STC15851-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15851-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00367-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 19 de octubre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Adela Cecilia Luquez Rodriguez contra los Juzgados Promiscuo del Circuito y Segundo Promiscuo Municipal, ambos de Plato (Magdalena); tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como tambi\u00e9n de los principios de eficacia, celeridad, legalidad, prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y seguridad jur\u00eddica, que dice vulnerados por las autoridades judiciales convocadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n\u2026 emitida en segunda instancia\u00bb en el proceso criticado. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Cecilio Luquez Herrera y Sandra Judith Rodr\u00edguez Luna, quienes posteriormente cedieron sus derechos litigiosos a Adela Cecilia Luquez Rodriguez, promovieron acci\u00f3n declarativa contra Matilde In\u00e9s Luquez Herrera y Aura Leonor Ariza de Arag\u00f3n, con la finalidad de que se declarara \u00ababsolutamente simulado\u00bb el contrato de compraventa celebrado entre las demandadas, contenido en la escritura p\u00fablica 168 del 7 de julio de 2018, a trav\u00e9s del cual Ariza de Arag\u00f3n vendi\u00f3 a Matilde In\u00e9s Luquez, el predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 226-17430. De manera subsidiaria, pidieron los actores que se declarara la \u00abnulidad absoluta\u00bb del prenotado acuerdo de voluntades. <\/p>\n
2.2. Admitido el libelo y notificadas las demandadas, los actores reformaron el escrito genitor, con la finalidad de incluir como enjuiciado a Dar\u00edo Jack Mej\u00eda de Arango, quien adquiri\u00f3 el bien en litigio de manos de Matilde In\u00e9s Luquez Herrera. <\/p>\n
2.3. Mediante sentencia del 27 de junio de 2019, fueron desestimadas las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte demandante, siendo confirmada con providencia del 17 de septiembre de 2019, fallo que fue dejado sin efectos con prove\u00eddo del 13 de noviembre siguiente, en virtud del amparo concedido con determinaci\u00f3n del 5 de noviembre de 2019, confirmada por esta Corporaci\u00f3n el 16 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, el juzgado de segunda instancia decret\u00f3 pruebas de oficio y, una vez recaudadas, dict\u00f3 una nueva sentencia el 20 de septiembre de 2021, que confirm\u00f3 la dictada el 27 de junio de 2019. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que, en segunda instancia, se recaud\u00f3 un dictamen pericial, que no debi\u00f3 ser objeto de valoraci\u00f3n, por presentar sendas inconsistencias, las cuales adujo a trav\u00e9s de la correspondiente objeci\u00f3n, que no fue resuelta por el fallador; y, adem\u00e1s, porque el auxiliar de la justicia que lo elabor\u00f3 es el padre de una de las oficiales mayores del estrado del circuito querellado, circunstancia que contrar\u00eda lo dispuesto en el art\u00edculo 481 (numeral 6\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso, situaci\u00f3n que puso en conocimiento de dicha sede judicial, pero que no fue tenida en cuenta. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que el fallador de segundo grado \u00abse extralimit\u00f3\u00bb, por cuanto \u00ablo pretendido en la demanda de simulaci\u00f3n es que se declare la simulaci\u00f3n absoluta [del contrato contenido] en la escritura p\u00fablica No.168 del 07 de Julio de 2008\u00bb y \u00abel operador judicial, sin ninguna justificaci\u00f3n, ni argumentaci\u00f3n jur\u00eddica, ni que se hubiera presentado una causa modificatoria, procedi\u00f3 de manera ilegal\u2026 a sustituir la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta por la simulaci\u00f3n relativa\u00bb. <\/p>\n
2.7. De otro lado, destac\u00f3 que el juzgado del circuito convocado dej\u00f3 de valorar las pruebas que daban cuenta de la simulaci\u00f3n denunciada, cuya existencia qued\u00f3 plenamente demostrada en el decurso procesal, en especial, a prueba testimonial recaudada; y que dicho estrado desconoci\u00f3 la sentencia de tutela dictada el 5 de noviembre de 2019. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato precis\u00f3 que \u00ablas decisiones tomadas\u2026 tienen sustento normativo, las cuales no puede tildarse de arbitrarias, haciendo inexistente los defectos facticos, org\u00e1nicos o procedimentales, que permitan afirmar la existencia de una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa localidad, tras rendir informe sobre las actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite criticado, destac\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento\u2026 se le ha violado derecho alguno al demandante\u00bb. <\/p>\n
3. Matilde In\u00e9s Luquez Herrera expres\u00f3 que la promotora incurre en temeridad, habida cuenta que \u00abse est\u00e1 presentado\u2026 una acci\u00f3n de tutela basada en los mismos hechos y derechos\u00bb; y, por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad del juicio criticado. <\/p>\n
4. \u00c1ngel Jos\u00e9 Pezzano de Arco, quien rindi\u00f3 la experticia decretada en segunda instancia, rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto, tras desechar la temeridad alegada, concluy\u00f3 que \u00abno se configura ninguno de los defectos que dan paso a la tutela\u00bb, toda vez que la promotora, en la diligencia en la cual se sustent\u00f3 el dictamen cuestionado, \u00abnada dijo frente a los reparos que ahora invoca, siendo la oportunidad pertinente para cuestionarlo, a voces de lo dispuesto en el art\u00edculo 231 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, frente al parentesco del perito con una de las empleadas del juzgado del circuito convocado, destac\u00f3 el Tribunal que tal aspecto \u00abno es raz\u00f3n suficiente para que se conceda el amparo, m\u00e1xime que ninguno de los aspectos sustanciales frente al dictamen en s\u00ed, fueron cuestionados ni siquiera en la oportunidad pertinente, como se desprende del acta respectiva\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, expres\u00f3 el a quo que \u00abno se advierte el incumplimiento deprecado por la accionante [de la orden de tutela emitida previamente], pues la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Tribunal en oportunidad anterior en ning\u00fan momento iba encaminada a que el juzgador emitiera una [decisi\u00f3n] en un sentido en particular\u00bb; a lo que agreg\u00f3 que \u00ab[e]n todo caso y de considerarse por parte de la interesada que no se ha dado plena observancia a la orden del Tribunal, tiene a su alcance el incidente de desacato, como escenario id\u00f3neo en el que se debe debatir el acatamiento de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora, tras reiterar sus alegaciones iniciales, espec\u00edficamente, aquellas enfiladas a cuestionar el dictamen pericial efectuado en segunda instancia, insisti\u00f3 en que el ad quem querellado no cumpli\u00f3 lo ordenado en la sentencia de tutela del 5 de noviembre de 2019, \u00abpor cuanto no cit\u00f3, ni valor\u00f3 todas las pruebas obrantes en el proceso, no hizo la comparaci\u00f3n de los linderos del predio que se identifica en la promesa de compraventa [con] el que se encuentra en la escritura p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se advierte que la inconformidad de la recurrente se circunscribe a que el juzgado del circuito accionado: (i) al dictar la sentencia de 20 de septiembre de los corrientes, desconoci\u00f3 el mandato de tutela contenido en el fallo de 5 de noviembre de 2019, confirmado con decisi\u00f3n del 16 de diciembre siguiente, toda vez que \u00abno cit\u00f3, ni valor\u00f3 todas las pruebas obrantes en el proceso, no hizo la comparaci\u00f3n de los linderos del predio que se identifica en la promesa de compraventa [con] el que se encuentra en la escritura p\u00fablica\u00bb; y (ii) apreci\u00f3 indebidamente el dictamen pericial practicado en segunda instancia, toda vez que dicho elemento de juicio no era susceptible de valoraci\u00f3n, comoquiera que se desconoci\u00f3 la prohibici\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 48 (numeral 6) del C\u00f3digo General del Proceso y, adem\u00e1s, porque el auxiliar de la justicia que lo elabor\u00f3 incurri\u00f3 en varios errores. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas quejas, se concluye la improcedencia del resguardo, comoquiera que la accionante, como lo indic\u00f3 el a quo, tiene a su alcance otro mecanismo de defensa, como lo es promover el incidente de desacato que contempla el art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, a fin de ventilar las circunstancias que alega a trav\u00e9s de la acci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, relacionadas con la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas. <\/p>\n
Sobre el particular, vale la pena destacar que, en el fallo de tutela de 5 de noviembre de 2019, que se pregona desatendido, el juez de tutela concedi\u00f3 el amparo al considerar que: <\/p>\n
\u2026 el funcionario de segunda instancia\u2026, hizo una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, pues debe recordarse que el objeto principal del proceso cuestionado es que se declare la simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 168 de 7 de julio de 2008\u2026 y, en consecuencia, la N\u00b0. 362 del 6 de julio de 2017\u2026, y subsidiariamente la nulidad absoluta de ellas\u2026, por las razones indicadas en la demanda de tutela, de tal manera que debi\u00f3 examinar todas las pruebas decretadas y practicadas, para determinar si proced\u00edan aquellas pretensiones y no limitarse a confrontar el contenido de la promesa de contrato, con la compraventa efectivamente celebrada, que, se itera, es la que se est\u00e1 atacando y no el primero, para concluir que no se trata del mismo bien y, por esa sola raz\u00f3n, despachar desfavorablemente las peticiones de la demanda. <\/p>\n
Por otro lado, se advierte que la promesa de compraventa arrimada y la escritura p\u00fablica de compraventa No: 168\u2026, tambi\u00e9n fueron estudiadas por los despachos accionados, quienes hicieron un examen minucioso frente a la distinci\u00f3n del predio por c\u00e9dula catastral, folio de matr\u00edcula y hasta el valor del negocio jur\u00eddico, omitiendo\u2026 manifestarse en lo referente a los linderos que, sin duda alguna, son id\u00e9nticos, y que a pesar de no explicarse la raz\u00f3n de la discrepancia entre los datos de uno y otro documento, pudo ser un punto clave para la decisi\u00f3n que puso fin al proceso de simulaci\u00f3n, es m\u00e1s, esa circunstancia es tan relevante que se pudieron decretar de oficio pruebas que permitieran esclarecer la situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con base en tales consideraciones, se orden\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato que: <\/p>\n
Ahora, el anotado mandato fue confirmado por esta Corte, a trav\u00e9s de providencia del 16 de diciembre de 2019 (CSJ STC17169-2019), al considerar que: <\/p>\n
2.2. En el caso objeto de estudio, una vez analizado el material probatorio, lo esgrimido por el extremo tutelante y la decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada, esta Sala advierte que el funcionario ad quem incurri\u00f3 en un protuberante error f\u00e1ctico y en insuficiente sustentaci\u00f3n o justificaci\u00f3n del fallo, causales especiales de procedibilidad de la tutela que tornan forzosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, en la referida providencia, el fallador resolvi\u00f3 confirmar la sentencia objeto de apelaci\u00f3n al considerar que la promesa de venta y la compraventa celebradas refieren a bienes inmuebles diferentes\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Constatada, en su criterio, la falta de identidad entre los bienes sobre los cuales se celebraron los comentados negocios jur\u00eddicos, refiri\u00f3 a la procedencia de declarar oficiosamente dicha excepci\u00f3n conforme a lo estatuido por el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso y desech\u00f3 las pruebas testimoniales por cuanto \u201clos testimonios no sirven para acreditar, pues trat\u00e1ndose de un bien inmueble, la principal prueba corresponde no s\u00f3lo a lo que est\u00e9 consignado en el registro p\u00fablico sino a los instrumentos que permiten todo tipo de negociaci\u00f3n de que no se trata de bienes similares\u2026\u201d (minuto 57:05 a 57:30 del registro CD, folio 36 reverso). <\/p>\n
2.3. La Sala observa que el juez del circuito no s\u00f3lo apreci\u00f3 las pruebas documentales de manera incompleta, pues aunque de ellas extrajo las discrepancias entre la identificaci\u00f3n que se hizo del predio rural \u201cLa Salvaci\u00f3n\u201d en la promesa de compraventa y en la escritura p\u00fablica de venta relacionadas con los antecedentes registrales y el precio, nada dijo sobre los elementos comunes que permitir\u00edan deducir que se trata de un mismo bien como los linderos del fundo que fue objeto de la promesa y el que se enajen\u00f3 a favor de la demandada Matilde In\u00e9s Luquez, cuya identidad es evidente. <\/p>\n
De otra parte, desconoci\u00f3 el funcionario el deber impuesto a los jueces en la disposici\u00f3n 176 de la codificaci\u00f3n procedimental, a cuyo tenor: \u00ab(\u2026) Las pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb (se destaca), toda vez que los instrumentos privados y p\u00fablicos mencionados en la decisi\u00f3n deb\u00edan valorarse en conjunto con los testimonios que desech\u00f3 sin raz\u00f3n valedera, pues en los procesos de simulaci\u00f3n, este medio demostrativo es cardinal en el descubrimiento de la real intenci\u00f3n de los negociantes y las circunstancias que inciden en la forma y t\u00e9rminos en que se estipulan los convenios. De estos, pudo colegir la explicaci\u00f3n que ech\u00f3 de menos a las divergencias que encontr\u00f3 probadas respecto del objeto material de los contratos. <\/p>\n
Y si advert\u00eda alguna deficiencia probatoria para establecer si el inmueble adquirido por Matilde In\u00e9s Luquez era o no el disputado por su hermano como objeto de la promesa de venta celebrado con Jorge Arag\u00f3n Ariza, acorde con el art\u00edculo 170 ejusdem, era su obligaci\u00f3n emplear los poderes oficiosos de que est\u00e1 revestido para decretar los elementos de convicci\u00f3n que considerara convenientes a fin de verificar los hechos alegados por las partes. <\/p>\n
2.4. Recu\u00e9rdese que al juzgador se le impone, sin que sea admisible ning\u00fan tipo de excusa, resolver sobre el objeto del litigio y para ello debe despejar los obst\u00e1culos de todo tipo que interfieran en esa labor, incluidos los de car\u00e1cter de probatorio, para que una vez superados \u00e9stos, emita el pronunciamiento que resuelva de fondo la controversia sometida a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
De modo que si lo pretendido con la acci\u00f3n de prevalencia es desentra\u00f1ar la verdadera voluntad de las partes contractuales, tal como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, el accionado no pod\u00eda limitarse a confrontar el contenido del contrato preparatorio con la escritura p\u00fablica de venta atacada, pretiriendo la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba demostrativos de los elementos axiol\u00f3gicos de las pretensiones principal y subsidiaria. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
3. De manera que, el proceder desplegado por el juzgador accionado de no incorporar las consideraciones a que hab\u00eda lugar en la providencia objeto de inconformidad en lo que respecta a la valoraci\u00f3n probatoria, estructura dos causales espec\u00edficas de procedibilidad del amparo, cuales son el defecto f\u00e1ctico y la precaria sustentaci\u00f3n o justificaci\u00f3n del fallo, como quiera que la autoridad judicial falt\u00f3 a su deber de pronunciarse sobre todas las pruebas obrantes en el proceso, vulnerando con tal omisi\u00f3n, las garant\u00eda al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y tutela judicial efectiva de la reclamante. <\/p>\n
As\u00ed pues, evidente es que, en esa primera tutela, se reproch\u00f3 al juzgado convocado la valoraci\u00f3n incompleta de las probanzas recaudadas en el litigio objeto de censura constitucional, por lo que se le orden\u00f3 dictar \u00abun nuevo pronunciamiento que incluya todas las pruebas recaudadas\u00bb. <\/p>\n
Entonces, toda vez que lo que esgrimi\u00f3 la hoy accionante, es que el juzgado del circuito convocado, al resolver la alzada que interpuso contra la providencia de 27 de junio de 2019, nuevamente, dej\u00f3 de valorar la totalidad de las pruebas arrimadas al juicio atacado, en contrav\u00eda de lo ordenado en la sentencia de tutela de 5 de noviembre de 2019, evidente es que dicho cuestionamiento debe ventilarse, a trav\u00e9s de incidente de desacato, ante el sentenciador que dict\u00f3 esa orden de amparo. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la promotora, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
4. En cuanto a la otra de las quejas de la impugnante, considera la Sala que, ante las anteriores circunstancias, resultar\u00eda prematuro efectuar cualquier consideraci\u00f3n, respecto a la valoraci\u00f3n que se efectu\u00f3 en la reprochada sentencia del 20 de septiembre pasado, del dictamen pericial practicado en segunda instancia, pues lo cierto es que, de prosperar el incidente de desacato antes referido, ello conllevar\u00eda el quiebre de ese fallo. <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abEl juez no podr\u00e1 designar como auxiliar de la justicia al c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o alguno de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o cuarto civil del funcionario que conozca del proceso, de los empleados del despacho, de las partes o los apoderados que act\u00faen en \u00e9l\u2026\u00bb <\/p>\n
8 <\/p>\n
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