STC15843-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15843-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01805-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Camila Vanessa Torrado Vergel frente a la sentencia de 14 de septiembre pasado, emitida desde la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela que aquella promovi\u00f3 contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta (Sala Penal) y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de conocimiento de Oca\u00f1a; tr\u00e1mite al que fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, el respeto de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por los juzgadores encausados. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a las determinaciones tomadas en el dossier punitivo n.\u00b0 \u00ab2018-01371\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes, los que enseguida se develan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El despacho Tercero Penal del Circuito Mixto de conocimiento de Oca\u00f1a \u00abimprob\u00f3\u00bb, mediante auto dictado en audiencia de 24 de junio de los corrientes, el \u00abpreacuerdo\u00bb suscrito por la titular del presente resguardo (a quien se la investiga dentro del consecutivo arriba descrito2) y la fiscal\u00eda del caso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dicho interlocutorio lo ratific\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta con providencia de 5 de agosto postrero, en v\u00eda de apelaci\u00f3n interpuesta por la aqu\u00ed accionante (all\u00e1 procesada). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Critic\u00f3 la tutelante el decaimiento de lo acordado con el ente investigador, por cuanto, en apretado compendio, ah\u00ed s\u00ed se estipul\u00f3 un margen de cara a la eventual condena y, adem\u00e1s, en tanto que fueron aplicadas normas ajenas a ese preciso debate punitivo. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los dispensadores de justicia repelidos se opusieron, por separado, al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n y pertinencia de sus proveimientos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La fiscal\u00eda especializada en el expediente penal prohij\u00f3 la conducencia del aducido \u00abpreacuerdo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Centro de Servicios del Sistema Acusatorio de C\u00facuta rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La ESE Hospital Regional Noroccidental inst\u00f3 a ser desvinculado. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda, pues \u00abes al interior del\u00bb plenario punitivo en curso \u00abque la accionante debe reclamar la defensa de sus garant\u00edas fundamentales\u00bb por virtud del ejercicio de \u00abtodos los medios y recursos (\u2026) a (\u2026) disposici\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por la convocante, bajo la vocer\u00eda de su mandatario y en discrepancia del a-quo constitucional, en la medida en que esperar hasta el eventual fallo condenatorio s\u00f3lo prolongar\u00eda el estadio de trasgresi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, cada que sobrevenga el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Deviene carente de acogida la acudida de marras, pese a las argumentaciones de los memoriales primigenio e impugnatorio, merced a que el proceso punitivo materia de cuestionamiento se halla en curso; es decir, ni siquiera se ha sentenciado. <\/p>\n
Entonces, el amparo no es el canal id\u00f3neo para elucidar aspectos relacionados con la viabilidad del \u00abpreacuerdo\u00bb, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial a fin de que expongan ante el juez natural sus planteamientos o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
Y en similar sentido precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u00abtodos\u00bb los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u00abLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se le pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u00bb\u2026 (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 01889-01; reiterada, entre otras, en STC, 27 sep. 2013, rad. 01609-01; STC, 12 mar. 2015, rad. 00084-01; y STC5429-2016, 28 abr., 00332-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, vislumbrada la improsperidad del resguardo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual es dable discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el fallador constitucional, este queda relevado de analizar el fondo del asunto, porque de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del juez ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a las actuaciones que la convocante tilda de irregulares, pues lo cierto es que, como qued\u00f3 dicho, a\u00fan no se ha zanjado, de forma definitiva, la causa penal que se surte en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se reafirmar\u00e1 el veredicto de primer grado, por lo consignado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de la Corte, para tales fines, el d\u00eda 5 del mes y a\u00f1o en curso, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 Por los delitos de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb, \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n\u00bb y \u00abfalsedad en documento privado\u00bb. <\/p>\n
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