STC16024-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16024-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01007-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 25 de mayo de 20201, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Marcela y \u00c1lvaro Enrique Ortiz Quito contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Veintitr\u00e9s Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y Cuarenta y Cinco Penal del Circuito, ambos de esta capital, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal n\u00ba 2019-00158. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en su propio nombre, invocan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa \u00abt\u00e9cnica y material\u00bb, y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relataron en s\u00edntesis que, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n les formul\u00f3 imputaci\u00f3n por los delitos de \u00abconcierto para delinquir en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con porte ilegal de armas de fuego en calidad de coautores y hurto calificado agravado\u00bb al establecer su pertenencia a un grupo de delincuencia organizada dedicado al hurto en la modalidad de \u00abfleteo\u00bb en la ciudad de Bogot\u00e1 entre los a\u00f1os 2018 al 2019; cargos a los que se allanaron ante el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal Municipal de Control de Garant\u00edas. <\/p>\n
Refirieron que, la verificaci\u00f3n del allanamiento se llev\u00f3 a cabo en el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de esta ciudad que, aval\u00f3 la aceptaci\u00f3n y el consentimiento voluntario de la imputaci\u00f3n y, el 6 de mayo de 2020, dict\u00f3 sentencia condenatoria en su contra, imponi\u00e9ndoles una pena de 166 meses y 24 d\u00edas a Diana Marcela; y, de 186 meses y 15 d\u00edas a \u00c1lvaro Enrique, decisi\u00f3n que apel\u00f3 su defensor. <\/p>\n
Destacaron que, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante auto del 5 de agosto de 2020, declar\u00f3 la nulidad de la audiencia de verificaci\u00f3n de aceptaci\u00f3n de cargos, al advertir que no existi\u00f3 reintegro de lo apropiado en los delitos, como lo dispone el art\u00edculo 349 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
Acusaron la anterior determinaci\u00f3n de constituir v\u00eda de hecho, pues el yerro se\u00f1alado por el tribunal \u00ab(\u2026) lo provocaron las autoridades judiciales que participaron en la primera instancia a quienes les correspond\u00eda ilustrarlos acerca de la talanquera procedimental para allanarse a la imputaci\u00f3n; [por] la falta de control por parte del juez con funci\u00f3n de conocimiento que debi\u00f3 anular la aceptaci\u00f3n de cargos para que i) se continuara la fase del juzgamiento por el delito contra el patrimonio econ\u00f3mico o ii) se decretara la ruptura de la unidad procesal para as\u00ed condenarlos \u00fanicamente por los delitos de porte ilegal de armas y concierto para delinquir\u00bb. <\/p>\n
Alegaron que, el ad quem les cambi\u00f3 \u00ablas reglas del juego sorpresivamente, y es ah\u00ed donde consideramos que se violaron nuestros derechos\u00bb y se les est\u00e1 impidiendo acudir a la figura del allanamiento a cargos para obtener la rebaja de pena. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que, se deje sin efectos \u00abla providencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Penal de 5 de agosto de 2020 (\u2026) y se pronuncie de fondo sobre el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Los apoderados de las v\u00edctimas expresaron que no es cierta la manifestaci\u00f3n de que haya existido \u00e1nimo conciliatorio o de reparaci\u00f3n por parte de los procesados, pues no ha habido ning\u00fan acercamiento o propuesta de resarcimiento econ\u00f3mico. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, puntualizaron que la inconformidad por la decisi\u00f3n del tribunal y la imposibilidad de allanarse a los cargos para acceder a la disminuci\u00f3n punitiva, ya fue discutida a trav\u00e9s de solicitud de nulidad de la imputaci\u00f3n, desestimada con auto del 3 de marzo de este a\u00f1o, frente al cual no se interpusieron recursos. <\/p>\n
2. El magistrado ponente del prove\u00eddo recriminado, del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto entiende que los promotores pretenden \u00abrevivir un debate clausurado, am\u00e9n que el proceso se encuentra en tr\u00e1mite\u00bb <\/p>\n
3. La Fiscal 45 Especializada contra las organizaciones criminales adujo que, conoci\u00f3 el proceso en la etapa preliminar, no obstante, la fase de juzgamiento la adelanta la Fiscal 287 Seccional de Bogot\u00e1 a quien traslad\u00f3 el escrito y sus anexos. <\/p>\n
4. A su turno, la Fiscal 287 Seccional adscrita al equipo de trabajo juicios \u2013 grupo investigaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n, refiri\u00f3 cada una de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite penal que involucra a los hoy accionantes. Apunt\u00f3 que la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento no se ha llevado debido a la multitud de aplazamientos por la defensa y solicitudes de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos. <\/p>\n
5. El Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de esta ciudad, relacion\u00f3 lo acontecido en la actuaci\u00f3n cuestionada e inform\u00f3 que, por distintas situaciones no se ha cumplido con la nueva audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda por no cumplir el principio de subsidiariedad, por cuanto el proceso penal objeto de reproche se encuentra en tr\u00e1mite, y \u00abpor tanto, no le est\u00e1 permitido al juez de tutela intervenir en el mismo, debido a que en su interior existen los medios de defensa aptos para preservar o recuperar los derechos supuestamente amenazados, esto es, en la sentencia de primer grado, la cual podr\u00e1n recurrir en sede de apelaci\u00f3n si es adversa a sus intereses, y en caso de resultar inconformes en la segunda instancia, tendr\u00e1n la opci\u00f3n de interponer el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, con lo cual deviene improcedente la acci\u00f3n de amparo presentada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los querellantes replicando en extenso las argumentaciones del escrito inicial. Reiteraron su desacuerdo con la decisi\u00f3n del tribunal que declar\u00f3 la nulidad del allanamiento por cuanto se aplic\u00f3 \u00abuna postura jurisprudencial no consagrada en la ley [\u2026] que desdibuja las reglas propias del juicio, al estar los jueces sometidos al imperio de la ley [\u2026] y ser la jurisprudencia un criterio auxiliar\u00bb. Apuntaron que, ya se conoce la postura del tribunal en el asunto y que su criterio no se va a modificar, \u00abpor lo que la naturaleza jur\u00eddica de la doble instancia ser\u00eda nula o cuya finalidad no tendr\u00eda raz\u00f3n de ser, porque a priori se conoce su tesis, es por ello que se busca el amparo v\u00eda acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por los actores al declarar la nulidad de la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento a cargos de los delitos \u00abconcierto para delinquir en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con porte ilegal de armas de fuego en calidad de coautores y hurto calificado agravado\u00bb (proceso radicado 2019-158) al no acreditarse la reparaci\u00f3n o reintegro de lo apropiado a las v\u00edctimas, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho, por impedirles acceder a la rebaja punitiva que procede frente a la aceptaci\u00f3n unilateral de la responsabilidad conforme lo prev\u00e9 la normativa procesal. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de variar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Por su parte, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la a quo, al encontrase el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde los promotores del amparo deben hacer valer sus prerrogativas, m\u00e1xime si, tal como se puede constatar en el historial del proceso, la audiencia del art\u00edculo 339 de la Ley 906 de 2004 se encuentra pendiente de reanudarse a fin de verificar la legalidad y procedencia del allanamiento a la imputaci\u00f3n, atendiendo las previsiones normativas y jurisprudenciales memoradas por el tribunal accionado al declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n primigenia. <\/p>\n
De manera que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del juicio penal, lo que para el caso no se ha cumplido, pues \u00e9ste, al invalidarse la decisi\u00f3n que aval\u00f3 las condiciones en que los enjuiciados aceptaron los cargos de manera unilateral, se reinici\u00f3 desde la instancia procesal en que se present\u00f3 y por lo tanto, subsisten todas las posibilidades jur\u00eddicas para plantear las inconformidades y reproches frente a las actuaciones de los juzgadores que consideran han quebrantado sus garant\u00edas. <\/p>\n
De procederse de forma contraria, y asumirse esta acci\u00f3n como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se corre el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
Y es que ha sido criterio definido y reiterado de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos penales en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado hasta aqu\u00ed, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Resulta improcedente el resguardo si el proceso penal se encuentra en curso, toda vez que, los procesados, aqu\u00ed accionantes, cuentan con instrumentos al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 3 de noviembre de 2021. <\/p>\n
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STC16024-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16024-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01007-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59638","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59638","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59638"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59638\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}