STC15909-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15909-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04249-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Virgilio Poblador Su\u00e1rez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma especialidad de Barrancabermeja y los intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00020. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 24 de septiembre de 2021, mediante la cual la magistratura convocada acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n de tierras formulada en su contra, sin reconocerle compensaci\u00f3n econ\u00f3mica alguna, pese a su condici\u00f3n de segundo ocupante de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3, como medida transitoria, que mientras se decide esta acci\u00f3n se suspenda la diligencia de entrega programada para el pr\u00f3ximo 1\u00ba de diciembre y, como protecci\u00f3n definitiva, que se deje sin efectos el fallo objeto de censura y que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada aleg\u00f3 que la providencia objeto de censura no involucra v\u00edas de hecho que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Ecopetrol S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas dijeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3. El Procurador 12 Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras abog\u00f3 en favor de la solicitud de amparo, con base en similares alegaciones a las ofrecidas por el actor. <\/p>\n
4. El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras Barrancabermeja manifest\u00f3 que \u00e9l no trasgredi\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental del convocante, a lo que agreg\u00f3 que la diligencia de entrega del predio materia de controversia est\u00e1 programada para el pr\u00f3ximo 1\u00ba de diciembre. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura encartada lesion\u00f3 la garant\u00eda invocada en el libelo introductor, al acoger la demanda de restituci\u00f3n de tierras que se formul\u00f3 en contra de quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal convocado desestim\u00f3 las defensas propuestas por el aqu\u00ed accionante y acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura inici\u00f3 destacando que, \u00ablas pruebas documentales y testimoniales enlistadas, dan cuenta de la existencia de un contexto de violencia generalizado propio del conflicto en la zona urbana del municipio de Barrancabermeja y en concreto del Barrio Las Granjas para 1991 a la fecha inclusive, consistente en amenazas, asesinatos selectivos, extorsiones, desplazamiento forzado y control armado debido a la presencia de estructuras guerrilleras y paramilitares que la afectaron, dejando como resultado una violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, principalmente en la poblaci\u00f3n civil. Por ello, con todo y que el opositor Jos\u00e9 Virgilio Poblador Su\u00e1rez se\u00f1alara que en esa zona no exist\u00eda contexto de violencia para el momento de su arribo en 2013, fecha en que adquiri\u00f3 la vivienda, lo cierto es que al contrario y como prueba se tiene por ejemplo, el informe de riesgo 021 del 25 de septiembre de 2012 y las notas de seguimiento 04 del 26 de marzo de 2013 y 09 del 28 de mayo de 2014 de la Defensor\u00eda Regional Magdalena Medio, que advert\u00edan del riesgo en que se encontraba expuesta la poblaci\u00f3n de los diferentes barrios de Barrancabermeja por \u201cel accionar de los grupos armados ilegales posdesmovilizaci\u00f3n de las AUC autodenominados Los Urabe\u00f1os, Los Rastrojos y Los Botalones y de las guerrillas de las FARC y el ELN\u201d que para ese momento se disputaban el control territorial a trav\u00e9s de la instalaci\u00f3n de \u201cfronteras invisibles\u201d\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, luego de resaltar la evidencia que reflejaba la titularidad de la convocante sobre el predio materia del litigio; la destinaci\u00f3n residencial que en la \u00e9poca relevante se le ven\u00eda dando al inmueble, la condici\u00f3n de v\u00edctima del desplazamiento forzado de la actora, el nexo de causalidad entre el contexto de violencia y el abandono de la vivienda y la concurrencia de los presupuestos para la formalizaci\u00f3n de la restituci\u00f3n, el tribunal concluy\u00f3 que la foliatura no evidenciaba la condici\u00f3n de adquirente de buena fe exenta de culpa del convocado, ni tampoco la de segundo ocupante. <\/p>\n
Sobre el particular, recalc\u00f3 que el all\u00ed opositor \u00abno acredit\u00f3 en forma alguna las actuaciones positivas adicionales que despleg\u00f3 a eso de cumplir con el est\u00e1ndar probatorio, por lo que bajo esa premisa no ser\u00eda merecedor de la compensaci\u00f3n del art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, habida cuenta que conforme lo indica la jurisprudencia dicho proceder de quien se opone a efectos demostrativos para serle examinada en sede judicial una medida a su favor debe exteriorizar diligencia y precauci\u00f3n distinta a la realizada en el \u00e1mbito normal de las negociaciones, m\u00e1xime cuando estas se efect\u00faan en zonas donde impera el contexto de violencia y han ocurrido hechos m\u00e1s que anormales y trascendentes, siendo entonces que no basta con se\u00f1alar la licitud con la que compr\u00f3. Es as\u00ed, que no alcanzaba como ac\u00e1 ocurri\u00f3, con \u00fanicamente realizar una lectura del folio de matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble que adquir\u00eda o de quedarse \u00fanicamente con el estudio adelantado por la entidad bancaria que le otorg\u00f3 el cr\u00e9dito, pues aparte de insistir que se tratan de actuaciones normales de cualquier negocio o proceso comercial, qued\u00f3 comprobado del an\u00e1lisis propio del caso, que en fechas anteriores fueron m\u00e1s que notorias las afectaciones que produjo el conflicto armado en el barrio Las Granjas donde se ubica la vivienda, por la presencia de m\u00faltiples grupos ilegales que incidieron no solamente en el abandono de la mayor\u00eda de ellas sino concretamente en la dejaci\u00f3n de la que adquiri\u00f3 y que adem\u00e1s propiciaron el despojo de hecho y jur\u00eddico que favoreci\u00f3 a Olga y en el mantenimiento de la ocupaci\u00f3n irregular que al final concluy\u00f3 en su titulaci\u00f3n por EDUBA, empresa que inclusive admiti\u00f3 el convulsionado contexto de violencia para ese periodo, al igual que las testigos Victoria Cosio Anc\u00edzar y Josefina Ortiz que trajo a etapa judicial\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abde haber en realidad preguntado a esos vecinos que dijo contactar, hubiera obtenido la informaci\u00f3n veraz de lo que ocurri\u00f3 en el inmueble, pues as\u00ed lo hicieron saber Ang\u00e9lica Sarmiento Oliveros, Luis Eduardo Castro Rodr\u00edguez, Wilson Nieto Aricapa y Amanda Esteban Mac\u00edas, esta \u00faltima que tambi\u00e9n y por las mismas circunstancias debi\u00f3 abandonar la vivienda luego de intimidaciones en su contra, sumado al hecho, de que no tan lejos siempre ha residido Rosalba Cris\u00f3stoma Portillo de Montes, progenitora de la ac\u00e1 reclamante, que en su af\u00e1n de recuperar lo que le pertenec\u00eda, no s\u00f3lo en una sino en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n insisti\u00f3 en su devoluci\u00f3n por parte de Olga y Heriberto, que al final le provoc\u00f3 m\u00faltiples amenazas y desplazamientos. Es decir, tuvo a su alcance los medios para enterarse de esos sucesos victimizantes concretos ocurridos sobre la heredad, pero no hizo mayor cosa para averiguarlos, sino que simplemente y como lo afirm\u00f3 se qued\u00f3 con la lectura del folio de matr\u00edcula inmobiliaria. Y es que el hecho de no ser de la zona o haber llegado coet\u00e1neamente a la negociaci\u00f3n del inmueble, incluso antes porque en sede judicial dijo que su arribo se dio en 2012 y el acuerdo ocurri\u00f3 en 2013, para estos an\u00e1lisis propios del proceso de restituci\u00f3n de tierras y en concreto de la acreditaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa, no lo exime de esas actuaciones que a todos los opositores le son exigidas a eso de acceder a una medida de compensaci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan, cuando como qued\u00f3 dicho pudo con suficiencia haberlas desplegado pero no lo hizo, siendo que el acuerdo lo pact\u00f3 con quien particip\u00f3 directamente en el despojo, no solamente por el inici\u00f3 de la ocupaci\u00f3n ilegal consentida por el EPL sino, agravada con la utilizaci\u00f3n de la estructura para mantenerse all\u00ed a partir del constre\u00f1imiento que ejerci\u00f3 contra Rosalba, y el acercamiento que tuvo con el comandante paramilitar que intercedi\u00f3 a su favor al reclam\u00e1rsele su devoluci\u00f3n por intermedio de uno de sus integrantes, por dem\u00e1s, toda una amalgama de acciones conectadas y desarrolladas cronol\u00f3gicamente que terminaron en la adjudicaci\u00f3n de la vivienda y luego en su venta\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, igualmente, que conforme \u00abal informe de caracterizaci\u00f3n realizado por la UAEGRTD, Jos\u00e9 Virgilio Poblador Su\u00e1rez cuenta con 34 a\u00f1os a la fecha, en uni\u00f3n marital con Luz Hilda Comezaquiera Lavacude de 30, y con un hijo de 6, afiliados todos al r\u00e9gimen especial de salud de Ecopetrol, y seg\u00fan RUAF o SISPRO cotizantes a pensi\u00f3n en Colfondos. De las condiciones socioecon\u00f3micas, se indic\u00f3 de ingresos mensuales la suma de $3\u2019200.000 por labores desarrolladas en Ecopetrol como contratista y los de su compa\u00f1era en $1\u2019500.000 por docente en el magisterio, para un total de $4\u2019700.000. As\u00ed mismo, sus egresos fueron tasados en $3\u2019410.000, luego del pago de servicios p\u00fablicos domiciliarios por $360.000, alimentaci\u00f3n en $1\u2019100.000, y tres deudas bancarias, la primera por la hipoteca que pesa sobre el bien reclamado por $580.000, la segunda que gestion\u00f3 para remodelaci\u00f3n de la casa en $370.000 y la \u00faltima de $1\u2019000.000, con motivo de una compra de vivienda que adelant\u00f3 en el municipio de Duitama (Boyac\u00e1), valores que adem\u00e1s de su dicho no se trajo constancia alguna para soportarlos como era su deber. Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 la entidad que el opositor adem\u00e1s del predio reclamado, figura de propietario de cuatro inmuebles m\u00e1s; tres ubicados en Duitama y uno m\u00e1s en San Vicente de Chucur\u00ed, informaci\u00f3n que fue corroborada por la SNR la que agreg\u00f3 que este registra como titular de otros dos bienes, localizados en Duitama y Barrancabermeja, para un total de seis. Del grado de dependencia con el predio solicitado, la UAEGRTD concluy\u00f3 en el informe que los ingresos del hogar del opositor no derivan econ\u00f3micamente de \u00e9ste y que, aunque es utilizado de vivienda, Jos\u00e9 Poblador posee m\u00e1s bienes con los que puede garantizar su derecho fundamental, por lo que no se le consider\u00f3 como segundo ocupante\u00bb. <\/p>\n
Y sobre la misma tem\u00e1tica, remat\u00f3 indicando que \u00abconforme respuesta de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas93 el opositor no registra en sus bases de datos, y de cara a lo indicado por la UAEGRTD en su informe y las dem\u00e1s pruebas incluyendo la tra\u00edda por la SNR, no se verifica una dependencia con el predio reclamado en restituci\u00f3n, siendo que de \u00e9l no dependen exclusivamente ni derivan su sustento econ\u00f3mico, poseyendo otros m\u00e1s urbanos y rurales hasta en Barrancabermeja donde reside y labora actualmente, de donde puede garantizar su derecho a la vivienda digna, am\u00e9n de lo que ya se concluy\u00f3 de no contar con un \u00edndice de pobreza multidimensional, enfermedades o condiciones que reflejen circunstancias de vulnerabilidad equiparables a las se\u00f1aladas por la Corte Constitucional, es por lo que en el presente caso se elimina cualquier posibilidad de reconocerle la calidad de segundo ocupante y por ende otorgarle una medida de atenci\u00f3n a su favor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15909-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15909-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04249-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Virgilio Poblador […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59611","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59611\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}