STC16033-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16033-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2021-00098-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 29 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Mar\u00eda Velasco Apraez contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el hipotecario con radicado 2017-00164-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Aduce que Claudia Yaneth Pe\u00f1a Mart\u00ednez y Adriana Berm\u00fadez Ocampo, lo demandaron ejecutivamente ante el estrado del circuito atacado, para exigirle el pago de una deuda respaldada con hipoteca. <\/p>\n
Refiere que las acreedoras allegaron un dictamen avaluando el predio en $1.748.864.307 y, para controvertirlo, aport\u00f3 un peritaje por $13.076.177.000. <\/p>\n
Indica que, en auto de 30 de agosto de 2019, se acogi\u00f3 el primer justiprecio aludido sin tenerse en cuenta el valor real del bien, ni el \u00aberror grave\u00bb de dicha experticia. <\/p>\n
Alega que ha \u00abtenido diferentes apoderados (\u2026) los cuales, con criterios diversos han orientado el debate, lo que [le] est\u00e1 ocasionado perjuicios, (\u2026) [al estar] ad portas de un remate\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, suspender la subasta programada para el 19 de octubre de 20211, no aprobarla y, ordenar la pr\u00e1ctica de un nuevo aval\u00fao. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El juzgado del circuito acusado manifest\u00f3 que el actor no formul\u00f3 recursos contra la decisi\u00f3n de 30 de agosto de 2019, mediante la cual se estableci\u00f3 el valor del inmueble controvertido con el fin de subastarlo. <\/p>\n
Asimismo, rese\u00f1\u00f3 que, atendiendo a lo dispuesto en el prove\u00eddo de 4 de febrero de 2021, las demandantes incorporaron un \u00abdictamen actualizado (\u2026) y, [del] mismo (\u2026) se corri\u00f3 traslado [al petente], quien no se pronunci\u00f3 dentro de t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que el suplicante \u00abpresent\u00f3 un incidente de nulidad con fundamento en el art\u00edculo 29 constitucional, mismo que fue resuelto de manera desfavorable el 19 de agosto de 2021\u00bb y, resalt\u00f3 que \u00aben diligencia de remate del 19 de octubre [siguiente], se adjudic\u00f3 el inmueble [materia de debate]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El IGAC2 resalt\u00f3 que, en 2018, el censor \u00absolicit[\u00f3] [la] revisi\u00f3n de[l] aval\u00fao [catastral del predio en cuesti\u00f3n] (\u2026) y, [en] visita [al inmueble, un funcionario de la entidad] (\u2026) constat\u00f3 que exist[\u00eda] diferencia en las \u00e1reas de construcci\u00f3n (\u2026), lo que llev\u00f3 a un aumento en el aval\u00fao (\u2026) de $39.372.000 a $721.451.000\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Sebasti\u00e1n Everardo L\u00f3pez Jurado aduciendo ser apoderado de las ejecutantes al interior del decurso criticado, enfatiz\u00f3 en la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo, al incumplirse el requisito de subsidiariedad, porque \u00abel accionante no hizo uso de los mecanismos ordinarios para cuestionar las decisiones adoptadas por el Juzgado convocado (\u2026) contra el auto que dispuso no tener en cuenta el dictamen que aport\u00f3, o haberse pronunciado en el t\u00e9rmino de traslado de la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao de la parte actora, o haber impugnado (\u2026) la providencia que (\u2026) deneg[\u00f3] la solicitud de nulidad que formul\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que el quejoso pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n de la almoneda, pedimento que fue denegado en el acto y, resalt\u00f3 que \u00abal hallarse en tr\u00e1mite el proceso y pendiente la aprobaci\u00f3n del remate, queda[ba] la posibilidad de que all\u00ed se prom[ovieran] los mecanismos de defensa pertinentes\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante refiriendo que \u00absolicit\u00f3 (\u2026) invalidar [el remate] (\u2026) y, en su lugar, nombrar a un perito (\u2026) a fin de aval[uar] el bien (\u2026), no sin antes [suspender] la diligencia (\u2026). No obstante, (\u2026) [esta] se llev\u00f3 a cabo (\u2026) y, [a]nte [su] inconformidad (\u2026) en el sentido de que podr\u00eda configurarse una futura nulidad, el despacho (\u2026) neg\u00f3 la solicitud y dispuso la continuaci\u00f3n de la [audiencia]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente si, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad del auxilio contra decisiones judiciales y, de superarse lo anterior, si la autoridad convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas del tutelante al llevar a remate el inmueble disputado, sin tener en cuenta el aval\u00fao que \u00e9l present\u00f3. <\/p>\n
2. Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. De la inmediatez. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala se advierte el incumplimiento del primero de los presupuestos rese\u00f1ados, respecto del auto que acogi\u00f3 el aval\u00fao aportado la parte ejecutante y, a la vez, desestim\u00f3 el allegado por el actor. <\/p>\n
Frente a la tempestividad, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01). <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio. <\/p>\n
4. De la incuria. <\/p>\n
4.1. Por otra parte, como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, especial menci\u00f3n debe resaltarse el descuido del gestor frente al agotamiento de los mecanismos a su alcance, pues no formul\u00f3 reparos contra el auto de 30 de agosto de 2019, que dispuso no tener en cuenta el aval\u00fao que aport\u00f3. <\/p>\n
Igualmente, guard\u00f3 silencio durante el traslado de la actualizaci\u00f3n del justiprecio de dicho bien, surtido el 18 de febrero de 2021 y, tampoco cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 19 de agosto siguiente, que deneg\u00f3 la invalidez por \u00e9l promovida. <\/p>\n
Asimismo, contrario a lo sostenido en el escrito de impugnaci\u00f3n, se observa que al comienzo de la diligencia de remate el tutelante solicit\u00f3 la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb con fundamento en aspectos relacionados con el \u00e1rea y el aval\u00fao del inmueble4, pedimento que fue denegado en auto emitido en el acto y, si bien fue recurrido en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, all\u00ed se desestim\u00f3 la primera defensa y no se concedi\u00f3 la segunda por improcedente. <\/p>\n
Sobre lo aducido, esta Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
4.2. De igual modo, el resguardo resulta improcedente por prematuro, pues revisadas las actuaciones reprochadas en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, se advierte que aun no se ha aprobado el remate y, por tal motivo, la Sala observa que no es procedente anticiparse a trav\u00e9s de este auxilio, a la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble objeto de disenso. <\/p>\n
Sobre el punto, esta Corte al desatar un caso de similares contornos al aqu\u00ed estudiado, sostuvo que el auxilio se tornaba impertinente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-01, citada en STC7732-2020, 24 sep. 2020, rad. 01200-01, entre otras). Se resalta. <\/p>\n
5. De la falta de defensa t\u00e9cnica y de la responsabilidad de los apoderados judiciales. <\/p>\n
El amparo tampoco prospera ante la aducida incuria de los mandatarios que representaron al convocante en el procedimiento recriminado, pues adem\u00e1s de que estuvo asistido por profesionales del derecho, las alegadas omisiones de \u00e9stos no son atribuibles el estrado accionado <\/p>\n
Sobre el tema esta Colegiatura sostuvo que: \u00ab(\u2026) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01). <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
Se confirma la improcedencia del auxilio porque, el solicitante no acudi\u00f3 tempestivamente a esta v\u00eda excepcional, para cuestionar la determinaci\u00f3n que desestim\u00f3 el aval\u00fao que present\u00f3 y, adem\u00e1s, actu\u00f3 con incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En la mencionada calenda se present\u00f3 la demanda de amparo. <\/p>\n
2\u0002 Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. <\/p>\n
3\u0002 Acta de reparto del a quo constitucional. <\/p>\n
4\u0002 Minuto 10:04 y siguientes de la audiencia de remate celebrada el 19 de octubre de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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