STC16023-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16023-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 10 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Javier Rend\u00f3n Mora contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cartago y la Fiscal\u00eda Veinte Seccional de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, quien dice actuar como agente oficioso de Mauricio Trejos Acevedo acude al presente instrumento en procura de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima trasgredidos por las autoridades querelladas. <\/p>\n
2. Del extenso libelo introductor se puede extractar que contra Trejos Acevedo se adelanta un proceso penal por el delito de homicidio, en el cual el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cartago expidi\u00f3, a instancias de la Fiscal\u00eda Veinte Seccional de la misma poblaci\u00f3n, la orden de captura n\u00b0 003 de 10 de diciembre de 2019, prorrogada el 4 de diciembre del a\u00f1o siguiente por el Juzgado Promiscuo Municipal de Obando (Valle del Cauca). <\/p>\n
Comoquiera que el procesado se encontraba en la ciudad de Barcelona, el fiscal delegado solicit\u00f3 a la Interpol, mediante circular azul, su aprehensi\u00f3n con fines de extradici\u00f3n a Colombia, la que se materializ\u00f3 el 24 de septiembre de 2020; a partir de esa fecha se encuentra privado de la libertad en el Centro Penitenciario Soto del Real en Madrid, a disposici\u00f3n del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00b0 4 de la Audiencia Nacional, aguardando su repatriaci\u00f3n, cuya solicitud fue formalizada el 13 de noviembre siguiente, con la entrega por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, del expediente a la autoridad judicial extranjera. <\/p>\n
El ac\u00e1 accionante present\u00f3, a favor del procesado y en condici\u00f3n de defensor contractual, solicitud de h\u00e1beas corpus al considerar ilegal la privaci\u00f3n de la libertad de aquel, la que fue rechazada de plano por una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga mediante auto del pasado 16 de junio, decisi\u00f3n que mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el peticionario. <\/p>\n
De otro lado, el promotor solicit\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Obando se le ordenara al fiscal encargado de adelantar la investigaci\u00f3n que, a trav\u00e9s de medios tecnol\u00f3gicos, formulara la respectiva imputaci\u00f3n de cargos contra su defendido; deprecaci\u00f3n denegada con auto del 15 de junio del cursante a\u00f1o, frente al cual no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
3. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, el actor motiva su reclamo constitucional en los siguientes puntos: <\/p>\n
3.1. Considera que la orden de captura expedida contra Trejos Acevedo es ilegal habida consideraci\u00f3n que el juez que la expidi\u00f3 \u00abcarec\u00eda de competencia territorial\u00bb, dado que los hechos por los que se adelanta la actuaci\u00f3n penal ocurrieron en un municipio diferente al de su circunscripci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. La aprehensi\u00f3n f\u00edsica del procesado no ha sido sometida a control de legalidad por parte de la autoridad judicial colombiana, en franco desconocimiento del ordenamiento jur\u00eddico patrio que ordena que el detenido debe ser puesto a disposici\u00f3n del juez de control de garant\u00edas dentro de las 36 horas siguientes a la captura. <\/p>\n
3.3. Se ha prolongado il\u00edcitamente la restricci\u00f3n de la libertad del investigado dado que, pese a existir medios tecnol\u00f3gicos, no se le ha formulado imputaci\u00f3n de cargos ni se ha definido sobre la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Tercera Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cartago pidi\u00f3 declarar improcedente el ruego comoquiera que no existe la irregularidad aducida por el quejoso respecto de la carencia de competencia de ese despacho para expedir la orden de captura contra Trejos Acevedo, adem\u00e1s que no corresponde a la autoridad judicial colombiana realizar el examen de legalidad de la aprehensi\u00f3n del prenombrado pues se encuentra detenido en territorio extranjero. <\/p>\n
2. El Juez Promiscuo Municipal de Obando resalt\u00f3 que la pr\u00f3rroga de la orden de captura expedida por su hom\u00f3logo de control de garant\u00edas de Cartago se adopt\u00f3 \u00abcon el lleno de las exigencias legales y constitucionales previstas en nuestro ordenamiento jur\u00eddico y de manera especial con lo consagrado en el art\u00edculo 298 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en relaci\u00f3n con la petici\u00f3n del quejoso consistente en que se ordene al fiscal instructor imputar cargos a Mauricio Trejos Acevedo, dijo que la neg\u00f3 -dada su evidente improcedencia- toda vez que tal acto procesal es del resorte exclusivo de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, sin que pueda ser provocado por alguno otro de los intervinientes en la actuaci\u00f3n, y que dicha decisi\u00f3n qued\u00f3 en firme pues en su contra no se presentaron los recursos autorizados por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Los Fiscales 19 y 20 Seccionales de Cartago se opusieron a la prosperidad del amparo dado que no han incurrido en conductas lesivas de los derechos fundamentales del agenciado. <\/p>\n
4. El director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho confirm\u00f3 que la Canciller\u00eda -a trav\u00e9s de la embajada colombiana en Madrid- formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de extradici\u00f3n de Trejos Acevedo, quien se encuentra detenido a disposici\u00f3n del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00b0 4 de la Audiencia Nacional, mediante Nota Verbal S-EESMD-20-483 de 13 de noviembre de 2020, estando a la espera que las autoridades espa\u00f1olas realicen la entrega del ciudadano requerido. <\/p>\n
Pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa cartera ministerial dada la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva \u00aben raz\u00f3n a que\u2026 no se ha afectado derecho fundamental alguno del accionante\u00bb habida consideraci\u00f3n que ha actuado con total apego al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo puesto que la libertad de Mauricio Trejos Acevedo es un asunto \u00abque corresponde dilucidar \u00fanicamente a las autoridades espa\u00f1olas\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello, resalt\u00f3 que no existe irregularidad alguna en torno a la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Buga de rechazar de plano la solicitud de h\u00e1beas corpus invocada a favor del investigado pues la misma se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable. <\/p>\n
Por otra parte, encontr\u00f3 que el resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, en la modalidad de incuria, en la medida que \u00abninguna objeci\u00f3n se propuso respecto de lo decidido en la audiencia celebrada el 15 de julio de 2021 en el Juzgado Promiscuo Municipal de Obando que neg\u00f3 la solicitud de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n presentada por el defensor del implicado, proceder que deja entrever conformidad con lo resuelto y, por tanto, no puede ahora, v\u00eda tutela, poner en tela de juicio actuaciones que pudieron haberse cuestionado en el escenario procesal pertinente\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, respecto de la ilegalidad atribuida a la orden de captura se\u00f1al\u00f3 que es un tema que \u00abdebe proponerse ante el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n No. 4 de Madrid a cuya disposici\u00f3n se encuentra detenido\u00bb y, como se encuentra en curso el tr\u00e1mite pertinente para lograr la extradici\u00f3n del agenciado, \u00abresta esperar a su resoluci\u00f3n por las v\u00edas pertinentes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n porque, en su sentir, la resoluci\u00f3n del presente asunto fue \u00abdiametralmente opuesta a la proferida dentro del radicado N\u00b0 55233\u00bb, debiendo la Corte \u00abunificar el criterio para evitar la inseguridad jur\u00eddica en los casos de extradici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer, preliminarmente, si H\u00e9ctor Javier Rend\u00f3n Mora est\u00e1 facultado para promover la presente acci\u00f3n de tutela en representaci\u00f3n de Mauricio Trejos Acevedo y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas quebrantaron, las prerrogativas constitucionales de este, dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por el delito de homicidio pues, pese a encontrarse detenido a disposici\u00f3n de una autoridad judicial espa\u00f1ola desde septiembre de 2020, no se ha examinado la legalidad de su aprehensi\u00f3n ni se le han formulado cargos y menos se ha perfeccionado su extradici\u00f3n a Colombia. <\/p>\n
2. De la legitimaci\u00f3n para promover el amparo <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que respecta al derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
La anterior postura viene aparejada al precedente constitucional, seg\u00fan el cual \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese orden, esta Sala ha mantenido el criterio en cuanto a que, para la admisibilidad de este excepcional mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado mediante poder especial para actuar, puesto que: <\/p>\n
\u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
3.1. De conformidad con los anteriores lineamientos, se ratificar\u00e1 el fracaso de la salvaguarda, pero no por las razones consignadas en el fallo confutado, sino porque aun cuando quien la promovi\u00f3 manifest\u00f3 ser el apoderado especial de Mauricio Trejos Acevedo en la actuaci\u00f3n ordinaria, no alleg\u00f3 poder especial conferido por quien dice ser su representado, para actuar en este tr\u00e1mite constitucional lo cual significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n
Ciertamente, a pesar de que el memorialista sostiene actuar en la mencionada calidad dentro de la causa penal, dicha circunstancia no lo faculta para asumir la vocer\u00eda del procesado en este escenario supralegal, ya que, para ello, se itera, se requiere el correspondiente mandato que ac\u00e1 se echa de menos. <\/p>\n
En efecto cuando se trata de acciones de tutela en las que se act\u00faa por conducto de un profesional del derecho el criterio que, de vieja data, sent\u00f3 esta Sala y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ sentencia 4 de febrero de 2011, exp. 2010-00573-01, reiterada entre otras en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01). <\/p>\n
Tal exigencia es a\u00fan m\u00e1s estricta cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n
Esto, porque \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, el libelista sostiene que act\u00faa como agente oficioso de Trejos Acevedo. Frente a dicho t\u00f3pico debe recordarse que las normas que desarrollan y reglamentan el mecanismo de protecci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta, prev\u00e9n que la acci\u00f3n se debe instaurar directamente o por conducto de apoderado judicial y, por excepci\u00f3n, \u00abse pued(e)n agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb (art. 10 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
Sobre este tema, esta Corte ha indicado que \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2009, Rad. 00001-01). <\/p>\n
En otro evento resalt\u00f3: \u00abEn lo atinente a la \u201cagencia oficiosa\u201d, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 00372-01). <\/p>\n
Entonces, cuando se busca la protecci\u00f3n de prerrogativas supralegales de otra persona, es indispensable actuar con poder especial, siempre y cuando se haga a trav\u00e9s de abogado, o demostrar que aqu\u00e9lla realmente no est\u00e1 en condiciones de ejercer su defensa; sin embargo, en esta oportunidad no es posible deducir que la persona a quien el promotor dice agenciar se encuentre en incapacidad absoluta de promover el resguardo, circunstancia que lo habilitar\u00eda para asistirla en la condici\u00f3n aducida. <\/p>\n
En efecto, en la demanda el actor simplemente se limit\u00f3 a indicar que deb\u00eda ser considerado como agente oficioso del ciudadano que apodera en el asunto ordinario; no obstante, no explica ni acredita probatoriamente que aquel se encuentra en condiciones tales que le impidan la defensa de sus propios derechos u otorgarle mandato especial para que formulara el presente resguardo, tal como lo hizo en el proceso sobre el que se cierne la queja. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, no podr\u00eda considerase la condici\u00f3n de privado de la libertad de Trejos Acevedo en un pa\u00eds extranjero como una situaci\u00f3n que le impidiera procurar su propia representaci\u00f3n o constituir apoderado, si en cuenta se tiene que por virtud del Decreto 806 de 2020 el poder se puede conferir a trav\u00e9s de mensaje de datos con la sola antefirma y se presumir\u00e1 aut\u00e9ntico, al tiempo que el Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto diversos canales virtuales a trav\u00e9s de los cuales se pueden formular acciones constitucionales, sin necesidad de que sean presentadas personalmente por el interesado. <\/p>\n
En suma, al no explicarse con suficiencia la incapacidad del presunto afectado para interponer por s\u00ed mismos o a trav\u00e9s de apoderado especial el presente amparo, corresponde declarar su improcedencia, confirmando por esa v\u00eda la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negaci\u00f3n del resguardo, pero porque resultaba perentorio que el profesional del derecho que formul\u00f3 el amparo e impugn\u00f3 el fallo de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, pues no es suficiente el mandato otorgado en el tr\u00e1mite ordinario para promover la salvaguarda. <\/p>\n
Asimismo, quien acciona carece de las calidades exigidas jurisprudencialmente para ser tenido como agente oficioso de Mauricio Trejos Acevedo, pues no acredit\u00f3 que este se encontrara en alguna situaci\u00f3n que le impidiera ejercer su propia defensa o constituir apoderado especial para la promoci\u00f3n de este resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones indicadas en este prove\u00eddo. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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