STC15892-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15892-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01218-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 24 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Angie Lorena Arango Barbosa contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes dentro de la actuaci\u00f3n judicial a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones dictadas en el marco de la acci\u00f3n penal que se sigue en su contra por la presunta comisi\u00f3n del delito de homicidio agravado. <\/p>\n
Solicitan entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, que se ordene \u00abla exclusi\u00f3n del testimonio\u00bb en el marco de la citada causa. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado y en lo que concierne para la resoluci\u00f3n del presente asunto aduce, en lo esencial, que pese a que el testimonio de Harol Andr\u00e9s Tabares R\u00edos no fue solicitado por la Fiscal\u00eda 27 Seccional de La Virginia desde la audiencia preparatoria, \u00aby que por supuesto no fue decretad[o]\u00bb, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, en desconocimiento del precedente jurisprudencial, confirm\u00f3 en su integridad lo resuelto por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la primera de las localidades en la etapa de juicio, que neg\u00f3 la exclusi\u00f3n de la citada prueba, circunstancia que, dice, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Fiscal Veintisiete Seccional de La Virginia puntualiz\u00f3, que \u00abdesde el momento en que radic\u00f3 el correspondiente escrito de acusaci\u00f3n en el proceso penal, ten\u00eda claro que dentro de la actividad probatoria que desplegar\u00eda para probar la teor\u00eda del caso, se encontraba la declaraci\u00f3n del se\u00f1or HAROLD ANDRES TABARES RIOS, siendo una actuaci\u00f3n de forma sucesiva, que va desde la relaci\u00f3n de los hechos, donde se menciona al testigo como parte fundamental de los mismos, sin descartar su participaci\u00f3n activa para su demostraci\u00f3n, y que de todas formas fue descubierto a la defensa (accionante) y mencionado en la audiencia preparatoria, por ende se sab\u00eda de su existencia y la fiscal\u00eda dijo de su necesidad, con todo lo cual no hay sorprendimiento tal como lo indic\u00f3 el Tribunal en su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b. El titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de la misma localidad indic\u00f3, que no ha lesionado derecho alguno de la actora, pues en efecto respecto del citado testimonio se decant\u00f3 desde la audiencia preparatoria. <\/p>\n
c. El Magistrado Sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira se\u00f1al\u00f3, que \u00abla decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa contra el auto de primera instancia, no desconoce las garant\u00edas fundamentales de la demandante, toda vez que \u201cen ella se hizo una interpretaci\u00f3n sana de la realidad procesal que arrojaba la situaci\u00f3n f\u00e1ctica puesta de presente\u201d. A la pretensi\u00f3n de la parte actora dirigida a lograr la exclusi\u00f3n de un testimonio, indica que en la argumentaci\u00f3n expuesta en la providencia de segundo grado no existe una v\u00eda de hecho por estar ajustada a derecho, raz\u00f3n por la cual se remite al contenido de la misma. Aunado a lo anterior, el proceso seguido en contra de Arango Barbosa a\u00fan est\u00e1 en curso y por eso es al interior del mismo donde se podr\u00e1n adelantar las gestiones pertinentes en ejercicio del derecho a la defensa que le asiste, ya que es ese el escenario al cual debe acudir, raz\u00f3n por la cual no se observa cumplido el requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, \u00abcomoquiera que la actuaci\u00f3n est\u00e1 en curso, la implicada y aqu\u00ed accionante puede hacer uso de los medios de defensa que la normatividad procesal contempla, entre ellos, el de apelaci\u00f3n en el evento se emitirse una decisi\u00f3n contraria a los intereses de la implicada, y en ese evento, el ad quem est\u00e1 en el deber de verificar que la actuaci\u00f3n se hubiese surtido con apego al procedimiento previsto en la ley, que no se hubiesen comprometido garant\u00edas a las partes, de lo contrario, tendr\u00e1 que adoptar las decisiones que correspondan. Tampoco puede olvidarse que tiene igualmente la posibilidad de acudir ante la Corte Suprema de Justicia por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene el recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el acaso sub examine se observa, que la censura formulada por Angie Lorena Arango Barbosa est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra lo determinado el 28 de mayo de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n calendada 16 de abril de 2021 por medio de la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia \u00abneg\u00f3 la exclusi\u00f3n de un medio probatorio de la Fiscal\u00eda\u00bb, en el marco del proceso penal seguido en su contra por la presunta autor\u00eda del delito de homicidio agravado, pues seg\u00fan su criterio, la citada prueba no fue anunciada y decretada desde la audiencia preparatoria. <\/p>\n
3. Sin embargo, establecido lo anterior, es del caso se\u00f1alar que, examinadas las determinaciones criticadas y los alegatos plasmados en el libelo genitor de tutela, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, la Corte advierte que el amparo deviene improcedente, pues como de vieja data esta Corporaci\u00f3n ha precisado, las puntuales acusaciones que estructuran la acci\u00f3n materia de estudio desembocan en el terreno del motivo de improcedencia previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues los errores de linaje legal presuntamente cometidos por las autoridades jurisdiccionales convocadas, pueden ser, pues as\u00ed lo establece el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, corregidos a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico (v. gr. el instituto de las nulidades, de que tratan los art\u00edculos 456 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal), siendo entonces, por mandato normativo, otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente a la exclusi\u00f3n del medio de prueba y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que presuntamente de all\u00ed se derivan, n\u00f3tese que precisamente el art\u00edculo 457 de la citada codificaci\u00f3n prev\u00e9 la nulidad por \u00abviolaci\u00f3n del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales\u00bb; de este modo, antes de acudir al presente mecanismo, la interesada debe hacer uso de las herramientas que el legislador dispuso para la defensa de sus intereses, inclusive, tal como lo precis\u00f3 el a quo, cuando a\u00fan cuenta con la posibilidad de ventilar la particular tem\u00e1tica, a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n en contra del fallo de segundo grado que confirm\u00e9 la decisi\u00f3n de primera instancia en caso tal de que le resulte desfavorable. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, queda al descubierto la no viabilidad de lo pretendido, por cuanto estando el proceso penal en curso, se estar\u00eda interfiriendo en el marco de competencia del juez natural previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, y naturalmente el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que va en contrav\u00eda de los dictados de la doctrina constitucional, en raz\u00f3n a que cuestiones de esos singulares perfiles, evidentemente deben discutirse en el escenario procesal adecuado, a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, y, ante los funcionarios acusados; admitir que mediante una tutela se adelante un juicio constitucional para examinar situaciones que son objeto de juzgamiento en un proceso en curso por las autoridades competentes, conforme al tr\u00e1mite establecido por el legislador y las normas sustanciales que regulan el decurso seguido frente al gestor del amparo, es desconocer los principios de juez natural, competencia y debido proceso, lo cual es constitucionalmente improcedente. <\/p>\n
5. Al punto, la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, que \u00abEl juez de tutela no puede desplazar a los jueces ordinarios en el cumplimiento propio de sus funciones y con mayor raz\u00f3n cuando no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que hiciere procedente la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, pues mientras el proceso est\u00e9 en curso cualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuaci\u00f3n (\u2026) estar\u00edan siempre sometidas a la eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales\u00bb (CSJ T. 28152). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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