STC15893-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC15893-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04223-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Carlos Alberto Ram\u00edrez Ariza instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a Emanuel Alejandro Palacio Mej\u00eda y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2011-00422. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que se ordenara \u00abdictar la sentencia que en derecho corresponde dentro del proceso RENDICION DE CUENTAS HOY EJECUTIVO EN RENDICION DE CUENTAS, Radicaci\u00f3n 73001-31-03-001-2011- 00422-00 (\u2026) Se ordene DEJAR SIN VALOR LEGAL Y EFECTO JURIDICO, los actos procesales emitidos, tanto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, desde el auto admisorio de la demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas 26 de octubre de 2011, el auto aprobatorio de las cuentas solicitadas del 31 de agosto de 2012, y las subsiguientes actuaciones procesales, as\u00ed como la sentencia que neg\u00f3 la excepci\u00f3n de pago, confirmadas por el Honorable Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 hasta el 25 de agosto de 2021 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En compendi\u00f3 adujo que en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 curs\u00f3 el juicio de rendici\u00f3n provocada de cuentas que en su contra interpuso Emanuel Alejandro Palacio Mej\u00eda (rad. 2011-00422), en el que no se le reconocieron los pagos realizados con anterioridad al auto admisorio. <\/p>\n
Indic\u00f3 que Palacio Mej\u00eda dijo haberle entregado la suma de $80.000.000 para formalizar una sociedad y dividirse las ganancias de la empresa Consep Soluciones Integrales. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00ablos valores que se establecen en los documentos (pagos de $3.000.000 el 12 de octubre de 2011; $10.000.000 el 18 de octubre de 2011; $12.000.000 el 1 de noviembre de 2011 para un total de $25.000.000) hoy adjuntos al proceso corresponden a LOS RENDIMIENTOS sobre los OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) pretendidos en la demanda de RENDICION PROVOCADA DE CUENTAS, entregados antes de la presentaci\u00f3n de la demanda por parte del apoderado del demandante, al igual que la suma de SETENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($70.620.000), lo que llevar\u00eda escasamente a un pretensi\u00f3n m\u00e1xima de un 5% del valor total presuntamente adeudado por el demandado al demandante\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que Emmanuel Alejandro pretend\u00eda en el libelo la cantidad de $150.000.000, sin aclarar cada uno de los valores a los que ascend\u00eda lo pedido y aunque acept\u00f3 haber recibido $15.000.000, dicho monto no fue tenido en cuenta al aprobar la rendici\u00f3n de cuentas (31 ag. de 2012). <\/p>\n
Sostuvo que luego, \u00abel actor presenta DEMANDA EJECUTIVA, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 12 de diciembre del a\u00f1o 2012, con decreto de embargo y realizando secuestro de bienes, dineros en efectivo, dict\u00e1ndose sentencia de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 27 de febrero del a\u00f1o 2013\u00bb y, que el 23 de octubre de 2018 el estrado encartado declar\u00f3 que el ejecutante lo hab\u00eda inducido en error por haber requerido liquidar el cr\u00e9dito por $150.000.000 como capital m\u00e1s intereses moratorios a la tasa del 2% anual, por lo que resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR ILEGAL EL PROCESO EJECUTIVO DESDE EL MANDAMIENTO DE PAGO del 12 de diciembre del a\u00f1o 2012 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Expuso que contra la orden de pago formul\u00f3 excepciones, rechazadas en prove\u00eddo de 17 de enero de 2020 que dispuso continuar con el coercitivo; sin embargo, la determinaci\u00f3n fue revocada por el superior (12 jun. 2020), quien orden\u00f3 seguir el tr\u00e1mite procesal \u00abrespecto de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta\u00bb, pero \u00abel 21 de julio del 2021 el Juzgado 1\u00ba. Civil del Circuito rechaza la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n presentada y ordena continuar la ejecuci\u00f3n del cr\u00e9dito, decisi\u00f3n que tambi\u00e9n fue apelada y sustentada ante el Juzgador de primera instancia, guardando silencio en el tr\u00e1mite de segunda instancia motivo por el cual fuera declarado desierto\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 destac\u00f3 el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito alleg\u00f3 link de acceso al expediente digitalizado. <\/p>\n
Emanuel Alejandro Palacio Mej\u00eda resalt\u00f3 la inviabilidad del auxilio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que, frente a las providencias confutadas, el amparo resulta improcedente, porque se inobservaron, sin justificaci\u00f3n valida, los requisitos de la \u00abinmediatez\u00bb y subsidiariedad que imperan en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud, a que, lo inicialmente anhelado por Ram\u00edrez Ariza es que se dejen sin efectos \u00ab(\u2026) el auto admisorio de la demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas 26 de octubre de 2011, el auto aprobatorio de las cuentas solicitadas del 31 de agosto de 2012 (\u2026)\u00bb, sin embargo, entre la data de dichas actuaciones y la proposici\u00f3n de la queja superlativa se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abtutela\u00bb, pues n\u00f3tese que desde la \u00faltima de ellas (31 ag. 2012) y la radicaci\u00f3n del escrito superlativo (12 nov. 2021), transcurrieron nueve (9) a\u00f1os (2) meses y diez (10) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado, que: <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Ello, impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se demor\u00f3 en interponer la s\u00faplica supralegal, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la autoridad denunciada, con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Ahora, en lo que concierne con la rogativa tendiente a que se deje sin efectos la \u00absentencia que neg\u00f3 la excepci\u00f3n de pago, confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 hasta el 25 de agosto de 2021 (\u2026)\u00bb, resulta pertinente advertir que mediante sentencia de 22 de julio de 2021 el juzgado accionado declar\u00f3 la inexistencia de la prescripci\u00f3n y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, veredicto apelado por el precursor y, finalmente admitida en efecto devolutivo por el Tribunal de Ibagu\u00e9 (25 ag. 2021); empero, al no ser sustentada la alzada, se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n (8 sep. 2021), resoluci\u00f3n que no fue impugnada por el quejoso a pesar, que contra ella proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n, para replantear su desacuerdo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante el desaprovechamiento de esas herramientas, el interesado debe soportar las resultas adversas que dicha conducta conlleva. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, al respecto, esta Sala tiene dicho que <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.\u00bb (STC6663-2018, citada en STC762-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021). <\/p>\n
3.- Son estas razones las que conllevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela promovida por Carlos Alberto Ram\u00edrez Ariza. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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