STC15960-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15960-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-02270-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de octubre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Colchones REM S.A.S. le instaur\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta capital. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y al \u00abtrabajo\u00bb para que se ordenara al estrado acusado \u00abacatar lo establecido en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 560 de 2020 y el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, decretando la nulidad de todo lo actuado en la ejecuci\u00f3n iniciada por PTG ABOGADOS S.A.S. levantando inmediatamente la totalidad de las medidas decretadas [y, en su lugar,] poner a [su] disposici\u00f3n todos los recursos dinerarios que hubiera retenido\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que con ocasi\u00f3n a las medidas adoptadas en el pa\u00eds por la \u201cEmergencia Social, Sanitaria y Econ\u00f3mica\u201d -COVID19-, su \u201coperaci\u00f3n y financiaci\u00f3n\u201d se vio afectada, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 \u201cacuerdo de reorganizaci\u00f3n\u201d, admitido por la Superintendencia de Sociedades de conformidad con el Decreto 560 de 2020, a trav\u00e9s del auto \u201c460-007746\u201d, gener\u00e1ndose por tanto \u201clos efectos estipulados en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba [\u00eddem]\u201d (22 jun. 2021). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, posteriormente, PTG Abogados S.A.S. \u201ccon pleno conocimiento\u201d del juicio de \u201creorganizaci\u00f3n\u201d, la demand\u00f3 para cobrar la suma de $840\u2019940.272 contenida en el \u201cpagar\u00e9 n\u00ba 1\u201d suscrito el 26 de junio de 2020 (rad. 2021-00269) y el estrado convocado libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 las cautelas rogadas sobre unas cuentas bancarias (8 jul.). <\/p>\n
En virtud de ese suceso, inform\u00f3 al despacho citado el tr\u00e1mite de la reorganizaci\u00f3n que se sigue a su favor (30 de agosto de 2021) y, el 1\u00ba de septiembre siguiente le pidi\u00f3 suspender el coercitivo, declarar la nulidad de lo actuado y levantar las cautelas; empero, \u00fanicamente accedi\u00f3 a la \u201csuspensi\u00f3n\u201d de la lid (3 sep.), por lo que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo no haber vulnerado garant\u00eda iusfundamental alguna, en tanto, respecto del \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb, al momento de su formulaci\u00f3n no se remiti\u00f3 el \u201cejemplar a los dem\u00e1s sujetos procesales en acatamiento al par\u00e1grafo del art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 806 de 2020\u201d y \u201cdicha omisi\u00f3n trajo como consecuencia que el mentado recurso quedara en la secretar\u00eda del despacho en turno para fijar en lista de traslados (\u2026) lo cual ocurri\u00f3 el 13 de octubre de los corrientes por lo que el t\u00e9rmino inici\u00f3 el 14 y concluye el 19 siguiente\u201d. Explic\u00f3, entonces, que \u201cuna vez venza el t\u00e9rmino de traslado, el expediente ingresar\u00e1 al despacho donde se cuenta con un t\u00e9rmino de 10 d\u00edas (\u2026) conforme lo estipulado en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
Frente a las cr\u00edticas de la actora contra las \u201cmedidas cautelares\u201d, indic\u00f3 que cuando se impetr\u00f3 el \u201cejecutivo (\u2026) incluso cuando se elaboraron los oficios (\u2026) no ten\u00eda manera de saber que la sociedad hab\u00eda sido admitida al tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n\u201d. Por lo esbozado, resalt\u00f3 que \u201cno se ha vulnerado la garant\u00eda ius fundamental\u201d. <\/p>\n
La Superintendencia de Sociedades se\u00f1al\u00f3 que la gestora actualmente se encuentra inmersa en un litigio de \u201cnegociaci\u00f3n de emergencia\u201d regulado por el Decreto 560 de 2020 y el 22 de junio de 2021 y, que con fundamento en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 8 de esa obra, orden\u00f3 al representante legal comunicar a trav\u00e9s de medios id\u00f3neos \u201ca todos los jueces y entidades que est\u00e9n conociendo de procesos ejecutivos, de restituci\u00f3n de bienes del deudor por mora con los cuales desarrolle su actividad, de jurisdicci\u00f3n coactiva y de cobros, tanto judiciales como extrajudiciales, adelantados por los acreedores de las categor\u00edas objeto del procedimiento, con el fin de que los suspendan los admitidos o aquellos que se llegaren a admitir sobre las obligaciones sujetas al tr\u00e1mite\u201d. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que, a diferencia de lo que ocurre en los \u201cprocesos de reorganizaci\u00f3n bajo la Ley 1116 de 2006\u201d, el juez del concurso no tiene la facultad de \u201clevantar medidas cautelares por expresa disposici\u00f3n legal\u201d. <\/p>\n
PTG Abogados S.A.S. se opuso al amparo destacando que incumple el requisito de \u201csubsidiariedad\u201d, ya que \u201cactualmente se encuentra pendiente por resolver recurso de reposici\u00f3n presentado\u201d; tambi\u00e9n, que el \u201cno levantamiento de las medidas cautelares al interior del proceso, encuentra su fundamento claramente en la norma\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo concedi\u00f3 parcialmente la salvaguarda, tras cavilar que \u00abse incurri\u00f3 en una dilaci\u00f3n injustificada\u00bb para solucionar la \u201creposici\u00f3n\u201d que propuso la contendiente contra el auto dictado el 3 de septiembre de 2021, comoquiera que \u00abno puede pasarse por alto que transcurri\u00f3 un (1) mes entre la presentaci\u00f3n del recurso y el tr\u00e1mite secretarial\u00bb. Advirti\u00f3 que \u00abno es posible hacer un pronunciamiento sobre la cuesti\u00f3n cautelar [, teniendo en cuenta que,] en virtud del principio de subsidiariedad, (\u2026) est\u00e1 pendiente la decisi\u00f3n al interior del proceso ejecutivo sobre la problem\u00e1tica que plantea\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 la sedicente argumentando que \u201ca pesar de la buena intenci\u00f3n\u201d del Tribunal, el ruego otorgado no fue lo que busc\u00f3, \u201cdejando desprotegido el derecho fundamental vulnerado, hasta el punto de haber permitido la consolidaci\u00f3n del agravio\u201d; ello, por cuanto, se \u201cabstuvo\u201d de estudiar de fondo lo relacionado con el \u201clevantamiento de las medidas cautelares\u201d. Agreg\u00f3 que en todo caso el Juzgado \u201cya resolvi\u00f3\u201d y ratific\u00f3 su determinaci\u00f3n; raz\u00f3n por la que, seg\u00fan su dicho, es necesario el examen minucioso en tanto es evidente la \u201cv\u00eda de hecho\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En torno a la aspiraci\u00f3n de la precursora enfilada a anular lo rituado y, por consiguiente, \u201clevantar las cautelas\u201d decretadas en el ejecutivo que PTG Abogados S.A.S. promovi\u00f3 en su contra, porque, en su sentir, se desconoci\u00f3 el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 560 de 2020 y el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, se advierte el fracaso del resguardo y la confirmaci\u00f3n de lo opugnado, ya que, de los medios de convicci\u00f3n allegados al paginario, se observa que para la fecha en que la compa\u00f1\u00eda acudi\u00f3 a este dispositivo especial (13 oct. 2021), a\u00fan se hallaba en tr\u00e1mite el \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d por ella impetrado contra el auto emitido el 3 de septiembre de 2021, por medio del cual no se accedi\u00f3 a las rogativas que aqu\u00ed plantea. <\/p>\n
Esa particular incidencia, sumada a la identidad que existe entre las premisas del referido memorial y las que aqu\u00ed expuso la impulsora, supon\u00eda un presuroso ejercicio de esta s\u00faplica constitucional. En tal sentido, es claro que mientras no se desentra\u00f1ara el mencionado medio impugnativo no era viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal, puesto que ello indudablemente implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores ordinarios (Cfr. CJS STC1985-2018). <\/p>\n
Es por ello, que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido en forma reiterada que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras). <\/p>\n
2- Ahora, si bien en el tr\u00e1mite de esta instancia, el Juzgado querellado solucion\u00f3 el remedio horizontal impetrado por el quejoso frente a la directriz de 3 de septiembre (25 oct. 2021), tal circunstancia no configura la carencia de objeto por hecho superado, toda vez que ese pronunciamiento se emiti\u00f3 con ocasi\u00f3n al mandato constitucional proferido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 <\/p>\n
3.- Se agrega a lo anotado que la proponente tambi\u00e9n desaprovech\u00f3 la herramienta con que contaba en el pleito objetado para ventilar su descontento, pues no controvirti\u00f3 a trav\u00e9s del \u201crecurso de apelaci\u00f3n\u201d la providencia censurada -3 sep. 2021- seg\u00fan lo preceptuado en los numerales 6\u00ba y 8\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso; evento que resultaba id\u00f3neo para rebatir las inconformidades tra\u00eddas y, por ende, emerge clara su incuria. <\/p>\n
4.- En atenci\u00f3n a la importancia que tiene la estricta observancia de los t\u00e9rminos procesales en relaci\u00f3n con la custodia del \u00abdebido proceso\u00bb y el \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y del \u00abderecho\u00bb de los ciudadanos a obtener una soluci\u00f3n tempestiva a las disputas que someten a escrutinio de los jueces encargados de impartir justicia; se advierte que la revisi\u00f3n de los elementos suasorios que reposan en el dossier, ponen en evidencia la necesidad de acceder al auxilio frente a ese t\u00f3pico, tal como lo coligi\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Lo antelado, ante la injustificada desatenci\u00f3n de la funcionaria del art\u00edculo 120 del Estatuto Adjetivo, cuyo tenor literal impone el \u00abdeber\u00bb insoslayable de \u00abdictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas (\u2026), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin\u00bb, lapso que se ve superado en esta Litis, comoquiera que transcurri\u00f3 un (1) mes desde la fecha de interposici\u00f3n del \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d, sin que se avizorara una pronta definici\u00f3n del recurso propuesto. <\/p>\n
Valga aclarar que, si bien el Juzgado encartado cuando rindi\u00f3 la contestaci\u00f3n a este tr\u00e1mite, inform\u00f3 que la tardanza para resolver la impugnaci\u00f3n se debi\u00f3 a la omisi\u00f3n por parte de Colchones REM S.A.S. quien no cumpli\u00f3 con la carga encomendada en el Decreto 806 de 2020 en el sentido de enviar el \u00abejemplar a los dem\u00e1s sujetos procesales\u00bb, tal exculpaci\u00f3n no es v\u00e1lida, habida cuenta que dicha gesti\u00f3n no implicaba la paralizaci\u00f3n del juicio, porque el traslado a los intervinientes se pod\u00eda efectuar a trav\u00e9s de la secretar\u00eda al tenor del art\u00edculo 319 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De manera que, no lucen razonables las excusas que sin soporte alguno expuso la juez para explicar la lentitud que se le enrostra, ya que ninguna de ellas refleja ni acredita situaciones de \u00abfuerza mayor, caso fortuito, culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva (\u2026) que permita establecer que la mora es aceptable\u00bb (cfr. CSJ STC2000-2018). <\/p>\n
5.- Basten estos razonamientos para convalidar lo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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