STC16028-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16028-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-00969-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 8 de octubre de 2021, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Gladys Galicia Montealegre contra el Juzgado Quinto de Familia de esta localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, vida digna, m\u00ednimo vital, \u00abno ser discriminada\u00bb, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio de sucesi\u00f3n (rad. 2017-00590). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que, en el tr\u00e1mite de la referencia, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, se ha incurrido en m\u00faltiples irregularidades relacionadas con la falta de reconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho que, en su criterio, tuvo con el causante; al paso que se tiene acreditada como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite a otra persona con la que el de cujus contrajo matrimonio cat\u00f3lico, el cual, a su juicio \u00abno tiene validez jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, que se \u00abdeclare que entre la suscrita GLADYS GALICIA MONTEALEGRE identificada con cedula No 51`915.097 de Bogot\u00e1 y el causante se\u00f1or EMIGDIO RAMIREZ (qepd), quien en vida se identific\u00f3 con la c\u00e9dula No 5`966.236 de Ortega-Tolima y falleci\u00f3 en Bogot\u00e1 D.C, el d\u00eda 30 de abril del a\u00f1o 2017; existi\u00f3 una UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO que se inici\u00f3 el 27 de abril de 1997 y perdur\u00f3 hasta el 30 de abril del a\u00f1o 2017, fecha en la cual EMIGDIO RAMIREZ falleci\u00f3, disolvi\u00e9ndose esta sociedad marital\u00bb, as\u00ed como la consecuente sociedad patrimonial y su estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado convocado manifest\u00f3 que \u00abel 4 de septiembre de 2019 se llev\u00f3 a cabo la continuaci\u00f3n de la audiencia de inventarios y aval\u00faos, estableciendo el valor de los bienes conforme a los documentos allegados e imparti\u00e9ndole aprobaci\u00f3n al acta presentada, adem\u00e1s de decretar la partici\u00f3n y designar a la apoderada de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite para la elaboraci\u00f3n de la misma, decisi\u00f3n que no mereci\u00f3 reparo por ninguno de los interesados; sin embargo, presentado el trabajo encomendado a la partidora, el apoderado judicial de la heredera Jennifer Paola Ram\u00edrez Galicia objet\u00f3 la distribuci\u00f3n all\u00ed efectuada, manifestaciones de las que se orden\u00f3 correr traslado mediante prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2019, por lo que, habi\u00e9ndose surtido dicha actuaci\u00f3n y tras haberse resuelto por el Tribunal el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra auto que decret\u00f3 el secuestro de uno de los inmuebles, el 24 de agosto del a\u00f1o en curso se declar\u00f3 infundada la objeci\u00f3n planteada y se orden\u00f3 la correcci\u00f3n de algunos yerros de forma en la partici\u00f3n presentada, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza tras el silencio de los interesados\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, reliev\u00f3 que el amparo debe ser declarado improcedente, \u00abno s\u00f3lo porque el proceso adelantado en su contra se surti\u00f3 con apego a las normas sustanciales y procedimentales que rigen esta clase de asuntos, sino porque, teniendo a su disposici\u00f3n los mecanismos de defensa judicial previstos por el legislador para controvertir las decisiones de las que ahora se duele, la quejosa dej\u00f3 vencer en silencio los t\u00e9rminos para formular dichos recursos\u00bb. <\/p>\n
2. Una abogada que dijo actuar como \u00abapoderada de los herederos del se\u00f1or EMIGDIO RAM\u00cdREZ\u00bb expuso que \u00ab[la gestora] pretende que el JUZGADO QUINTO DE FAMILIA reconozca una UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO Y LA CONSTTITUCI\u00d3N DE UNA SOCIEDAD PATRIMONIAL, para lo cual NO TIENE NINGUNA COMPETENCIA, puesto que la Ley 54 de 1990 establece el procedimiento para que se reconozca esa uni\u00f3n marital de hecho, mediante un proceso independiente al de la sucesi\u00f3n que se tramita en ese juzgado\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, a\u00f1adi\u00f3, \u00abla misma accionante present\u00f3 una demanda cuyo reparto correspondi\u00f3 al JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, en el cual se dict\u00f3 una sentencia el d\u00eda 1 de octubre de 2021 que no se encuentra en firme, puesto que fue APELADA en t\u00e9rmino y est\u00e1 pendiente de la decisi\u00f3n del TRIBUNAL DE FAMILIA. En otras palabras, la accionante pretende que mediante la tutela se desconozca el debido proceso y la decisi\u00f3n de un pleito pendiente entre las mismas partes\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del amparo, porque \u00aben el proceso sucesorio de Emigdio Ram\u00edrez, en providencia del 31 de octubre de 2017 (folio 201), se neg\u00f3 el reconocimiento de la accionante como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, debido a que no acredit\u00f3 documentalmente tal calidad, tal decisi\u00f3n no fue cuestionada por do\u00f1a Gladys y, en cambio, solicit\u00f3 que se declarara la uni\u00f3n marital de hecho entre ella y el difunto, as\u00ed como la sociedad patrimonial, lo cual fue negado en providencia del 15 de diciembre de 2017, en la cual le explic\u00f3 el juez que, para realizar el reconocimiento de compa\u00f1era permanente de la deb\u00eda aportar la declaraci\u00f3n de la misma por alguno de los mecanismos legales de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 2 de la Ley 979 de 2005 (folio 228), decisi\u00f3n que tampoco fue objeto de reparo por parte de la accionante\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[aquella] luego insisti\u00f3 en que se reconociera la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial consecuente, lo cual fue negado en providencia del 13 de abril de 2018 (folio 279), indic\u00e1ndole que deb\u00eda presentar la correspondiente demanda en la oficina de reparto para que de ella conociera uno de los jueces de familia. N\u00f3tese que, contra las decisiones que fueron adversas a sus intereses, no hizo uso de los recursos con que contaba, y en caso de que fuera inminente un perjuicio irremediable, lo de esperarse era que hubiera ejercido la acci\u00f3n de tutela tan pronto como conoci\u00f3 las decisiones, pero es inexplicable que hubiera esperado m\u00e1s de tres a\u00f1os para ello. As\u00ed las cosas, ante la pasividad de la accionante en el proceso materia de litis, se hace inviable la tutela constitucional, pues desperdici\u00f3 las oportunidades legales para defender sus intereses, luego, mal puede pretender ahora intentar sanear su desgre\u00f1o en el proceso de marras acudiendo a esta v\u00eda preferencial y sumaria\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abel Juez accionado nunca acept\u00f3 los recursos (Auto del 14 de junio de 2017 – Auto del 31 de octubre de 2018 e intervenciones en audiencias) ni los argumentos elevados repetidamente para que corrigiera la arbitrariedad y ostensible injusticia; corri\u00f3 traslado de la partici\u00f3n allegada el noviembre de 2019, traslado mis objeciones en enero de 2020 y dejo el proceso inactivo durante la pandemia; hasta el 25 de agosto de 2021 cuando expidi\u00f3 el Auto (adjunto con la Acci\u00f3n de tutela) en el cual niega mis derechos, acepto asignar el 50% a la expareja de hace 40 a\u00f1os buscando despojarme de mi patrimonio (p\u00e1g. 46 a 50 del anexo 3 con la solic de tutela) Auto que motiva esta Acci\u00f3n de Tutela porque con el viola mis derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de sucesi\u00f3n (rad. 2017-00590), por denegar el reconocimiento de la calidad de compa\u00f1era permanente del causante, aducida por la gestora, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Hechos probados. <\/p>\n
2.1. Con auto de 14 de junio de 2017, el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1 declar\u00f3 abierto y radicado el proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Emigdio Ram\u00edrez y se reconoci\u00f3 a Mar\u00eda G\u00f3mez Carrero como c\u00f3nyuge sobreviviente (f. 40, cd. ppal.). <\/p>\n
2.2. El 28 de septiembre de 2017, Gladys Galicia Montealegre, aqu\u00ed gestora, acudi\u00f3 al estrado para solicitar su acreditaci\u00f3n como \u00abc\u00f3nyuge sup\u00e9rstite \u2013 compa\u00f1era permanente (sic)\u00bb y el de su menor hija (f. 82 y ss.). <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de auto del 31 de octubre siguiente, se neg\u00f3 \u00abel reconocimiento de esta \u00faltima como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, como quiera (sic) que no se acredit\u00f3 documentalmente tal calidad\u00bb, determinaci\u00f3n que no fue objeto de reproche (f. 111 y ss.). <\/p>\n
2.5. Con posterioridad, el mandatario judicial de la interesada solicit\u00f3, una vez m\u00e1s, la acreditaci\u00f3n de la mentada calidad; por lo que, con resoluci\u00f3n de 13 de abril de 2018, se le indic\u00f3 que \u00abno se accede a la solicitud de iniciaci\u00f3n del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho como quiera (sic) que \u00e9ste debe presentarse a reparto entre los dem\u00e1s Juzgados de Familia como quiera (sic) que \u00e9ste no est\u00e1 contemplado en el art. 23 para ser tramitado ante el mismo juez que conoce de la sucesi\u00f3n por fuero de atracci\u00f3n\u00bb, la cual tampoco fue pasible de defensas (f. 153 y ss.). <\/p>\n
2.6. El 24 de mayo de 2018, se inici\u00f3 la audiencia de inventarios y aval\u00faos, la cual continu\u00f3 el 15 de agosto de 2019 y el 4 de septiembre de 2019, en la cual se estableci\u00f3 el valor de los bienes y se design\u00f3 a la apoderada de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite para la elaboraci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, aspectos que tampoco fueron confutados en la diligencia, en la cual particip\u00f3 el abogado de la memorialista (f. 211 y ss.). <\/p>\n
2.7. Mediante prove\u00eddo de 19 de noviembre de 2019, se corri\u00f3 traslado del trabajo de partici\u00f3n (f. 239 y ss.), frente al cual el mandatario judicial de la accionante formul\u00f3 objeci\u00f3n (f. 235 y ss.), la cual fue desestimada con auto de 25 de agosto de 2021, en el que tambi\u00e9n se requiri\u00f3 a la partidora para que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, reajustara el trabajo; decisi\u00f3n que no fue discutida. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que las determinaciones mediante las cuales la c\u00e9lula cognoscente desestim\u00f3 las solicitudes de \u00abreconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb y su calidad de \u00abcompa\u00f1era permanente\u00bb en la mentada sucesi\u00f3n, datan de 31 de octubre y 15 de diciembre de 2017, as\u00ed como del 13 de abril de 2018, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 21 de septiembre de 20211; es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presuntamente afectada con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso la actora como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la promotora que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
5. Precisiones adicionales. <\/p>\n
5.1. En relaci\u00f3n con los cuestionamientos realizados frente al prove\u00eddo de 24 de agosto de 2021, a trav\u00e9s del cual el estrado convocado decidi\u00f3 desfavorablemente la objeci\u00f3n formulada por el apoderado de la censora frente al trabajo de partici\u00f3n, tambi\u00e9n se colige que el amparo deviene inviable, comoquiera que no se acredit\u00f3 el ejercicio del medio de defensa de que dispon\u00eda para rebatir lo all\u00ed resuelto (esto es, el recurso de reposici\u00f3n, en subsidio de apelaci\u00f3n, de conformidad con la previsi\u00f3n general del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el canon 321, numeral 5, \u00eddem, que prev\u00e9 la alzada frente al auto: \u00ab(\u2026) que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva\u00bb, respectivamente). <\/p>\n
En ese orden, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: \u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
5.2. En cuanto a la alegaci\u00f3n tendiente a que se decrete la nulidad por p\u00e9rdida de competencia de que trata el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, tampoco sale avante ese pedimento, comoquiera que ello no ha sido solicitado en debida forma ante el juez de la causa, aspecto con lo que se desconoce el car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo. <\/p>\n
5.3. Por \u00faltimo, esta Colegiatura evidencia que, de acuerdo con la informaci\u00f3n que se alleg\u00f3 en el curso de la primera instancia, la libelista promovi\u00f3 el juicio declarativo de la uni\u00f3n marital de hecho ante el Juzgado Veinteavo de Familia de Bogot\u00e1 (rad. 2018-00610), quien, con decisi\u00f3n de 1 de octubre de 2021, accedi\u00f3 a su pedimento, determinaci\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n por la contraparte; y, seg\u00fan la anotaci\u00f3n registrada en el sistema de gesti\u00f3n judicial, con oficio del 8 de octubre siguiente se remitieron las diligencias a la Sala de Familia del Tribunal Superior de esa urbe para surtir el tr\u00e1mite pertinente, de modo que en ese escenario se definir\u00e1 lo concerniente al estado civil. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. La gestora tard\u00f3 en acudir a este mecanismo excepcional, de modo que la queja soslaya el criterio de inmediatez que rige para esta clase de asuntos. <\/p>\n
6.2. De igual forma, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ, STC5048-2018, 19 abr.). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Lo anterior, de acuerdo con el acta de reparto de este asunto constitucional, que inicialmente fue inadmitido por el Tribunal, mediante prove\u00eddo de 22 de septiembre de 2021. As\u00ed mismo, con auto de 30 de septiembre siguiente, luego de la subsanaci\u00f3n, fue admitida a tr\u00e1mite. <\/p>\n
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STC16028-2021 Magistrado ponente STC16028-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-00969-01 (Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 8 de octubre de 2021, proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59641","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59641","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59641"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59641\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59641"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59641"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59641"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}