STC15935-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15935-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-00710-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 25 de octubre de 2021 por la Sala de Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela que INCOLTA INTERVENTORIAS y CONSULTORIAS S.A.S. le instaur\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia Oral de Barranquilla, extensivo a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00043-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La tutelante requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos \u00aba la reserva legal, debido proceso, igualdad\u00bb, para que se ordenara dejar sin efectos \u00abel auto que decret\u00f3 la prueba de exhibir los documentos de la sociedad y se abstenga de requerir nuevamente a la sociedad [para que presente dicha documentaci\u00f3n], m\u00e1xime si ya tiene la informaci\u00f3n certificada con la cual se puede determinar que el se\u00f1or Jhomer Adolfo L\u00f3pez Vargas, no recibi\u00f3 utilidades\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento de lo suplicado, se tiene que, en el Juzgado Quinto de Familia Oral de Barranquilla cursa la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que Jhomer L\u00f3pez Vargas le inco\u00f3 a Mar\u00eda Luisa Vecino Torres, en cuya diligencia de inventarios y aval\u00faos \u00e9sta relacion\u00f3 como partida integrante del activo social el valor de las utilidades que recibi\u00f3 el demandante por concepto de 50.000 acciones de las que era titular en la Sociedad INCOLTA INTERVENTORIAS y CONSULTOR\u00cdAS S.A.S., y solicit\u00f3 requerir a dicha empresa para que exhibiera \u00ablos documentos contables, legales y financieros de la sociedad, mediante los cuales se determinar\u00e1 el valor de la partida que se pretend\u00eda incluir en el activo social\u00bb (4 ag. 2021). <\/p>\n
En tal virtud, se decretaron diferentes pruebas, entre ellas, oficiar a la actora para que informara y expidiera copia de: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los estados financieros b\u00e1sicos y sus notas (balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estados de cambios en la situaci\u00f3n financiera y el estado de flujos en el efectivo) de la sociedad INCOLTA S.A.S a corte 31 de diciembre de 2002 hasta el a\u00f1o 2020, en donde se refleje el valor de las utilidades o p\u00e9rdidas de cada ejercicio contable. Lo anterior, a fin de verificar si esa sociedad registr\u00f3 utilidades susceptibles de ser repartidas entre los accionistas durante esos ejercicios contables. <\/p>\n
Los proyectos de distribuci\u00f3n de utilidades que debieron ser entregados por el se\u00f1or representante legal de la empresa INCOLTA S.A.S. a los se\u00f1ores accionistas en la asamblea ordinaria de accionistas, correspondiente a los a\u00f1os 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. <\/p>\n
Las actas de asamblea ordinaria y\/o extraordinaria de asamblea general de accionistas de la sociedad INCOLTA S.A.S. en donde se haya aprobado la distribuci\u00f3n de utilidades entre los accionistas, en donde se haya decidido y votado su acumulaci\u00f3n o su destinaci\u00f3n para cancelar deudas, o donde se haya manifestado la existencia de p\u00e9rdidas. <\/p>\n
La copia del libro de registro de accionistas en donde consta la transferencia de las acciones de la sociedad INCOLTA S.A.S. que hizo el se\u00f1or JHOMER LOPEZ VARGAS. <\/p>\n
Se sirvan certificar la cuant\u00eda, fecha de entrega y forma de pago de las utilidades repartidas al accionista JHOMER LOPEZ VARGAS desde el 7 de junio de 2002 hasta la fecha en que efectivamente transfiri\u00f3 sus acciones en dicha compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
En caso de que no conste en el libro de registro de accionistas, solicitamos que la citada sociedad rinda informe sobre las siguientes circunstancias: sobre la fecha exacta en que el se\u00f1or JHOMER LOPEZ VARGAS hizo la transferencia de sus acciones dentro de la sociedad INCOLTA SAS y la cuant\u00eda de esa operaci\u00f3n contractual\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, la libelista manifest\u00f3 \u00abreserva legal de la informaci\u00f3n solicitada\u00bb y la pasiva insisti\u00f3 en el cumplimiento de lo dispuesto. En tal virtud, el despacho, so pena de aplicar las sanciones contempladas en el art\u00edculo 44, numeral 3 del C\u00f3digo General del Proceso, conmin\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda a acatar lo resuelto, aclarando que la \u00abinformaci\u00f3n solicitada va encaminada a las ganancias que generaron las acciones del se\u00f1or JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS, comprendido entre los periodos desde el a\u00f1o 2002 al 2020, a\u00f1o en que se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio civil entre los contrayentes\u00bb (23 sep. 2021). <\/p>\n
Nuevamente INCOLTA INTERVENTORIAS y CONSULTORIAS S.A.S. indic\u00f3 que \u00abla informaci\u00f3n pedida recae sobre datos contables, financieros y jur\u00eddicos de toda la existencia de la sociedad, la cual ni siquiera puede ser solicitada por las autoridades competentes (DIAN, Superintendencia de Sociedades, Jueces Civiles siempre que los procesos sean de naturaleza civil-comercial)\u00bb. No obstante, teniendo en cuenta la precisi\u00f3n del estrado judicial, aport\u00f3 varios documentos que, en su opini\u00f3n, son v\u00e1lidos y constituyen plena prueba a la luz de la normatividad civil, tributaria y comercial, con los que cotej\u00f3 y asever\u00f3: \u00abQue el se\u00f1or Jhomer Adolfo Lopez Vargas, no recibi\u00f3 utilidad alguna por las acciones que posey\u00f3 en la sociedad INCOLTA S.A.S., desde los a\u00f1os 2002 a 2016, en raz\u00f3n a que, el m\u00e1ximo \u00f3rgano social (Asamblea de Accionistas), decidi\u00f3 reinvertir las utilidades generadas por la empresa en la misma sociedad. En consecuencia, no hubo distribuci\u00f3n de utilidades a los accionistas y no se encuentran pendientes utilidades susceptibles de ser decretadas y distribuidas\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, estima la gestora que la insistencia en la exhibici\u00f3n de los documentos a pesar de la reserva legal invocada vulnera las prerrogativas rogadas, m\u00e1xime cuando \u00abentreg\u00f3 documentaci\u00f3n que torna innecesaria la remisi\u00f3n de todos los libros y dem\u00e1s informaci\u00f3n privada de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, en tanto, INCOLTA \u00absuministro unas certificaciones, pero las mismas no cumpl\u00edan con la obligaci\u00f3n impuesta por este despacho judicial, pues la ahora accionante manifiesta que los documentos solicitados por este despacho poseen en s\u00ed mismo una reserva legal. Se elucida que la \u00fanica finalidad de dicho requerimiento instado a INCOLTA, tiene como finalidad auscultar las utilidades que posee a su favor el se\u00f1or JHOMER LOPEZ VARGAS, como socio de dicha empresa, as\u00ed mismo es menester indicar que dicha solicitud se hace conforme al art\u00edculo 264 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con los art\u00edculos 61 y subsiguientes del C\u00f3digo de Comercio entre ellos el articulo 64 Numeral 4\u00bb. <\/p>\n
Jhomer Adolfo L\u00f3pez Vargas resalt\u00f3 la improcedencia del ruego, por cuanto se busca proteger \u00abel derecho constitucional a la reserva societaria\u00bb, ya que la empresa es un tercero no inmerso en la Litis y, por ende, su \u00abinformaci\u00f3n societaria, financiera y contable\u00bb es privada respecto de Vecino Torres. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo concedi\u00f3 el auxilio porque, a pesar de que, en su criterio, \u00abla prueba decretada por el juzgado reprochado no es de informe, al contrario, se trata de una exhibici\u00f3n de documento por lo tanto su pr\u00e1ctica y valoraci\u00f3n deben seguir las reglas de dicho medio probatorio\u00bb, y que, \u00abno puede entrar a analizar si a pesar de ello, la empresa accionante no est\u00e1 obligada a exhibir o presentar tales documentos de soporte, como quiera que, esa es una situaci\u00f3n que debe analizar el juez natural, esto es, el que orden\u00f3 la prueba, mediante el tr\u00e1mite incidental previsto en el art. 267 del C.G.P.\u00bb, evidenci\u00f3 que la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en defecto procedimental, consistente en no notificar debidamente el auto que orden\u00f3 la prueba a la quejosa, ya que se trata de un \u00abTercero a quien se le ordena la exhibici\u00f3n de documentos societarios, a efectos de que dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de dicho auto, pueda ejercer el derecho que le otorga el art. 267, de oponerse o rehusarse a la exhibici\u00f3n, alegando y acreditando los hechos en los que considera se encuentra el fundamento legal de tal comportamiento procesal, para que el juez valores tales pruebas, y con base en ellas, determine si asiste o no raz\u00f3n a ese tercero, y en caso negativo, le imponga la sanci\u00f3n que corresponde; pues se advierte que sin haber notificado tal auto a la empresa INCOLTA S.A.S., le orden\u00f3 rendir un informe y certificaci\u00f3n, anexando una serie de documentos que forman parte de aquellos de naturaleza societaria, sin haberla notificado previamente por aviso para ello, y tampoco haber dado inicio al tr\u00e1mite incidental correspondiente, a pesar de haber manifestado dicha empresa que no est\u00e1 obligada a tal exhibici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, podr\u00eda pensarse que dicha irregularidad fue saneada, porque la compa\u00f1\u00eda actu\u00f3 sin alegarla, \u00abpero persiste vulneraci\u00f3n en aquella parte en que no se ha dado inicio al tr\u00e1mite incidental por la oposici\u00f3n a la exhibici\u00f3n presentada por dicha empresa\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, orden\u00f3 al convocado, \u00abproceder a aperturar el tr\u00e1mite incidental previsto en el art. 267 del C.G.P. en armon\u00eda con el art. 44 del mismo Estatuto Procesal, respecto de la oposici\u00f3n de la empresa Sociedad INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. de allegar con el informe y certificaci\u00f3n que le fueron ordenadas\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 Mar\u00eda Luisa Vecino Torres, aduciendo, que \u00abResulta desatinado tratar de encuadrar la orden probatoria bajo la \u00e9gida de las normas que disciplinan la exhibici\u00f3n de documentos debido a que, una interpretaci\u00f3n en tal sentido desconoce la forma como fue solicitada la prueba y la forma como fue decretada por la c\u00e9dula judicial accionada, en auto dictado en audiencia p\u00fablica que, adem\u00e1s, no le mereci\u00f3 reparo al litigante Jhomer L\u00f3pez Vargas \u2013quien ostenta la condici\u00f3n de representante legal de Incolta S.A.S- quien estaba representado a trav\u00e9s de su apoderada judicial, ni a ninguno de los intervinientes en el proceso liquidatario donde se profiri\u00f3 el decreto de pruebas para desatar las objeciones a los inventarios y aval\u00faos, lo que necesariamente conlleva a afirmar que la decisi\u00f3n cobro firmeza en la misma audiencia del pasado 4 de Agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que, en caso de aceptarse que se trat\u00f3 de una \u00abexhibici\u00f3n de documentos\u00bb, lo cierto es que INCOLTA dej\u00f3 precluir la oportunidad para oponerse a la \u00aborden de exhibici\u00f3n\u00bb y tampoco requiri\u00f3 abrir la articulaci\u00f3n respectiva, incumpli\u00e9ndose el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00abLa orden de exhibir la documentaci\u00f3n (sic) a INCOLTA SAS se realiz\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico de fecha 9 de agosto de 2021, remitido al correo incolta@gmail.com. Pero, solo hasta el d\u00eda 26 de agosto de 2021 la citada sociedad comercial manifest\u00f3 por primera vez que se opon\u00eda a la orden del despacho por considerar que la informaci\u00f3n peticionada estaba escoltada por el derecho de reserva legal y que en tales circunstancias no era posible exhibirla. Dicha manifestaci\u00f3n la hizo 12 d\u00edas despu\u00e9s de hab\u00e9rsele comunicado la decisi\u00f3n por correo electr\u00f3nico, cuando claramente hab\u00eda fenecido el plazo legal previsto para el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte la revocatoria del veredicto opugnado y el fracaso de la salvaguarda, por las razones que a continuaci\u00f3n se expresan. <\/p>\n
1.1.- Mar\u00eda Luisa Vecino Torres, por fuera del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n a INCOLTA INTERVENTORIAS y CONSULTORIAS S.A.S. (15 abr. 2021), suplicando informaci\u00f3n relacionada con las ganancias que generaron las acciones de L\u00f3pez Vargas entre los periodos 2002 al 2020 en dicha empresa, detallando varios asuntos, a saber, indicar los estados financieros de INCOLTA S.A.S. con el fin de verificar si esa sociedad registro utilidades susceptibles de ser repartidas entre los accionistas; se\u00f1alar los proyectos de distribuci\u00f3n de utilidades que debieron ser entregados por el representante legal de dicha sociedad a los accionistas en la asamblea ordinaria; precisar en cu\u00e1les actas de asamblea ordinaria se aprob\u00f3 la distribuci\u00f3n de utilidades entre los accionistas, en las que se haya decidido y votado su acumulaci\u00f3n o destinaci\u00f3n para cancelar deudas, o d\u00f3nde se haya manifestado la existencia de p\u00e9rdida; y, certificar la cuant\u00eda, fecha de entrega y forma de pago de la utilidades repartidas al accionista L\u00f3pez Vargas desde el 2002 hasta la fecha que efectivamente trasfiri\u00f3 sus acciones a dicha compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
El 21 de abril de 2021, INCOLTA desatendi\u00f3 tales pedimentos, alegando que dicha \u00abinformaci\u00f3n goza de reserva legal\u00bb. En consecuencia, Vecino Torres \u00absolicit\u00f3 la prueba por informe\u00bb, puesto que, a pesar de ejercer las potestades extraproceso con ese fin, no fue posible obtenerla. <\/p>\n
As\u00ed entonces, el juzgado, a petici\u00f3n de Mar\u00eda Luisa decret\u00f3 el medio suasorio ordenando a la sociedad rendir \u00abinforme detallado\u00bb de los aspectos antes relacionados con el objetivo de determinar las utilidades que posee a su favor L\u00f3pez Vargas como socio de dicha empresa, lo cual termina siendo relevante para la diligencia de inventarios y aval\u00faos de los bienes a liquidar en la sociedad conyugal. <\/p>\n
1.2.- De lo anterior, colige la Sala, que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, la decretada en el proceso confutado fue una \u00abprueba por informe\u00bb, no la de exhibici\u00f3n de documentos, por lo que, en consecuencia, no eran aplicables las reglas de \u00e9sta, entre ellas la notificaci\u00f3n por aviso prevista en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 266 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, la \u00abprueba por informe\u00bb, se encuentra regulada por los art\u00edculos 275 y siguientes ib\u00eddem, en los que no se avizora una forma espec\u00edfica de notificaci\u00f3n al tercero obligado a rendirlo, ni el tr\u00e1mite de incidente alguno. <\/p>\n
1.3.- Revisada la documentaci\u00f3n allegada por el juzgado accionado, se observa que el 8 de agosto del presente a\u00f1o, mediante mensaje enviado por correo electr\u00f3nico, enter\u00f3 la orden decretada en la audiencia de inventarios y aval\u00faos a INCOLTA S.A.S., quien en el escrito de tutela reconoce haberlo recibido. <\/p>\n
Significa entonces, que el estrado acusado si cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de poner en conocimiento del destinatario de la orden el contenido de la providencia aludida, garantiz\u00e1ndole el derecho a la defensa y contradicci\u00f3n, al punto que respondi\u00f3 el 26 de agosto de 2021, arguyendo reserva legal de la documentaci\u00f3n requerida. <\/p>\n
Adicionalmente, en el l\u00edbelo genitor, en ning\u00fan momento la actora aleg\u00f3 la indebida notificaci\u00f3n como irregularidad que conculcara su \u00abderecho al debido proceso\u00bb, justamente porque conoci\u00f3 el contenido del auto que decret\u00f3 dicha prueba, por lo que no hab\u00eda lugar a conceder el amparo en ese sentido. <\/p>\n
1.4.- Ahora, la \u00abprotecci\u00f3n a los derechos de reserva legal, defensa e igualdad\u00bb, resulta inviable, ya que, contrario a lo afirmado en la primera instancia, no se satisfizo la exigencia de la \u00absubsidiariedad\u00bb, como quiera que el interlocutorio que decret\u00f3 la prueba de suministro de informaci\u00f3n financiera y contable de la sociedad (4 ag. 2021), notificado a la querellante el d\u00eda 9 siguiente, no fue recurrido a trav\u00e9s del mecanismo id\u00f3neo, ni tampoco en la oportunidad procesal debida (art\u00edculo 302 C.G.P.). Solo hasta el 26 del mismo mes se pronunci\u00f3 frente a lo dispuesto por el juzgado, contestaci\u00f3n a todas luces extempor\u00e1nea. <\/p>\n
En efecto, es di\u00e1fano que desperdici\u00f3 las herramientas que tuvo a su alcance para lograr lo que ahora pretende por esta v\u00eda, pues dej\u00f3 fenecer la posibilidad para contradecir la resoluci\u00f3n que ahora combate. De ah\u00ed que, ante el desaprovechamiento de ese remedio, deba soportar las resultas adversas que dicha conducta conlleva. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, al respecto, esta Corporaci\u00f3n tiene decantado, <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020). <\/p>\n
Por lo tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos en el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
2.- Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 infirmado para negar el auxilio reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15935-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC15935-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-00710-01 (Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 25 de octubre de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59616","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59616","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59616"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59616\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59616"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59616"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59616"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}