STC15881-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15881-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 44001-22-14-000-2021-00099-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, salud, ambiente sano, \u00abintegridad social, cultural\u2026 espiritual\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se le ordene al Ministerio del Interior \u00abverificar y certificar la presencia de [su] comunidad\u2026 para determinar si se encuentra en \u00e1reas de influencia de la mina de carb\u00f3n que est\u00e1 siendo explotada por la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited\u00bb; a la ANLA que realice \u00abuna inspecci\u00f3n judicial de verificaci\u00f3n de campo para determinar cu\u00e1les son las afectaciones directas en materias ambientales que las explotaciones de carb\u00f3n est\u00e1n originando contra [su] comunidad\u00bb; a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira \u00abinterpretar y aplicar lo ordenado por la sentencia T-704 de 2016 de la Corte Constitucional\u00bb; al Ministerio de Minas y Energ\u00eda y la Agencia Nacional de Miner\u00eda que procedan a \u00abrendir un informe sobre las explotaciones de carb\u00f3n que han ordenado que se efect\u00faen en las tierras colectivas y \u00e1reas de influencia de la comunidad\u00bb; y al Ministerio de Salud y de la Protecci\u00f3n Social \u00abinvestigar las enfermedades que est\u00e1n padeciendo las familias de la comunidad\u2026 originadas por las explotaciones de carb\u00f3n que est\u00e1 realizando la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, en su territorio colectivo\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el accionante que su comunidad estaba conformada por 400 familias nativas, de las que m\u00e1s de 100 se encontraban asentadas actualmente en el territorio de propiedad colectiva, pues las restantes fueron desplazadas; que han sufrido da\u00f1os y perjuicios ocasionados por la explotaci\u00f3n de carb\u00f3n en su territorio ancestral y \u00e1reas de influencia en virtud de la contaminaci\u00f3n ambiental de gran escala, lo que ha ocasionado destrucci\u00f3n de flora, fauna, fuentes h\u00eddricas y les ha generado enfermedades respiratorias y cancer\u00edgenas. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el plan de manejo ambiental dise\u00f1ado por la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited no contemplaba medidas preventivas para mitigar la contaminaci\u00f3n ambiental, lo que adem\u00e1s creaba desplazamiento; y que su comunidad se encuentra ubicada a menos de 1km del Cerrej\u00f3n, en donde todos los d\u00edas se realiza dicha explotaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Adujo que en 2019 la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n y la ANLA solicitaron al Ministerio del Interior certificaci\u00f3n de presencia de 284 comunidades \u00e9tnicas, sin embargo, dejaron por fuera a la suya -Comunidad Afrodescendientes de Oreganal-, pese a encontrarse en las \u00e1reas de influencia de la mina; que en agosto de 2019 presentaron un desacato ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina de la Guajira solicitando se convocara a consulta previa a la comunidad en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-704 de 2016 de la Corte Constitucional, empero, dicha autoridad se abstuvo de darle apertura al mismo y luego emiti\u00f3 autos de verificaci\u00f3n de cumplimiento. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, as\u00ed como la Agencia Nacional de Miner\u00eda ten\u00edan pruebas y conocimiento de que su comunidad estaba ubicada en el \u00e1rea de influencia; y que el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social conoc\u00eda que estaban padeciendo de enfermedades respiratorias y cancer\u00edgenas originadas por el polvillo del carb\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Adujo que Carbones del Cerrej\u00f3n solicit\u00f3 consulta previa con comunidades \u00e9tnicas, pero los excluy\u00f3; que quien deb\u00eda convocar a los procesos de consulta previa y certificar las comunidades era el Ministerio del Interior, no la referida empresa; y que se atentaba contra su integridad social, cultural, espiritual y territorial. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico, sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, error inducido y desconocimiento del precedente judicial; que ninguna autoridad p\u00fablica pod\u00eda definir si un sujeto hac\u00eda parte de una minor\u00eda \u00e9tnica, pues eran las comunidades las que fijaban los criterios de permanencia; y que cumpl\u00eda con los requisitos de procedencia del resguardo. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Ministerio del Interior indic\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; que no era la competente para hacer seguimiento a los impactos ambientales que generaba un proyecto; que lo atinente al proceso consultivo por las actividades desarrolladas por la Empresa de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited fue zanjado por la Corte Constitucional en sentencia T-704 de 2016, la que no ten\u00eda orden directa en su contra, sino que dejaba en potestad de la ANLA y de la referida empresa determinar cuando y con cuales comunidades ejecutar\u00eda la consulta previa; que dicho proceso no hab\u00eda concluido, por lo que no hab\u00edan sido excluidos, incluso se separ\u00f3 en mina, l\u00ednea f\u00e9rrea y puerto, convocando a algunas comunidades para estas dos \u00faltimas actividades; que la tutela no era el mecanismo para deprecar el cumplimiento de una orden judicial, pues para ello contaba con el incidente de desacato; que era de su competencia la presunta omisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira, no era la autoridad que determinaba los impactos ambientales que generaba la actividad minera, ni pod\u00eda adoptar medidas sobre el territorio de la comunidad; que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez; y que no exist\u00eda prueba sumaria de las supuestas afectaciones causadas. <\/p>\n
2. Carbones del Cerrej\u00f3n Limited se\u00f1al\u00f3 que no era cierto que no contara con un plan o licencia de manejo ambiental; que no aportaba evidencia de la existencia de un territorio colectivo; que la solicitud que radic\u00f3 sobre presencia de comunidades solo comprend\u00eda la operaci\u00f3n f\u00e9rrea; que el cumplimiento de la sentencia T-704 de 2016 lo adelantaba en dos fases en raz\u00f3n a su complejidad -plan de mitigaci\u00f3n y plan de compensaci\u00f3n-, por lo que no era cierto que se hubiese excluido a las comunidades afrodescendientes; que actualmente ten\u00eda abierto el proceso de consulta con m\u00e1s de 270 comunidades \u00e9tnicas; que no hab\u00eda conculcado las garant\u00edas esenciales del promotor; que lo que se pretend\u00eda era modificar la orden impartida en el fallo de la Corte Constitucional con miras a obtener una certificaci\u00f3n del Ministerio del Interior de que la comunidad del gestor se encontraba en el \u00e1rea de influencia; y que no se acredit\u00f3 prueba sumaria que demostrara un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno; que el accionante ya hab\u00eda promovido otras tutelas con miras a que se incluyeran las comunidades en el proceso consultivo; que el gestor no hab\u00eda presentado nueva solicitud de desacato ni se pronunci\u00f3 dentro del incidente de incumplimiento; que no era cierto que no contara con otro mecanismo de defensa; que no observaba el presupuesto de la inmediatez; que no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; que los procesos de consulta previa ten\u00edan etapas y protocolos que deb\u00edan agotarse; que en ninguna decisi\u00f3n se consign\u00f3 que la comunidad Oreganal deb\u00eda ser excluida del proceso consultivo; que hab\u00eda resuelto las solicitudes presentadas; que el prove\u00eddo de 20 de mayo de 2020 no estaba desprovisto de motivaci\u00f3n; que no era admisible que se pretendiera que sobrepasara lo ordenado por la Corte Constitucional; que siempre hab\u00edan efectuado un estudio juicioso de cada uno de los informes y evidencias allegadas; que no pod\u00eda emitir \u00f3rdenes que no estuviesen contenidas en el fallo de tutela T-704 de 2016; que se encontraba pendiente de efectuar la verificaci\u00f3n de la presencia de grupos \u00e9tnicos en la zona de La Mina, por lo que conforme con lo se\u00f1alado en el escrito inicial quedar\u00eda cobijado en las pr\u00f3ximas solicitudes; que las gestiones adelantadas por las autoridades accionadas estaban sujetas a los cronogramas dise\u00f1ados; que si hab\u00eda efectuado un llamado a la celeridad o definici\u00f3n de plazos m\u00e1s certeros y razonables; que el tr\u00e1mite comprend\u00eda pocas comunidades, pero se hab\u00eda extendido a m\u00e1s de 100; que hab\u00edan surgido conflictos de representatividad al interior de algunas comunidades; que no era f\u00e1cil abordar el estudio del asunto, por la complejidad del mismo y los dem\u00e1s casos que atend\u00eda ese despacho. <\/p>\n
4. La Agencia Nacional de Miner\u00eda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la tutela, pues no exist\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que las pretensiones perseguidas giraban en torno a tr\u00e1mites que no estaban a su cargo, no hab\u00eda tenido ninguna participaci\u00f3n en los hechos relatados; y que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
5. El Ministerio de Minas y Energ\u00eda sostuvo que no contaba con legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no era el llamado a satisfacer las pretensiones del accionante; que no hab\u00eda transgredido los derechos fundamentales del accionante; que se observaba el requisito de la inmediatez; y que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
6. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales adujo que no era cierto que no existieran medidas de prevenci\u00f3n y mitigaci\u00f3n en la actividad minera; que no se pod\u00eda afirmar que hab\u00eda contaminaci\u00f3n ambiental a causa de la operaci\u00f3n del proyecto; que se encuentran junto con la Empresa Cerrej\u00f3n Limited llevando a cabo el proceso de consulta previa con las comunidades asentadas en el \u00e1rea de influencia; que si bien hab\u00eda solicitado las certificaciones, lo ven\u00eda adelantando de conformidad con la capacidad institucional, teniendo en cuenta el volumen de comunidades que hac\u00edan parte de la consulta, adem\u00e1s que no hab\u00eda iniciado el proceso respecto de las que se encontraban en el \u00e1rea de la mina; que no le constaba el tr\u00e1mite surtido ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira; que no era cierto que manifestara su negativa de iniciar la consulta previa con la comunidad accionante; que no era la competente para determinar si un proyecto afectaba o no a una comunidad \u00e9tnica; que no hab\u00eda transgredido las prerrogativas fundamentales; que solicit\u00f3 las certificaciones necesarias a la Direcci\u00f3n de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, entidad encargada de garantizar el derecho a la consulta previa de las comunidades \u00e9tnicas, tr\u00e1mite que se encuentra en desarrollo; que continuar\u00eda avanzando hasta cubrir la totalidad de las comunidades que se encuentran en el \u00e1rea de influencia del proyecto; y que no era la responsable de los presuntos hechos u omisiones que motivaron la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II Ambiental y Agraria de la Guajira asever\u00f3 que no hab\u00eda recibido petici\u00f3n alguna por parte del consejo comunitario Oreganal, ni intervenido como agente del Ministerio P\u00fablico dentro del desacato impetrado; que no ten\u00eda conocimiento de los tr\u00e1mites administrativos iniciados ante los dem\u00e1s entes accionados ni de las reclamaciones efectuadas; que no ten\u00eda injerencia en los hechos narrados o tr\u00e1mites de reclamaci\u00f3n; que el posible incumplimiento de la sentencia T-704 de 2016 deb\u00eda ser atendido a trav\u00e9s de un incidente de desacato, por lo que contaba con otro mecanismo de defensa; que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no ten\u00eda competencia para resolver las peticiones efectuadas o decidir sobre la procedencia de consulta previa, por lo que deprecaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
8. La Procuradur\u00eda Regional de la Guajira indic\u00f3 que se trataba de un trabajo conjunto en aras de garantizar los derechos fundamentales de las comunidades que pod\u00edan verse afectadas con la explotaci\u00f3n de carb\u00f3n, por lo que la comunidad de Oreganal, previa georreferenciaci\u00f3n y correcta ubicaci\u00f3n f\u00edsica, si es del caso, no pod\u00eda excluirse de los efectos jur\u00eddicos de la sentencia T-704 de 2016. <\/p>\n
9. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que ya se hab\u00eda proferido sentencia extensiva al actor y a la comunidad que representa, por lo que pod\u00eda acudir al incidente de desacato si consideraba que se vulneraban sus derechos; que frente a las actuaciones de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina de diciembre de 2019 y 20 de mayo de 2020, respecto de las que estimaba que su comunidad fue excluida de la consulta previa, advert\u00eda que el gestor ya hab\u00eda impetrado otra tutela que le hab\u00eda sido negada en ambas instancias; que en dichas decisiones no se excluy\u00f3 a la comunidad accionante, lo que era alejado de la realidad, sino que se mostraban los avances logrados respecto de las \u00f3rdenes impartidas por la Corte Constitucional; que se advert\u00eda un seguimiento trimestral de las entidades accionadas, las que han hecho \u00e9nfasis en las etapas que se adelantan ante la magnitud del proceso y cantidad de poblaciones \u00e9tnicas que han aparecido, por lo que no es factible que por igualdad se omita el orden previsto, por lo que el accionante deb\u00eda esperar el turno que le correspond\u00eda a su comunidad; y que no era dable desconocer los requisitos de procedibilidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando las peticiones expuestas en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, se anticipa la Corte la improcedencia del amparo impetrado, toda vez que esta Corporaci\u00f3n, en otrora oportunidad, se pronunci\u00f3 respecto de los mismos hechos y pretensiones elevadas por el accionante Calixto Dar\u00edo Marulanda P\u00e9rez, en calidad de representante legal del Consejo Comunitario Ancestral de Oreganal frente a la determinaci\u00f3n del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira con la que se abstuvo de iniciar el tr\u00e1mite del desacato impetrado, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad esta Sala, al resolver la tutela primigenia formulada por el gestor, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Muy temprano advierte esta Corporaci\u00f3n el decaimiento de la censura, en tanto que, no concurren ningunos de los supuestos que habilitan la censura de una determinaci\u00f3n adoptada en otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica clase con ocasi\u00f3n del \u00abincidente de desacato\u00bb, lo que cierra el paso a esta queja, m\u00e1xime que la disposici\u00f3n luce razonable, tal como se precisa a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Qued\u00f3 en evidencia que el Consejo Comunitario Ancestral de Oreganal radic\u00f3 \u00abincidente de desacato\u00bb, arguyendo el incumplimiento a la sentencia T-704 de 2016, dictada por la Corte Constitucional, por no haber iniciado el procedimiento de consulta previa que en aquella se dispuso, el cual forma parte de un c\u00famulo de solicitudes de varias poblaciones, tanto ind\u00edgenas como afrodescendientes, promovidas sistem\u00e1ticamente1 con id\u00e9ntico objeto: ser incluidas dentro del proceso de consulta previa. <\/p>\n
El fallador acusado ante aquel pedimento ofici\u00f3 al Ministerio del Interior para hacer seguimiento a las actuaciones desplegadas con ese cometido, encontrando que se han establecido unos cronogramas, practic\u00e1ndose multiplicidad de actos, con intervenci\u00f3n de los pueblos afectados, incluido que la empresa Carbones El Cerrej\u00f3n en septiembre de 2019 elev\u00f3 petici\u00f3n formal para el inicio del \u00abproceso de consulta previa\u00bb, con el concurso de 287 comunidades ind\u00edgenas que se ubican en la zona de influencia directa de la operaci\u00f3n minera. <\/p>\n
Del propio prove\u00eddo confutado y los documentos adosados se extrae el alto nivel de complejidad que reviste ese cumplimiento, dado que involucra no solo la coparticipaci\u00f3n de diversos estamentos y una multiplicidad de etnias, que aseguran afectaci\u00f3n, sino el agotamiento de una serie de etapas, que se vienen dando paulatinamente, al punto que a la fecha ya se alleg\u00f3 memorial para que se verifique la consulta con dos grupos poblacionales. <\/p>\n
Se puede afirmar entonces, que esa evoluci\u00f3n refleja una voluntad de sometimiento a lo prescrito, por parte de la empresa carbon\u00edfera y entidades involucradas, de suerte que hasta tanto no se d\u00e9 por concluida toda la operaci\u00f3n por los obligados, el juzgador del control del cumplimiento del resguardo no podr\u00e1 calificar si se acat\u00f3 o no debidamente lo dispuesto por el alto tribunal constitucional, para tomar las determinaciones a que hubiera lugar para alcanzar ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Paralelo a esto, puso de presente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, como juez de aquel primigenio amparo, que al margen de los m\u00faltiples desacatos incoados por los interesados en participar de la referida \u201cconsulta previa\u201d viene verificando el cumplimiento de la orden tuitiva, de suerte que se acate a cabalidad lo dispuesto por la Corte Constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n confutada resulta acorde con la realidad procesal y ajustada a la normativa que regula el tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
Si esto es as\u00ed y de la valoraci\u00f3n realizada por el convocado se extrajo que no ha habido un desacato injustificado que, por el contrario, se vienen dando avances concretos en pro de atender lo dictaminado, la apertura del incidente de desacato no se avizora imprescindible para garantizar la salvaguarda de los derechos que fueron amparados, puntualmente el de la consulta previa, que deslegitime la providencia increpada. <\/p>\n
5. Se concluye entonces que en el sub examine no se configura ninguno de los supuestos que tornen f\u00e9rtil la acci\u00f3n de tutela contra decisiones dictadas en incidentes de desacatos, circunstancia por la cual el prove\u00eddo rebatido deber\u00e1 ser confirmado (CSJ STC, 26 jun. 2020, rad. 2020-00031-01). <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, pues se cuestiona la determinaci\u00f3n del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira con la que se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato formulado, sin que las leves diferencias entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, advierte la Corte que la solicitud de amparo tambi\u00e9n est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se advierte que la parte accionante, cumpliendo con los requisitos exigidos para el efecto, cuenta con la posibilidad de interponer incidente de desacato frente a la sentencia T-704 de 2016 y exponer las inconformidades que ahora aduce, adem\u00e1s de acudir ante las dem\u00e1s autoridades acusadas a plantear sus reclamos, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La sistematicidad se concluye del hecho que un mismo apoderado judicial, en representaci\u00f3n de las varias comunidades han promovido, de manera separada solicitudes similares. <\/p>\n
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STC15881-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15881-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 44001-22-14-000-2021-00099-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). ANTECEDENTES 1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59596","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59596","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59596"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59596\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59596"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59596"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59596"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}