STC16008-2021 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16008-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00660-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jes\u00fas \u00c1lvaro Galindo R\u00edos le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Pereira, y a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 73001 31 05 003 2016 00065. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abdignidad humana\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, \u00abseguridad social\u00bb y \u00abprotecci\u00f3n a los discapacitados\u00bb, para que se \u00abrevoque\u00bb el veredicto emitido por la hom\u00f3loga especializada laboral (SL869 2 mar. 2021) y, por tanto, se \u00abconceda a su favor la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que la primera instancia neg\u00f3 las pretensiones de la demanda ordinaria laboral que promovi\u00f3 en contra de Porvenir S.A., para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez (10 ag. 2016), determinaci\u00f3n que el superior revoc\u00f3, concediendo la prestaci\u00f3n (12 jun. 2018); al paso que la Magistratura acusada quebr\u00f3 la del ad quem y confirm\u00f3 la del a quo (SL869, 2 mar. 2021). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que con la \u00faltima providencia se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque desconoci\u00f3 el precedente establecido en las sentencias T 128 de 2015 y T 068 de 2017, seg\u00fan el cual, en su caso es aplicable el art\u00edculo 6\u00ba del Acuerdo 049 de 1990 bajo el amparo del \u00abprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, pues pese a que dicha norma era previa a la estructuraci\u00f3n del estado de incapacidad, estaba vigente al momento de la afiliaci\u00f3n al sistema pensional, y de cara a ella, en su opini\u00f3n, cumple los requisitos para el \u00abreconocimiento de la prestaci\u00f3n\u00bb rogada, en tanto cotiz\u00f3 m\u00e1s de 300 semanas antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, gener\u00e1ndose una expectativa leg\u00edtima de consolidar ese derecho. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que es un sujeto de \u00abespecial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, si se tiene en cuenta que present\u00f3 \u00abp\u00e9rdida de capacidad laboral del 77.09%\u00bb, y tiene 65 a\u00f1os, situaci\u00f3n que conllev\u00f3 la reducci\u00f3n de sus ingresos, en tanto la actividad laboral era su \u00fanico medio de subsistencia, la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital, y la materializaci\u00f3n de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
2.- Para cuando se estudi\u00f3 el proyecto, no se recibieron respuestas de los convocados. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que \u00abel derecho a la prestaci\u00f3n pensional reclamada, debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez. De ah\u00ed que la disposici\u00f3n que reg\u00eda el caso era el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003, en cuanto el demandante sufri\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral, a partir del 25 de octubre de 2013\u00bb, precepto de acuerdo con el cual el demandante \u00abno acredit\u00f3 tener cotizadas las 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de haberse estructurado su invalidez\u00bb y, por tanto, \u00abno hab\u00eda lugar al reconocimiento de la prestaci\u00f3n deprecada, como acertadamente lo concluy\u00f3 el a quo\u00bb. <\/p>\n
4.- El actor impugn\u00f3 reiterando los argumentos del escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n querellada asegur\u00f3 que en la Litis no exist\u00eda discrepancia en torno a los siguientes aspectos: (i) que el demandante fue calificado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 77,09%, estructurada el 25 de octubre de 2013 (f.\u00ba 31); (ii) la \u00faltima cotizaci\u00f3n que realiz\u00f3 fue en agosto de 2006; y (iii) no aport\u00f3 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha en que se produjo el estado de invalidez. <\/p>\n
Luego, memor\u00f3 que en diversas ocasiones la Corte ha sostenido que el \u00abderecho a la pensi\u00f3n de invalidez debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb, que para el sub judice es el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003, en tanto \u00abel demandante sufri\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral, a partir del 25 de octubre de 2013\u00bb. <\/p>\n
En punto a la aplicaci\u00f3n del \u00abprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, asever\u00f3 que no es procedente \u00abhacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del demandante, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro\u00bb (CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016, CSJ SL15965-2016, CSJ SL17768-2016, CSJ SL1090-2017, CSJ SL1689-2017, CSJ SL2147-2017, CSJ SL353-2018, CSJ SL4020-2019 y CSJ SL409-2020). <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, coligi\u00f3 que la segunda instancia no debi\u00f3 proveer a la luz de lo reglamentado en el Acuerdo 049 de 1990 \u00abni bajo el amparo del principio de favorabilidad\u00bb, comoquiera que no exist\u00eda duda acerca de la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de leyes vigentes, y dicha \u00abplus ultractiva\u00bb \u00abponen en vilo el principio de sostenibilidad financiera del sistema\u00bb y la seguridad jur\u00eddica al generar incertidumbre acerca de la \u00abnorma aplicable\u00bb. <\/p>\n
En torno a la tesis liderada por la Corte Constitucional, concerniente con que \u00abes posible reconocer pensiones de sobrevivientes o invalidez conforme el Acuerdo 049 de 1990, pese a que el hecho generador (\u2026) se hubiera producido en vigencia de las Leyes 797 o 860 de 2003, respectivamente, siempre que este hubiera cotizado la cantidad de semanas exigida en la primera de las citadas disposiciones\u00bb, explic\u00f3 que ello implica <\/p>\n
i) la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; ii) la modificaci\u00f3n a las reglas definidas por el legislador para el reconocimiento de tales prestaciones; iii) lo que a su vez, puede incidir en los efectos de las reformas introducidas al sistema pensional y, iv) desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de retrospectividad (CSJ SL 1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019, SL1592-2020, CSJ SL1881-2020, CSJ SL1884-2020 y SL2547-2020). <\/p>\n
En tal sentido, reliev\u00f3 que \u00abel principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb no es \u00ababsoluto\u00bb y se encuentra limitado temporalmente (CSJ SL4650-2017 y CSJ SL1884-2020), \u00abpues su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional [justificada] y razonable con el objeto de proteger expectativas leg\u00edtimas ante un cambio normativo, pero sin que pueda utilizarse para perpetuar un r\u00e9gimen pensional anterior e impedir que las reformas legislativas en la materia se hagan efectivas\u00bb (CSJ SL1884-2020). <\/p>\n
En ese orden, adujo <\/p>\n
(\u2026) como el accionante no acredit\u00f3 tener cotizadas las 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de haberse estructurado su invalidez, no hab\u00eda lugar al reconocimiento de la prestaci\u00f3n deprecada, como acertadamente lo concluy\u00f3 el a quo. Tampoco lo hay, bajo las disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993 \u2013norma inmediatamente anterior- toda vez que el afiliado no cuenta con 26 semanas dentro del a\u00f1o previo a la p\u00e9rdida de capacidad laboral, aparte de que \u00e9sta se estructur\u00f3 por fuera del espectro temporal definido como requisito para acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y la misma data de 2006 \u2013pues se configur\u00f3 el 25 de octubre de 2013- siendo imposible la adjudicaci\u00f3n del derecho pretendido. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el Acuerdo 049 de 1990 (\u2026) en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa,(\u2026) no es [e]l llamad[o] a gobernar el caso bajo an\u00e1lisis, (\u2026) pues bajo el criterio actual de esta Sala, no es dable al operador judicial realizar un salto normativo y hacer un recuento hist\u00f3rico de las leyes que rigen tal situaci\u00f3n para determinar cu\u00e1l es la norma m\u00e1s favorable al trabajador. (postura reiterada en CSJ SL1689-2017, replicada en CSJ SL8305-2017, CSJ SL4987-2019 y CSJ SL1010-2020) <\/p>\n
2. En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3. Por dem\u00e1s, no desconoce esta Colegiatura que el quejoso es una persona en situaci\u00f3n de discapacidad y, por tanto, considerado \u00absujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb; sin embargo, tal condici\u00f3n per se, no es presupuesto suficiente para conceder la guarda suplicada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pese a que adver\u00f3 que la situaci\u00f3n puesta de presente le est\u00e1 ocasionado un perjuicio irremediable, ello no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un enunciado, al paso que no acredit\u00f3 la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de las medidas anheladas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb, esta Sala predic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, y STC3455-2020). <\/p>\n
4.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para esta Corporaci\u00f3n es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del auxilio, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021). <\/p>\n
5.- Lo dicho conlleva la ratificaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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