STC15841-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15841-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2021-01978-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Arturo Man\u00e1 Silva contra la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales \u2013 UGPP, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, petici\u00f3n, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del confuso escrito introductor, se desprende que su inconformidad radica en que las enjuiciadas no habr\u00edan absuelto las solicitudes que \u00e9l formul\u00f3, tendientes a obtener informaci\u00f3n sobre \u00abuna acci\u00f3n de tutela que interpuse (\u2026) donde me reconocen mi pensi\u00f3n de vejez vitalici[a]\u00bb. As\u00ed mismo, adujo que \u00abno s[\u00e9] por qu[\u00e9] este silencio administrativo de las dos Cortes Constitucional y Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, se infiere que busca que se conmine a las denunciadas a absolver sus requerimientos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que \u00abse procedi\u00f3 a consultar en el sistema interno de Gesti\u00f3n Siglo XXI, con los nombres y apellidos del accionante, as\u00ed como su documento de identidad, y no se encontr[aron] resultados de acci\u00f3n presentada por el se\u00f1or LUIS ARTURO MAN\u00c1 SILVA que haya conocido o est\u00e9 conociendo esta Sala\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, se\u00f1al\u00f3 que \u00abse hizo revisi\u00f3n de las planillas de correspondencia, tanto digital, como f\u00edsica, del cuadro de derechos de petici\u00f3n y las bases de datos de los memoriales recibidos en esta Secretar\u00eda y no se evidenci\u00f3 que llegara a esta Sala Especializada la acci\u00f3n constitucional en comento\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, expuso que \u00abde la lectura del escrito de tutela, no se evidencia que la inconformidad plasmada por el accionante est[\u00e9] encaminada contra esta Sala, sino en contra de la \u201cCORTE SUPREMA DE JUSTICIA COLOMBIA, PRESIDENCIA SALA PLENA CADA UNA\u201d (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. La Presidencia de la Corte Constitucional reliev\u00f3 que esa colegiatura \u00abno est\u00e1 llamada a responder por la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental cuya protecci\u00f3n pretende el accionante y, por lo mismo, carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Esto en la medida en que el accionante solicita que la Corte Constitucional, entre otras entidades, le reconozca el pago de la pensi\u00f3n de vejez y los perjuicios ocasionados como consecuencia de no haberlo hecho. Es evidente que la Corte Constitucional carece de legitimaci\u00f3n por pasiva de conformidad con lo prescrito en el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en cuanto carece de competencia para tramitar y decidir las solicitudes del accionante relacionadas con la pensi\u00f3n que reclama\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en relaci\u00f3n con el memorial supuestamente enviado a esa corporaci\u00f3n, aclar\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en las bases de datos de la Corporaci\u00f3n aparecen registradas las siguientes actuaciones en las que es parte el accionante: <\/p>\n
\u2022 En comunicaci\u00f3n divulgada por redes sociales, el se\u00f1or Hernando Londo\u00f1o Polan\u00eda manifiesta, en nombre del accionante, que conoce desde el inici\u00f3 el proceso de reclamaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez del se\u00f1or Luis Arturo Mana y relata las actuaciones sobre dicho proceso. Esta Corporaci\u00f3n mediante Oficio 709 del 14 de septiembre de 2020 (cuya copia adjunto), remitida seg\u00fan la planilla de correo del 29 de septiembre de 2020, dio respuesta a dicha solicitud. <\/p>\n
\u2022 Respecto de las tutelas enviadas a la Corte Constitucional, se observa que en esta Corporaci\u00f3n fueron recibidos para su revisi\u00f3n los fallos proferidos dentro de las siguientes tutelas interpuestas por el accionante: \u2212 El 30 de julio de 2008, en la Corte Constitucional se radic\u00f3 el caso con el n\u00famero T1993390, tutela del accionante contra CAJANAL y se procedi\u00f3 a realizar el correspondiente tr\u00e1mite de selecci\u00f3n como aparece en el siguiente registro: <\/p>\n
El 22 de agosto de 2008, la Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decidi\u00f3 no seleccionar para su revisi\u00f3n la tutela de la referencia. \u2212 El 22 de septiembre de 2010, en esta Corporaci\u00f3n se radic\u00f3 el caso con el n\u00famero T2830794, tutela promovida por el accionante contra la sociedad Fiduciaria y se procedi\u00f3 a realizar el tr\u00e1mite de selecci\u00f3n como aparece en el siguiente registro: <\/p>\n
El 14 de octubre de 2010, la sala de selecci\u00f3n decidi\u00f3 no seleccionar el caso. \u2212 El 24 de enero de 2017, en esta Corporaci\u00f3n se radic\u00f3 el caso contra la U.G.P.P el cual correspondi\u00f3 al No. T 5963915 y se procedi\u00f3 a realizar el tr\u00e1mite de selecci\u00f3n de tutela como aparece en el siguiente registro: <\/p>\n
El 14 de febrero de 2017, la Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas N\u00famero dos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decidi\u00f3 no seleccionar para su revisi\u00f3n la tutela de la referencia\u00bb. <\/p>\n
Por ende, coligi\u00f3 que \u00abla Corte Constitucional cumpli\u00f3 con el tr[\u00e1]mite de selecci\u00f3n en los t\u00e9rminos del Decreto 2591 de 1991, en particular en el art\u00edculo 33, de donde se desprende que no existe un derecho a la selecci\u00f3n de los fallos de tutela, por cuanto, la revisi\u00f3n es eventual. Como consecuencia de lo anterior, no es cierto como alega el accionante que esta Corporaci\u00f3n no se pronunci\u00f3 sobre la nota y tutelas enviadas a la Corte Constitucional, toda vez que, en ambos casos, se surti\u00f3 el tr\u00e1mite legal correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujo que \u00aben relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado como consecuencia de la omisi\u00f3n en el tr\u00e1mite del reconocimiento de la pensi\u00f3n, es preciso tener en cuenta que de conformidad con el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991, la tutela es improcedente \u00ab1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.\u201d De la norma precitada y de los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, la tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar el reconocimiento y pago de prestaciones de naturaleza econ\u00f3mica; en el presente caso el accionante puede acudir ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa para obtener la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os que considera le fueron causados\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP se\u00f1al\u00f3 que \u00abCAJANAL EICE, mediante resoluci\u00f3n N: 19275 del 27 de abril de 2006, NEG\u00d3 el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de vejez al se\u00f1or LUIS ARTURO MANA SILVA, teniendo en cuenta que solo acredit\u00f3 1365 d\u00edas laborados, la cual qued\u00f3 ejecutoriada el 30 de junio de 2006. Contra la anterior resoluci\u00f3n no se interpuso recurso alguno. Ahora bien, mediante oficio No. DAPE LS 6636, se le inform\u00f3 al hoy accionante que por error involuntario se le indic\u00f3 que aparec\u00eda pensionado pero que en realidad la resoluci\u00f3n 19275 del 27 de abril de 2006, se hab\u00eda negado la prestaci\u00f3n solicitada. Mediante oficio N. 2020143000355051, del 05 de febrero de 2020, se le inform\u00f3 al accionante todos los pormenores del caso. Que mediante resoluci\u00f3n RDP, 022534 del 29 de Julio de 2019, se neg\u00f3 nuevamente la pensi\u00f3n de vejez solicitada por cuanto el accionante solo acredit\u00f3 un total de 1365 d\u00edas es decir 194 semanas tiempo que no es suficiente para adquirir dicho derecho. Mediante auto ADP 006874 del 25 de octubre de 2019, se rechaza un recurso interpuesto en contra de aquella resoluci\u00f3n, por considerarlo extempor\u00e1neo. Revisado el expediente pensional NO EXISTE solicitud pendiente por resolver\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva explic\u00f3 que \u00abrevisado el aplicativo Justicia XXI y los archivos del Despacho, se logr\u00f3 constatar que este Juzgado no conoci\u00f3 de la ACCION DE TUTELA promovida por el Accionante en Marzo de 2008 y por lo tanto no se ha tramitado Incidente de Desacato alguno\u00bb. <\/p>\n
5. La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos escritos que refiere el accionante no fueron allegados a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco observo ninguna constancia que me permita verificar su radicaci\u00f3n en la oficina a mi cargo. Debo indicar que en el memorial de 28 de julio del presente a\u00f1o se indic\u00f3 como direcci\u00f3n del destinatario la \u201ccalle 9 # 18-37 PALACIO ALFONSO REYES DEPTO CUNDINAMARCA\u201d, la cual no corresponde a la sede en la que funciona la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, precis\u00f3 que \u00aben el \u00e1mbito de mis competencias legales y reglamentarias no me es posible verificar el cumplimiento del fallo de tutela que, seg\u00fan el actor, profiri\u00f3 a su favor el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva (sic). Le corresponde hacerlo a la autoridad judicial que tramit\u00f3 ese asunto en primera instancia, de acuerdo con lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. Tampoco estoy habilitado para referirme a las decisiones que en dicho tr\u00e1mite incidental haya adoptado el despacho judicial competente, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 5 de la Ley 270 de 1996. Por \u00faltimo, no me es posible considerar la adopci\u00f3n de ninguna medida orientada a conceder la pensi\u00f3n de vejez que reclama el interesado. Para ese cometido, debe intentar las acciones pertinentes ante las autoridades judiciales competentes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado revele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que habr\u00e1 de declararse la improcedencia del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Lo anterior, pues la queja se circunscribe a que las autoridades enjuiciadas habr\u00edan soslayado la atenci\u00f3n de los requerimientos que, supuestamente, present\u00f3 el interesado, en relaci\u00f3n con el alegado reconocimiento prestacional sobre el que estima tener derecho, pero lo cierto es que las entidades que comparecieron al tr\u00e1mite acreditaron haber dado respuesta a las solicitudes, aunque haya sido de forma desfavorable, por lo que no se logr\u00f3 advertir la formulaci\u00f3n de un reproche fundado y coherente, susceptible de ser estimado. <\/p>\n
3.1.1. En efecto, n\u00f3tese que la Corte Constitucional reliev\u00f3 que la petici\u00f3n allegada por el interesado se absolvi\u00f3 con oficio n.\u00ba 709 del 14 de septiembre de 2020, del cual fue enterado, tal como consta en la planilla de correo del 29 de septiembre de esa calenda. As\u00ed mismo, esa corporaci\u00f3n individualiz\u00f3 los asuntos en los que el gestor ha figurado como accionante, los cuales fueron excluidos de la selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n por parte de ese tribunal, suceso del que tampoco podr\u00eda desprenderse la conculcaci\u00f3n de los derechos que le asisten al interesado. <\/p>\n
3.1.2. Por su parte, la UGPP aport\u00f3 las contestaciones efectuadas al censor, en las cuales se le expuso que la prestaci\u00f3n social pretendida fue denegada desde 2006, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abCAJANAL EICE, mediante resoluci\u00f3n N: 19275 del 27 de abril de 2006, NEG\u00d3 el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de vejez al se\u00f1or LUIS ARTURO MANA SILVA, teniendo en cuenta que solo acredit\u00f3 1365 d\u00edas laborados, la cual qued\u00f3 ejecutoriada el 30 de junio de 2006. <\/p>\n
Contra la anterior resoluci\u00f3n no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
Ahora bien, mediante oficio No. DAPE LS 6636, se le inform\u00f3 al hoy accionante que por error involuntario se le indic\u00f3 que aparec\u00eda pensionado pero que en realidad la resoluci\u00f3n 19275 del 27 de abril de 2006, se hab\u00eda negado la prestaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Mediante oficio N. 2020143000355051, del 05 de febrero de 2020, se le inform\u00f3 al accionante todos los pormenores del caso. <\/p>\n
Que mediante resoluci\u00f3n RDP, 022534 del 29 de Julio de 2019, se neg\u00f3 nuevamente la pensi\u00f3n de vejez solicitada por cuanto el accionante solo acredit\u00f3 un total de 1365 d\u00edas es decir 194 semanas tiempo que no es suficiente para adquirir dicho derecho. <\/p>\n
Mediante auto ADP 006874 del 25 de octubre de 2019, se rechaza un recurso interpuesto en contra de aquella resoluci\u00f3n, por considerarlo extempor\u00e1neo\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
De igual forma, all\u00ed se indic\u00f3 que \u00abrevisado el expediente pensional NO EXISTE solicitud pendiente por resolver\u00bb, por lo que, en esas circunstancias, no es posible determinar la ocurrencia de una actuaci\u00f3n irregular o constitutiva de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas del convocante, teniendo en cuenta que sus comunicaciones han sido atendidas, con independencia del sentido de las resoluciones. <\/p>\n
3.1.3. Igual ocurre en lo que respecta a la solicitud que el petente indica haber dirigido a la Corte Suprema de Justicia, toda vez que no se acredit\u00f3 esta afirmaci\u00f3n, en tanto el memorial que se adjunt\u00f3 a la foliatura no cuenta con constancia de radicaci\u00f3n o de recibido, por lo que tampoco se aviene avante este reclamo, aunado a que la Presidencia de esta Colegiatura se\u00f1al\u00f3 no haber conocido informe sobre el particular. <\/p>\n
3.2. Lo anterior, sumado a que ha transcurrido un tiempo considerable desde la formulaci\u00f3n de los requerimientos y la emisi\u00f3n de las respuestas, por lo que, si la aspiraci\u00f3n incoada a trav\u00e9s del amparo se dirige a enervar el contenido de estas \u00faltimas, tambi\u00e9n deviene di\u00e1fana su improcedencia, dada la pretermisi\u00f3n del criterio de tempestividad que rige este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
3.3. Por \u00faltimo, si lo pretendido por el libelista es que se acceda al reconocimiento de la pensi\u00f3n a la que afirma tener derecho, esta Sala precisa que deber\u00e1 acudir ante las entidades competentes para adelantar la gesti\u00f3n respectiva o ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria o contencioso \u2013 administrativa, seg\u00fan sea el caso, pues el amparo no est\u00e1 instituido para realizar actuaciones corresponden a los interesados, en atenci\u00f3n al car\u00e1cter subsidiario de este mecanismo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se declarar\u00e1 la inviabilidad del ruego constitucional, en tanto los hechos expuestos en esta sede no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n susceptible de ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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