STC15950-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15950-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01082-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 10 de junio1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Guillermo Cely Barajas contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 acceso a la justicia [y] defensa\u00bb que considera lesionados por la autoridad judicial convocada con la providencia adoptada en sesiones de audiencia de 26 de marzo y 16 de abril del a\u00f1o en curso, dentro del proceso penal 2019-02677 seguido en su contra. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, as\u00ed como de las pruebas recaudadas, se puede extractar que contra Javier Guillermo Cely Barajas y Aida Victoria Merlano Manzaneda se adelanta la referida actuaci\u00f3n penal por las conductas punibles de fuga de presos y uso de menores para la comisi\u00f3n de delitos, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad. <\/p>\n
En el curso de la audiencia preparatoria, las partes formularon sus respectivas solicitudes probatorias a la c\u00e9lula judicial cognoscente, siendo resueltas con auto de 15 de diciembre de 2020, en el sentido de acceder parcialmente a las peticiones efectuadas. <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n fue apelada tanto por el fiscal delegado como por la bancada defensiva. <\/p>\n
Mediante la decisi\u00f3n interlocutoria que es objeto de esta queja, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 parcialmente la providencia impugnada para en su lugar no decretar algunos medios de pruebas (testimonial y documental) de cargo y otros (testimonial) de descargo. <\/p>\n
3. El quejoso no atribuye defecto alguno al prove\u00eddo atacado; empero acusa a la corporaci\u00f3n ad quem de \u00absustentar su decisi\u00f3n en contrav\u00eda de las formas establecidas en la ley procesal penal y los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto, esto es las que regulan\u2026 la solicitud probatoria [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abrevocar parcialmente el fallo de segunda instancia [SIC]\u00bb para en su lugar no decretar las pruebas testimoniales y documentales ordenadas a instancias de la Fiscal\u00eda Delegada, asimismo \u00abordenar al tribunal\u2026 revisar el fallo de segunda instancia proferido frente al recurso de alzada promovido por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, confrontando de manera cierta y total los argumentos del apelante as\u00ed como los argumentos de la primera instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
Del fallo de primer grado se extractan los siguientes pronunciamientos, comoquiera que no fueron allegados con el expediente digital remitido: <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada y el Fiscal 196 Seccional de Bogot\u00e1 \u00abadem\u00e1s de relatar el tr\u00e1mite del asunto objetado dentro de sus correspondientes \u00e1mbitos funcionales, solicitaron la negativa de la demanda de tutela, dado que el proceso se halla en cuso y la providencia cuestionada fue el resultado de un profundo an\u00e1lisis\u00bb. <\/p>\n
2. Los Procuradores 379 y 376 Judiciales II delegados en lo Penal \u00abse pronunciaron en similar sentido, al indicar que el interlocutorio atacado por esta v\u00eda no es lesivo de las garant\u00edas del implicado por ser contrario a sus intereses y que no puede ignorarse el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de amparo\u00bb. <\/p>\n
3. Por su parte, el defensor de Aida Victoria Merlano Manzaneda coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de protecci\u00f3n pues \u00abes tan trascendental el yerro del tribunal que no permite un cabal ejercicio del derecho a la defensa pues impide a las bancadas de la defensa t\u00e9cnica oponerse en sede de juicio oral a las pruebas abiertamente ilegales y no pertinentes decretadas por el accionado, desconociendo la rigurosidad material y procesal que consagra el art\u00edculo 376 del c\u00f3digo de procedimiento penal y desconociendo de tajo los yerros abismales de la Fiscal\u00eda y advertidos por el Juzgado 20 penal de conocimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n implorada por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00abes dentro de la actuaci\u00f3n donde debe exponer su tesis frente a la violaci\u00f3n de sus derechos y no por la v\u00eda tutelar como lo intenta, solo para propiciar determinaciones e intervenciones vedadas para el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 la Sala a quo que al estar en curso la actuaci\u00f3n \u00abno se ha agotado la actuaci\u00f3n del fallador ordinario, motivo por el cual cuenta con la posibilidad de seguir reclamando al interior de la misma, el respeto de las garant\u00edas judiciales invocadas\u00bb incluso haciendo uso de los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes contra un eventual fallo desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n comoquiera que, en su criterio, \u00abno es de recibo que se deba continuar adelantando un juicio en el que consecuentemente se deben de practicar unas pruebas solicitadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n sin que esta entidad haya cumplido con la carga procesal de argumentar la pertinencia conducencia y utilidad de las pruebas solicitadas, cuando no identific\u00f3 plenamente los documentos que pretende introducir en la audiencia de juicio\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, considera colmado el presupuesto de la subsidiariedad puesto que a trav\u00e9s de este amparo se pretende \u00abcorregir previamente los errores cometidos por los operadores judiciales\u2026 de manera anticipada al inicio de un juicio [sic]\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la corporaci\u00f3n querellada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por Javier Guillermo Cely Barajas dentro del proceso penal 2019-02677, con la decisi\u00f3n adoptada en sesiones de audiencia de 26 de marzo y 16 de abril del a\u00f1o en curso, por medio de la cual decidi\u00f3, en segunda instancia, las solicitudes probatorias formuladas tanto por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n como por la bancada de la defensa. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que no se ha agotado el juicio oral y mucho menos se ha proferido decisi\u00f3n de primera instancia, frente a la cual los inconformes podr\u00e1n ejercitar los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios y extraordinarios consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed, de considerar que en la actuaci\u00f3n se presentaron vicios o irregularidades procesales o de tener discrepancia con la forma como se llegare a valorar el material probatorio recaudado, son los recursos de apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado y eventualmente el extraordinario de casaci\u00f3n contra el de segundo, las herramientas id\u00f3neas para proponer tales reparos y no la acci\u00f3n supralegal puesto que no puede utilizarse para pretermitir etapas procesales u obviar procedimientos, para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto y menos para obtener un pronunciamiento diverso a aquel con el que se est\u00e1 en desacuerdo. <\/p>\n
Cabe resaltar que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches que aqu\u00ed formula el promotor del amparo. <\/p>\n
Proceder como lo plantea el demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, o incluso una tercera instancia, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que subsiste en la actuaci\u00f3n la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que se dicen conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La presente actuaci\u00f3n solo arribo a esta Sala para resolver la impugnaci\u00f3n el 3 de noviembre del cursante a\u00f1o <\/p>\n
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