STC15885-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15885-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de octubre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Tovar Su\u00e1rez en su nombre y en el de su hijo menor XYX, contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Garz\u00f3n, XXX y XZX, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la condici\u00f3n descrita y a trav\u00e9s de apoderado judicial, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas, dentro de la ejecuci\u00f3n alimentaria iniciada en su contra por Amparo Tejada Trujillo, en nombre de sus hijas, entonces menores, XXX y XZX, radicada bajo el N\u00b0 2008-00223-01. <\/p>\n
Solicita, por tanto, \u00abdejar sin efectos la sentencia de fecha diecinueve (19) de agosto de 2021, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Garz\u00f3n Huila y, ordenarle al mismo emitir una nueva sentencia en Derecho, toda vez que incurri\u00f3 en un defecto probatorio\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de sus reclamos asevera, que en el decurso censurado se reclam\u00f3 el cobro de los alimentos concertados \u00aben acta de conciliaci\u00f3n de 22 de junio de 2006, dentro del proceso de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos (\u2026) instaurado por (\u2026) Amparo Tejada Trujillo\u00bb en nombre de sus hijas, aqu\u00ed accionadas; no obstante, el estrado denunciado inadmiti\u00f3 el libelo para que se ajustara en lo correspondiente, comoquiera que ante esa misma autoridad se hab\u00eda adelantado un juicio de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria que termin\u00f3 mediante acuerdo conciliatorio de 4 de diciembre de 2008. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aun cuando el extremo activo no corrigi\u00f3 en debida forma el escrito introductor, el 28 de noviembre de 2019 se libr\u00f3 mandamiento de pago atendiendo a lo acordado el 4 de diciembre de 2008 y, luego, \u00aba trav\u00e9s de una muy particular figura de \u2018auto de adici\u00f3n\u2019\u00bb, se complement\u00f3 la orden coercitiva para incluir \u00abgastos escolares en favor XXX\u00bb, emolumento que no hizo parte del convenio de 2008, \u00fanico vigente, y que tampoco responde a un \u00abvalor (\u2026) determinado [o] cuantificable por inexistencia de par\u00e1metros para tal efecto\u00bb. <\/p>\n
A pesar de formular reposici\u00f3n frente a las anteriores decisiones, las mismas se ratificaron, y en sentencia de 19 de agosto de 2021, se dispuso continuar la ejecuci\u00f3n conforme al apremio de pago, pronunciamientos que, seg\u00fan el promotor, lesionan las prerrogativas invocadas porque \u00abse fall\u00f3 con base en un t\u00edtulo ejecutivo que era plenamente obsoleto, inv\u00e1lido e ineficaz, como lo [era] el acta de conciliaci\u00f3n de fecha 22 de junio de 2006\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Despacho querellado relat\u00f3 los antecedentes del caso criticado y se\u00f1al\u00f3 que, en pasada ocasi\u00f3n, el censor formul\u00f3 otra tutela contra el mismo asunto, pero le fue negada en primer y segundo grado. Anot\u00f3 que en la sentencia controvertida no incurri\u00f3 en irregularidades, pues fue emitida \u00abcon fundamento en las pruebas recaudadas, la legislaci\u00f3n y jurisprudencia vigente, y dentro del proceso han sido ampliamente debatidas las inconformidades del ejecutado, especialmente en lo referente a los requisitos de los t\u00edtulos para prestar m\u00e9rito ejecutivo y las obligaciones contra\u00eddas en los mismos\u00bb. <\/p>\n
b. El Defensor de Familia solicit\u00f3 velar por los derechos de los menores involucrados, teniendo en cuenta el principio de prevalencia de las prerrogativas de \u00e9stos. <\/p>\n
c. El Procurador 19 Judicial II de Familia de Neiva advirti\u00f3 que, en caso de probarse el quebranto de las prerrogativas invocadas, deb\u00eda accederse a la salvaguarda peticionada. <\/p>\n
d. Amparo Tejada Trujillo, XXX y XZX, a trav\u00e9s de abogado, se opusieron al auxilio demandado alegando la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del menor representado por el tutelante; adem\u00e1s, defendieron la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada y advirtieron que el petente promovi\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela que fue desestimada. <\/p>\n
e. William Tovar Ram\u00edrez, a quien se le admiti\u00f3 la oposici\u00f3n al secuestro del predio cautelado en el juicio materia de queja, expres\u00f3 que es hijo del accionante y, por tanto, hermano de las ejecutantes. Se refiri\u00f3 a las distintas etapas del litigio confutado, sostuvo que su padre siempre cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n alimentaria demandada y expuso, in extenso, las razones por las cuales, en su criterio, s\u00f3lo prestaba m\u00e9rito coercitivo la conciliaci\u00f3n suscrita el 4 de diciembre de 2008, convenio del que, asever\u00f3, se \u00abexcluy\u00f3\u00bb lo concerniente a los \u00abgastos escolares en favor de XXX\u00bb. Expuso que sus hermanas son mayores de edad y ya no deben ser beneficiarias de la prestaci\u00f3n comentada, pues una de ellas, aunque intent\u00f3 estudiar, dej\u00f3 de hacerlo y tuvo un hijo recientemente y, la otra, ha desertado de varias carreras universitarias, por \u00faltimo, agreg\u00f3: \u00abmi padre (\u2026) no ha sido escuchado y al parecer teniendo la raz\u00f3n result\u00f3 condenado a pagar la obligaci\u00f3n de gastos escolares, muy seguramente seremos una familia m\u00e1s de desplazados, las cifras astron\u00f3micas que se le pretenden cobrar son impagables y yo me opuse en la diligencia de secuestro porque mi padre me regal\u00f3 una porci\u00f3n de tierra para sembrar pitahaya y pude probar que el cultivo es m\u00edo y que yo la comercializo. Es lo \u00fanico que el juzgado nos ha atendido frente al sin n\u00famero de solicitudes y el proceso a pesar de la pandemia se ha prolongado sin justificaci\u00f3n alguna, lo sometieron a un bloqueo econ\u00f3mico, su cuenta de ahorros se la embargaron y no pudo gestionar cr\u00e9ditos para abonar el caf\u00e9, y la finca se le embarg\u00f3 y secuestr\u00f3. Nuestro futuro es tan incierto, y pues como vamos veo dif\u00edcil terminar mis estudios universitarios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
f. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva deneg\u00f3 la protecci\u00f3n propuesta, aduciendo, primariamente, la falta de legitimaci\u00f3n por activa del menor XYX, hijo del solicitante, pues \u00e9ste no fue parte o tercero en el litigio criticado; asimismo, acot\u00f3 no hallar irregularidad en la gesti\u00f3n criticada, pues \u00ab[e]n el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto al mandamiento de pago, siendo en \u00faltimas esta decisi\u00f3n la que contiene la determinaci\u00f3n objeto de reproche constitucional, la directora del despacho le exterioriz\u00f3 al aqu\u00ed demandante el fundamento de su decisi\u00f3n as\u00ed: \u201c(\u2026) huelga exponer que el primer reparo expuesto por el ejecutado frente al mandamiento ejecutivo y su posterior adici\u00f3n, adolece de toda fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial, pues del expediente resulta claro que pese a que se suscit\u00f3 un Acuerdo Conciliatorio de Disminuci\u00f3n de Cuota Alimentaria para el d\u00eda cuatro (04) de Diciembre de dos mil ocho (2008), posterior al Acuerdo Conciliatorio de Fijaci\u00f3n de Cuota Alimentaria suscrito del d\u00eda veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil seis (2006), en momento alguno se concretaron en su totalidad los puntos del acuerdo primigenio, habida cuenta que solo se revalid\u00f3 el valor de las cuotas mensuales y semestrales, dejando inc\u00f3lume el numeral cuarto de la primera conciliaci\u00f3n, y siendo \u00e9ste el motivo por el cual el Juzgado solicit\u00f3 a la parte actora el arribo al proceso de la providencia posterior, y las correspondientes facturas de pago de matr\u00edcula universitaria, a efectos de ejecutar lo que en consecuencia se deven\u00eda como un t\u00edtulo ejecutivo complejo, pues acorde a la doctrina su unidad emana desde una perspectiva jur\u00eddica mas no f\u00edsica\u201d (sic) (\u2026) Bajo ese entendido, la Juez consider\u00f3 que al no haberse conciliado en el a\u00f1o 2008 lo concerniente al pago del 50% de los gastos escolares, dado que all\u00ed s\u00f3lo se refirieron a la disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria y a la semestral, dicha parte del acuerdo del 2006 segu\u00eda en firme con la plena validez para ser ejecutado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 William Tovar Ram\u00edrez aduciendo iguales cuestiones a las indicadas al contestar esta salvaguarda; as\u00ed mismo, advirti\u00f3 que el a quo constitucional desconoci\u00f3 sus alegaciones, por lo cual, en su sentir, debe anularse la actuaci\u00f3n o revocarse el fallo impugnado para concederle a su progenitor la protecci\u00f3n exigida. <\/p>\n
Tambi\u00e9n la present\u00f3 el tutelante, reiterando los argumentos expuestos en el libelo introductor y afirmando que el Tribunal no tuvo en cuenta sus reproches. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Delanteramente se resalta, que como lo expuso el Tribunal, el menor XYX, aqu\u00ed agenciado por su progenitor, carece de legitimaci\u00f3n en la causa para activar este mecanismo constitucional frente a la Juzgadora denunciada, pues no fue parte o tercero reconocido en las diligencias controvertidas y adelantadas ante esa funcionaria; por tanto, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 est\u00e1 Sala en un asunto similar, \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (CSJ STC2014-00598-01). <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, corresponde advertir, asimismo, que si bien el Guillermo Tovar Su\u00e1rez concurri\u00f3 antes a esta jurisdicci\u00f3n, censurando el decurso aqu\u00ed atacado, no se constata con la actual tutela un proceder temerario, comoquiera que en aquella oportunidad el querellante reclam\u00f3, puntualmente, \u00abdejar sin efecto el prove\u00eddo de 3 de mayo de 2021 y, en su lugar, tramitar el (\u2026) incidente de nulidad\u00bb, por \u00e9l propuesto al ocurrir, seg\u00fan dijo en esa ocasi\u00f3n, una \u00abnulidad constitucional\u00bb, cuesti\u00f3n distinta a lo esgrimido en esta tramitaci\u00f3n, donde, en estrictez, el peticionario refuta la sentencia proferida el 19 de agosto de 2021. <\/p>\n
4. Ahora, revisada la determinaci\u00f3n reprochada, emitida en audiencia, y las pruebas adosadas a este asunto, se concluye, como lo hizo el Tribunal, el fracaso de la salvaguarda incoada, pues no se evidencia irregularidad lesiva de las garant\u00edas invocadas en el fallo materia de cr\u00edtica. <\/p>\n
4.1. En efecto, se encuentra que la Falladora denunciada comenz\u00f3 por precisar las etapas del decurso, lo aducido por los involucrados en las distintas declaraciones y los soportes de los pagos alegados por el censor. Enseguida, record\u00f3 que en el prove\u00eddo de 24 de febrero de 2020 desat\u00f3 la reposici\u00f3n entablada por el querellante contra el mandamiento compulsivo y su adici\u00f3n, estudiando los reproches esgrimidos frente al t\u00edtulo ejecutivo compuesto, en su criterio, por las actas de conciliaci\u00f3n suscritas ante autoridad judicial el 22 de junio de 2006 y el 4 de diciembre de 2008, hall\u00e1ndose, en la \u00faltima, modificaciones en cuanto al valor de las cuotas mensuales y semestrales; empero no respecto de los \u00abgatos escolares\u00bb fijados en la primera, toda vez que ese concepto no fue expresamente retirado o modificado en el \u00faltimo convenio celebrado por las partes. Asimismo, acot\u00f3 que, si bien tal emolumento pod\u00eda resultar indeterminado, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, era determinable en la medida en que, como en el juicio denunciado, se acompa\u00f1aran los respectivos recibos que acreditaran su valor, pues as\u00ed lo expres\u00f3 ese Alto Tribunal en un caso an\u00e1logo – T-979 de 1999- al exponer: \u00abresulta usual que dentro de los procesos adelantados para demandar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria, \u00e9sta sea fijada en forma indeterminada pero determinable, acudiendo a f\u00f3rmulas como la utilizada en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en donde el padre responsable resulta gravado con la obligaci\u00f3n de cubrir los gastos de educaci\u00f3n de su hijo menor, o los gastos de salud, o similares. El cobro ejecutivo de las obligaciones as\u00ed fijadas, exige la integraci\u00f3n de un t\u00edtulo ejecutivo complejo, compuesto por la providencia judicial respectiva, sea la sentencia o el auto que aprueba la conciliaci\u00f3n, y los recibos de pago que demuestran que dichos gastos se han efectivamente causado y la cuant\u00eda de los mismos. Esta circunstancia no impide el cobro ejecutivo respectivo, pues hoy es com\u00fanmente admitido que la unidad del t\u00edtulo ejecutivo no consiste en que la obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible conste en un \u00fanico documento, sino que se acepta que dicho t\u00edtulo puede estar constituido por varios que en conjunto demuestren la existencia de una obligaci\u00f3n que se reviste de esas caracter\u00edsticas. As\u00ed pues, la unidad del referido t\u00edtulo ejecutivo es jur\u00eddica, mas no f\u00edsica\u00bb. <\/p>\n
4.2. A la luz de lo discurrido, advirti\u00f3 la improcedencia de la excepci\u00f3n planteada por el demandado, aqu\u00ed accionante, consistente en la supuesta inexistencia de la obligaci\u00f3n de sufragar los \u00abgastos escolares\u00bb de las hijas demandantes; no obstante, s\u00ed declar\u00f3 probada, parcialmente, la defensa de pago, pues del material demostrativo pod\u00eda colegirse que algunas cuotas alimentarias hab\u00edan sido canceladas en los a\u00f1os 2018 y 2019 y los soportes allegados arrojaban un monto total de $5.127.240, que deb\u00edan restarse del valor exigido. <\/p>\n
4.3. Posteriormente, teniendo en cuenta lo definido en la sentencia T-854 de 2012 de la Corte Constitucional, en cuanto a la exigibilidad de la prestaci\u00f3n alimentaria hasta la mayor\u00eda de edad del beneficiario y, luego, si \u00e9ste contin\u00faa estudiando, la Juzgadora adujo que de las distintas declaraciones ventiladas en el litigio, pod\u00eda evidenciarse que XXX hab\u00eda suspendido sus estudios desde el a\u00f1o 2019, inclusive, toda vez que desde all\u00ed se encontraba dedicada al cuidado de sus hijos y ya hab\u00eda formado una relaci\u00f3n marital, motivo por el cual la Funcionaria resolvi\u00f3 \u00abDESCONTAR un 50% de la cuota alimentaria desde todo el a\u00f1o 2019 y en adelante, por no haberse causado respecto de la joven XXX\u00bb, siendo viable su ejecuci\u00f3n, para ese a\u00f1o, s\u00f3lo, respecto XZX, quien si bien hab\u00eda interrumpido su educaci\u00f3n en el primer semestre de 2019, la retom\u00f3 luego, encontr\u00e1ndose, para la fecha de la sentencia discutida, matriculada en un programa acad\u00e9mico; en consecuencia, resolvi\u00f3 descontar de lo cobrado los seis (6) meses del a\u00f1o 2019 y seguir adelante el compulsivo conforme al apremio de pago y su complementaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Las elucubraciones antes rese\u00f1adas no se muestran arbitrarias o lesivas de prerrogativas sustanciales, pues la Juez atacada efectu\u00f3 un juicioso an\u00e1lisis de los t\u00edtulos objeto de cobro, los soportes allegados y las declaraciones recepcionadas, de todo lo cual coligi\u00f3 que se hab\u00edan efectuado pagos parciales; que deb\u00edan cobrarse las cutas de alimentos no canceladas entre el 2017 y 2019 para XXX y las de ese interregno m\u00e1s las causadas luego en relaci\u00f3n con XZX, restando los seis (6) meses en que \u00e9sta suspendi\u00f3 sus estudios; as\u00ed mismo, explic\u00f3, en detalle y memorando lo definido en el auto de 24 de febrero de 2020, mediante el cual se cerr\u00f3 la discusi\u00f3n sobre el mandamiento compulsivo, que los \u00abgastos escolares\u00bb acreditados deb\u00edan reconocerse porque no fueron modificados o excluidos a trav\u00e9s de la conciliaci\u00f3n de 2008, emolumento que se cobrar\u00eda, entonces, atendiendo a los recibos allegados y a la jurisprudencia constitucional aplicable. <\/p>\n
Por consiguiente, la simple divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. <\/p>\n
6. De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC14010-2021). <\/p>\n
7. Resta indicar, sobre las cuestiones alegadas por William Tovar Ram\u00edrez en su impugnaci\u00f3n, de una parte, que no se constata vicio que genere la invalidez de esta tramitaci\u00f3n, m\u00e1xime si aqu\u00e9l fue oportunamente notificado de este asunto, conociendo las decisiones emitidas y contando con la oportunidad de controvertirlas; y, de otro, que deber\u00e1 estarse a lo aqu\u00ed resuelto frente a los ataques contenidos en el libelo introductor, pues, en realidad, aqu\u00e9l carece de legitimaci\u00f3n para reprochar cualquier actividad de la Falladora denunciada, distinta a lo discutido sobre la oposici\u00f3n que le fue admitida frente al secuestro del bien cautelado en dicho litigio, aspecto ausente de queja en estas diligencias. <\/p>\n
8. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentran involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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