STC15850-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15850-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04188-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfredo de Jes\u00fas Giraldo Galeano contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito y Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2017-00135. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el adelantamiento en su contra de un juicio ejecutivo (en el que se program\u00f3 para el 17 de noviembre de 2021, el remate del inmueble embargado), con fundamento en una letra de cambio que, seg\u00fan lo dijo, \u00e9l otorg\u00f3 (con espacios en blanco) con el \u00fanico prop\u00f3sito de garantizar el pago del precio de un veh\u00edculo que ya fue sufragado en su totalidad; irregularidad esta por la que se present\u00f3 una denuncia penal ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, que deber\u00eda tenerse en cuenta para suspender el proceso por prejudicialidad. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene suspender el coactivo hasta que \u00abse aclare el valor real de la letra de cambio que sirve de fundamento al proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Medell\u00edn defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y enfatiz\u00f3 que las alegaciones que aqu\u00ed formula el accionante tambi\u00e9n fueron puestas de presente a trav\u00e9s del escrito de excepciones con el cual dicho litigante intent\u00f3 enervar el mandamiento de pago; defensas que fueron desestimadas mediante sentencias de primera y segunda instancia de 12 de junio de 2018 y 8 de mayo de 2019. <\/p>\n
2. La magistratura accionada sostuvo que la solicitud de amparo no satisface el presupuesto de inmediatez, en tanto que lo que verdaderamente censura el accionante son las sentencias de primera y segunda instancia con las cuales se desestim\u00f3 el planteamiento por el que aqu\u00ed nuevamente avoca, y tales decisiones se emitieron hace m\u00e1s de 1 a\u00f1o. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 54 Seccional adscrita a la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica y de Justicia de Medell\u00edn inform\u00f3 que la indagaci\u00f3n preliminar adelantada con motivo de la denuncia penal formulada por el hoy accionante, fue archivada desde el a\u00f1o 2019, por cuanto se estim\u00f3 que los hechos invocados no ten\u00edan relevancia punitiva. <\/p>\n
4. Guillermo Giraldo Mar\u00edn dijo no tener mayor conocimiento sobre las irregularidades que plantea el accionante y sostuvo que esta solicitud de amparo no es m\u00e1s que un intento de revivir debates procesales ya clausurados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Aunque en su escrito incoativo el actor intent\u00f3 atribuir la trasgresi\u00f3n de sus derechos fundamentales al auto del pasado 19 de octubre, mediante el cual se program\u00f3 la diligencia de remate en el censurado coactivo, advierte la Sala que, en realidad, el reproche constitucional que all\u00ed se formula no est\u00e1 dirigido contra esa providencia (de cuya legalidad nada se dijo), sino contra la sentencia de segunda instancia, mediante la cual el tribunal accionado confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de las excepciones que el hoy querellante orient\u00f3 a evidenciar que el compulsivo se adelanta con base en una letra de cambio, cuyo negocio subyacente fue cabalmente cumplido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo \u2013en esos t\u00e9rminos formulado- se reclam\u00f3 en forma oportuna y, de superarse lo anterior, si el tribunal convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, confirmar el aval que el juez a quo le imparti\u00f3 al recaudo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1 Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.2 El presupuesto en comento no se verifica en el asunto bajo estudio, en tanto que la sentencia de segunda instancia cuya legalidad aqu\u00ed se censura, se profiri\u00f3 el 8 de mayo de 2019, mientras que la demanda de tutela en referencia se radic\u00f3 el 3 de noviembre de 2021 (inicialmente ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn, donde posteriormente se remiti\u00f3 la foliatura a esta Corporaci\u00f3n). <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto al que viene haci\u00e9ndose alusi\u00f3n no es absoluto y debe examinarse particularmente con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia puede llegar a sortearse, pero en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que realmente estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo. <\/p>\n
4. Anotaci\u00f3n Final. <\/p>\n
Resta anotar que, en virtud del principio de subsidiariedad que informa al mecanismo de protecci\u00f3n en estudio, tampoco es factible resolver sobre la suspensi\u00f3n, por prejudicialidad, a que tangencialmente aludi\u00f3 el querellante en su libelo incoativo, puesto que la foliatura no evidencia, ni as\u00ed tampoco lo manifest\u00f3 el actor en dicha pieza procesal, que antes de acudir al juez de tutela, el se\u00f1or Giraldo Galeano hubiera elevado ese pedimento ante el juez de conocimiento; fallador que aunque reconoci\u00f3 haber recibido copia de una constancia de la Fiscal\u00eda General sobre la existencia de una indagaci\u00f3n preliminar por los hechos que incumben a este tr\u00e1mite, precis\u00f3 que tal documento fue allegado por el actor como respaldo a su objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la cual, dicho sea de paso, fue rechazada de plano, sin protesta alguna del convocante. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado, se impone desestimar el auxilio, porque la presente demanda desatiende el requisito de inmediatez que la gobierna. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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