STC15927-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15927-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04246-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la tutela que Juan Carlos Ramos Rodr\u00edguez como agente oficioso de la menor Yinna Marcela Campos Paz, instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva a los Juzgados Cuarto, S\u00e9ptimo y Noveno Civiles del Circuito de la misma ciudad, y a los dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 13001310300420140013100. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia y del ni\u00f1o\u00bb, para que se revocara \u00abel auto proferido el d\u00eda 6 (sic) de marzo de 2020\u00bb por la Magistratura censurada y, en consecuencia, se le ordenara \u00abproferir sentencia de segunda instancia, con base a la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, presentado el d\u00eda 12 de marzo de 2019\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el superior, luego de admitir la alzada (15 may. 2019), la declar\u00f3 desierta por inasistencia de la parte inconforme (4 mar. 2020). <\/p>\n
Adujo que, en tiempo, justific\u00f3 la no comparecencia, pero no fue aceptada al no fundarse en hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito (14 ag. 2020), determinaci\u00f3n ratificada v\u00eda de reposici\u00f3n (28 oct.). <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abel expediente fue remitido al juzgado de origen, donde [solicit\u00f3] copia autentica del mismo y este fue entregado solo hasta el presente a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2.- Las autoridades convocadas remitieron el expediente digital para su estudio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se advierte el fracaso del resguardo, porque se inobserv\u00f3, sin raz\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto de la inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud a que, entre la fecha del auto por medio del cual el Tribunal de Cartagena no acept\u00f3 la excusa presentada \u00abpor el abogado de la parte demandante\u00bb (14 ag. 2020) y la radicaci\u00f3n del escrito superlativo (12 nov. 2021), transcurrieron catorce (14) meses y veintinueve (29) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta) (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021, STC14745-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se demor\u00f3 en incoar la guarda, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la entidad denunciada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Sin perjuicio de lo anterior, y como se invoca la custodia de \u00abun sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb, se advierte que no hay lugar a flexibilizar el criterio esbozado porque sujetar la salvaguarda a la entrega de copias, es tanto como aceptar que no se conoc\u00eda la existencia de la resoluci\u00f3n que defini\u00f3 el asunto, lo cual no se acredit\u00f3. Sumado a que, verificado el sistema de consulta web \u2013TYBA-, las mismas se evidenciaron en las fechas establecidas en el libelo, por tanto, si se cre\u00eda que la decisi\u00f3n emitida lesionaba sus prerrogativas, tuvo que \u00abjustificarse\u00bb suficientemente la tardanza para impetrar esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a este t\u00f3pico, tambi\u00e9n esta Corporaci\u00f3n ha predicado, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el precedente constitucional es claro en afirmar que puede prescindirse de este requisito de procedibilidad, siempre que se presenten circunstancias puntuales que expliquen la pasividad de la parte actora, precis\u00e1ndose entre los criterios a evaluar: <\/p>\n
\u00ab(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb (CC SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10). (STC4650-2020). <\/p>\n
Esto es as\u00ed, porque, las circunstancias aqu\u00ed observadas, como en otras ocasiones lo ha apreciado esta Colegiatura, impiden: <\/p>\n
\u00abpredicar al reclamante el desconocimiento de la suerte de la actuaci\u00f3n emprendida, puesto que seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia era carga que pesaba en [\u00e9l], ya directamente ora a trav\u00e9s de su apoderado judicial\u2026 \u2018[N]o puede olvidarse, existe en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ SC, 10 mayo 2011, Exp. 00365-01) (CSJ STC15768-2016, 1\u00ba nov. 2016, rad. 2016-03038-00, STC5694-2018, citadas en STC13731-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instaurada por Juan Carlos Ramos Rodr\u00edguez como agente oficioso de la menor Yinna Marcela Campos Paz. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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