STC15844-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15844-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01914-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Yudy Saxu Barrientos, Diego Andr\u00e9s y Carolina Rend\u00f3n Barrientos contra la Sala Penal de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculado y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta misma ciudad, las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, legalidad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abde[jar] sin efecto o se decrete la nulidad del auto del pasado 11 de agosto de 2021 proferido por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u2026 que resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n del juez de primera instancia. Y en su lugar se ordene al Tribunal efectu\u00e9 un verdadero control material y juicioso a la resoluci\u00f3n que decret\u00f3 las medidas cautelares dentro del radicado 11001312000202000033 01. Teniendo adem\u00e1s en cuenta las pruebas presentadas\u2026 y advirtiendo que la fiscal\u00eda no present\u00f3 ning\u00fan sustento probatorio para el caso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Contra Carlos Diego Rend\u00f3n Aponte se adelant\u00f3 un juicio penal por el delito de \u00abtr\u00e1fico de sustancias para el procesamiento de narc\u00f3ticos\u00bb, pues el 5 de noviembre de 2008 en el desarrollo de la \u00aboperaci\u00f3n pac\u00edfico\u00bb se desarticul\u00f3 una banda delincuencial, de la que aqu\u00e9l pertenec\u00eda; el 19 de diciembre siguiente, tras aceptaci\u00f3n de cargos, se le impuso sanci\u00f3n condenatoria. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, el 26 de febrero de 2020 la Fiscal\u00eda Setenta y Siete Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio emiti\u00f3 resoluci\u00f3n de medidas cautelares, decretando \u00abla suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo y secuestro\u00bb de los predios con folios inmobiliarios n\u00b0 359-17720 y 362-18773, as\u00ed como de 6 automotores, de propiedad de los accionantes (ex compa\u00f1era permanente e hijos del condenado); asimismo, present\u00f3 demanda de extinci\u00f3n de dominio respecto de los bienes referidos a espacio, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.3. Luego, los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicitaron control de legalidad contra las medidas cautelares decretadas conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 112 de la Ley 1708 de 2014; el 2 de diciembre de 2020 Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 declar\u00f3 \u00abla legalidad de las medidas cautelares\u00bb; decisi\u00f3n que, el 11 de agosto siguiente, confirm\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
2.5. Anotaron que los bienes cautelados son de su propiedad y nada tienen que ver con su esposo y padre condenado, adem\u00e1s, porque \u00abno basta con que el fiscal esgrima ese v\u00ednculo para tener por cierto o presumir la ilicitud de los bienes\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agregaron que el Tribunal no aplic\u00f3 el art\u00edculo 26 de la Ley 1708 de 2014, el cual remite a las normas contenidas en la Ley 600 de 2000 para llevar a cabo, entre otros, el control de legalidad de las medidas cautelares, especialmente el canon 392; asimismo, que desconoci\u00f3 el contenido de la sentencia C-327 de 2020 \u00abconculcando derechos de personas que no tienen v\u00ednculo directo con los responsables o investigados penalmente\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Trece Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que se opuso a la ilegalidad de las medidas cautelares pretendida; que el proceso de extensi\u00f3n de dominio es aut\u00f3nomo e independiente del juicio penal; que lo relativo a las cautelas ya fue objeto de revisi\u00f3n por los falladores encausado, sumado a que el proceso est\u00e1 en fase de juzgamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia, respecto de la legalidad de las medidas cautelares; anot\u00f3 que el proceso de extinci\u00f3n de dominio est\u00e1 a cargo de su hom\u00f3logo Tercero de esa misma especialidad, con radicado 2020-025-3 surtiendo la etapa de notificaciones del auto que avoc\u00f3 el conocimiento; que la decisi\u00f3n criticada est\u00e1 ajustada a derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Ministerio de Justicia y del Derecho manifest\u00f3 que si bien interviene en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, lo cierto es que no es la autoridad competente para resolver lo relativo a la medidas cautelares decretadas; que la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal encausado guarda concordancia con las facultades concedidas por las leyes 793 de 2002 y 1708 de 2014. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u2013 SAE cont\u00f3 las competencias dispuestas de esa entidad; sostuvo que a la fecha no ha sido notificada de ninguna orden judicial, con el fin de activar el procedimiento de devoluci\u00f3n de activos; pidi\u00f3 negar la solicitud de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues la Fiscal\u00eda cumpli\u00f3 con el m\u00ednimo probatorio que exige la norma para imponer la cautelas; que contrario a lo afirmado por los promotores, es procedente aplicar el art\u00edculo 26 de la Ley 1708 de 2014 cuando no se est\u00e9 ante situaciones que no est\u00e1n previstas en el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, sin embargo, el control de legalidad est\u00e1 debidamente reglado en el canon 11 y siguientes, por lo que no hab\u00eda raz\u00f3n a la remisi\u00f3n del art\u00edculo 392 del C\u00f3digo Penal; que la acci\u00f3n de tutela no es procedente para revivir un debate probatorio agotado ante los jueces naturales; remiti\u00f3 copia del prove\u00eddo censurado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo al considerar que la decisi\u00f3n censurada contiene argumentos razonables, pues el Tribunal se ocup\u00f3 de cada uno de los reparos presentados por los gestores, encontrando procedente la declaratoria de las medidas cautelares. <\/p>\n
Destac\u00f3 que no evidencia yerro en relaci\u00f3n con la falta de aplicaci\u00f3n del canon 392 de la Ley 600 de 2000 en el an\u00e1lisis de control de legalidad de las medidas, pues dicho procedimiento lo regula la norma especial, esto es, la Ley 1708 de 2014, disposici\u00f3n que fue debidamente aplicada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que el a quo constitucional se limit\u00f3 a revisar las consideraciones de las autoridades accionadas, sin resolver si realmente aqu\u00e9llas hab\u00edan efectuado un control material a la resoluci\u00f3n por medio de la cual se decretaron las cautelas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, pero por las razones que se pasa a exponer, en la medida en que los reproches de los censores se enfilaron a derruir la legalidad de la medida cautelar de la suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo y secuestro de los predios con folios inmobiliarios 359-17720 y 362-18773, as\u00ed como de los automotores con placas TUN-516, EPM-979, STQ-609, STQ-610, STQ-611 y STQ-674 de su propiedad. <\/p>\n
2.1. La salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que la causa fustigada se halla en curso, pues la demanda de extinci\u00f3n de dominio fue admitida y est\u00e1 en tr\u00e1mite de cara a la adopci\u00f3n de la sentencia que en derecho corresponda, la que de resultarle adversa, podr\u00e1 ser susceptible de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, conforme lo dispuesto en la Ley 1708 de 2014 los gestores pueden acudir al juicio de extinci\u00f3n de dominio, aportar y solicitar pruebas, oponerse a las pretensiones en su contra y ejercer activamente su defensa, adem\u00e1s, dichas medidas cautelares son provisionales y no resuelven de manera definitiva la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los bienes. <\/p>\n
Luego, muy a pesar de las alegaciones de los accionantes, su reclamo se muestra presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plantea, ya que la ley de extinci\u00f3n de dominio ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto de similar contorno, esta Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
En efecto, en el sub judice, el accionante no ha agotado los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico tiene a su disposici\u00f3n, para reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
3.1.- En concreto, el gestor cuenta a\u00fan con todos los mecanismos de defensa que pone a su disposici\u00f3n la Ley 1708 de 2014 en el proceso de extinci\u00f3n de dominio en el cual es vinculado. <\/p>\n
Aunque el control de legalidad de las medidas cautelares previsto en los art\u00edculos 111 y siguientes de la citada ley se resolvi\u00f3 en segunda instancia de manera desfavorable al ac\u00e1 actor, es evidente que el proceso de extinci\u00f3n de dominio en su contra todav\u00eda debe surtir su tr\u00e1mite en fase inicial, posterior demanda de la parte acusadora -art\u00edculo 132 Ley 1708 de 2014, modificado por el art\u00edculo 38 de la Ley 1849 de 2017- y el juicio de extinci\u00f3n de dominio -art\u00edculos 137 y siguientes ejusdem-, en el cual se surtir\u00e1 el debate probatorio, habr\u00e1 oportunidad de alegar de conclusi\u00f3n y el juez competente dictar\u00e1 un fallo contra el que procede el recurso de apelaci\u00f3n, todo dentro de las garant\u00edas del debido proceso, tal como lo establece el art\u00edculo 5\u00ba de la norma citada. (CSJ, STC6675-2021, 10 jun. 2021; rad. 2021-00741). <\/p>\n
En el mismo sentido ha precisado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u00abtodos\u00bb los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u00abLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se le pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u00bb (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01; y STC5429-2016, 28 abr., 2016-00332-01). <\/p>\n
2.2. De igual manera, resulta necesario agregar que advertida la improcedencia del amparo por la presencia de otros mecanismos judiciales mediante los cuales discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a las actuaciones que el accionante tilda como v\u00eda de hecho, sin dejar de lado que contrario a lo manifestado por aquellas, \u00abno hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (subraya y negrilla original – STC, 18 oct. 2013, rad. 2013-01488-01; reiterada en STC, 27 en. 2014, rad. 2013-01978-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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