STC15899-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15899-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04243-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Rojas Pineda contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Socorro y los intervinientes en el juicio punitivo n\u00ba 2011-80303. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos a la libertad, libre locomoci\u00f3n, vida digna y debido proceso, los cuales estima trasgredidos por la omisi\u00f3n de las autoridades accionadas en oficiar, y tomar nota, de la sentencia de casaci\u00f3n del 19 de febrero de 2021, mediante la cual la Sala hom\u00f3loga Penal dej\u00f3 sin efectos los fallos condenatorios de primer y segundo grado y, en su lugar, lo absolvi\u00f3 del delito de homicidio agravado que se le hab\u00eda imputado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, sostuvo que a pesar de que han pasado m\u00e1s de 6 meses desde que se dict\u00f3 dicho fallo, aun figura en su contra una circular roja y una orden de captura en las bases de datos de la Polic\u00eda Nacional, irregularidad que le ha impedido salir de su residencia, por temor a que lo retengan injustificadamente. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene, a la \u00abSala de Casaci\u00f3n penal, que remitan los oficios de cancelaci\u00f3n de la orden de captura (\u2026) y a la Polic\u00eda Nacional, CIJIN, CTI, INTERPOL, etc., que actualice sus bases de datos eliminando mi nombre de cualquier requerimiento de captura\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil hizo un breve recuento de lo actuado en el proceso penal materia de este tr\u00e1mite y manifest\u00f3 que, en su criterio, es el juzgador penal a quo el que debe librar los oficios que reclama el accionante. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Socorro envi\u00f3 los datos de identificaci\u00f3n y contacto de los intervinientes en el juicio penal. <\/p>\n
3. La Polic\u00eda Nacional indic\u00f3 que no ha recibido ninguna petici\u00f3n por parte del aqu\u00ed accionante y que al d\u00eda de hoy, las anotaci\u00f3n que de \u00e9l figuran en sus bases de datos, est\u00e1n actualizadas conforme a la informaci\u00f3n que se le ha remitido por parte de las autoridades judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela satisface el presupuesto de subsidiariedad y, de ser as\u00ed, si las autoridades encartadas incurrieron en las omisiones que all\u00ed se les atribuye. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la segunda modalidad, dado que el accionante no acredit\u00f3 que, antes de acudir a este excepcional mecanismo de protecci\u00f3n, hubiera elevado ante las autoridades encartadas la solicitud de actualizaci\u00f3n que aqu\u00ed reclama, sea presencialmente, por v\u00eda electr\u00f3nica o a trav\u00e9s de un mandatario. <\/p>\n
Bajo ese contexto, no se le puede atribuir a las querelladas una conducta negligente o abusiva cuando no tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre el sustrato f\u00e1ctico de la solicitud de amparo, ni tampoco corregir las eventuales irregularidades que as\u00ed lo ameritaran. <\/p>\n
Sobre el tema, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abla protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01). <\/p>\n
Le corresponder\u00e1, entonces, al actor comparecer ante las autoridades cuestionadas para realizar las peticiones que estime pertinentes y ejercer los mecanismos de contradicci\u00f3n frente a las decisiones que no comparta, ya que no es viable acudir al juez de tutela para sustituir la actividad del juez de conocimiento, cuando este es el legalmente habilitado para desatar la controversia puesta a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de amparo, por cuanto no se verifica el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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