STC15940-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15940-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02268-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 20 de octubre de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Vargas Rojas contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n.\u00ba 1998-00189. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y vivienda digna, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada, por un presunto error al proferir el auto del 13 de mayo de 2021 que modific\u00f3 y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, al interior del referido litigio, pues en su sentir existe nulidad absoluta respecto de ese procedimiento. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso que, mediante la referida providencia, el estrado judicial accionado modific\u00f3 y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por valor de $273.767.469.93, la cual considera no cumpli\u00f3 con los requisitos estipulados por la Superintendencia Financiera de Colombia y el C\u00f3digo Civil, en tanto no reflej\u00f3 \u00ablas tasas de inter\u00e9s por mora aplicadas, mes por mes y a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1: (i) \u00abdeclarar la NULIDAD absoluta de la Liquidaci\u00f3n del Cr\u00e9dito ejecutada el 13 de mayo de 2021\u00bb, (ii) \u00abla suspensi\u00f3n de entrega del bien inmueble rematado\u00bb, y (iii) \u00abla suspensi\u00f3n de la entrega de t\u00edtulos\u00bb, lo anterior hasta tanto se liquide el cr\u00e9dito reflejando la tasa de inter\u00e9s por mora cobrada, correspondiente a cada mes, de conformidad con las aludidas disposiciones. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El titular del despacho denunciado hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del litigio que origina el reclamo, e inform\u00f3 que el 24 de febrero de 2021 se llev\u00f3 a cabo diligencia de remate del inmueble en disputa, siendo aprobada la subasta el 25 de marzo de la misma calenda y adjudicado el bien a Carlos Alfredo Garc\u00eda Gamba. All\u00ed mismo se orden\u00f3 la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito y a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 13 de mayo hoga\u00f1o, se modific\u00f3 y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n por valor de $273.767.469.93, la cual no fue objeto de oposici\u00f3n por parte del ejecutado, quedando en firme la decisi\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo, destacando que no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, ya que no hizo uso de los mecanismos ordinarios de defensa que ten\u00eda a su alcance, resaltando que \u00abmediante auto de 13 de mayo de 2021 se aprob\u00f3 una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito perseguido, realizada por el despacho, sin que el aqu\u00ed tutelante hubiesen presentado recurso alguno en contra de dicha providencia, a pesar de su inconformismo, lo que se\u00f1ala que la decisi\u00f3n se encuentra ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, insistiendo en los argumentos iniciales y afirmando que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el art\u00edculo 1971 del C\u00f3digo Civil sobre el derecho de retracto, dado que \u00abno est\u00e1 obligado a pagar al cesionario sino el valor que \u00e9ste haya cancelado por el derecho cedido, con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la CESI\u00d3N\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el gestor, en la medida en que, supuestamente, al modificar y aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito mediante auto del 13 de mayo de 2021, no lo realiz\u00f3 conforme lo prev\u00e9 el estatuto civil procesal, present\u00e1ndose una supuesta nulidad absoluta, al interior del hipotecario n.\u00b0 1998-00189 que se adelanta en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
3. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ STC5123-2018, 20 abr.). <\/p>\n
Por ese mismo sendero, se ha decantado que: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC6320-2018, 16 may.). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar el asunto sometido a escrutinio de la Corte, se advierte que se ratificar\u00e1 la inviabilidad del instrumento constitucional, en la medida en que se incumple el requisito que viene de comentarse. Lo anterior, toda vez que lo pretendido por el gestor es que, a trav\u00e9s de esta senda, se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 que proceda a invalidar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito modificada y aprobada mediante providencia del 13 de mayo de 2021. <\/p>\n
No obstante, aunque frente a esa decisi\u00f3n el interesado interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n (f. 969, cd. ppal.), el despacho accionado dispuso en auto del 6 de julio hoga\u00f1o mantener en firme la resoluci\u00f3n y conceder la alzada (f. 990, \u00eddem), pero la constancia secretarial del 15 del mismo mes y a\u00f1o indic\u00f3 que \u00abla parte interesada no sufrag\u00f3 las expensas necesarias para la expedici\u00f3n de las copias ordenadas en auto calendado seis (6) de julio de la presente anualidad\u00bb (f. 992, \u00edd.), con lo que se dej\u00f3 fenecer la oportunidad para que el superior funcional evaluara los argumentos planteados por el interesado. <\/p>\n
Sobre la utilizaci\u00f3n de los medios ordinarios como requisito para acudir a esta v\u00eda, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
4.2. En cuanto a la diligencia de remate del inmueble en disputa, realizada el 24 de febrero de 2021, cabe se\u00f1alar que \u00e9sta se orden\u00f3 luego de agotadas todas las etapas del ejecutivo, sin que se advierta un perjuicio irremediable o una situaci\u00f3n especial que impidiera su pr\u00e1ctica, lo anterior, teniendo en cuenta que se fundament\u00f3 en la normativa aplicable al caso concreto. <\/p>\n
Sobre el tema la Corte ha se\u00f1alado que dichas actuaciones: \u00ab(\u2026) son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
5. De los alegatos novedosos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n, encaminados a la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 1971 del C\u00f3digo Civil, se colige que este es un aspecto que no fue expuesto en debida forma en el curso de la primera instancia, por lo que, en esta senda, no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento, en atenci\u00f3n a la garant\u00eda fundamental del debido proceso que les asiste a las partes. <\/p>\n
Sobre la improcedencia de traer acontecimientos no controvertidos y por ende novedosos en sede de tutela, la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00abRespecto de las circunstancias que expuso la impugnante ante esta Corporaci\u00f3n (\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: \u201c(\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa.\u00bb (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada en STC800, 5 feb. 2015)\u00bb (STC14922-2017, 20 sep. 2017, rad. 01913-01). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado, se impone ratificar el fallo de primera instancia ya que, como lo tiene planteado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ STC, 5048-2018, 19 abr.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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