STC16036-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16036-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2021-00032-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 27 de octubre de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el Resguardo Ind\u00edgena Siona Buenavista contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 2017-00364-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando por conducto de apoderado judicial, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales \u00abal debido proceso, al territorio, a la propiedad colectiva, el gobierno propio, la vida digna y la dignidad humana de la comunidad Siona de Buenavista\u00bb, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada por cuanto ha incurrido en mora judicial injustificada en desarrollo del juicio n\u00ba 2017-00364-00. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa el referido proceso, en el que se pretende la restituci\u00f3n de los derechos territoriales de la comunidad ind\u00edgena de Buenavista \u00abcobija un \u00e1rea de 56.972 ha + 3.082 m2 que incluye el Resguardo constituido por el INCORA mediante Resoluci\u00f3n 045 del 21 de julio de 1983, tres predios adquiridos por la comunidad ubicados hacia el nororiente del Resguardo en el sector el Silencio, y un \u00e1rea no titulada solicitada en ampliaci\u00f3n del Resguardo que comprende un \u00e1rea de 52.029 ha + 1.723 m2\u00bb. <\/p>\n
Precisa, que el referido Despacho admiti\u00f3 la demanda el 28 de febrero de 2018, \u00absin que a la fecha el proceso haya entrado si quiera a la etapa probatoria, a pesar de que se supone es orientado bajo las premisas de la Justicia Transicional y criterios de excepcionalidad, inversi\u00f3n en la carga de la prueba y prelaci\u00f3n de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas v\u00edctimas del conflicto armado (Decreto Ley 4633 de 2011)\u00bb. <\/p>\n
Indica, que en el asunto \u00abfueron decretadas Medidas Cautelares en el marco del Decreto 4633 de 2011 orientadas a la protecci\u00f3n del territorio ancestral y titulado (auto interlocutorio No. 00531 del 21 de agosto de 2018)\u00bb, adem\u00e1s \u00abel territorio ancestral del Pueblo Siona solicitado en restituci\u00f3n de tierras, se encuentra protegido tambi\u00e9n por las Medidas Cautelares decretadas por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos mediante escrito MC 395 del 14 de julio de 2018\u00bb. <\/p>\n
Afirma, que \u00abdesde el 2019, a trav\u00e9s de diferentes escritos, la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas ha venido solicitando al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa que ordene mediante auto la apertura formal del periodo probatorio. Lo anterior, toda vez que se han superado las etapas procesales correspondientes a la notificaci\u00f3n y audiencia de resoluci\u00f3n de controversias inter\u00e9tnicas pertinente. Igualmente, esta solicitud ha estado sustentada en la necesidad de no seguir dilatando la protecci\u00f3n prioritaria del pueblo Siona, dadas las violaciones territoriales y a derechos humanos que tiene que soportar constantemente, teniendo en cuenta adem\u00e1s que este pueblo es sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb. No obstante, dicha autoridad \u00abha omitido referirse a las solicitudes de la CCJ en relaci\u00f3n con la apertura del periodo probatorio y mantiene est\u00e1tico el proceso sin justificaci\u00f3n legal alguna\u00bb. <\/p>\n
Relata, que mediante prove\u00eddo de 5 de octubre de 2021, el despacho dispuso vincular y notificar a terceros interesados en el litigio, sin embargo \u00ablas personas que ordena vincular el Auto (\u2026) han presentado su oposici\u00f3n expresa a las pretensiones de la comunidad ind\u00edgena de Buenavista, de tal manera que su conducta se enmarca dentro de lo que se ha catalogado procesalmente como notificaci\u00f3n por conducta concluyente\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, que \u00abel termino previsto por la Ley de v\u00edctimas, para que la Jurisdicci\u00f3n civil especialista en restituci\u00f3n de tierras, emita el fallo de restituci\u00f3n de derechos territoriales respecto de la solicitud presentada por la comunidad ind\u00edgena del Resguardo Siona Buenavista est\u00e1 vencido, de tal manera que configura una mora judicial en detrimento de la comunidad demandante\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa que \u00ab(\u2026) revoque el Auto No. 432 del 5 de octubre de 2021 (\u2026) ordene inmediatamente mediante auto, la apertura al periodo probatorio, en el proceso No. 86001-31-21-001-2017-00364-00 (\u2026) y despliegue sus actuaciones con celeridad \u00abconforme a los principios de la Ley 1448 de 2011 el Decreto 4633 de 2011 y la protecci\u00f3n especial para pueblos <\/p>\n
ind\u00edgenas y tribales que consagra el Convenio 169 de la OIT\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa, hizo un amplio recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del juicio que origina el reclamo constitucional. <\/p>\n
Precis\u00f3, que mediante prove\u00eddo de 5 de octubre hoga\u00f1o dispuso la vinculaci\u00f3n al proceso de terceros, determinaci\u00f3n que fue objeto de recurso de reposici\u00f3n, por parte del aqu\u00ed accionante, pretendiendo que se revoque tal decisi\u00f3n y se \u00abproceda a expedir auto que de apertura formal del per\u00edodo probatorio del proceso en curso\u00bb, el cual fue despachado desfavorablemente el 29 de octubre de 2021, argumentando, en s\u00edntesis, que acceder a lo pedido por el promotor implicar\u00eda transgredir el debido proceso y derecho de contradicci\u00f3n de las personas que podr\u00edan verse afectadas con las resultas del litigio. <\/p>\n
En cuanto a la mora injustificada que alega la parte actora, destac\u00f3, que en ese despacho \u00abse tramitan (\u2026) alrededor de unos 749 y 17 procesos \u00e9tnicos (3 en posfallo), adem\u00e1s es importante mencionar que en los primeros meses del a\u00f1o 2020 la Juez de ese momento dispuso la revisi\u00f3n de aproximadamente 100 asuntos que se encontraban en etapa de post fallo a fin de adelantar audiencia de seguimiento realizada el 13 de marzo de 2020, con el prop\u00f3sito de verificar el cumplimiento total de las \u00f3rdenes impartidas en sentencia y proceder a su archivo. Despu\u00e9s de esta fecha no se debe desconocer que dada la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por parte del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, seg\u00fan Decreto 385 de marzo 12 de 2020 por la enfermedad denominada \u00abCOVID-19″, se entr\u00f3 a cuarentena lo que impidi\u00f3 el trabajo normal que se adelantaba cuando era posible ingresar al Despacho Judicial\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo al considerar, en s\u00edntesis, que no encontr\u00f3 acreditada la afectaci\u00f3n a las garant\u00edas esenciales invocadas. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos se\u00f1alados en el escrito inicial. Recalc\u00f3 que, \u00abtanto el Juzgado como el Tribunal desconocen que un proceso de restituci\u00f3n de derechos territoriales fue dise\u00f1ado seg\u00fan la ley para durar 4 meses, y a la fecha de presentaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela el proceso de restituci\u00f3n de la comunidad Siona de Buenavista cuenta con una duraci\u00f3n de tres (3) A\u00d1OS y siete (7) meses, sobrepasando un t\u00e9rmino no solo legal sino razonable, que no encuentra excusa valida alguna , as\u00ed como tampoco la encuentra, la grave situaci\u00f3n que vive la comunidad y que continua en indefinici\u00f3n jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales aducidas por la parte actora, por cuanto, aparentemente ha incurrido en mora injustificada al interior del proceso de restituci\u00f3n de tierras n\u00ba 2017-00364-00 sometido a su escrutinio. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia constitucional ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo, al advertir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley. <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n en sentido contrario implicar\u00eda que cada uno de los magistrados, jueces y fiscales podr\u00edan, a su leal saber y entender, proferir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el art\u00edculo 123 de la Carta Pol\u00edtica en cuanto dispone que los servidores p\u00fablicos, y dentro de esta categor\u00eda los funcionarios judiciales, deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constituci\u00f3n, la ley o el reglamento\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) El Constituyente coherente con el reconocimiento que hizo de estas garant\u00edas estableci\u00f3 el siguiente mandato: \u201cLos t\u00e9rminos procesales se observaran con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado\u201d del cual se infiere, tal y como lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n desde sus primeras providencias (T-431\/92), que \u201cla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 est\u00e1 inspirada, entre otros muchos, en el prop\u00f3sito definido de erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los jueces pero tambi\u00e9n entre otros funcionarios p\u00fablicos, de incumplir los t\u00e9rminos procesales acarreando a los destinatarios de la administraci\u00f3n de justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus m\u00e1s elementales derechos\u201d\u00bb (CC T-30\/05). <\/p>\n
Acerca de este puntual aspecto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional, y con vista en la informaci\u00f3n allegada por los intervinientes y la que se extracta tras la consulta del sistema de gesti\u00f3n judicial, la Sala advierte la improcedencia del instrumento constitucional toda vez que en este evento no se suscita afectaci\u00f3n a las garant\u00edas esenciales reclamadas por la convocante, y para ello basta destacar que el proceso que origina el reclamo, se ha desarrollado sin demoras o dilaciones injustificadas. <\/p>\n
En efecto, debe considerarse la carga laboral que soporta el despacho convocado, quien inform\u00f3 que tiene a su cargo \u00abalrededor de unos 749 y 17 procesos \u00e9tnicos (3 en posfallo), adem\u00e1s es importante mencionar que en los primeros meses del a\u00f1o 2020 la Juez de ese momento dispuso la revisi\u00f3n de aproximadamente 100 asuntos que se encontraban en etapa de post fallo a fin de adelantar audiencia de seguimiento\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, no pierde de vista la Sala que, en raz\u00f3n a la emergencia sanitaria que inici\u00f3 en marzo de 2020 derivada de la COVID -19, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales hasta el 30 de junio de esa anualidad, y posteriormente, cada despacho judicial en el pa\u00eds ha asumido un gran reto encaminado a garantizar una efectiva prestaci\u00f3n del servicio que propenda por asegurar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Por lo tanto, para esta Corporaci\u00f3n no se encuentra acreditada una dilaci\u00f3n caprichosa o arbitraria por parte del Juez Primero Civil del Circuito de Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa en el referido juicio que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En un caso similar en el que no se acredit\u00f3 la afectaci\u00f3n actual de los derechos fundamentales esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado, al no evidenciarse afectaci\u00f3n de las prerrogativas esenciales reclamadas por la accionante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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