STC15840-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15840-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01222-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Elkin Alberto Arroyave Ruiz frente a la sentencia de 6 de julio pasado, emitida desde la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela que aquel promovi\u00f3 contra los Tribunales Superiores de Bogot\u00e1 y Manizales (Salas Penales), as\u00ed como respecto al Juzgado 20\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas de la primera ciudad aludida; tr\u00e1mite al que fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a las determinaciones tomadas en el dossier punitivo n.\u00b0 \u00ab2006-00040\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes, los que enseguida se develan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Manizales revoc\u00f3 en apelaci\u00f3n, mediante fallo de 20 de febrero de 2009, el proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma urbe, dentro del paginario arriba descrito y, en su lugar, conden\u00f3 al titular del resguardo principalmente a quince (15) a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00absecuestro\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Posteriormente, el aqu\u00ed promotor elev\u00f3 solicitud de \u00abrebaja de la [prenotada] pena\u00bb ante el despacho judicial que la vigila, esto es, el 20\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, el cual dispuso desestimarla con auto de 1\u00b0 de diciembre de 2020, a la postre confirmado por el Tribunal Superior capitalino en providencia de 18 de mayo de los corrientes, merced a la alzada que aquel intentara. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El accionante critic\u00f3, de un lado, que en la sentencia condenatoria no se le haya reconocido una disminuci\u00f3n en el quantum, pese a concurrir en su caso la \u00abatenuaci\u00f3n\u00bb del C\u00f3digo Penal, art. 171. <\/p>\n
Reproch\u00f3 tambi\u00e9n que con los autos que desecharon su aspiraci\u00f3n de \u00abrebaja\u00bb se dejara \u00aben el limbo\u00bb tal situaci\u00f3n, en desmedro de la atribuci\u00f3n de los jueces de ejecuci\u00f3n de condenas. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los dispensadores de justicia repelidos se opusieron, por separado, al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n y pertinencia de sus proveimientos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 105 Judicial II de Manizales resalt\u00f3 que la acudida es improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda, en tanto que el quejoso \u00abten\u00eda a su alcance (\u2026) el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para controvertir la dosificaci\u00f3n\u00bb de la condena; la comparecencia por v\u00eda supralegal (\u00abm\u00e1s de 12 a\u00f1os despu\u00e9s\u00bb) es abiertamente tard\u00eda y, de igual forma, corresponde brindar respeto a la \u00abcompetencia\u00bb de los juzgadores de ejecuci\u00f3n de penas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por el convocante, bajo la vocer\u00eda de su mandatario y con persistencia en las censuras, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que debe flexibilizarse el espectro de la tempestividad, superado con el petitorio de \u00abrebaja de la pena\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, cada que sobrevenga el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De un lado, tocante a la sentencia condenatoria dimanada el 20 de febrero de 2009 del Tribunal Superior de Manizales (no recurrida en casaci\u00f3n), se tiene que entre la fecha aducida y la formulaci\u00f3n del pedido de amparo \u201310 de junio de 2021\u2013 transcurri\u00f3 un lapso que supera en mucho el de seis (6) meses fijado por la jurisprudencia como razonable y proporcional para la impetraci\u00f3n de la salvaguarda en lo que toca a las aparentes tropel\u00edas cometidas all\u00ed, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo real que justifique tan visible tardanza, ni que posibilite la flexibilizaci\u00f3n sugerida. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico se ha delimitado que, <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; reiterada en STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
3. De otro costado, y en lo ata\u00f1edero a la solicitud de \u00abrebaja de la [prenotada] pena\u00bb, el an\u00e1lisis lo acaparar\u00e1 el auto de 18 de mayo postrero, emitido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al ser el que en apelaci\u00f3n contra lo decidido en adversidad por el Juzgado 20\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas, acab\u00f3 por definir el descrito tema. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Del escrito de apelaci\u00f3n se extrae que el defensor pretende la revocatoria de la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado, al negar la aplicaci\u00f3n de la rebaja punitiva contenida en el art\u00edculo 171 del C.P. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, su competencia est\u00e1 circunscrita a la vigilancia de la pena impuesta, pero dentro de esa no tiene la facultad para modificar la sentencia. El \u00fanico escenario para hacerlo est\u00e1 circunscrito a cuando con posterioridad a esa, cambia la legislaci\u00f3n y debe aplicar el principio de favorabilidad \u2013reducci\u00f3n, modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n o extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal -, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo arriba citado en su numeral s\u00e9ptimo; situaci\u00f3n que ac\u00e1 no se presenta. <\/p>\n
Por ello que, debatir un aspecto f\u00e1ctico que debi\u00f3 ser controvertido en su oportunidad, esto es, en el debate probatorio y argumentativo en la etapa de juicio o a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo condenatorio o de casaci\u00f3n, no resulta procedente a esta altura del proceso, cuando la sentencia, como se se\u00f1al\u00f3, se encuentra en firme, y por tanto inmodificable por el principio de cosa juzgada material\u2026 <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el colegiado de Bogot\u00e1 ratific\u00f3 la nugatoria de la petici\u00f3n de atenuaci\u00f3n preconizada en el art\u00edculo 171 del C\u00f3digo Penal, al estimar, en s\u00edntesis, que \u00absu competencia\u00bb, en cuestiones de ejecuci\u00f3n de penas, \u00abest\u00e1 circunscrita a la vigilancia\u2026, pero\u00bb sin \u00abfacultad para modificar la sentencia\u00bb condenatoria, por gozar esta del postulado de \u00abcosa juzgada material\u00bb, a lo que agreg\u00f3 que no se atisbaba ning\u00fan cambio de legislaci\u00f3n que conllevara a una aplicaci\u00f3n del \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
Tales planteamientos, entonces, es dif\u00edcil desaprobarlos de plano o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Es que divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se reafirmar\u00e1 el veredicto de primer grado, por lo consignado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de la Corte, para tales fines, s\u00f3lo hasta el d\u00eda 3 del mes y a\u00f1o en curso, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
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