STC15946-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15946-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01685-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 26 de agosto de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Iv\u00e1n Hern\u00e1ndez Berm\u00fadez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja y la Fiscal\u00eda 6\u00aa Seccional de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas y Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n del Tribunal para la Paz de la Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz, las Fiscal\u00edas 39 y 33 Especializadas de DD. HH., de Bogot\u00e1, la 115 Especializada de DD. HH., de Neiva, los abogados Luis Hernando Valero Montenegro, Fenibal Ram\u00edrez Fern\u00e1ndez, Hernando Cucunub\u00e1 Olmos y Luis Hernando Castellanos Fonseca, y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2011-00661. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y principio de legalidad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, se extrae de la demanda y los anexos que, contra el ac\u00e1 accionante se iniciaron tres procesos penales; uno por \u00abhomicidio agravado\u00bb de su expareja y \u00abtentativa de homicidio\u00bb de la madre de aquella \u2013 radicado n\u00ba 2011-00661; por otro lado, las Fiscal\u00edas 39 (radicado n\u00ba 2008-80001) y 114 (radicado n\u00ba 2008-80154) Especializadas de Bogot\u00e1 y Neiva, respectivamente, abrieron investigaciones por los delitos de \u00abhomicidio en persona protegida\u00bb presuntamente cometidos mientras prest\u00f3 sus servicios como oficial del Ej\u00e9rcito Nacional durante el a\u00f1o 2007. <\/p>\n
Por la totalidad de los hechos descritos, Hern\u00e1ndez Berm\u00fadez present\u00f3 solicitud de sometimiento a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, sin embargo, la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas de ese tribunal, con resoluci\u00f3n SDJ N\u00ba 2132 del 23 de junio de 2020, rechaz\u00f3 la postulaci\u00f3n respecto del proceso con radicado n\u00ba 2011-00661 \u00abpor no cumplir los \u00e1mbitos de competencia material y personal de esa jurisdicci\u00f3n\u00bb, es decir, por tratarse de una conducta que no guardaba relaci\u00f3n con el conflicto armado y no acaeci\u00f3 en ese contexto, determinaci\u00f3n contra la cual el interesado formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n; el primero de ellos, resuelto negativamente, mientras que el de alzada se encuentra pendiente. <\/p>\n
Luego, en veredicto del 29 de julio de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, confirm\u00f3 en su integridad la condena, decisi\u00f3n contra la cual se formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, a\u00fan en tr\u00e1mite. <\/p>\n
Cuestiona el actor las rese\u00f1adas actuaciones, pues sostiene que las autoridades accionadas de la justicia ordinaria no ten\u00edan competencia para juzgarlo mientras que su postulaci\u00f3n a la JEP no estuviera resuelta, lo que considera constituye un \u00aberror procedimental\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, el proceder de los juzgadores de instancia desconoci\u00f3 las \u00ablas disposiciones contenidas en la Ley 1957 de 2017, la sentencia C-025 de 2018 de la Corte Constitucional, el Decreto 706 de 2017, entre otras normas propias de la JEP, en las que se indica que los funcionarios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo podr\u00e1n realizar acciones de indagaci\u00f3n e investigaci\u00f3n, y se abstendr\u00e1n de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, correspond\u00eda entonces suspender el proceso penal hasta que la justicia transicional se pronunciara frente a los recursos interpuestos contra la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 su postulaci\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, se quej\u00f3 adem\u00e1s que el tribunal adelant\u00f3 la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia sin su presencia ni la de su defensor de confianza. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se declare la nulidad de las providencias judiciales de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Barrancabermeja y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, indic\u00f3 que conoci\u00f3 la apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida en primera instancia dentro del proceso 2011-00661 que conden\u00f3 al ac\u00e1 actor, resolviendo ratificarla. Adujo que, comoquiera que la JEP rechaz\u00f3 la competencia frente a dicho asunto, la causa continu\u00f3 para la justicia ordinaria, \u00absin que ello configure una afrenta al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al reproche por adelantar la audiencia de lectura de fallo sin el defensor del procesado, explic\u00f3 que, en todo caso, su inasistencia no constituye vulneraci\u00f3n de garant\u00edas, pues se ocup\u00f3 de notificar personalmente el contenido del fallo tanto al profesional del derecho como al sentenciado, dejando claro que, hasta que el enteramiento no se hiciera efectivo, los t\u00e9rminos para la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n no iniciar\u00edan; as\u00ed, el pasado 4 de agosto el defensor interpuso el recurso extraordinario y los t\u00e9rminos para la presentaci\u00f3n de la demanda comenzaron a correr desde entonces. <\/p>\n
2. La Juez Segunda Penal del Circuito de Barrancabermeja, relacion\u00f3 las incidencias del juicio que se adelant\u00f3 contra Hern\u00e1ndez Berm\u00fadez, precisando que se le respetaron todos sus derechos y garant\u00edas. <\/p>\n
3. La magistrada cognoscente de la solicitud de postulaci\u00f3n del ac\u00e1 accionante, de la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, indic\u00f3 que, en efecto, fueron tres procesos penales por los que Hern\u00e1ndez Berm\u00fadez solicit\u00f3 ser aceptado en esa jurisdicci\u00f3n, sin embargo, respecto del radicado 2011-00661 el sometimiento fue rechazado el 23 de junio de 2020, decisi\u00f3n recurrida por el peticionario. <\/p>\n
Inform\u00f3 adicionalmente que, el referido actor la recus\u00f3, y que el tr\u00e1mite de la recusaci\u00f3n fue resuelto por la Sala de Apelaciones el 10 de febrero de 2021 declar\u00e1ndola infundada. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 que el recurso de reposici\u00f3n formulado contra la negativa o rechazo de la postulaci\u00f3n, fue resuelto mediante resoluci\u00f3n del 26 de agosto de 2021 en la que mantuvo la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada formulada en subsidio, por lo que remiti\u00f3 el expediente a la Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n, instancia que no lo ha definido. <\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja, encargada de la investigaci\u00f3n por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, radicado 2011-00661, expuso que, la solicitud de sometimiento elevada por el accionante ante la JEP \u00abconstitu\u00eda una de las estrategias empleadas por el encartado para dilatar el desarrollo del mismo\u00bb, por lo que pidi\u00f3 que se deniegue el amparo. <\/p>\n
6. El Fiscal 63 Especializado de Derechos Humanos de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el despacho 39 de esa unidad fue suprimido, por lo que asumi\u00f3 toda su carga, incluyendo las investigaciones por delitos contra los Derechos Humanos en las que se encuentra involucrado el exmiembro del Ej\u00e9rcito Nacional, Oscar Iv\u00e1n Hern\u00e1ndez Berm\u00fadez, radicados 2007-80180 y 2008-80154. Puntualiz\u00f3 que, por el contexto en el que se presentaron los hechos objeto de esas indagaciones, se cumplen los requisitos para ser asumidos por la competencia de la JEP. <\/p>\n
7. La Fiscal\u00eda 114 Especializada de Derechos Humanos de Neiva, destac\u00f3 que le fue asignada la indagaci\u00f3n por homicidio en persona protegida por hechos en los que est\u00e1 presuntamente comprometido el ac\u00e1 tutelante \u2013 radicado 2008-80001, actualmente suspendida, en raz\u00f3n a que fue presentada para el conocimiento de la JEP. <\/p>\n
8. Finalmente, los abogados Fenibal Ram\u00edrez Fern\u00e1ndez, Hernando Concub\u00e1 Olmos y Luis Hernando Valero Montenegro, manifestaron que actualmente no fungen como defensores del accionante. Los dos primeros mencionados, indicaron que hacen parte de FONDETEC \u2013 Fondo de Defensa T\u00e9cnica y Especializada de los Miembros de las Fuerzas Militares \u2013, y admitieron haberlo asistido en los procesos cuya investigaci\u00f3n adelantan las fiscal\u00edas especializadas en Derechos Humanos. Los tres abogados, indicaron que en el juicio 2011-00661 no han actuado. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda por no cumplir el principio de subsidiariedad que orienta esta excepcional v\u00eda tutelar, por cuanto el juicio penal objeto de reproche se encuentra en tr\u00e1mite, pues est\u00e1 cursando el recurso de casaci\u00f3n contra el fallo del tribunal accionado que confirm\u00f3 la condena que le fue impuesta al actor en el proceso radicado 2011-00661, \u00ab(\u2026) en esa medida, se destaca que el inconformismo del accionante puede ser planteado a trav\u00e9s de los medios extraordinarios que ofrece el procedimiento penal, concretamente mediante la demanda de casaci\u00f3n\u00bb; y apunto adicionalmente que, \u00ab(\u2026) si el actor considera que su juez natural pertenece a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, o que el Tribunal accionado incurri\u00f3 en un yerro procedimental que cercen\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, dichos aspectos deben ser ventilados dentro del curso del proceso penal que se est\u00e1 desarrollando, donde cuenta con las herramientas para exponer v\u00e1lidamente su alegaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante replicando en extenso las argumentaciones y alegaciones del escrito inicial. De otro lado, cuestion\u00f3 la tard\u00eda notificaci\u00f3n del fallo de primera instancia; asimismo, discuti\u00f3 la competencia de esta Corporaci\u00f3n para conocer la tutela, por cuanto se encuentra comprometida la actuaci\u00f3n de la JEP, debiendo ser ese tribunal el que asuma el conocimiento de esta demanda. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en expresar su inconformidad con los fallos proferidos en su contra por el juzgado penal de conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, por diversas situaciones como la valoraci\u00f3n probatoria, la tipificaci\u00f3n de la conducta de tentativa de homicidio, el derecho a la defensa t\u00e9cnica y que se le neg\u00f3 la posibilidad de declarar en su propio juicio. <\/p>\n
Adujo que sufre de una persecuci\u00f3n por parte de las autoridades judiciales, que se ha generado un \u00abcomplot\u00bb en su contra, y que se han \u00abconfabulado [\u2026] para destruir una persona que prest\u00f3 sus servicios al pa\u00eds [\u2026] que enfrent\u00f3 los grupos insurgentes por 20 a\u00f1os, y que hoy en d\u00eda le condenaron a 500 meses de prisi\u00f3n con pruebas de duda reputaci\u00f3n y obtenci\u00f3n\u00bb. Finalmente, recalc\u00f3 que los funcionarios accionados, al continuar con el juicio, desconocieron la competencia prevalente de la JEP. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el actor dentro del juicio penal que se le adelant\u00f3 por los delitos de \u00abhomicidio agravado y tentativa de homicidio\u00bb – radicado n\u00ba 2011-00661 \u2013, al condenarlo a la pena de 500 meses de prisi\u00f3n, desconociendo, supuestamente, la competencia prevalente de la JEP, en tanto que, la postulaci\u00f3n que solicit\u00f3 ante esa jurisdicci\u00f3n, se encuentra pendiente de definirse. <\/p>\n
2. La subsidiariedad y el car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad. <\/p>\n
En virtud de ese presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acci\u00f3n de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
De manera que, ese car\u00e1cter residual que detenta se incumple cuando se procura con esta la protecci\u00f3n constitucional frente a asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al margen del problema jur\u00eddico planteado por el quejoso, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, interpuesto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo del ad quem que confirm\u00f3 la condena en su contra, encontr\u00e1ndose este actualmente en tr\u00e1mite, ser\u00e1 la Sala de Casaci\u00f3n Penal la que estudie los contornos y el fondo del debate, an\u00e1lisis que involucra las prerrogativas que alega vulneradas el actor. <\/p>\n
Y es que el alcance y finalidad del examen que en sede de casaci\u00f3n penal se ejecuta, implica tambi\u00e9n un escrutinio del cumplimiento de las garant\u00edas procesales y derechos fundamentales al interior de la causa, se trata de un estudio exhaustivo e integral de lo sometido a revisi\u00f3n. Sobre este medio de control en materia penal, la Hom\u00f3loga Especializada al resolver una demanda de tutela de perfiles similares resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abTal realidad descarta por completo la acci\u00f3n constitucional, toda vez que la Corte al resolver el recurso podr\u00e1 estudiar, si existe o no violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales, siendo \u00e9ste el mecanismo id\u00f3neo de defensa judicial, e impide que la Sala emita cualquier pronunciamiento sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en dicho fallo, so pena de incurrir en manifestaciones de prejuzgamiento, que m\u00e1s adelante podr\u00edan constituir motivos de recusaci\u00f3n o impedimento. <\/p>\n
Ello, por cuanto de conformidad con el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la casaci\u00f3n tiene por fines \u201cla efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u201d. <\/p>\n
Si lo anterior es as\u00ed, surge clara la improcedencia del amparo en tanto no constituye un mecanismo alternativo o supletorio al que las partes puedan acudir el ejercicio de sus derechos. (\u2026)\u00bb (CSJ. Sentencia 4 may. 2010, rad. T-47710). <\/p>\n
Bajo la \u00f3ptica trazada, el que se encuentre en marcha esa instancia extraordinaria convierte, como se viene destacando, en anticipada la salvaguarda; lo que quiere decir que no puede abrirse paso ni siquiera como mecanismo transitorio, ya que, en estos eventos, al interesado le corresponde esperar la resoluci\u00f3n del tribunal de cierre, encargado de dirimir el fondo del asunto sometido a su juicio. <\/p>\n
3.2. Id\u00e9nticas consideraciones se aplican al procedimiento que cursa en la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, relacionado con la postulaci\u00f3n solicitada por Hern\u00e1ndez Berm\u00fadez de los hechos por los que fue condenado en la justicia ordinaria. <\/p>\n
Como lo inform\u00f3 ese tribunal al intervenir en estas diligencias, la Sala de Definici\u00f3n de Situaci\u00f3n Jur\u00eddica, luego de no reponer la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 esa pretensi\u00f3n \u2013 resoluci\u00f3n del 26 de agosto de 2021 \u2013, concedi\u00f3 la alzada que corresponder\u00e1 resolver a la Sala de Apelaci\u00f3n de esa misma corporaci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, mientras esa Jurisdicci\u00f3n no emita un pronunciamiento que defina si asume la competencia o no, el auxilio no puede prosperar al evidenciarse prematuro. <\/p>\n
Esta Sala en casos an\u00e1logos, ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver entre otras STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
Entonces, no puede admitirse que por medio de este juicio constitucional se provea la soluci\u00f3n de problem\u00e1ticas que a\u00fan incumbe dirimirse en los escenarios judiciales en que se discuten y en la instancia que corresponda, de ah\u00ed que, le concierne en este caso a la justicia transicional de Paz, dentro de su marco legal, definir si asume el conocimiento del proceso que cuestiona el actor, sin que sea procedente interferir, como se dijo, prematuramente en esa controversia o adelantarse a lo que all\u00ed pueda adoptarse respecto de lo alegado. <\/p>\n
En tal sentido, la Sala ha sostenido que no resulta de recibo que el interesado \u00ab(\u2026) en apresurado actuar, haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, (\u2026) dado que el juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01, reiterado el 10 feb. 2012 y 22 nov. 2012, rads. 2011-0526 y 00537 y, 6 mar. y 10 abr. 2013, rads. 00011 y 00251, respectivamente). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y por lo precisado hasta aqu\u00ed, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo impugnado, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El ruego constitucional se aprecia anticipado, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado, cuando las mismas est\u00e1n cursando o se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 3 de noviembre de 2021. <\/p>\n
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