STC15849-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15849-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00346-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Janeth Begonia Salamanca Renter\u00eda y Lizeth Mar\u00eda Guzm\u00e1n Franco frente al fallo proferido el 8 de septiembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela incoada por ellas contra el Juzgado de Familia de Soacha y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de las garant\u00edas a la \u00abigualdad y no discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del g\u00e9nero\u2026[,] debido proceso con enfoque de g\u00e9nero que d[\u00e9] cuenta de c\u00f3mo operan los estereotipos de g\u00e9nero, la no revictimizaci\u00f3n judicial\u2026, acceso a la administraci\u00f3n de justicia que garantice el principio de debida diligencia, no revictimizaci\u00f3n institucional, la investigaci\u00f3n en contexto, la prueba indiciaria, el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la dignidad, al buen nombre y a la intimidad, el derecho a la reparaci\u00f3n integral y garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u00bb; presuntamente conculcadas por las autoridades encausadas. <\/p>\n
Suplicaron, entonces, i) \u00abDejar sin efecto [su] declaraci\u00f3n de parte\u2026; o en su defecto, se excluya de su an\u00e1lisis probatorio, las respuestas relacionadas con las preguntas revictimizantes formuladas por el\u2026 Juez\u2026 en la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento celebrada el 14 de julio de este a\u00f1o\u00bb; ii) \u00abDeclarar la nulidad parcial de la actuaci\u00f3n, manteniendo vigente las dem\u00e1s pruebas practicadas y controvertidas; ordenando\u2026 la reapertura de la fase probatoria\u2026, con la evacuaci\u00f3n completa de la prueba por informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, esto es, el registro por lesiones personales 2010C08040805332 de 2010-08-07; igualmente, recabar toda la informaci\u00f3n institucional relacionada con la cadena de denuncias que por violencia intrafamiliar y lesiones personales le formul\u00f3\u2026 a su esposo Orlando Ovirne S\u00e1nchez Soto, como las actuaciones tramitadas ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Comisar\u00edas y Defensor\u00eda de Familia, entre otras; las cuales, tienen el mismo vector de violencia intrafamiliar contra la v\u00edctima tutelante\u00bb; iii) \u00abOrdenar al\u2026 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses remitir\u2026 el dossier completo n\u00ba 2010C08040805332 de 2010-08-07\u00bb; iv) \u00abcompulsar copias a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca [para que investigue el proceder del juzgador acusado]; y de\u2026 ser pertinente, conminar su inmediata formaci\u00f3n y\/o capacitaci\u00f3n ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, sobre el enfoque y perspectiva de g\u00e9nero en el derecho, en concreto, sobre la legislaci\u00f3n, la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m do Par\u00e1, y la Declaraci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW)\u00bb; v) suspender \u00abla actuaci\u00f3n motivo de esta salvaguarda, mientras se promueve y decide por la Sala de la Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n del proceso\u00bb; y vi) \u00abAdoptar medidas de reparaci\u00f3n integral y garant\u00edas de no repetici\u00f3n en favor de las accionantes, las cuales garanticen no ser discriminadas ni violentadas institucionalmente, en particular, en el curso de un proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico que Orlando Ovirne S\u00e1nchez Soto, con apoyo en las causales 2\u00aa y 3\u00aa del canon 154 del C\u00f3digo Civil1, inco\u00f3 contra Janeth Begonia Salamanca Renter\u00eda, \u00e9sta, a trav\u00e9s de la abogada Lizeth Mar\u00eda Guzm\u00e1n Franco, formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n con fundamento en esas causas y, adem\u00e1s, en la contemplada en el numeral 1\u00ba ib\u00eddem2, exigiendo, en lo que aqu\u00ed interesa, la \u00abaplicaci\u00f3n del enfoque de g\u00e9nero\u00bb en el caso concreto, debido a la evidente violencia ejercida, por ese factor, exclusivamente por parte \u00abdel c\u00f3nyuge var\u00f3n hacia su esposa\u00bb; y entre otras pruebas, reclam\u00f3 \u00aboficiar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que consulte sus registros, certifique y allegue copia de los dict\u00e1menes practicados\u2026 a la demandante, con ocasi\u00f3n de los maltratos f\u00edsicos y psicol\u00f3gicos propinados por su pareja\u00bb. <\/p>\n
2.2. En la audiencia inicial que se llev\u00f3 a cabo el 3 de marzo de 2021, surtidas las etapas respectivas, se decretaron las pruebas, entre las cuales se incluy\u00f3 la referente a \u00aboficiar a medicina legal con el fin de que se informe si dentro de sus archivos se encuentra la valoraci\u00f3n f\u00edsico-ps\u00edquica realizada a la se\u00f1ora\u2026 Salamanca Renter\u00eda, practicad[a] hacia el a\u00f1o 2008, y se sirva expedir la copia del experticio cient\u00edfico a efectos de determinar si efectivamente se encontr\u00f3 f\u00edsica o psicol\u00f3gicamente afectada o lesionada y[,] de ser as\u00ed[,] si se le reconoci\u00f3 alguna incapacidad m\u00e9dico legal\u00bb; ante lo cual el Instituto requerido comunic\u00f3 que \u00abrevisada la base de datos no aparece registro para valoraci\u00f3n por Psiquiatr\u00eda a nombre de\u2026 Salamanca Renter\u00eda. En la unidad B\u00e1sica de Soacha, aparece el registro por lesiones 2010C08040805332 a nombre de la persona en menci\u00f3n, de fecha 2010-08-07, el cual fue solicitado en su momento por la S.A.U. URI-SOACHA FISCAL\u00cdA 01, pero para la fecha que usted indica del 2008 no aparece registro\u00bb; frente a lo cual la accionante, tras advertir que el mentado registro no obraba en el expediente, deprec\u00f3 la \u00abampliaci\u00f3n, complementaci\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n de la citada prueba por informe ante la respuesta incompleta\u00bb. <\/p>\n
2.3. El pasado 14 de julio se inici\u00f3 la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, en la cual, en lo aqu\u00ed relevante, se interrog\u00f3 a la accionante Janeth Begonia y no se accedi\u00f3 a la petici\u00f3n referida a espacio, \u00abatendiendo [a] que la propia demandada, al absolver el interrogatorio de parte, hizo una manifestaci\u00f3n al respecto, espec\u00edficamente de fue valorada por Medicina Legal y le dieron una incapacidad de veintitr\u00e9s (23) d\u00edas\u2026 y que sobre esa\u2026 valoraci\u00f3n m\u00e9dico legal esta se\u00f1ora y su esposo conciliaron ante la Comisar\u00eda de Familia, donde \u00e9l se comprometi\u00f3 a pagar una suma de $500.000. Independientemente de que se hayan pagado o no, todo indica que sobre ese tema\u2026 ellos ventilaron, a trav\u00e9s de otra autoridad, los maltratos de que fue v\u00edctima por parte de\u2026 Orlando, seg\u00fan lo indica la demandada\u2026, de tal suerte que es irrelevante en este momento dicha prueba\u00bb. <\/p>\n
2.4. En diligencia del 27 de agosto \u00faltimo -data fijada para emitir sentencia- el Juzgado rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad que con apoyo en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso deprec\u00f3 la censora, mantuvo esa decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n subsidiaria que frente a la misma se propuso, remedio \u00faltimo pendiente de definici\u00f3n por parte del ad-quem y a cuya resoluci\u00f3n se at\u00f3 la suspensi\u00f3n del litigio. <\/p>\n
2.5. De otro lado, el 25 de agosto de 2021 las accionantes presentaron ante esta Corte, con similares argumentos a los aqu\u00ed propuestos, solicitud de cambio de radicaci\u00f3n respecto del asunto fustigado. La cual tambi\u00e9n est\u00e1 a la espera de la decisi\u00f3n de fondo correspondiente. <\/p>\n
2.6. Las accionantes criticaron que al asunto atacado no se le ha dado la perspectiva de g\u00e9nero que se impone, destacando que Janeth Begonia Salamanca Renter\u00eda es sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado porque tiene 62 a\u00f1os de edad, no cuenta con dinero, padece graves dolencias f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas que le impiden obtener trabajo, derivadas de los malos tratos de los que fue objeto por parte de su demandante, quien durante el tiempo que compartieron como pareja le impidi\u00f3 ocuparse laboralmente, oblig\u00e1ndola a hacerse cargo, exclusiva y solitariamente, de las labores diarias del hogar. <\/p>\n
Adujeron que el juzgador incurri\u00f3 en \u00abviolaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n, desconocimiento del precedente constitucional y defecto en la motivaci\u00f3n por exceso ritual manifiesto\u00bb, as\u00ed como en yerro f\u00e1ctico, al omitir pronunciarse sobre la solicitud que le hicieron en la demanda de reconvenci\u00f3n respecto a aplicar enfoque y perspectiva de g\u00e9nero al caso concreto; resaltaron que pidieron solicitar a Medicina Legal allegar copia del dictamen que acredita las lesiones f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas que para el a\u00f1o 2008 S\u00e1nchez Soto le propin\u00f3 a Salamanca Renter\u00eda y, aunque el Juzgado orden\u00f3 oficiar a dicho ente, \u00e9ste, \u00absin explicaci\u00f3n jur\u00eddica alguna\u00bb, se neg\u00f3 a remitir tales piezas y el despacho judicial no insisti\u00f3 en su consecuci\u00f3n, sosteniendo que ya hab\u00eda prueba al respecto, derivada de la declaraci\u00f3n de la quejosa, anteponiendo, adem\u00e1s, supuestas oportunidades procesales para el recaudo probatorio, pasando por alto que las circunstancias particulares imponen flexibilizar la aplicaci\u00f3n de esos supuestos normativos. <\/p>\n
Sostuvieron que cuando Salamanca Renter\u00eda fue interrogada por el Juzgador result\u00f3 revictimizada por la forma en que \u00e9ste dirigi\u00f3 la diligencia y efectu\u00f3 las preguntas, acudiendo, incluso, a algunas expresiones claramente sexistas, por lo que dicha prueba deb\u00eda excluirse de la actuaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando aqu\u00e9l \u00abi) no aplic\u00f3 el principio de debida diligencia, ii) no agot\u00f3 el material probatorio disponible; iii) reprodujo estereotipos de g\u00e9nero en contra de las mujeres; iv) [l]e neg\u00f3 la condici\u00f3n de v\u00edctima de violencias de g\u00e9nero y las garant\u00edas judiciales que le acompa\u00f1an; iv) no se pronunci\u00f3 sobre lo que expresamente se aleg\u00f3, sino que por el contrario desvi\u00f3 las preguntas para poner entre dicho la versi\u00f3n de la v\u00edctima y ejerciendo violencia contra la apoderada de la se\u00f1ora Janeth Begonia\u00bb, y \u00abv) no adelant\u00f3 una investigaci\u00f3n en contexto como lo exige el derecho internacional convencional, rompiendo el nexo causal entre la violencia intrafamiliar sufrid[a] por los actos directamente realizados por\u2026 S\u00e1nchez Soto, generando riesgos para la integridad f\u00edsica, psicol\u00f3gica, emocional, y a la vida familiar de\u2026 Janeth Begonia, situaci\u00f3n que adem\u00e1s, infunde una estrategia instrumentalizada del proceso, a cargo del Juez accionado, para enviar un mensaje al agresor de que no pasa nada en Colombia, sobre todo cuando \u00e9l es quien ha desplegado los hechos de violencia\u00bb. <\/p>\n
Enfatizaron que todo ello se produjo a pesar de los ruegos de la profesional del derecho en defensa de su mandataria, resultando notoria, adem\u00e1s, \u00abla intimidaci\u00f3n, hostigamiento, e incluso el desprestigio con visos de autoridad que el Juez accionado ejerci\u00f3 contra la abogada\u2026 Guzm\u00e1n Franco, al pedirle que se callara, que le dijera quien era (cuando era obvio que las partes y sus apoderados ya se hab\u00edan identificado en la audiencia), e incluso amenaz\u00e1ndola con excluirla de la audiencia, pues no solo le prohibi\u00f3 defender en su dignidad de mujer a su cliente\u2026 Salamanca Renter\u00eda, sino adem\u00e1s, obstaculiz\u00f3 su defensa de los derechos humanos y de la mujer\u00bb; y resaltaron que las preguntas del juzgador, \u00aben general, buscaban cuestionar o intentaban provocar una reflexi\u00f3n de la tutelante Janeth Begonia sobre su propio comportamiento respecto de su agresor, al punto de hacerla casi responsable de la violencia f\u00edsica y psicol\u00f3gica que \u00e9l le proporcion\u00f3\u00bb, cuestionando, injustificadamente, \u00abla versi\u00f3n de la v\u00edctima expresada en los hechos de la demanda\u00bb, conclusi\u00f3n, para ellas, evidente al auscultar algunos de los interrogantes realizados en la discutida diligencia, tales como: \u00ab\u00bfpor qu\u00e9 raz\u00f3n desde un comienzo, desde que el se\u00f1or le dio mala vida, por qu\u00e9 usted continu\u00f3 viviendo con \u00e9ste?\u00bb; \u00ab\u00bfd\u00edganos c\u00f3mo ha sido el trato que ustedes se han ofrecido como c\u00f3nyuges desde la \u00e9poca que contrajeron matrimonio?\u00bb; \u00bfusted en algunas respuestas ha se\u00f1alado que su esposo siempre ha tenido\u2026 novia. \u00bfExpl\u00edqueme desde cu\u00e1ndo este se\u00f1or ha tenido novia, que [a] usted le conste?, y \u201cpor qu\u00e9 raz\u00f3n, este se\u00f1or si\u00e9ndole\u2026 infiel toda una vida, como lo asegura, por qu[\u00e9] raz\u00f3n usted no demand\u00f3 el divorcio bajo la causal de infidelidad?\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indic\u00f3 oponerse al amparo porque \u00abno ha amenazado ni vulnerado derecho alguno del accionante (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado de Familia de Soacha pidi\u00f3 \u00abdenegar la acci\u00f3n de tutela, pues de manera alguna h[a] transgredido derechos fundamentales de las accionantes\u00bb, en tanto que el interrogatorio a Salamanca Renter\u00eda era \u00abuna prueba necesaria, pertinente y conducente, de manera que\u2026 no puede denegarse la misma\u00bb, y \u00ab[c]omo se podr\u00e1 escuchar en la grabaci\u00f3n de la audiencia, las preguntas formuladas\u2026 iban dirigidas exclusivamente a que se pronunciara sobre los hechos que en la demanda le eran endilgados, para que rindiera su versi\u00f3n, respecto a los mismos y no a hechos distintos a los controvertidos\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, en lo tocante con el \u00abdictamen de Medicina Legal\u00bb, indic\u00f3 que le correspond\u00eda aportarlo a la actora, \u00abpues al ser la v\u00edctima, ten\u00eda acceso [a \u00e9l]\u2026, lo cual no hizo\u00bb; que, a pesar de ello, oficio a dicho ente para que lo remitiera, por lo que, de su parte, \u00abno hubo una decisi\u00f3n nugatoria, respecto al decreto de dicha prueba\u00bb, sin que las accionantes puedan endilgarle \u00abnegligencia o negaci\u00f3n de justicia\u00bb por el hecho que aquel Instituto dejara de allegar el documento. <\/p>\n
Finalmente, adujo que las quejosas \u00abhan hecho afirmaciones temerarias en [su] contra, pretendiendo a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, endilgar[l]e hechos o conductas contrarias a derecho y a los deberes y obligaciones de juez. No hay una sola prueba que muestre que h[a] actuado contrario a derecho o que haya asumido conductas parcializadas en contra de la se\u00f1ora Salamanca o que beneficien a la contraparte\u00bb; por lo cual solicit\u00f3 llamar la atenci\u00f3n a la apoderada de \u00e9sta e, incluso, \u00abse ordene la compulsa de copias para que sea investigada y sancionada disciplinariamente\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 el resguardo al concluir, de una parte, que \u00aben la pr\u00e1ctica del interrogatorio, no se desconoci\u00f3 la perspectiva de g\u00e9nero de la accionante\u00bb, dada la ausencia de \u00abrevictimizaci\u00f3n, capricho o arbitrariedad en las preguntas formuladas por el\u2026 Juez\u2026 a la actora, dado que en el proceso donde se denuncia la vulneraci\u00f3n tanto el demandante\u2026 como la demandada\u2026, quien present\u00f3 demandada en reconvenci\u00f3n, alegaron\u2026, entre otras, la causal 3\u00aa del art\u00edculo 154 del C.C., modificado por el art\u00edculo 6 de la Ley 25 de 1992, esto es, \u201c\u2026los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra\u201d, por lo que las preguntas deb\u00edan girar en torno a las causales alegadas por las partes, a fin de resolver el litigio, observado la imparcialidad que debe gobernar en las decisiones judiciales\u00bb. Afirmaci\u00f3n \u00faltima que valid\u00f3 citando un aparte de pronunciamiento de esta Corte (STC5444-2021). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abninguna vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales se observa frente a la apoderada de la actora, dado que el se\u00f1or Juez acusado se limit\u00f3 a informarle que las preguntas que hace el titular del juzgado no son objetables; y a preguntar durante la pr\u00e1ctica [d]el interrogatorio de la accionante qui\u00e9n interven\u00eda en la audiencia\u00bb; y si \u00abconsidera que es procedente iniciar contra el se\u00f1or Juez de Familia de Soacha proceso disciplinario por los hechos relacionados en la presente acci\u00f3n de tutela, est\u00e1 en plena libertad de formular [la] respectiva queja disciplinaria ante los organismos competentes. Y en relaci\u00f3n con la solicitud de capacitaci\u00f3n del se\u00f1or accionado en los temas de enfoque y perspectiva de g\u00e9nero, es la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla la entidad que en ejercicio de sus facultades legales y misionales, determina que funcionarios deben concurrir a las capacitaciones que ella ofrece\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el extremo actor insistiendo en sus argumentos iniciales. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Tribunal dej\u00f3 de resolver \u00abtodos los puntos de la controversia\u00bb, porque olvid\u00f3 que la queja constitucional se extendi\u00f3 contra el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por omitir enviar \u00abel dictamen que reposaba en sus archivos, \u2026sin afirmar alguna raz\u00f3n aparente\u00bb; y \u00abguard\u00f3 silencio sobre los hechos denunciados como violatorios a [los] derechos fundamentales\u00bb de la accionante Guzm\u00e1n Franco, con lo que la \u00abinvisibiliz\u00f3 como mujer abogada\u00bb. <\/p>\n
Tampoco se analizaron, en detalle, las preguntas efectuadas a Janeth Begonia, porque inaceptablemente se valid\u00f3 la revictimizaci\u00f3n institucional derivada de que, pasando por alto las agresiones econ\u00f3micas, psicol\u00f3gicas y f\u00edsicas de que fue objeto por parte de su esposo, \u00aba una se\u00f1ora maltratada por su pareja durante 40 a\u00f1os\u00bb, se le interrog\u00f3, con plena carencia de t\u00e9cnica y empat\u00eda, respecto a \u00ab\u00bfPor qu\u00e9 se aguant\u00f3 la mala vida? \u00bfPor qu\u00e9 no lo dej\u00f3? \u00bfUsted tambi\u00e9n lo agredi\u00f3? \u00bfPorque no pidi\u00f3 el divorcio?\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, reproch\u00f3 la supuesta insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad porque \u00aben el asunto no se ha proferido sentencia, y porque existe una petici\u00f3n de nulidad pendiente de resolver por ese Tribunal en alzada\u00bb, en tanto que \u00abno se est[\u00e1] cuestionado\u2026 aspectos propios sobre la valoraci\u00f3n probatoria, o la forma sustancial en que el juez debe resolver la litis\u00bb, sino \u00abla manera arbitraria e indignante con que el juez interrog\u00f3 a\u2026 Janeth Begonia, [su] agresi\u00f3n como abogada, y de esa forma buscar corregir esa conducta, adem\u00e1s de la negativa de permitir que se practique una prueba, ya decretada\u00bb; a lo cual agreg\u00f3 que era falso que estuviera \u00abpendiente que el juez requiera al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, [comoquiera que] esa petici\u00f3n ya la resolvi\u00f3 negativamente\u00bb. <\/p>\n
Adujo, tambi\u00e9n, que el fallo STC5444-2021, que invoc\u00f3 como fundamento de su decisi\u00f3n el a-quo constitucional, no era aplicable al caso concreto, por la disimilitud f\u00e1ctica de la situaci\u00f3n tratada en esa ocasi\u00f3n en contraposici\u00f3n con la aqu\u00ed expuesta, a la cual s\u00ed le ven\u00edan bien \u00ablas decisiones de la Sala\u2026 donde corrige las conductas de los jueces que en audiencia han agredido a las mujeres, y no aplican el enfoque de g\u00e9nero, como ocurri\u00f3 en las sentencias STC4766-2019\u2026 y STC3771-2020\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, de cara \u00aba la denuncia disciplinaria\u00bb, afirm\u00f3 que \u00ablos hechos no son tan fr\u00edvolos como para que el 7 de septiembre del presente a\u00f1o, sea la propia vicepresidenta y canciller de la Rep\u00fablica\u2026, junto con la consejera para la Equidad de la Mujer\u2026, quienes hayan denunciado disciplinariamente al juez tutelado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y providencias judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Ahora bien, de entrada, dada la particular tem\u00e1tica propuesta en esta ocasi\u00f3n, la Corte halla oportuno efectuar las siguientes consideraciones preliminares. <\/p>\n
2.1. Sobre la discriminaci\u00f3n hacia la mujer y las respuestas normativas para combatirla. <\/p>\n
2.1.1. Hist\u00f3ricamente la mujer ha sido objeto de discriminaci\u00f3n, en tanto el desarrollo de la sociedad termin\u00f3 imponi\u00e9ndole un trato diferente y subordinado al de los hombres, sin una justificaci\u00f3n diferente a la configuraci\u00f3n de los \u00f3rganos reproductivos, pues desde tiempos inmemorables se le asoci\u00f3 con cargas socialmente menos relevantes o despreciadas; as\u00ed, se construyeron conceptos como lo femenino y lo masculino, busc\u00e1ndose la invisibilizaci\u00f3n del primero, mientras que al segundo se le concedi\u00f3 una grado de superioridad y de control sobre aqu\u00e9l. <\/p>\n
En efecto, organismos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han conceptuado que el \u00abmodelo social y cultural dominante en la cultura occidental considera que el g\u00e9nero y el sexo abarcan dos, y s\u00f3lo dos, categor\u00edas r\u00edgidas, a saber, masculino\/hombre y femenino\/mujer\u00bb3, otorg\u00e1ndosele un valor preponderante al primero en materias como la direcci\u00f3n del hogar, de las organizaciones, del Estado y, en general, de la sociedad, lo cual remarca un claro contexto de discriminaci\u00f3n, no s\u00f3lo frente a lo femenino, sino tambi\u00e9n frente a quienes no se identifican con ese binario. <\/p>\n
Lo femenino fue asociado con los deberes del cuidado familiar, la crianza de los hijos, la estabilidad afectiva de la pareja, huelga decirlo, la obligaci\u00f3n de ser complaciente; mientras que a lo masculino se le relacion\u00f3 con la provisi\u00f3n del hogar, el liderazgo de la familia y de la sociedad, el encargo de trabajos que exigen fuerza, entre otras conductas esperadas por la colectividad. <\/p>\n
2.1.2. Reconociendo el entorno de desigualdad y afectaci\u00f3n a la dignidad humana propiciado por las distinciones y cargas que se atribuyeron tanto a mujeres como a hombres, modernamente, los Estados y la comunidad internacional han velado por la construcci\u00f3n de instrumentos que reivindiquen los derechos de la mujer y la reconozcan como sujeto en igualdad de condiciones con el otro g\u00e9nero, siendo este un escenario propicio para superar la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica. <\/p>\n
En este sentido, Colombia ha suscrito distintos tratados y convenciones como parte de sus compromisos en materia de Derechos Humanos, de los cuales se destacan la Convenci\u00f3n sobre los Derechos Pol\u00edticos de la Mujer de 19534, la Declaraci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra la Mujer de 1967, la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer -CEDAW- de 19815 y la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1-.6 <\/p>\n
Este marco normativo internacional, integrado al ordenamiento jur\u00eddico nacional por fuerza del precepto 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se armoniza con las obligaciones convencionales suscritas por Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde la cl\u00e1usula general de protecci\u00f3n y garant\u00eda que corresponde a los Estados parte por conducto de sus agentes frente a sus ciudadanos (art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica). <\/p>\n
Del mismo modo, la legislaci\u00f3n nacional previ\u00f3 mediante la ley 1257 de 2008 un conjunto de garant\u00edas en favor de las mujeres, tales como el derecho a una vida libre de violencia, tipificando como delito la discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del sexo con la ley 1482 de 2011, entre otras normas que propenden por la protecci\u00f3n y defensa de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Estas prerrogativas, que inicialmente se concentraron en la mujer, progresivamente se han extendido a otros grupos socialmente discriminados, rechazados por su orientaci\u00f3n sexual o su identificaci\u00f3n con uno u otro g\u00e9nero, aunque su sexo no corresponda a ese patr\u00f3n social asignado; aquellos a quienes sus prerrogativas se les han restringido, menoscabando el ejercicio efectivo de sus derechos y el desarrollo de proyectos de vida individuales y familiares. <\/p>\n
2.2. Distintas formas de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del g\u00e9nero. <\/p>\n
2.2.1. De forma particular, la Convenci\u00f3n para la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer, concept\u00faa como discriminatorio \u00abtoda distinci\u00f3n, exclusi\u00f3n o restricci\u00f3n basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera\u00bb. <\/p>\n
Trasluce, seg\u00fan la noci\u00f3n de marras, que la discriminaci\u00f3n puede tener como fuente las diferenciaciones, prerrogativas, excepciones, rechazos, negativas, limitaci\u00f3n o reducci\u00f3n, siempre que satisfagan los siguientes presupuestos: i) est\u00e9n basadas en el sexo y ii) tengan por prop\u00f3sito o como resultado menoscabar el reconocimiento o los derechos de la mujer. <\/p>\n
Adicionalmente, constituye una forma de discriminaci\u00f3n la utilizaci\u00f3n de preconceptos con relaci\u00f3n a las din\u00e1micas existentes entre hombres y mujeres en el imaginario social, es decir, el uso de estereotipos, pues con ellos se enfatizan los tratos hist\u00f3ricamente desiguales y se rompe el prop\u00f3sito de lograr la igualdad de g\u00e9neros. <\/p>\n
Seg\u00fan la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas \u00abun estereotipo de g\u00e9nero es una opini\u00f3n o un prejuicio generalizado acerca de atributos o caracter\u00edsticas que hombres y mujeres poseen o deber\u00edan poseer o de las funciones sociales que ambos desempe\u00f1an o deber\u00edan desempe\u00f1ar\u00bb.7 <\/p>\n
De forma ampliada, esta Sala tambi\u00e9n ha precisado que los estereotipos \u00abson creencias generalizadas construidas social y culturalmente sobre los atributos personales de hombres y mujeres. [D]ichas creencias pueden implicar una variedad de componentes incluyendo caracter\u00edsticas de la personalidad, comportamientos y roles, caracter\u00edsticas f\u00edsicas y apariencia u ocupaciones y presunciones sobre la orientaci\u00f3n sexual\u00bb (CSJ SC3462-2021, 18 ag., rad. 2017-00070). <\/p>\n
Tales creencias, ha dicho la Sala, se convierten en \u00abcategor\u00edas monopolizadoras\u00bb, que vician o comprometen los criterios de imparcialidad judicial y sana cr\u00edtica en la valoraci\u00f3n probatoria puesto que \u00abno asumen una postura cr\u00edtica y sin pensarlo, las pruebas que se recaudan en el marco de ese imaginario son bienvenidas y valoradas como las ideales; las contrarias, o las que allega el juicio la persona, el grupo o la pareja discriminada son desechadas acr\u00edticamente\u00bb8. <\/p>\n
Por ejemplo, criticando algunas din\u00e1micas de las relaciones familiares en torno a que la mujer es mejor cuidadora de los hijos, esta colegiatura ha manifestado que esa \u00abinterpretaci\u00f3n es sexista y estereotipada, pues no es cierto que la progenitura responsable s\u00f3lo pueda predicarse respecto de la madre, atendiendo a su condici\u00f3n de mujer, como tampoco lo es que el padre, por su g\u00e9nero masculino, sea menos capaz de asumir su rol como ascendiente de una manera adecuada\u00bb9, pues funda tal creencia en el g\u00e9nero de los progenitores como base para cercenar o ignorar sus derechos frente a la descendencia com\u00fan (CSJ SC3728-2021). <\/p>\n
2.2.2. Trat\u00e1ndose de la administraci\u00f3n de justicia, es pac\u00edfico que se configura un escenario de discriminaci\u00f3n, entre otros eventos, cuando: <\/p>\n
[L]os estereotipos se reflejan o se encuentran inmersos en el derecho, como en las premisas impl\u00edcitas de la legislaci\u00f3n y las implicaciones del razonamiento y lenguaje usados por jueces y juezas. <\/p>\n
Cuando un Estado aplica, ejecuta o perpet\u00faa un estereotipo de g\u00e9nero en sus leyes, pol\u00edticas p\u00fablicas o pr\u00e1cticas, lo institucionaliza, d\u00e1ndole la fuerza y autoridad del derecho y la costumbre. El ordenamiento jur\u00eddico, como una instituci\u00f3n estatal, condona su aplicaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y perpetuaci\u00f3n y por lo tanto genera una atm\u00f3sfera de legitimidad y normalidad\u2026 Cuando un Estado legitima as\u00ed un estereotipo de g\u00e9nero, provee un marco legal para facilitar la perpetuaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n en el tiempo y a trav\u00e9s de diferentes sectores de la vida y la experiencia sociales.10 <\/p>\n
As\u00ed, la labor judicial no puede estar aislada del reconocimiento de tal circunstancia, pues desde luego, poner frente a todo mecanismo de discriminaci\u00f3n, en procura del cumplimiento del principio de igualdad, es responsabilidad de los jueces, de ah\u00ed la necesidad de aplicar la perspectiva de g\u00e9nero en sus decisiones, y en general, en todas las etapas del proceso que se encuentra bajo su direcci\u00f3n; pues esta tiene como funci\u00f3n optimizar el sistema jur\u00eddico para permitir evidenciar y abordar dimensiones de protecci\u00f3n de derechos y libertades de los seres humanos. <\/p>\n
Bien se ha dicho: <\/p>\n
La perspectiva de g\u00e9nero no es una \u201cteor\u00eda\u201d, mucho menos una \u201cideolog\u00eda\u201d, sino\u2026 nada m\u00e1s\u2026 \u201cuna herramienta clave para combatir la discriminaci\u00f3n y la violencia contra las mujeres y contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de g\u00e9nero diversas; y un concepto que busca visibilizar la posici\u00f3n de desigualdad y de subordinaci\u00f3n estructural\u201d.11 <\/p>\n
Su ratio debe atender el principio universal de igualdad y no discriminaci\u00f3n. En dicho principio, la \u00abnoci\u00f3n de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del g\u00e9nero humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situaci\u00f3n que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que s\u00ed se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situaci\u00f3n\u00bb.12 <\/p>\n
En t\u00e9rminos de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u2026juzgar con perspectiva de g\u00e9nero es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminaci\u00f3n entre los sujetos del proceso o asimetr\u00edas que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categor\u00edas sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como ser\u00eda cuando se est\u00e1 frente a mujeres, ancianos, ni\u00f1o, grupos LGBTI, grupos \u00e9tnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situaci\u00f3n diferencial por la especial posici\u00f3n de debilidad manifiesta, el est\u00e1ndar probatorio no debe ser igual, ameritando en muchos casos el ejercicio de la facultad-deber del juez para aplicar la ordenaci\u00f3n de prueba de manera oficiosa. <\/p>\n
\u2026\u201cPara el ejercicio de un buen manejo probatorio en casos donde es necesario el \u00abenfoque diferencial\u00bb es importante mirar si existe alg\u00fan tipo de estereotipo de g\u00e9nero o de prejuicio que puedan afectar o incidir en la toma de la decisi\u00f3n final, recordando que \u00abprejuicio o estereotipo\u00bb es una simple creencia que atribuye caracter\u00edsticas a un grupo; que no son hechos probados en el litigio para tenerlo como elemento esencial o b\u00e1sico dentro del an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a determinar. <\/p>\n
\u201cDiscriminaci\u00f3n de g\u00e9nero, entonces, es acceso desigual a la administraci\u00f3n de justicia originada por factores econ\u00f3micos, sociales, culturales, geogr\u00e1ficos, psicol\u00f3gicos y religiosos, y la Carta Pol\u00edtica exige el acceso eficiente e igualitario a la administraci\u00f3n de justicia; por tanto, si hay discriminaci\u00f3n se crea una odiosa exclusi\u00f3n que menoscaba y en ocasiones anula el conocimiento, ejercicio y goce de los derechos del sujeto vulnerado y afectado, lo que origina en muchas ocasiones revictimizaci\u00f3n por parte del propio funcionario jurisdiccional. <\/p>\n
\u201cEs muy com\u00fan encontrar problemas de asimetr\u00eda y de desigualdad de g\u00e9nero en las sentencias judiciales; empero, no se puede olvidar que una sociedad democr\u00e1tica exige impartidores de justicia comprometidos con el derecho a la igualdad y, por tanto, demanda investigaciones, acusaciones, defensas y sentencias apegadas no solo a la Constituci\u00f3n sino a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales aceptados por Colombia que los consagran\u201d.13 <\/p>\n
2.2.3. Visto lo anterior, refulge que juzgar con perspectiva de g\u00e9nero no significa desfigurar la realidad para beneficiar a un sujeto procesal o que deba accederse a las pretensiones enarboladas por un grupo de personas hist\u00f3ricamente excluido o discriminado; en verdad se trata de una obligaci\u00f3n, a cargo de los funcionarios judiciales, para que en su labor de direcci\u00f3n activa del proceso, superen la situaci\u00f3n de debilidad en que se encuentra la parte hist\u00f3ricamente discriminada o vulnerada, evitando reproducir patrones o estereotipos discriminatorios que impidan acercar la justicia al caso concreto. Su operatividad sirve exclusivamente a los fines propios del proceso judicial y al rigor del acto probatorio. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha doctrinado que: <\/p>\n
\u2026analizar con perspectiva de g\u00e9nero los casos concretos donde son parte mujeres afectadas o v\u00edctimas: i) no implica una actuaci\u00f3n parcializada del juez en su favor; reclama, al contrario, su independencia e imparcialidad y ii) ello comporta la necesidad de que su juicio no perpet\u00fae estereotipos de g\u00e9nero14 discriminatorios, y; iii) en tal sentido, la actuaci\u00f3n del juez al analizar una problem\u00e1tica como la de la violencia contra la mujer, exige un abordaje multinivel, pues, el conjunto de documentos internacionales que han visibilizado la tem\u00e1tica en cuesti\u00f3n -constituyan o no bloque de constitucionalidad- son referentes necesarios al construir una interpretaci\u00f3n pro f\u00e9mina, esto es, una consideraci\u00f3n del caso concreto que involucre el espectro sociol\u00f3gico o de contexto que describe el calamitoso estado de cosas, en punto de la discriminaci\u00f3n ejercida sobre la mujer. Se trata por tanto de, utilizar las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos junto con el derecho interno, para buscar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable a la mujer v\u00edctima (CC SU080\/20). <\/p>\n
Del mismo modo, la perspectiva de g\u00e9nero se debe acentuar cuando en la pr\u00e1ctica se reclama la materializaci\u00f3n de los derechos de las personas con una orientaci\u00f3n sexual diferente, con el mismo rigor con el que se aplica a las mujeres. <\/p>\n
2.3. Los contextos de violencia contra la mujer y la perspectiva de g\u00e9nero. <\/p>\n
2.3.1. La mujer, quien ha estado sometida a un hist\u00f3rico contexto de discriminaci\u00f3n y desigualdad, tambi\u00e9n ha sido objeto de especial protecci\u00f3n contra todas las formas de violencia por raz\u00f3n del g\u00e9nero, en espec\u00edfico, la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m Do Par\u00e1 define este flagelo como \u00abuna ofensa a la dignidad humana y una manifestaci\u00f3n de las relaciones de poder hist\u00f3ricamente desiguales entre mujeres y hombres\u00bb.15 <\/p>\n
En su pre\u00e1mbulo, los Estados parte, hicieron una serie de manifestaciones todas ellas de absoluta relevancia para comprender el contexto, el prop\u00f3sito y el contenido de la convenci\u00f3n. All\u00ed se entiende que la violencia contra la mujer comprende \u00abcualquier acci\u00f3n o conducta, basada en su g\u00e9nero, que cause muerte, da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual o psicol\u00f3gico a la mujer, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como en el privado\u00bb,16 y describe tres tipos de violencia17: la f\u00edsica, sexual y psicol\u00f3gica. <\/p>\n
Del mismo modo, el precitado instrumento visibiliza tres (3) \u00e1mbitos donde se manifiesta esta violencia as\u00ed: i) en la vida privada, cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad dom\u00e9stica o en cualquier otra relaci\u00f3n interpersonal, aun cuando el agresor ya no viva con la v\u00edctima; ii) en la vida p\u00fablica, cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que esta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y finalmente, iii) la violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. <\/p>\n
\u201cEn casos de violencia contra la mujer las obligaciones gen\u00e9ricas establecidas en los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano espec\u00edfico, la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1. En su art\u00edculo 7.b dicha Convenci\u00f3n obliga de manera espec\u00edfica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigaci\u00f3n la lleven adelante con determinaci\u00f3n y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las v\u00edctimas en las instituciones estatales para su protecci\u00f3n.\u201d20 <\/p>\n
2.3.3. El enfoque de g\u00e9nero, dentro del panorama anotado, tiene un alcance transversal a todas las fases del proceso, con el prop\u00f3sito de proscribir los estereotipos, as\u00ed como solventar la discriminaci\u00f3n y violencia que afectan los principios de igualdad y dignidad humana. Se expresa, entonces, en cada una de las etapas procesales, incluyendo, -pero sin limitarse- al enteramiento, contradicci\u00f3n, instrucci\u00f3n, alegaci\u00f3n, decisi\u00f3n e impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Test de procedencia para incorporar la perspectiva de g\u00e9nero a los asuntos litigiosos desde la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n
En aras de hacer realidad la igualdad, principio cardinal de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, corresponde a los jueces identificar si el proceso sometido a su conocimiento debe ser revisado con perspectiva de g\u00e9nero, labor que deber\u00e1 acometerse en el momento en que se detecten circunstancias discriminatorias o de violencia de g\u00e9nero, en el marco de la controversia sometida a componenda judicial. <\/p>\n
Esta Sala ha reiterado con vehemencia que el funcionario judicial tiene el deber funcional de aplicar el \u00abderecho a la igualdad\u00bb y de disminuir las secuelas de la violencia frente a grupos desprotegidos y d\u00e9biles, como ocurre con la mujer, por medio del rompimiento \u00abde los patrones socioculturales de car\u00e1cter machista en el ejercicio de los roles hombre-mujer que, por s\u00ed, en principio, son roles de desigualdad\u00bb (CSJ STC12625-2018). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, huelga que el fallador revise por lo menos los siguientes tres criterios de an\u00e1lisis ante precisas reclamaciones que relacionen el g\u00e9nero con la cuesti\u00f3n objeto de litigio: <\/p>\n
2.4.1. Evaluar las asimetr\u00edas entre los roles de g\u00e9nero identificables en el caso concreto, incluyendo criterios de interseccionalidad. <\/p>\n
2.4.1.1. El concepto de g\u00e9nero alude a los \u00abroles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad, en una \u00e9poca determinada, considera apropiados para hombres y mujeres. Es una construcci\u00f3n social y cultural que asigna a las personas unos roles y conductas esperadas dependiendo de si se es hombre o se es mujer. Establece qu\u00e9 se entiende por femenino y por masculino en cada sociedad\u00bb.21 <\/p>\n
As\u00ed, en las relaciones humanas se observa que existe una suerte de distribuci\u00f3n de cargas afectivas, laborales, de cuidado, entre otras, las que, para bien o para mal, imponen un patr\u00f3n de identificaci\u00f3n basado en el g\u00e9nero. Usualmente esta distinci\u00f3n est\u00e1 imbricada de criterios discriminatorios y categor\u00edas de desigualdad, que corresponden a aspectos connaturales de las diferencias que existen entre lo femenino y masculino, es lo que podemos llamar asimetr\u00edas entre los roles de g\u00e9nero. <\/p>\n
Algunos elementos orientadores, sin ser los \u00fanicos, sobre los cuales debe indagar el fallador para identificar la relaci\u00f3n asim\u00e9trica que existe entre distintos roles de g\u00e9nero presentes en una relaci\u00f3n negocial o afectiva, son: <\/p>\n
i) De qu\u00e9 manera uno u otro rol cuenta con autonom\u00eda, libertad y ejercicio pleno de su voluntad en las decisiones que adopten frente a v\u00ednculo que los une, bien sea para su conservaci\u00f3n o disoluci\u00f3n. <\/p>\n
ii) Cu\u00e1l es el nivel de decisi\u00f3n en asuntos que de consuno deben adoptar, es decir, \u00bfhay alguien con mayor capacidad para decidir?; trat\u00e1ndose de asuntos de familia, es importante cuestionar si \u00bfhay una dependencia econ\u00f3mica frente al posible abusador?, lo cual puede expresarse por la persona que contribuye con la financiaci\u00f3n econ\u00f3mica del hogar, o por la identificaci\u00f3n de la persona a nombre de qui\u00e9n figuran los activos sociales, o la administraci\u00f3n efectiva del dinero del hogar, entre otros. <\/p>\n
iii) C\u00f3mo las determinaciones de quien est\u00e1 en una posici\u00f3n de poder limitan o direccionan las circunstancias del otro, es decir, cu\u00e1l es el nivel de influencia en la conducta de quien est\u00e1 en aparente estado de subordinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4.1.2. Bajo esta perspectiva, se espera de los jueces un adecuado an\u00e1lisis de contexto con relaci\u00f3n a las circunstancias f\u00e1cticas del caso, con el objetivo de identificar din\u00e1micas de poder entre las partes en conflicto, de cara a establecer si alguna de ellas ha sido sometida en su libertad por la otra, con ocasi\u00f3n de alg\u00fan tipo de violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica, social, econ\u00f3mica o sexual. <\/p>\n
Dicho de otra manera, corresponde al fallador evaluar de qu\u00e9 manera el rol asumido, por una parte, en una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, fue fruto de su autonom\u00eda y libertad o si est\u00e1 condicionada por factores de discriminaci\u00f3n y violencia, para comprobar si las determinaciones o conductas del convocado limitaron o direccionaron al afectado. <\/p>\n
Tal estudio debe ser integrador, por lo que deviene imperativa la revisi\u00f3n de otras circunstancias de vulneraci\u00f3n concurrentes, tales como la pobreza, nivel educativo, etnia, orientaci\u00f3n sexual, entre otros; es decir, debe superarse la evaluaci\u00f3n de interseccionalidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no solo el sexo o g\u00e9nero con el que se identifique una persona es un factor \u00fanico de discriminaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n debe evaluarse que no concurra otra circunstancia discriminatoria como su nivel educativo o capacidad econ\u00f3mica, circunstancias que en la mayor\u00eda de las ocasiones derivan en actos de violencia, pues la discriminaci\u00f3n per se tiene naturaleza agresiva, en tanto su mera ret\u00f3rica atenta contra la dignidad humana, incluso cuando no tiene implicaciones f\u00edsicas. <\/p>\n
2.4.1.3. A modo de ejemplo, con relaci\u00f3n a la violencia econ\u00f3mica la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta clase de agresiones son muy dif\u00edciles de percibir, pues se enmarcan dentro de escenarios sociales en donde, tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor control sobre la mujer. A grandes rasgos, en la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder econ\u00f3mico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio com\u00fan, sin importarle qui\u00e9n lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en \u00e9l radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta violencia tambi\u00e9n se presenta en espacios p\u00fablicos, es en el \u00e1mbito privado donde se hacen m\u00e1s evidentes sus efectos. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo general, esta clase de abusos son desconocidos por la mujer pues se presentan bajo una apariencia de colaboraci\u00f3n entre pareja. El hombre es el proveedor por excelencia. No obstante, esa es, precisamente, su estrategia de opresi\u00f3n. La mujer no puede participar en las decisiones econ\u00f3micas del hogar, as\u00ed como est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de rendirle cuentas de todo tipo de gasto. Igualmente, el hombre le impide estudiar o trabajar para evitar que la mujer logre su independencia econ\u00f3mica, haci\u00e9ndole creer que sin \u00e9l, ella no podr\u00eda sobrevivir. <\/p>\n
<\/p>\n
Es importante resaltar que los efectos de esta clase [sic] violencia se manifiestan cuando existen rupturas de relaci\u00f3n, pues es ah\u00ed cuando la mujer exige sus derechos econ\u00f3micos, pero, como sucedi\u00f3 a lo largo de la relaci\u00f3n, es el hombre quien se beneficia en mayor medida con estas particiones. De alguna forma, la mujer \u201ccompra su libertad\u201d, evitando pleitos dispendiosos que en muchos eventos son in\u00fatiles.\u201d (CC T-012\/16, reiterada en SU201\/21). <\/p>\n
2.4.2. Verificar la configuraci\u00f3n de patrones o actos de violencia. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el juzgador est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de identificar la existencia de actos o patrones de violencia alrededor de la relaci\u00f3n asim\u00e9trica identificada, en desarrollo de las obligaciones contenidas en los c\u00e1nones 7\u00b0 de la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m Do Par\u00e1, 1\u00b0, 2\u00b0, 8\u00b0 y 25 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. <\/p>\n
Para estos fines, conviene recordar que la violencia basada en g\u00e9nero encuentra sus ra\u00edces en el notorio desequilibrio de poder de las relaciones entre lo femenino y lo masculino, al punto que es usual que se manifiesten actos de agresi\u00f3n contra \u00ablas mujeres o personas con una identidad de g\u00e9nero diversa (lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales)\u00bb, la mayor\u00eda de las veces orientadas a lograr su sometimiento a los patrones dominantes (CC T-878\/14). <\/p>\n
Rem\u00e1rquese que los actos abusivos -f\u00edsicos, psicol\u00f3gicos, econ\u00f3micos o sexuales- no requieren tener la condici\u00f3n de reiterativos, bastando con la ocurrencia de un evento \u00fanico para que se estructure este elemento. Es decir, para que se prediquen los efectos propios de la aplicaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero, resulta irrelevante que la violencia sea aislada o sistem\u00e1tica. <\/p>\n
2.4.3. Causalidad eficiente de la violencia infringida en la afectaci\u00f3n de los intereses del sujeto en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
Verificados los dos elementos anteriores, tambi\u00e9n corresponde al funcionario judicial revisar que la causa que la v\u00edctima o sujeto procesal invoca, expl\u00edcita o impl\u00edcitamente, como origen de los da\u00f1os, perjuicios, o afectaciones ante la jurisdicci\u00f3n, tiene conexi\u00f3n causal con la violencia que sufre o padeci\u00f3 por raz\u00f3n de su g\u00e9nero. <\/p>\n
2.5. Aplicaciones concretas del enfoque de g\u00e9nero en la resoluci\u00f3n de controversias judiciales. <\/p>\n
2.5.1. Una vez establecida la necesidad de acudir al enfoque de g\u00e9nero, resulta pertinente que el sentenciador adopte las medidas necesarias para superar la situaci\u00f3n de discriminaci\u00f3n y violencia a la que se ha visto sometida una de las partes en el proceso, por medio de mecanismos que hagan efectiva su igualdad. <\/p>\n
De all\u00ed que la Corte Constitucional haya establecido unas cargas, en cabeza del funcionario judicial, para asegurar el acceso a una justicia con perspectiva de g\u00e9nero, a saber: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistem\u00e1ticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermen\u00e9utico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; <\/p>\n
<\/p>\n
iii. No tomar decisiones con base en estereotipos de g\u00e9nero; <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Evitar la revictimizaci\u00f3n de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; <\/p>\n
<\/p>\n
v. Flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminaci\u00f3n, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas \u00faltimas resulten insuficientes; <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Efectuar un an\u00e1lisis r\u00edgido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a tr\u00e1mites judiciales; <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonom\u00eda de las mujeres (CC T-878\/14). <\/p>\n
Rep\u00e1rese, entonces, que el enfoque de g\u00e9nero comprende una revisi\u00f3n diferencial i) en la construcci\u00f3n de los hechos, ii) en el recaudo de las pruebas, iii) la valoraci\u00f3n de las pruebas e, incluso, iv) en la resoluci\u00f3n de las pretensiones. <\/p>\n
2.5.2. En la construcci\u00f3n de los hechos existe el deber de leer los relatos f\u00e1cticos de forma integral, escudri\u00f1ando en ellos la narrativa de g\u00e9nero expresamente invocada o subyacente a la alegaci\u00f3n, inclusive cuando la perspicuidad como elemento propio de las acciones judiciales sea extra\u00f1o a la causa. <\/p>\n
Del mismo modo, en el an\u00e1lisis de los hechos debe dejarse de lado los estereotipos de g\u00e9nero, m\u00e1xime en escenarios de violencia psicol\u00f3gica o econ\u00f3mica, con el fin de encontrar explicaciones desde el sentido com\u00fan o la l\u00f3gica, sin considerar la calidad de v\u00edctima y las condiciones que la violencia genera en su percepci\u00f3n de la realidad (CC T\u2013590\/17). <\/p>\n
Por ejemplo, la Corte Constitucional ha enfatizado que, en el ejercicio de la funci\u00f3n judicial, el uso de estereotipos se da cuando se reprochan los actos de la persona por desviaci\u00f3n del comportamiento esperado (T-462\/18), con afirmaciones prejuiciosas, tales como: <\/p>\n
– No se puede invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en las relaciones privadas y dom\u00e9sticas (C-408\/96). <\/p>\n
– Se desconoce la violencia psicol\u00f3gica denunciada, al estimar que los testigos de los actos no eran presenciales o que el v\u00ednculo matrimonial debe prevalecer para mantener la unidad familiar (T-967\/14). <\/p>\n
– Las agresiones mutuas entre la pareja hacen perder a la mujer el derecho a que su caso se revise a la luz de un enfoque diferencial (CSJ STC3322-2018). <\/p>\n
2.5.3. De otra parte, para acercarse a la verdad objetiva del caso, los jueces cuentan con la facultad de decretar pruebas de oficio, las cuales permitir\u00e1n clarificar las narraciones hechas por las partes, con el fin de comprobar la existencia de violencia o discriminaci\u00f3n basada en g\u00e9nero. <\/p>\n
Y es que, si bien el decreto de pruebas de oficio, como regla de principio, es una facultad que en contados casos se convierte en una obligaci\u00f3n, esto \u00faltimo sucede precisamente en materia de violencia de g\u00e9nero, pues corresponde a las autoridades adelantar todas las pesquisas para determinar su existencia en aplicaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 7\u00b0 de la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m Do Par\u00e1, 1\u00b0, 2\u00b0, 8\u00b0 y 25 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, mandatos que hacen parte del bloque de constitucionalidad seg\u00fan el canon 93 de la Carta Fundamental. <\/p>\n
2.5.4. En el recaudo de las pruebas se deben evitar situaciones revictimizantes, huelga decir, no puede permitirse que la v\u00edctima sea expuesta a otras situaciones de discriminaci\u00f3n o ampliar, fuera de su espacio de confianza, las circunstancias vulneradoras de su integridad o que la expongan a eventos traum\u00e1ticos; incluso, debe considerarse la prohibici\u00f3n de ser confrontada con el victimario, conforme al art\u00edculo 8 literal k) de la Ley 1257 de 2008. <\/p>\n
Luego entonces, los funcionarios judiciales deben evitar, dentro del conjunto de probanzas, optar por aquellas que vuelvan a la v\u00edctima sobre situaciones complejas emocionalmente, m\u00e1xime si lo que se pretende demostrar ya est\u00e1 plenamente comprobado por otros elementos de juicio obrantes en el plenario; asimismo, deber\u00e1 hacer uso de las facultades legales de reserva de los juicios, con el fin de evitar una contradicci\u00f3n directa entre el presunto victimario. <\/p>\n
Del mismo modo, los jueces deben ser cuidadosos en el uso del lenguaje al momento de practicar interrogatorios o declaraciones de parte, sin usar expresiones ofensivas al auscultar los hechos debatidos, siendo especialmente cuidadosos de establecer la pertinencia, necesidad y conveniencia de las preguntas, para no incurrir en reiteraciones innecesarias, que finalmente, son formas de revictimizaci\u00f3n (T-093\/19), ni acudir a estereotipos de g\u00e9nero para tratar de establecer la verdad de lo acontecido. <\/p>\n
2.5.5. Tambi\u00e9n debe flexibilizarse la carga de la prueba, con el fin de alivianar el peso sobre los hombros de la v\u00edctima y promover que el eventual victimario tenga un rol activo en el esclarecimiento de los hechos, so pena de que la decisi\u00f3n de fondo sea contraria a sus intereses (T\u2013462\/18). <\/p>\n
Regla que encuentra respaldo en el inciso segundo del precepto 167 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ense\u00f1a que \u00abseg\u00fan las particularidades del caso, el juez podr\u00e1, de oficio o a petici\u00f3n de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su pr\u00e1ctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situaci\u00f3n m\u00e1s favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerar\u00e1 en mejor posici\u00f3n para probar en virtud de su cercan\u00eda con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias t\u00e9cnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensi\u00f3n o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares\u00bb. <\/p>\n
2.5.6. Dar impulso oficioso al recaudo y pr\u00e1ctica de pruebas. Es deber del funcionario judicial desplegar toda la actividad probatoria posible, incluso oficiosa, para corroborar los supuestos f\u00e1cticos del caso como, por ejemplo, la existencia de una violencia de g\u00e9nero o la configuraci\u00f3n de una relaci\u00f3n contractual (T-093\/19). <\/p>\n
La falta de exhaustividad en el recaudo probatorio es una falla del Estado en el cumplimiento de los deberes de garant\u00eda y protecci\u00f3n judicial previstos en los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, luego entonces, no es permitido al juez archivar los procesos o investigaciones a su cargo por falta de material probatorio, sin que se haya hecho uso de los poderes oficiosos, cuando se hace una evaluaci\u00f3n fragmentada o se le da alcance distinto al contexto de la mujer al momento de valorar el acervo allegado, desestimando la existencia de un patr\u00f3n de violencia (T-735\/17). <\/p>\n
2.5.7. Las reglas de apreciaci\u00f3n desde la funci\u00f3n judicial deben direccionarse en dos (2) sentidos: i) considerarse las pruebas dentro del contexto del comportamiento de una persona sometida a violencia o a discriminaci\u00f3n; y ii) al evaluar las expresiones, manifestaciones de partes y terceros, deber\u00e1n evitarse los estereotipos, por lo que deben estas leerse en el contexto de personas permeadas por contextos estructurales de discriminaci\u00f3n o violencia. <\/p>\n
Sobre el primero de los elementos se\u00f1alados, ha de tenerse en cuenta que conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, al juez le corresponde acudir a la l\u00f3gica racional, considerando la situaci\u00f3n de las personas en un escenario de discriminaci\u00f3n y violencia de g\u00e9nero, los cuales conducen a que la v\u00edctima tenga comportamientos sin una identidad clara, tendientes a su invisibilizaci\u00f3n y denegaci\u00f3n de su situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al segundo punto, los jueces al valorar las expresiones, manifestaciones y aseveraciones de partes y terceros deber\u00e1n evitar incurrir en prejuicios o conclusiones estereotipadas. <\/p>\n
En caso de pruebas encontradas, sin que sea posible alcanzar la seguridad de lo ocurrido por medio de las reglas de la sana cr\u00edtica, esta duda deber\u00e1 resolverse en favor de la v\u00edctima, siempre que dicha contrariedad halle explicaci\u00f3n en el comportamiento de una persona agredida o discriminada, que pretende ocultar su condici\u00f3n para evitar una revictimizaci\u00f3n o escenarios de exclusi\u00f3n social. <\/p>\n
2.5.8. En la resoluci\u00f3n de las pretensiones, los jueces deben acudir a la posibilidad de emitir decisiones extra y ultra petita, cuando el caso brinde elementos para ello; adem\u00e1s, deber\u00e1 proferir decisiones multinivel, que respondan al cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Colombiano. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta sala ha dicho que, trat\u00e1ndose de los asuntos de familia, el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, establece en su par\u00e1grafo que \u00abel juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb, est\u00e1ndar que incluye a las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero como sujeto de protecci\u00f3n reforzada (CSJ STC12625-2018). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, el canon 42.6 de la Constituci\u00f3n Nacional, en concordancia con el precepto 7\u00b0 literal g) de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m Do Par\u00e1, obliga a los Estados parte a dise\u00f1ar, establecer, regular y aplicar mecanismos d\u00factiles, \u00e1giles y expeditos, con el fin de asegurar que la mujer objeto de violencia intrafamiliar tenga acceso efectivo a la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o, de manera justa y eficaz. <\/p>\n
En desarrollo, la Corte Constitucional profiri\u00f3 sentencia de unificaci\u00f3n (SU080\/20), con efectos inter pares, en donde fij\u00f3 como reglas: i) la posibilidad de tener acceso efectivo a una reparaci\u00f3n del da\u00f1o producto de los ultrajes, indistintamente de la naturaleza procesal del medio elegido para tal fin; y ii) que las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero no pueden ser obligadas a acudir a un nuevo tr\u00e1mite judicial para obtener reparaci\u00f3n integral de hechos demostrados ante un juez, pues ello las revictimiza. <\/p>\n
3. Clarificado el anterior estado del arte, anticipa la Sala el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta, comoquiera que no se observa ninguna situaci\u00f3n excepcional en el asunto ordinario sometido a su escrutinio, cuya trascendencia imponga la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional, lo que implica confirmar el fallo del Tribunal a-quo, conforme se pasa a exponer. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a los argumentos tra\u00eddos en la opugnaci\u00f3n, se extracta que las inconformes reprochan al juzgador supralegal de primer grado que para denegar la protecci\u00f3n rogada se apoy\u00f3 en un precedente inaplicable al caso; pas\u00f3 por alto que ellas no cuestionaron \u00abaspectos propios sobre la valoraci\u00f3n probatoria, o la forma sustancial en que el juez debe resolver la litis\u00bb, sino \u00abla manera arbitraria e indignante con que\u2026 interrog\u00f3 a\u2026 Janeth Begonia\u00bb y agredi\u00f3 a su apoderada judicial; omiti\u00f3 i) auscultar detenidamente el contenido de las preguntas que a la primera efectu\u00f3 el juzgador acusado, de las que, en su sentir, se desprende la patente omisi\u00f3n en cuanto a abordar el asunto con la perspectiva de g\u00e9nero que demanda; ii) resolver \u00abtodos los puntos de la controversia\u00bb, porque olvid\u00f3 que la queja constitucional se extendi\u00f3 contra el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por omitir enviar \u00abel dictamen que reposaba en sus archivos, \u2026sin afirmar alguna raz\u00f3n aparente\u00bb; y \u00abguard\u00f3 silencio sobre los hechos denunciados como violatorios a [los] derechos fundamentales\u00bb de la accionante Guzm\u00e1n Franco, con lo que la \u00abinvisibiliz\u00f3 como mujer abogada\u00bb. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, siendo el aspecto medular del presente reclamo, se procede a analizar los pormenores que rodearon el desarrollo del interrogatorio que el Juzgador acusado, en diligencia del pasado 14 de julio, realiz\u00f3 a la accionante Janeth Begonia Salamanca Renter\u00eda. <\/p>\n
3.1.1. Con tal prop\u00f3sito, lo primero que se impone develar es el entorno procesal que antecedi\u00f3 dicho acto, en especial, la fijaci\u00f3n del litigio, en tanto con \u00e9sta se estableci\u00f3 la senda por la que habr\u00eda de trasegar la etapa probatoria subsiguiente. <\/p>\n
As\u00ed, se tiene que: <\/p>\n
a) Orlando Ovirne fue quien inicialmente propuso, ante la jurisdicci\u00f3n y en contra de la accionante Janeth Begonia, juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico, para lo cual adujo que su demandada cambi\u00f3 las guardas del hogar com\u00fan, impidi\u00e9ndole retornar al mismo, y que \u00abdurante los \u00faltimos a\u00f1os ha habido ultrajes de parte y parte\u00bb, por lo que estaban configuradas las causales 2\u00aa y 3\u00aa del canon 154 del C\u00f3digo Civil.22 <\/p>\n
b) A su turno, Janeth Begonia, al concurrir a ese asunto, adem\u00e1s de pedir se abordara el mismo con perspectiva de g\u00e9nero; se opuso a las pretensiones de aqu\u00e9l, indic\u00f3 que los motivos aducidos no estaban configurados, m\u00e1xime cuando ella \u00abnunca [lo] maltrat\u00f3 verbal ni f\u00edsicamente\u00bb; formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, soport\u00e1ndose en esas causales y, adicionalmente, en la contemplada en el numeral 1\u00ba ib\u00eddem23, haciendo \u00e9nfasis en que su antagonista ejerci\u00f3 m\u00faltiples actos de violencia intrafamiliar en su contra y que, en vigencia del matrimonio, \u00e9l \u00abha mantenido relaciones extramatrimoniales no consentidas por su esposa\u00bb. Supuestos \u00faltimos a los que, en el traslado de ley, se opuso la contraparte, reiterando, por dem\u00e1s, que \u00abhubo agresiones de parte y parte\u00bb. <\/p>\n
c) Determinada de esa forma la postura de cada uno de los extremos procesales, en el desarrollo de la audiencia inicial abierta el 3 de marzo de 2021, tras declararse fracasada la etapa conciliatoria, las partes, al un\u00edsono, con miras a la fijaci\u00f3n del litigio, llanamente sostuvieron ratificarse en sus escritos de demanda, contestaci\u00f3n y manifestaci\u00f3n frente al traslado de \u00e9sta, tanto del libelo inicial como del de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
d) De otro lado, en el interrogatorio absuelto en esa misma data por el demandante inicial, \u00e9ste fue enf\u00e1tico en reiterar que jam\u00e1s agredi\u00f3 f\u00edsicamente a su antagonista, que si lo hubiera hecho deber\u00edan existir denuncias al respecto, y que nunca sostuvo relaciones extramatrimoniales, siendo pertinente anotar que tambi\u00e9n se le cuestion\u00f3 en cuanto a \u00ab\u00bfc\u00f3mo era la relaci\u00f3n, en t\u00e9rminos generales, entre [\u00e9l] y do\u00f1a Janeth Begonia, era una relaci\u00f3n de pareja armoniosa o de conflictos?\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Zanjado lo anterior, es claro que, bajo ese panorama, esto es, ante las posturas manifiestamente contrarias de las partes frente a los supuestos en que edificaron sus pretensiones, de conformidad con los numerales 7\u00ba -inciso final- y 10\u00ba del precepto 372 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con los c\u00e1nones 164, 168 y 173 ib\u00eddem, le correspond\u00eda al juzgador criticado propender por la pr\u00e1ctica de todas aquellas pruebas que se mostraran pertinentes, conducentes y \u00fatiles de cara a recaudar el suficiente material probatorio para dilucidar, en lo medular y en la oportunidad debida, la existencia de \u00ab[l]os ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra\u00bb, as\u00ed como \u00ab[l]as relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los c\u00f3nyuges\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, necesario es advertir que aunque un asunto deba abordarse desde la perspectiva de g\u00e9nero, ello no implica que el juzgador no pueda interrogar a las partes en disputa y, en especial, a aquella que, conforme al ordenamiento jur\u00eddico, pueda considerarse discriminada, pero, en todo caso, de hacerlo, deber\u00e1 limitarse a los aspectos que resulten cardinales, \u00fatiles, para el prop\u00f3sito de la causa irresoluta, lo que siempre demandar\u00e1 un exhaustivo an\u00e1lisis de caso a caso, pues las particularidades de cada uno, incluso la forma de cuestionar, podr\u00e1 llevar a dis\u00edmiles conclusiones. <\/p>\n
3.1.3. Con esos insumos, se concluye que, como lo exterioriz\u00f3 el Tribunal a-quo, las preguntas efectuadas a Janeth Begonia por el fallador atacado, ciertamente, lejos estuvieron de desconocer la aplicaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en el caso concreto, con ninguna de ellas se reprodujeron \u00abpatrones o estereotipos discriminatorios\u00bb, por el contrario, precisamente con miras a dilucidar el caso sometido a la jurisdicci\u00f3n, sin que hasta ese momento estuviera plenamente demostrado con otros medios suasorios, se dirigieron a obtener la informaci\u00f3n suficiente para establecer la presencia de una situaci\u00f3n asim\u00e9trica en la relaci\u00f3n de pareja puesta en tela juicio y la existencia de actos de violencia, de cualquier tipo, durante su desarrollo; sin que, en principio y contrario a lo sostenido por las accionantes, pueda considerarse que de all\u00ed se deriv\u00f3 un acto de revictimizaci\u00f3n en disfavor de la esposa reclamante. <\/p>\n
N\u00f3tese que el funcionario recriminado, tras indagar a la interrogada respecto a sus \u00abgenerales de ley\u00bb, muy seguramente teniendo en cuenta su alegaci\u00f3n previa en torno a que el asunto se abordara con perspectiva de g\u00e9nero, en sinton\u00eda con el test de procedencia que ello demanda, para analizar lo concerniente a la eventual asimetr\u00eda entre los roles de gener\u00f3 en esa relaci\u00f3n, precisamente opt\u00f3 por cuestionarla en cuanto a su lugar de residencia, la \u00e9poca en que conoci\u00f3 a su antagonista, la edad que ten\u00eda cuando contrajeron matrimonio, los hijos que procrearon, los bienes adquiridos y la fuente de la que se obten\u00edan los recursos econ\u00f3micos para la manutenci\u00f3n del grupo familiar. <\/p>\n
Luego, entre otras preguntas, al igual que lo hizo con Orlando Ovirne, precisamente para contrastar sus posturas contrarias, en tanto que, mientras ella los neg\u00f3, aqu\u00e9l afirm\u00f3 la existencia de ultrajes, tratos crueles y maltratamientos de obra de parte de Janeth Begonia para con \u00e9l, la indag\u00f3 en torno a c\u00f3mo fue el trato que se hab\u00edan \u00abofrecido como c\u00f3nyuges desde la \u00e9poca en que contrajeron matrimonio\u00bb, ante lo que ella no dudo en responder que su c\u00f3nyuge \u00absiempre fue mujeriego\u00bb, que todo el tiempo fue maltratada f\u00edsica y psicol\u00f3gicamente, describiendo los actos reprochables en que cimentaba tal afirmaci\u00f3n; por lo que se le pregunt\u00f3 sobre la raz\u00f3n por la cual, a pesar de ello, continu\u00f3 conviviendo con su c\u00f3nyuge, lo que asegur\u00f3 y enfatiz\u00f3 se edific\u00f3 en el gran temor que le ten\u00eda; de lo que se sirvi\u00f3 el juzgador para preguntarle si entre ellos hubo sentimientos de amor, afecto y respeto; por las alegaciones de aqu\u00e9l, se le cuestion\u00f3 en cuanto a si ella tambi\u00e9n lo hab\u00eda agredido, lo que recibi\u00f3 como respuesta un rotundo no, fincado, sostuvo, en ese descomunal temor que la invad\u00eda; y por \u00faltimo, recalcando que reconoci\u00f3 que su esposo siempre le fue infiel, se le inquiri\u00f3 para que explicara desde cu\u00e1ndo y por qu\u00e9, en su momento, no hab\u00eda demandado el divorcio bajo esa causal, lo que la llev\u00f3 a i) rememorar una situaci\u00f3n espec\u00edfica en que lo vio acompa\u00f1ado de una mujer y ii) repetir que \u00e9l era \u00abmujeriego\u00bb. <\/p>\n
3.1.4. De esta manera, salvo la reiteraci\u00f3n en torno a la tem\u00e1tica relacionada con las relaciones extramatrimoniales endilgadas a Orlando Ovirne, para la Corte el cuestionario del que fue objeto la accionante, en verdad, de cara a dilucidar la postura asumida por cada una de las partes al interior del litigio cuestionado, no se muestra revictimizante sino necesaria para el acopio probatorio con miras a definir el caso, a lo cual debe agregarse que las manifestaciones efectuadas por la interrogada, antes que afectarla, favorecen su postura, en tanto su declaraci\u00f3n solidifica el supuesto normativo en el que fund\u00f3 sus pretensiones. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien la \u00faltima pregunta referida luce repetitiva y, por ende, con visos revictimizantes, cuando la versi\u00f3n brindada por la declarante hasta ese momento se mostraba suficiente en torno al temor que reiteradamente expres\u00f3 como obst\u00e1culo para adoptar decisiones diferentes de cara a superar la complicada situaci\u00f3n familiar que afrontaba; considera la Corte que ello es insuficiente para que en esta instancia constitucional se opte por disponer su exclusi\u00f3n, en tanto que \u00e9sta, antes de favorecer a la quejosa, afectar\u00eda sus intereses, comoquiera que, como qued\u00f3 dicho, la misma se muestra favorable a sus pretensiones; de otro lado, una eventual repetici\u00f3n del interrogatorio s\u00ed constituir\u00eda un claro acto revictimizante en su contra. <\/p>\n
Por lo dicho, aunque en cuanto a este aspecto no se conceder\u00e1 el resguardo, si se exhortara al juzgador acusado para que, en lo futuro, en casos como el aqu\u00ed discutido, se abstenga de insistir en aspectos por cuya comprobaci\u00f3n ya hab\u00eda inquirido. <\/p>\n
3.2. En cuanto a lo concerniente con el acopio del registro por lesiones personales 2010C08040805332 de 2010-08-07 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aunque le asiste raz\u00f3n al extremo accionante respecto a que err\u00f3 el a-quo constitucional al afirmar que estaba pendiente de definici\u00f3n su solicitud de \u00abampliaci\u00f3n, complementaci\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n de la citada prueba por informe ante la respuesta incompleta\u00bb; lo cierto es que, en todo caso, el resguardo no se abre paso porque, adem\u00e1s de no satisfacerse el presupuesto de la subsidiariedad, lo cierto es que, de momento, se muestra intrascendente. <\/p>\n
3.2.1. Lo dicho, porque aquella petici\u00f3n que el Tribunal afirm\u00f3 irresoluta, en audiencia del 14 de julio \u00faltimo la despach\u00f3 adversamente el Juez acusado, al resolver no acceder a ella \u00abatendiendo [a] que la propia demandada, al absolver el interrogatorio de parte, hizo una manifestaci\u00f3n al respecto, espec\u00edficamente de fue valorada por Medicina Legal y le dieron una incapacidad de veintitr\u00e9s (23) d\u00edas\u2026 y que sobre esa\u2026 valoraci\u00f3n m\u00e9dico legal esta se\u00f1ora y su esposo conciliaron ante la Comisar\u00eda de Familia, donde \u00e9l se comprometi\u00f3 a pagar una suma de $500.000. Independientemente de que se hayan pagado o no, todo indica que sobre ese tema\u2026 ellos ventilaron, a trav\u00e9s de otra autoridad, los maltratos de que fue v\u00edctima por parte de\u2026 Orlando, seg\u00fan lo indica la demandada\u2026, de tal suerte que es irrelevante en este momento dicha prueba\u00bb. Determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria all\u00ed, sin recursos. <\/p>\n
Sin embargo, sumado a que, se itera, ning\u00fan recurso se plante\u00f3 frente a esa decisi\u00f3n, lo que denota el proceder incurioso de las reclamantes al respecto, lo cierto es que de acuerdo a la manifestaci\u00f3n transcrita a espacio y efectuada en esa diligencia por el sentenciador, \u00e9ste dio por acreditados los hechos a los que se refiri\u00f3 el mentado informe, acorde con lo expuesto por Janeth Begonia al rendir su interrogatorio sobre ese aspecto, de donde tal aserto del juzgador qued\u00f3 atado a la explicaci\u00f3n detenida que en punto a esa situaci\u00f3n concreta efectu\u00f3 la deponente; lo que vuelve intrascendente la recopilaci\u00f3n de la pieza documental, sin dejar de lado que, como atr\u00e1s se sostuvo en el minucioso estado del arte sobre la materia, de resultar necesario, en cualquier momento, podr\u00e1 el juzgador hacer uso de las pruebas de oficio. <\/p>\n
3.2.2. Sin desconocer, se itera, el eventual uso del decreto oficioso de las pruebas, es de agregar que al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no se le puede endilgar vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales aqu\u00ed invocados, por no remitir al plenario el registro por lesiones personales 2010C08040805332 de 2010-08-07, comoquiera que su proceder se ajust\u00f3, en un todo, a lo que, en su momento, le requiri\u00f3 la autoridad judicial, a saber, la remisi\u00f3n de un informe practicado \u00abhac\u00eda el a\u00f1o 2008\u00bb, del que dicho Instituto claramente indic\u00f3 no tener registro. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la prueba decretada por el Juzgado, sin recursos, fue \u00aboficiar a medicina legal con el fin de que se informe si dentro de sus archivos se encuentra la valoraci\u00f3n f\u00edsico-ps\u00edquica realizada a la se\u00f1ora\u2026 Salamanca Renter\u00eda, practicad[a] hacia el a\u00f1o 2008, y se sirva expedir la copia del experticio cient\u00edfico a efectos de determinar si efectivamente se encontr\u00f3 f\u00edsica o psicol\u00f3gicamente afectada o lesionada y[,] de ser as\u00ed[,] si se le reconoci\u00f3 alguna incapacidad m\u00e9dico legal\u00bb; y que frente a ello el mentado Instituto comunic\u00f3 que \u00abrevisada la base de datos no aparece registro para valoraci\u00f3n por Psiquiatr\u00eda a nombre de\u2026 Salamanca Renter\u00eda. En la unidad B\u00e1sica de Soacha, aparece el registro por lesiones 2010C08040805332 a nombre de la persona en menci\u00f3n, de fecha 2010-08-07, el cual fue solicitado en su momento por la S.A.U. URI-SOACHA FISCAL\u00cdA 01, pero para la fecha que usted indica del 2008 no aparece registro\u00bb; de all\u00ed que no existiera documento alguno que debiera enviar al estrado judicial. <\/p>\n
3.3. De otro lado, no le asiste raz\u00f3n a la accionante Guzm\u00e1n Franco, profesional del derecho, en cuanto a que el Tribunal a-quo la \u00abinvisibiliz\u00f3 como mujer abogada\u00bb porque \u00abguard\u00f3 silencio sobre los hechos denunciados como violatorios a sus derechos fundamentales\u00bb; en raz\u00f3n a que, contrario a ello, esa Corporaci\u00f3n de manera expresa anot\u00f3 que tal afrenta no se configur\u00f3 porque \u00abel se\u00f1or Juez acusado se limit\u00f3 a informarle que las preguntas que hace el titular del juzgado no son objetables; y a preguntar durante la pr\u00e1ctica [d]el interrogatorio de la accionante qui\u00e9n interven\u00eda en la audiencia\u00bb. <\/p>\n
Postura que valida esta Corte agregando, para su ratificaci\u00f3n, que: i) cuando el juzgador encausado, tras la manifestaci\u00f3n de la objeci\u00f3n a uno de los cuestionamientos, le pidi\u00f3 identificarse a qui\u00e9n la propon\u00eda, no lo hizo por descortes\u00eda, con el fin de agraviar a la profesional del derecho y mucho menos por su condici\u00f3n de mujer, sino m\u00e1s bien porque para \u00e9l no era claro qui\u00e9n lo interpelaba, si en cuenta se tiene que -revisado el interregno respectivo del v\u00eddeo- la audiencia se desarroll\u00f3 de forma virtual y la c\u00e1mara de la abogada objetante, al igual que la de otros cinco (5) participantes en la diligencia, se encontraba apagada, lo que le imposibilitaba a aqu\u00e9l detectar de qui\u00e9n proven\u00eda el pronunciamiento; y ii) al margen de las razones expuestas por el fallador atacado al pronunciarse sobre la procedencia o no de las objeciones frente a sus preguntas, lo cierto es que las efectuadas, con la salvedad realizada en el numeral 3.1.4. de esta providencia, se mostraban conducentes con miras a acopiar las pruebas suficientes para definir el asunto sometido a su conocimiento. <\/p>\n
3.4. Finalmente, en cuanto a los reproches que mutuamente se efect\u00faan accionantes y accionado de cara a conductas contrarias al ordenamiento jur\u00eddico, las primeras, respecto al tr\u00e1mite del proceso a cargo del segundo, y \u00e9ste, en cuanto a los se\u00f1alamientos que aqu\u00ed le hicieron aqu\u00e9llas; si unas y otro consideran que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades convocadas, los intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado y en esta actuaci\u00f3n supralegal, otras son las v\u00edas que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, como parecen entenderlo, a las cuales, si a bien lo tienen, han de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En torno a ello, de vieja data tiene dicho la Sala que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
No obstante lo anterior, se exhorta al Juez de Familia de Soacha para que, en lo futuro, en este y en todos los asuntos con alguna similitud f\u00e1ctica con el mismo, se abstenga de insistir en aspectos que vuelvan a la v\u00edctima sobre situaciones complejas emocionalmente, especialmente si lo que se pretende demostrar ya est\u00e1 plenamente comprobado por otros elementos de juicio. Por lo dem\u00e1s, se le pone de presente que deber\u00e1 seguir todos los par\u00e1metros expuestos en este fallo, tanto durante el tr\u00e1mite del caso en cuesti\u00f3n como al momento de dictar la decisi\u00f3n de fondo respectiva. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abARTICULO 154. <CAUSALES DE DIVORCIO>. <Art\u00edculo modificado por el art\u00edculo 6 de la Ley 25 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Son causales de divorcio: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los c\u00f3nyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. <\/p>\n
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra\u00bb. <\/p>\n
2<\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los c\u00f3nyuges\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 CORTE IDH. \u00abIdentidad de g\u00e9nero, e igualdad y no discriminaci\u00f3n a parejas del mismo sexo\u00bb. Opini\u00f3n Consultiva OC-24\/17, 24 nov. 2017. P\u00e1rr. 32. – Colombia. Ministerio de Justicia y del Derecho. Cartilla G\u00e9nero. P\u00e1g. 17. <\/p>\n
4\u0002 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante la Ley 35 de 1986. <\/p>\n
5\u0002 Proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante la Ley 51 de 1981. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por la Asamblea General de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos en su vig\u00e9simo cuarto periodo ordinario de sesiones, el d\u00eda 9 de junio de 1994 y fue ratificada por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante la Ley 248 de 1995. <\/p>\n
7\u0002 https:\/\/www.ohchr.org\/sp\/issues\/women\/wrgs\/pages\/genderstereotypes.aspx. <\/A><\/p>\n 8\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n 9\u0002 CSJ STC8534-2019. <\/p>\n 10\u0002 COMISI\u00d3N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2018). p. 49. <\/p>\n 11\u0002 COMISI\u00d3N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Op. Cit. p. 43. <\/p>\n 12\u0002 CORTE IDH. Caso Duque Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 feb. 2016. Serie C No. 310, p\u00e1rr. 91 y 92. <\/p>\n 13\u0002 CSJ STC, 21 feb. 2008, rad. 2007-00544-01. Reiterada en fallos de 28 may. 2019, rad. 2019-00131-01; 22 jul. 2020, rad. 2020-00070-01; 11 nov. 2020, rad. 2020-02944-00; y 18 dic. 2020, rad. 2020-03320-00. <\/p>\n 14\u0002 Cfr. ESTEREOTIPOS DE G\u00c9NERO. Rebeca Cook. <\/p>\n