STC16034-2021<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16034-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2021-00208-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de cuatro de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Harold Hern\u00e1n Moreno Cardona contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio ejecutivo con radicado 2007-00226-05. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Afirma que, Andr\u00e9s Salom\u00f3n Cubillos Quintero fue demandado por el Banco AV Villas S.A. ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Buga y, para tal efecto este le confiri\u00f3 mandato. <\/p>\n
El rese\u00f1ado litigio se resolvi\u00f3 a favor de los intereses de su representado y, por tal motivo, solicit\u00f3 a ese estrado ejecutar el fallo respectivo en favor de Andr\u00e9s Salom\u00f3n, tr\u00e1mite en cual se emiti\u00f3 sentencia disponiendo seguir adelante con el coercitivo. Frente a la precitada determinaci\u00f3n, el Banco AV Villas S.A. formul\u00f3 apelaci\u00f3n, recurso cuya definici\u00f3n se asign\u00f3 al estrado confutado. <\/p>\n
La sede judicial accionada en auto de 19 de julio de 2019, decret\u00f3 la suspensi\u00f3n por prejudicialidad, dada la denuncia penal formulada por el Banco AV Villas S.A. Adem\u00e1s, en prove\u00eddo de 27 de febrero de 2020, le reconoci\u00f3 la calidad de cesionario de las las eventuales agencias en derecho que a t\u00edtulo de honorarios hab\u00eda acordado con Andr\u00e9s Salom\u00f3n Cubillos Quintero. <\/p>\n
Se\u00f1ala que trascurridos dos (2) a\u00f1os desde la suspensi\u00f3n de las actuaciones, pidi\u00f3 la reanudaci\u00f3n del proceso, petici\u00f3n denegada en auto de agosto de 2021, postura reiterada el 13 de septiembre de septiembre siguiente, al desatarse la reposici\u00f3n que instaur\u00f3. <\/p>\n
3. Solicita, dejar sin efecto los precitados pronunciamientos y ordenar dictar sentencia en la ejecuci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Buga manifest\u00f3 que, en sentencia de 7 de diciembre de 2017, desat\u00f3 en primera instancia, la ejecuci\u00f3n promovida por Andr\u00e9s Salom\u00f3n Cubillos Quintero contra el Banco AV Villas S.A, entidad que formul\u00f3 apelaci\u00f3n, recurso pendiente de definici\u00f3n por parte de la autoridad encausada. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de dicha localidad, realiz\u00f3 un recuento de sus actuaciones y se\u00f1al\u00f3 que orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al estrado demandado para que resolviera la alzada en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3. El curador ad litem designado en esta tramitaci\u00f3n para representar a los herederos determinados e indeterminados de Andr\u00e9s Salom\u00f3n Cubillo Quintero, adujo estarse a lo probado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda, porque el tutelante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues con ocasi\u00f3n de un anterior resguardo que inco\u00f3 en relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n controvertida, esta Sala en la sentencia STC3984-2020 de 24 de junio de 2020, as\u00ed lo estableci\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien al censor se le reconoci\u00f3 la condici\u00f3n de cesionario de las eventuales agencias en derecho de la alzada pendiente, no estaba habilitado para reclamar por v\u00eda de tutela, por cuanto \u00ab(\u2026) ese reconocimiento no [era] suficiente para concluir que oper\u00f3 la cesi\u00f3n el derecho personal objeto de litigio, y mucho menos para otorgarle al [petente] la calidad de litisconsorte del titular del cr\u00e9dito (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante se\u00f1alando que cuestionaba \u00abtodo lo desfavorable del amparo constitucional que rompe el fin y prop\u00f3sito fe la administraci\u00f3n de justicia; que es que cada persona tenga una pronta [administraci\u00f3n] de Justicia T-154 (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a esta Corporaci\u00f3n establecer, inicialmente, si el actor est\u00e1 facultado para presentar este resguardo y, de superarse lo anterior, si el juzgado convocado lesion\u00f3 sus prerrogativas por no disponer la reanudaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n censurada. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
2.1. M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. <\/p>\n
En lo que a la primera modalidad se refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que este mecanismo podr\u00e1 ser ejercido \u00aben todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
Ahora, cuando se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se ha entendido que s\u00f3lo puede acudir a este medio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero reconocido en la misma o, s\u00ed resultaba necesaria su vinculaci\u00f3n y se omiti\u00f3, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
2.2. Analizados los fundamentos que soportan la presente solicitud, concluye la Sala que el promotor carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, para cuestionar por esta v\u00eda, las actuaciones del proceso reprochado, pues no es parte ni tercero reconocido y su \u00fanico inter\u00e9s son las eventuales agencias en derecho que se fijen dentro del litigio, de all\u00ed que no pueda cuestionar las distintas actuaciones surtidas. <\/p>\n
Esta Sala en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la situaci\u00f3n esgrimida por el gestor en la demanda de amparo esto es, que es cesionario titular de los derechos litigiosos del juicio coercitivo referenciado, no es \u00f3bice para que se acceda al estudio de fondo del resguardo implorado, por cuanto que como lo dijo la Corte en anterior oportunidad1, \u00abcuando el ac\u00e1 impulsor deprec\u00f3 la ejecuci\u00f3n reprochada, en calidad de mandatario, ninguna prerrogativa ejerci\u00f3 en favor suyo, pues las sumas de dinero reconocidas en el juicio que precedi\u00f3 al compulsivo, las pidi\u00f3 para Andr\u00e9s Salom\u00f3n Cubillos Quintero y nada dijo en torno a la cesi\u00f3n aducida en este tr\u00e1mite\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abel 17 de marzo de 2010, el Juzgado Primero Civil Municipal de Buga libr\u00f3 orden de pago \u00fanica y exclusivamente a favor de Andr\u00e9s Salom\u00f3n Cubillos Quintero, sin protesta por parte del ac\u00e1 accionante\u00bb (STC15164-2019). <\/p>\n
\u00abY aunque en las diligencias judiciales censuradas el accionante fue reconocido como apoderado del se\u00f1or Andr\u00e9s Salom\u00f3n Cubillos Quintero, esa circunstancia no lo habilita per se para cuestionar las decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional convocada en el citado litigio mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que \u00e9sta puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda el poder por medio del cual se act\u00faa, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991(\u2026)2\u00bb (se destaca). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo denegatorio del auxilio, en la medida que el convocante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar las determinaciones proferidas en el proceso ejecutivo 2007-00226-05. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Expediente 76111-22-13-000-2019-00162-01, suscitado por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC3984-2020 de 24 de junio de 2020, exp. 76111-22-13-002- 2020-00074-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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