STC15889-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15889-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00900-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por N\u00e9stor Javier Ria\u00f1o Pineda contra los Juzgados Promiscuos Municipales de Aquitania y Tota y la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y libertad, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas, dentro del asunto penal seguido en su contra por violencia intrafamiliar, radicado bajo el N\u00b0 158224089001-2018-00061-01. <\/p>\n
Solicita, en concreto, \u00abse declare la nulidad de la actuaci\u00f3n a partir del 11 de abril de 2018, fecha en la que se realiz\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, por cuanto fue en esa audiencia en donde se [le] declar\u00f3 en contumacia (\u2026) [y se dejen] sin efectos las sentencias emitidas en primera instancia (\u2026) y en segunda (\u2026) por la existencia del defecto f\u00e1ctico y procedimental al momento de ser notificado (\u2026) de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n de fecha 11 de abril de 2018\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de sus reclamos asevera, que Adriana Mart\u00ednez lo denunci\u00f3 por el delito mencionado el 21 de junio de 2017, y ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Aquitania con funciones de Control de Garant\u00edas se celebr\u00f3 la audiencia de imputaci\u00f3n el 11 de abril de 2018, oportunidad donde el fiscal encargado pidi\u00f3 que se le declarara en contumacia \u00abcon base en el informe de notificaciones\u00bb, demanda acogida por dicho Juzgador, a\u00fan cuando \u00abnunca fue notificado telef\u00f3nicamente (\u2026) y tampoco recibi\u00f3 citaci\u00f3n alguna por escrito (\u2026) mediante la cual se solicitara su comparecencia\u00bb. <\/p>\n
Advierte que, si bien fueron \u00abnulas\u00bb las gestiones para su enteramiento, la anterior diligencia se consum\u00f3 con la anuencia de su defensor p\u00fablico, pues \u00e9ste \u00abactu\u00f3 de forma pasiva (\u2026) [sin] realiz[ar] ninguna objeci\u00f3n al informe de notificaci\u00f3n ni a la declaraci\u00f3n en contumacia\u00bb; as\u00ed mismo, se surtieron las dem\u00e1s etapas procesales, siendo condenado en primer grado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tota el 14 de agosto de 2019, determinaci\u00f3n ratificada, en sede de apelaci\u00f3n, por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Promiscuo Municipal de Aquitania expuso haber conocido del asunto sin lesionar las garant\u00edas del solicitante, pues la decisi\u00f3n de declararlo en contumacia en la diligencia de formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n la emiti\u00f3 luego de establecer que el petente hab\u00eda sido contactado a trav\u00e9s de su celular, pero no hab\u00eda concurrido a la audiencia. A\u00f1adi\u00f3 que el resguardo desconoc\u00eda los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues la actuaci\u00f3n criticada se realiz\u00f3 hace m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os y tampoco fue objeto de reproche al interior del decurso rebatido. Expres\u00f3 que, en todo caso, \u00abse verific\u00f3 el respeto de los derechos del procesado, quien adem\u00e1s se encontraba representado por su defensor p\u00fablico, realiz\u00e1ndose diligencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n sin advertirse irregularidad alguna, ni present\u00e1ndose oposici\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
b. La Fiscal\u00eda Tercera Local de Aquitania y Tota relat\u00f3 los antecedentes del caso y se\u00f1al\u00f3 que, si bien el querellante fue enterado de la fecha para la audiencia de imputaci\u00f3n, a trav\u00e9s de su celular, se neg\u00f3 a comparecer. Indic\u00f3 que la normatividad aplicable no impone el env\u00edo de notificaci\u00f3n f\u00edsica para agotar el enteramiento del procesado y destac\u00f3 que las dem\u00e1s actuaciones fueron comunicadas de la misma manera, concurriendo el tutelante, \u00fanicamente, a la audiencia de acusaci\u00f3n, adelantada el 7 de noviembre de 2018. <\/p>\n
c. El Juzgado Promiscuo Municipal de Tota se opuso a la prosperidad del resguardo, comoquiera que no se incurri\u00f3 en arbitrariedad en el caso confutado. Destac\u00f3, adem\u00e1s, que el querellante concurri\u00f3 a la audiencia de acusaci\u00f3n y all\u00ed se le pregunt\u00f3 a \u00e9l y a los dem\u00e1s intervinientes \u00absi exist\u00edan causales de nulidad, impedimentos o recusaciones, sin que la defensa o el aqu\u00ed accionante hubieran hecho ninguna manifestaci\u00f3n. Tampoco manifest\u00f3 si era su deseo relevar al Defensor P\u00fablico para que su defensa fuera asumida por parte de un Defensor de Confianza, luego no puede decirse que se le ha cercenado alg\u00fan derecho\u00bb; de igual modo, resalt\u00f3 que el censor fue renuente a asistir a las distintas etapas del litigio y \u00abla nulidad pretendida mediante la presente acci\u00f3n no fue propuesta en el escrito de apelaci\u00f3n formulado en contra de la sentencia condenatoria y tampoco acudi\u00f3 al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, escenario adecuado para formular su queja conforme se pretende\u00bb. <\/p>\n
d. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte deneg\u00f3 la protecci\u00f3n propuesta, por cuanto no hall\u00f3 arbitrariedad en la actuaci\u00f3n censurada, pues \u00abse advierte que el n\u00famero telef\u00f3nico al que se hizo [la] comunicaci\u00f3n [cuestionada] coincide con el que ahora reporta el actor -3112977695-, por lo que no existe raz\u00f3n alguna para poner en duda que N\u00c9STOR JAVIER RIA\u00d1O PINEDA ten\u00eda conocimiento de la actuaci\u00f3n que se segu\u00eda en su contra; de la audiencia de imputaci\u00f3n programada para el 11 de abril de 2018, y que aun as\u00ed se sustrajo de su deber de comparecer. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, la copia del proceso allegada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tota deja sin sustento jur\u00eddico los argumentos que fundamentaron la demanda y permite constatar, sin discusi\u00f3n alguna, que RIA\u00d1O PINEDA conoc\u00eda del proceso que se segu\u00eda en su contra. <\/p>\n
Se observa, con fundamento en las pruebas allegadas, que el procesado, ahora accionante, acudi\u00f3 personalmente a la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n celebrada el 7 de noviembre de 2018, qued\u00f3 registro de su asistencia en audio y video y confirm\u00f3 como n\u00famero telef\u00f3nico para efectos de notificaci\u00f3n el -3112977695-, es decir el mismo n\u00famero al que se hicieron las anteriores comunicaciones por parte del juez de control de garant\u00edas. <\/p>\n
En igual sentido se verifica que aun cuando se notific\u00f3 por estrados a las partes de la programaci\u00f3n de la audiencia preparatoria para el 23 de enero de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tota de manera diligente confirm\u00f3 su asistencia v\u00eda telef\u00f3nica una semana antes. En esa oportunidad el actor tambi\u00e9n confirm\u00f3 su comparecencia a la audiencia. <\/p>\n
Como el accionante no acudi\u00f3 a la citada diligencia, pese a haber sido comunicado en debida forma de su realizaci\u00f3n y confirmado su asistencia, el juzgador opt\u00f3 por librar el despacho comisorio No. 007 de 29 de enero de 2019 con destino a la Secretar\u00eda de Gobierno con funciones policivas de Tota para que efectuara notificaci\u00f3n personal al procesado y la v\u00edctima. <\/p>\n
En constancia de lo anterior se alleg\u00f3 notificaci\u00f3n personal en la que se puso de presente al acusado y la v\u00edctima de la programaci\u00f3n de la audiencia de juicio oral para el 20 de marzo de 20197. Igual situaci\u00f3n se present\u00f3 con las sesiones de juicio programadas para los d\u00edas 22 de mayo y 24 de julio de 2019, en las que tambi\u00e9n se logr\u00f3 la notificaci\u00f3n personal al accionante. <\/p>\n
(\u2026) Es por ello que (\u2026) resulta infundado pretender, por fuera del proceso ordinario, la nulidad de todo lo actuado con fundamento en situaciones que no se presentaron (\u2026) No sobra resaltar que RIA\u00d1O PINEDA tambi\u00e9n fue debidamente asistido por un profesional del derecho en cada una de las etapas del proceso, ejerci\u00f3 una defensa activa durante su desarrollo, solicit\u00f3 un fallo de car\u00e1cter absolutorio y, aun cuando no estaba obligado a ello, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n buscando la absoluci\u00f3n de su prohijado, distinto es que el caudal probatorio conllevara al tribunal a confirmar la condena\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el tutelante alegando cuestiones similares a las expresadas en el libelo introductor. Adicionalmente, resalt\u00f3 que si bien asisti\u00f3 a la audiencia de acusaci\u00f3n adelantada en el caso reprochado, \u00abdesconoc\u00eda de la existencia del proceso y no se agotaron suficientemente los medios id\u00f3neos para notificarlo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Analizada la queja constitucional, se establece que el peticionario reprocha, concretamente, la diligencia de 11 de abril de 2018, donde se llev\u00f3 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y se declar\u00f3 al petente en contumacia al no asistir a la misma, pues, seg\u00fan advierte, esa actuaci\u00f3n fue irregular, por cuanto la actividad para comunicarle del proceso fue \u00abnula\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pronto se advierte el fracaso de la salvaguarda por improcedente, pues la gesti\u00f3n censurada data del 11 de abril de 2018, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 solo hasta el 4 de mayo hoga\u00f1o, aun cuando el querellante hab\u00eda concurrido al decurso refutado, de manera directa, desde el 7 de noviembre de 2018, fecha de la audiencia de acusaci\u00f3n, circunstancia que evidencia la tardanza en la proposici\u00f3n del reclamo tutelar. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que, pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo -m\u00e1s de 2 a\u00f1os y 6 meses-, sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con la actuaci\u00f3n criticada; adem\u00e1s, no puede aducirse el desconocimiento del caso censurado, pues, como ya se indic\u00f3, el querellante acudi\u00f3 a la diligencia de acusaci\u00f3n y, con ello, tuvo pleno conocimiento de la tramitaci\u00f3n seguida en su contra, lo que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto antes mencionado, el cual impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que \u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC1994-2020). <\/p>\n
4. Ahora, aun soslayando el aludido requisito, el resguardo no tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, pues el tutelante, en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de utilizar los mecanismos de defensa judicial que la ley prev\u00e9 en este tipo de juicios para alcanzar lo pretendido por esta v\u00eda; as\u00ed, bien pudo solicitar la nulidad de lo actuado por la supuesta lesi\u00f3n de garant\u00edas sustanciales, conforme al art\u00edculo 457 de la Ley 906 de 2004 o incoar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente al fallo de segundo grado que ratific\u00f3 la condena impuesta en su contra, de acuerdo con lo prescrito en el canon 181 \u00eddem, no obstante, releg\u00f3 tales remedios, negligencia que impide la intervenci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n, dado su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC STC5293-2021). <\/p>\n
Puntualizando que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, resta se\u00f1alar, en lo atinente a la falta de defensa t\u00e9cnica alegada por el gestor, que la misma se encuentra descartada, dado que como lo informaron los falladores convocados y as\u00ed se extrae de la revisi\u00f3n del decurso realizada por el a quo constitucional, el censor cont\u00f3 con la asistencia de un defensor p\u00fablico durante todo el tr\u00e1mite, y si bien el tutelante compareci\u00f3 desde el 7 de noviembre de 2018, ninguna solicitud elev\u00f3 tendiente al cambio de ese profesional o a la designaci\u00f3n de uno de confianza, evidenci\u00e1ndose, con todo, que el nombrado apel\u00f3 el fallo de primer grado, y aunque no formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia que desat\u00f3 la alzada, el aqu\u00ed interesado habr\u00eda pod\u00eda instaurarlo sin necesidad de abogado dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la \u00faltima notificaci\u00f3n (Art. 183, C.P.P.), siendo necesaria la representaci\u00f3n judicial, \u00fanicamente, para la presentaci\u00f3n de la correspondiente demanda, circunstancias que descartan por si sola la vulneraci\u00f3n denunciada por este puntual aspecto. <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo constitucional criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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