, se observa en el informativo, que desde el 22 de septiembre de 2008, el promotor expres\u00f3 su inconformidad o desacuerdo con la designaci\u00f3n del m\u00e9dico Carlos Cobo por parte de Comfenalco para seguirlo tratando, calenda para la cual, ni siquiera hab\u00eda acudido a la primera consulta con el mencionado profesional, la que se dio en d\u00edas posteriores. <\/p>\n
De igual forma, se evidencia que acudi\u00f3 donde el doctor Mart\u00ednez Rondanelli el 29 de octubre\/08, y la cita m\u00e9dica con el galeno Cobo, en la que afirma lo vio no apto para practicar el procedimiento m\u00e9dico, fue el 31 del mismo mes y a\u00f1o, es decir, en forma posterior, de donde se colige, que su decisi\u00f3n de obtener otra opini\u00f3n m\u00e9dica frente a su caso, no fue por las razones que ahora aduce, sino a motu proprio (por propia iniciativa), pues se repite, desde antes de darse la primera consulta con este, ya el actor hab\u00eda manifestado su inconformidad a la EPS por asignarse ese galeno, sin que pueda entonces imput\u00e1rsele responsabilidad alguna a la entidad accionada por las decisiones tomadas por el demandante. <\/p>\n
Cabe sumar a lo anterior, que no existen dentro del informativo pruebas que acrediten la falta de idoneidad o de aptitud del m\u00e9dico Carlos Fernando Cobo, para practicar la cirug\u00eda, como lo aduce el censor, pues el hecho de que en la consulta del 31 de octubre de 2008, y en fecha posterior, aparezcan errores de ortograf\u00eda y de digitaci\u00f3n en la historia cl\u00ednica, ello por s\u00ed solo no permite hacer tal aseveraci\u00f3n de manera categor\u00eda y concluyente, pues entre otras cosas, lo all\u00ed plasmado no corresponde a su pu\u00f1o y letra, sino que es una transcripci\u00f3n efectuada en computador (fs. 29, 30, 371 a 373), en cuyo caso puede atribuirse a simples errores de digitaci\u00f3n y no a la supuesta falta de coordinaci\u00f3n que aduce el censor. <\/p>\n
Pruebas no valoradas <\/p>\n
i) La historia cl\u00ednica (fs. 328). <\/p>\n
Sostiene el recurrente, que el juez colegiado incurri\u00f3 en dislate, por \u00abla falta de observaci\u00f3n\u00bb de la historia cl\u00ednica de folio 328, pues al compararla con el dictamen pericial, que fue valorado equivocadamente, al manifestarse que este no es conclusivo, y que contrario a ello, se observa que en este se explica con detalles los procedimientos de la triada triste de las personas inactivas y el de las activas que padecen de LCA, afirmando que la atenci\u00f3n de la EPS fue deficiente en la atenci\u00f3n del servicio, por cuanto \u00abno cumpli\u00f3 con el examen f\u00edsico completo de ingreso de caj\u00f3n\u00bb, al cual se alude en la mencionada experticia. <\/p>\n
Al respecto, debe acotarse que la historia cl\u00ednica visible a folio 328 del plenario, s\u00ed fue valorada por parte del fallador de segundo grado, como se observa al hacer una lectura de la misma (f. 53 cuaderno del tribunal), por lo que resulta totalmente desacertada y equivocada la acusaci\u00f3n que el censor endereza frente a ese elemento de convicci\u00f3n, toda vez que una cosa es apreciar de manera err\u00f3nea una prueba, y otra muy distinta e inconfundible, no estimarla, dado que, en el primer caso, se expresa un concepto o juicio de valor frente a ella, y en el segundo, se omite darle m\u00e9rito probatorio; por lo tanto, el recurrente debi\u00f3 acudir al primero de los casos. <\/p>\n
Ahora bien, pasando por alto tal deficiencia de t\u00e9cnica en la que incurre el impugnante, y entendiendo con laxitud la Sala que el censor se refiere es a que ese elemento de prueba fue estimado de manera equivocada, al entrar a analizarlo, se observa que en este s\u00ed aparece que al paciente se le hiciera examen f\u00edsico; en efecto all\u00ed se consign\u00f3: (se transcribe textual). <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, lo que pretende demostrar el recurrente, es que el equivocado diagn\u00f3stico emitido por el galeno Carlos Cobo, condujo a una falla en la prestaci\u00f3n del servicio, puesto que la prescripci\u00f3n m\u00e9dica correcta fue la del doctor Cruz, se\u00f1alando incluso que la del galeno Mart\u00ednez fue errada. <\/p>\n
Sobre el particular, debe recordarse que el juez colegiado fund\u00f3 su decisi\u00f3n en el abundante material probatorio arrimado al informativo, al que hizo referencia en su providencia y analiz\u00f3, con base en el cual dio respuesta frente al interrogante de si existe o no claridad en cuanto procedimiento a seguir para tratar la lesi\u00f3n del actor, sosteniendo que ello \u00abdepende de cada paciente, edad, si es o no deportista, estado general de salud, siendo tambi\u00e9n relevante el grado de gravedad de la lesi\u00f3n\u00bb, a\u00f1adiendo luego que, \u00abdebido a los diversos criterios y especialistas consultados, para el caso en concreto del accionante el peritazgo ni siquiera es conclusivo, pues al encontrar conceptos de especialistas contrapuestos sugiere [r]emitir a una instancia superior el caso para que dictaminen si debi\u00f3 tratarse de una cirug\u00eda diferida y posterior a un tratamiento conservador o en un plazo breve\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, como lo adujo el juzgador de segunda instancia, en el sub examine aparecen varios criterios dis\u00edmiles de m\u00e9dicos especialistas de traumatolog\u00eda, incluso, el correspondiente al doctor Alfredo Mart\u00ednez a donde acudi\u00f3 en forma particular el promotor, quien orden\u00f3 realizar varias sesiones de terapias (fs. 36 y 37), las que en un principio aparentemente estaban siendo efectivas, como se desprende del informe dado por el ortopedista el 25 de noviembre\/08, al indicar que despu\u00e9s de 10 sesiones, el paciente mostraba mejora en su movilidad en un 70% (f. 38); sin embargo, esto se contrapone con el diagnostico que posteriormente dio el galeno H\u00e9ctor Fabio Cruz (f. 147), quien en \u00faltimas practic\u00f3 la cirug\u00eda al se\u00f1or Tabares. <\/p>\n
No obstante, ello no conduce a inferir que hubo una falla en el servicio m\u00e9dico por parte de la EPS accionada, puesto que en el asunto bajo examen, efectivamente se observa que existen diferentes conceptos m\u00e9dicos de varios especialistas, que difieren en cuanto a cu\u00e1l era el procedimiento a seguir para tratar la patolog\u00eda que le aquejaba al accionante, y que no permite se\u00f1alar con absoluta certeza, que para ese momento no fuera el indicado o acertado, puesto que sin duda alguna ello depende de las caracter\u00edsticas que en cada caso se presenten, dependiendo de las condiciones de salud del paciente, y de otras circunstancias que lo rodeen, como se colige de los tratamientos sugeridos por cada profesional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede perderse de vista, que la enfermedad por \u00abartrofibrosis\u00bb que le fue dictaminada al promotor, por parte del especialista H\u00e9ctor Cruz, y que se erige como el da\u00f1o causado en la salud o integridad del paciente por haberle dejado esa secuela, seg\u00fan se afirma por el censor, y que es fundamento principal de su recurso, se origin\u00f3 por haberse \u00abpostergado la intervenci\u00f3n quir\u00fargica\u00bb o por la \u00abtardanza en el procedimiento\u00bb, que como qued\u00f3 dicho en precedencia, no obedeci\u00f3 a la negligencia de la enjuiciada, sino al querer del se\u00f1or Tabares; luego, no puede atribuirse una desidia o incuria de la EPS por el diagn\u00f3stico emitido por el Doctor Carlos Fernando Cobo, cuando en \u00faltimas ese procedimiento quir\u00fargico no se llev\u00f3 a cabo por decisi\u00f3n del propio demandante, y tampoco es el origen de la artrofibrosis que afirma se le ocasion\u00f3, pues seg\u00fan su propio dicho, esta tuvo g\u00e9nesis, se itera, en la tardanza en la realizaci\u00f3n del aludido tratamiento; por ende, aun aceptando en gracia de discusi\u00f3n que el dictamen emitido por el doctor Cobo no fuera el m\u00e1s acertado, no fue ello lo que caus\u00f3 el da\u00f1o que pone de presente el recurrente. <\/p>\n
Bajo este horizonte, dadas las particularidades que se avizoran en el caso, la inferencia a la que arrib\u00f3 el Tribunal, en cuanto no era dable colegir \u00abla existencia de responsabilidad alguna en el actuar de COMFENALCO VALLE que diere origen a la responsabilidad civil m\u00e9dica pretendida, pues de la historia cl\u00ednica, de los testimonios y todas las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que la EPS estuvo todo el tiempo brind\u00e1ndote atenci\u00f3n al paciente, en el claro entendido que se sigui\u00f3 la lex artis para su tipo de lesi\u00f3n; al existir dos criterios v\u00e1lidos sobre el tratamiento a seguir\u00bb, no se muestra ajena o alejada de una l\u00f3gica razonable, o que transgreda la evidencia procesal, por lo que en manera alguna puede aducirse que incurri\u00f3 en un desatino f\u00e1ctico con el car\u00e1cter de evidente, garrafal o protuberante, toda vez que el caudal probatorio no es concluyente para afirmar que hubo una falla en el servicio o que la entidad no se ci\u00f1\u00f3 a la lex artis. <\/p>\n
Debe recordarse, que como en innumerables oportunidades lo ha dicho esta Corte, en trat\u00e1ndose de una acusaci\u00f3n por la senda de los hechos, no es cualquier desacierto en el que incurra el juez colegiado, el que conduce al quiebre de la sentencia confutada, sino que los yerros que se le endilguen a esta, deben tener el car\u00e1cter de manifiestos, evidentes u ostensibles, que permitan derruir la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de que est\u00e1 revestido el fallo impugnado y quebrantarlo, sin que sea suficiente, hacer un discurso pedag\u00f3gico, as\u00ed sea razonado, sino que le corresponde demostrar con argumentaciones ser\u00edas y coherentes el desatino de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En lo atinente a estos documentos, frente a los cuales el censor aduce no fueron tenidos en cuenta por el juez de apelaciones, debe se\u00f1alarse que de ellos no se infiere la estructuraci\u00f3n de yerro f\u00e1ctico con la entidad para quebrar la sentencia, pues como qued\u00f3 analizado en l\u00edneas anteriores, la tardanza en el procedimiento quir\u00fargico obedeci\u00f3 a razones atribuibles al actor y no a la pasiva, mucho menos puede atribuirse a haberse instaurado en su contra varias acciones de tutela por el aqu\u00ed demandante, y que la EPS estuviera tomando represalias o retaliaci\u00f3n, como lo pretende hacer ver el impugnante, pues no existe evidencia probatoria de tal aseveraci\u00f3n. <\/p>\n
Debe recordarse, que como en innumerables oportunidades lo ha sostenido esta Sala, en la que podemos citar la CSJ SL1854-2018, el hecho de que el juez colegiado haya edificado su decisi\u00f3n en un determinado caudal probatorio, tampoco conduce a que con ello incurra en un error de hecho, puesto que al encontrarse en presencia de varios elementos probatorios que conduzcan a conclusiones dis\u00edmiles, tienen la facultad, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 61 del CPTSS, de apreciar libremente los diferentes medios de convicci\u00f3n, en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana cr\u00edtica, pudiendo escoger dentro de las probanzas allegadas al informativo, aquellas que mejor los persuadan, sin que esa circunstancia, por s\u00ed sola, tenga la virtualidad para constituir un evidente yerro f\u00e1ctico. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En cuanto a los documentos visibles a folios 560 a 562 y 148 del expediente, que se acusan de no haber sido apreciados, debe indicarse, que los mismos no constituyen prueba calificada en casaci\u00f3n laboral, en tanto que corresponden a conceptos m\u00e9dicos emitidos por el especialista Alfredo Mart\u00ednez y la Psic\u00f3loga Illary Vahos, respectivamente, los que conforme a la l\u00ednea pacifica de esta Sala, se les da el tratamiento de documentos declarativos provenientes de terceros, y por ende, no hay lugar a su estudio\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Frente a las dem\u00e1s pruebas a las que la Sala no ha hecho menci\u00f3n, y que el recurrente enlist\u00f3 en el primero de los embates, como no valoradas en los numerales 2 a 5, 8 a 28, 31 a 36 y 38 a 41; y las se\u00f1aladas de haber sido err\u00f3neamente estimadas en los \u00edtems 7 y 9, debe precisarse que en su discurso argumentativo poco o nada dijo sobre ellas, debiendo acotarse que era su deber, hacer una explicaci\u00f3n razonada y fundamentada tendiente a demostrar de manera individualizada, lo que los distintos elementos de probatorios denunciados realmente demostraban, su incidencia en la decisi\u00f3n y c\u00f3mo su falta de apreciaci\u00f3n o su equivocada estimaci\u00f3n, condujo a los yerros f\u00e1cticos que le endilg\u00f3 al fallo de segundo grado, lo cual omiti\u00f3 hacer, pues a pesar de la gran cantidad de probanzas a las que aludi\u00f3 en su embate, no aparece ninguna fundamentaci\u00f3n respecto de estas; por lo tanto, para lograr el quiebre de la sentencia, no resultaba suficiente que el promotor relacionara los errores de hecho que considera cometidos e indicara medios probatorios que no fueron estimados, sino tambi\u00e9n refiri\u00e9ndose puntualmente a cada de ellas y demostrar, que la evidencia procesal es tajantemente distinta de la que estableci\u00f3 el juzgador, lo que se insiste, no aparece a lo largo del extenso recurso. <\/p>\n
Por \u00faltimo, como no se demostr\u00f3 que el Tribunal haya incurrido en dislates f\u00e1cticos con la prueba calificada denunciada, la Sala queda relevada del estudio de los elementos de juicio denunciados ( testimonios y dict\u00e1menes) no h\u00e1biles en casaci\u00f3n laboral, por cuanto como con profusi\u00f3n se ha sostenido, no son aptas o id\u00f3neas para estructurar sobre ellas un error de hecho manifiesto, tal y como lo establece el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16\/69, pues solo lo son la confesi\u00f3n judicial, el documento aut\u00e9ntico y la inspecci\u00f3n ocular. Si bien se ha admitido en algunos casos el an\u00e1lisis de dichas probanzas, ello es en el evento de haberse acreditado la ocurrencia de protuberantes y evidentes yerros de hecho, con medios probatorios h\u00e1biles en el recurso extraordinario, lo que en este caso no aconteci\u00f3. (Ver sentencia CSJ SL del 22 de nov. 2011, rad. 41076, reiterada en la CSJ SL038-2018). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la manera como el estrado acusado valor\u00f3 los elementos de juicio recaudados en el juicio criticado y concluy\u00f3 que no se cumpl\u00edan los presupuestos necesarios para acceder a las pretensiones elevadas por el demandante, toda vez que no se demostr\u00f3 que la demora en la pr\u00e1ctica de la cirug\u00eda, que aquel denunci\u00f3 como causante del da\u00f1o cuya indemnizaci\u00f3n reclam\u00f3, fuese atribuible a actuaciones de la EPS enjuiciada, sino a decisiones que tom\u00f3 el propio paciente. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
9 <\/p>\n
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STC15839-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15839-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 29 de junio de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59575","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59575","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59575"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59575\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59575"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59575"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59575"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}