STC15848-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15848-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2021-00338-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de septiembre de 2021 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Helgar Eladio Menguan Cruz contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, Promiscuo Municipal de Quipile, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de V\u00edctimas y la Polic\u00eda Nacional de Colombia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, m\u00ednimo vital y salud, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Relat\u00f3 el accionante que la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a la V\u00edctimas \u00abno ha cumplido con dar[le] la reparaci\u00f3n administrativa a que t[iene] derecho por la ley 1448 de 2011, siempre sacan toda clase de disculpas dici\u00e9ndole que espere que ya es[t\u00e1] en turno para pago, lo cual es totalmente falso, cada 8 d\u00edas [va]\u2026 siempre le sacan una disculpa y [le] dicen que tranquilo [que] siga esperando\u00bb. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que los estrados judiciales accionados emitieron \u00ablos despachos comisorios para entrega real y material de [sus] bienes despojados con los n\u00fameros 170 y 085\u00bb, sin embargo, \u00abno [le] han querido colaborar con el acompa\u00f1amiento para la restituci\u00f3n y entrega real y material de [sus] tierras y la finca de la cual f[ue] desalojado por grupos al margen de la ley\u2026 [le] dicen cada mes que debe ir solo a restituir estos bienes sin acompa\u00f1amiento judicial, ya que estos despachos judiciales no tiene tiempo para realizar dicha diligencias\u2026 [lo] han dejado completamente solo y abandonado\u2026 est[\u00e1] bajo el m\u00e1s alto grado de indefensi\u00f3n y subordinaci\u00f3n de estas entidades del Estado, sin que a la fecha [le] [hayan] dado alguna soluci\u00f3n a sus requerimientos\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3 que tiene m\u00e1s de 75 a\u00f1os de edad, est\u00e1 \u00abenfermo de esquizofrenia mental a ra\u00edz del desplazamiento y despojo de [sus] tierras\u00bb, por lo que pide, se ordene el pago de la indemnizaci\u00f3n dispuesta en la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas manifest\u00f3 que para efectuar los tr\u00e1mites tendientes para la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa dispuesta en la ley 1448 de 2011, debe mediar petici\u00f3n por parte de la v\u00edctima, empero, de cara al caso concreto, el promotor no ha efectuado ninguna petici\u00f3n al respecto; que la indemnizaci\u00f3n por abandono o despojo forzado de tierras, no es susceptible de reparaci\u00f3n administrativa; que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
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2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 inform\u00f3 que luego de verificar los libros radicadores de 1983, pudo determinar que \u00abel proceso de sucesi\u00f3n intestada de Mercedes Cruz de Menguan, radicado nabo el No. 2671 de febrero 16 de 1983 (\u2026) el d\u00eda 02 de octubre de 1984, el expediente fue entregado al Dr. Pedro L. Camargo T., para registro y protocolizaci\u00f3n en un cuaderno con 66 folios y retirado finalmente por el mismo apoderado el 20 de febrero de 1990\u00bb; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas, pues conforme a los anexos allegados por el promotor \u00abaunque no existe reporte del resultado del Despacho Comisorio 085, librado el 16 de mayo de 1989 al \u201cse\u00f1or Juez Promiscuo Municipal de Quipile, para que se sirva hacer entrega de los bienes a los adjudicatarios\u201d, de acuerdo con la Resoluci\u00f3n n\u00b0 2014-440231 del 11 de abril de 2014 el accionante \u201cmanifest\u00f3 haber sido amenazado junto con los miembros de su hogar, siendo despojado de sus bienes el d\u00eda 5 de abril de 2003 en el municipio de Quipile Vereda la Candelaria (Cundinamarca)\u201d. Es decir, que para el 5 de abril de 2003 el accionante ya se encontraba ocupando los bienes de los que terceros \u201cse fueron apropiando abusivamente (\u2026)\u201d\u00bb, de ah\u00ed que, dicho despojo no guarde relaci\u00f3n con el cumplimiento de la orden de entrega emitida el 16 de mayo de 1989 en el proceso de sucesi\u00f3n de Mercedes Cruz. <\/p>\n
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3. El Juzgado Promiscuo Municipal de Quipile refiri\u00f3 que no encontr\u00f3 ning\u00fan registro respecto de los comisorios a los que alude el gestor; que no est\u00e1 pendiente cumplir ning\u00fan comisorio ni ning\u00fan tr\u00e1mite, petici\u00f3n o solicitud pendiente por resolver. <\/p>\n
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4. La Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras anot\u00f3 que verificado el sistema de registro de b\u00fasqueda, el tutelante present\u00f3 las solicitudes Nros. ID1030685 y 1030693 en la que pidi\u00f3 ser inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, respecto de los predios \u201cLa Primavera\u201d y \u201cBuenavista\u201d; que con acto administrativo RO00999 de 30 de octubre de 2018, que se mantuvo con RO00295 de 3 de agosto 2020, se decidi\u00f3 no inscribirlo, habida cuenta de que no aparece como propietario de los fundos, sumado a que, uno de ellos no cuenta con antecedes registrales; que al no existir relaci\u00f3n jur\u00eddica de propietario, poseedor u ocupante con los predios solicitados en restituci\u00f3n, no se cumplen con los presupuestos exigidos por la Ley 1448 de 2011, por lo que, el proceso de restituci\u00f3n de tierras fue finalizado; que contra dichas decisiones administrativas el gestor tuvo a su alcance la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento de derecho; que no es la entidad encargada de atender la indemnizaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar, de un lado, respecto de los Juzgados Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 y Promiscuo Municipal de Quipile est\u00e1 insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues el promotor no ha acudido ante el fallador de conocimiento del juicio de sucesi\u00f3n de Mercedes Cruz de Menguan con el fin de pretender alg\u00fan pronunciamiento frente a los despachos comisorios adjuntos, sumado a que, respecto del cumplimiento del comisorio n\u00b0 085 de 16 de mayo de 1989 que orden\u00f3 al despacho municipal accionado hacer la entrega de los bienes a los adjudicatarios, de conformidad con el trabajo de partici\u00f3n, el promotor refiere que fue despajado de aquellas tierras en el a\u00f1o 2003, por lo que, \u00abcon ello atend\u00eda el cumplimiento de una orden o sentencia judicial\u2026 si bien no tiene raz\u00f3n respecto a la devoluci\u00f3n del despacho comisorio, resulta evidente, que esa orden se materializ\u00f3, comoquiera, que para el 2003 efectivamente el gestor se hallaba ocupando el terreno adjudicado, de donde fue despojado\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que ninguno de los estrados judiciales criticados ha tramitado ni recibido ninguna orden de otra autoridad, respecto a la entrega de esos terrenos al accionante, con ocasi\u00f3n a un procedimiento de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Frente a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas tambi\u00e9n neg\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, por no vulneraci\u00f3n, comoquiera que, lo pretendido por el quejoso es el pago de la indemnizaci\u00f3n que dice tener derecho, sin embargo, no existe prueba, si quiera sumaria, que demuestre que haya radicado el formulario dispuesto para tal fin, carga que debe cumplir para que dicha autoridad emita alg\u00fan pronunciamiento. <\/p>\n
Finalmente, exhort\u00f3 al tutelante con el fin de que acuda ante alguna de las oficinas donde se prev\u00e9 la asistencia y asesoramiento de personas que en su condici\u00f3n puedan obtener informaci\u00f3n respecto a la hoja de ruta que debe cumplir para cada una de las actuaciones que aqu\u00ed pone de presente, como puede ser las Personer\u00edas Distrital o Municipal de su lugar de domicilio o donde se llev\u00f3 a cabo el hecho victimizante, como tambi\u00e9n a la Defensor\u00eda del Pueblo y la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante manifestando que \u00abjam\u00e1s [los] juzgados [le] realizaron una entrega real y material de [sus] bienes, al contrario les dio miedo hacer la diligencia de entrega\u00bb, adem\u00e1s que, \u00abla Unidad de V\u00edctimas no atiende, dicen que no ha pasado la pandemia y siempre [le] niegan la atenci\u00f3n presencial y se burlan de [su] persona\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que se advierte la falta del requisito de subsidiariedad, en la medida que el accionante no ha hecho solicitud formal ante el Juez natural al interior del proceso de sucesi\u00f3n de Mercedes Cruz de Menguan, adelantado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, con el fin de indagar la suerte de los despachos comisorios adjuntos, al tiempo sobre la orden de entrega de los predios que por esta v\u00eda pretende. <\/p>\n
En ese sentido ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso\u2026 <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presente reclamo constitucional no se abre paso dado que el quejoso no ha acudido ante el fallador judicial que critica con el fin de indagar sobre la supuesta falta de cumplimiento de los despachos comisorios emitidos al interior del juicio de sucesi\u00f3n de Mercedes Cruz de Menguan, de cara a entrega de los predios que all\u00ed fueron adjudicados, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, sin que sean de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, esto, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otra parte, frente a las quejas dirigidas contra la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a la V\u00edctimas y la Polic\u00eda Nacional, en punto a la indemnizaci\u00f3n y reparaci\u00f3n administrativa a la que, refiere, tiene derecho, empero no le ha sido otorgada, se tiene que tales solicitudes no tienen relaci\u00f3n directa con el proceso cuestionado, por lo que, sin asomo de duda, aflora la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, al presente ruego constitucional le son aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, que en lo que aqu\u00ed interesa, al modificar el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1 repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n
Ahora, en el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe, se itera, el inconforme lo dirigi\u00f3 contra Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a la V\u00edctimas y la Polic\u00eda Nacional, respecto de la indemnizaci\u00f3n administrativa a la que, refiere, tiene derecho, sin embargo, no le ha sido concedida. <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades relacionadas como sujetos pasivos de la tutela, r\u00e1pidamente se advierte que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo-). <\/p>\n
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a. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite respecto de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a la V\u00edctimas y la Polic\u00eda Nacional, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922 (criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
<\/p>\n
b. De otra parte, en cuanto a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1382 de 2000, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto. En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u201d, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u201d (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. En id\u00e9ntico sentido, razones de trascendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado en lo relativo a los Juzgados Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 y Promiscuo Municipal de Quipile. <\/p>\n
4.1. As\u00ed mismo, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de las quejas dirigidas contra la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y la Polic\u00eda Nacional, a la oficina de asignaciones de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver, en primera instancia, ese reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
1. Confirmar el fallo impugnado en lo referente al amparo deprecado contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 y Promiscuo Municipal de Quipile. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la presente acci\u00f3n de tutela, en lo que se refiere a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y la Polic\u00eda Nacional de Colombia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena remitir de inmediato copia del expediente a la oficina de asignaciones de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver, en primera instancia, ese reclamo constitucional. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama, l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n\u00ba 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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STC15848-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15848-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2021-00338-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59583","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59583"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59583\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}