STC16037-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16037-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01823-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 16 de septiembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yolanda Mu\u00f1oz Bland\u00f3n y Luz Adriana Monsalve Mu\u00f1oz contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de la misma especialidad y ciudad (en la actualidad transformado en juzgado permanente) y las partes e intervinientes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio 2015-00011 (ED 6231). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes, actuando por conducto de apoderado, acudieron al presente mecanismo constitucional buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, plenitud de las formas propias del juicio, no reforma en perjuicio, presunci\u00f3n de inocencia, buena fe y propiedad [sic]\u00bb, presuntamente desconocidos por la autoridad jurisdiccional convocada. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductorio, as\u00ed como de las pruebas recaudadas se puede extractar que el 5 de octubre de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, en descongesti\u00f3n, profiri\u00f3 sentencia de connotaci\u00f3n mixta pues, por una parte, declar\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad de los inmuebles \u00abidentificados con matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-220005, 300-31558 y 3004246, ubicados en C\u00facuta\u2026 y Bucaramanga\u2026 y el veh\u00edculo de placas EKO-803\u00bb, y, por otra, no extingui\u00f3 la titularidad de varios predios, entre ellos los distinguidos con matr\u00edcula 260-68700 y 260-227345, registrados a nombre de las accionantes, adem\u00e1s de veh\u00edculos y un establecimiento de comercio. <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n fue impugnada por las ac\u00e1 gestoras y, a su vez, sometida a consulta en lo referente a la negativa de extinguir el dominio. <\/p>\n
Con fallo del pasado 25 de marzo, la Sala Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado, confirmando la decisi\u00f3n en lo que fue objeto de alzada, al tiempo que desat\u00f3 el grado jurisdiccional, revoc\u00e1ndola parcialmente, en el sentido de \u00abdeclarar la extinci\u00f3n de dominio de los inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fam. No. 260-68700 y 260-227345, propiedad de Yolanda Mu\u00f1oz Bland\u00f3n y Luz Adriana Monsalve Mu\u00f1oz\u00bb. <\/p>\n
3. Para las gestoras, la colegiatura ad quem incurri\u00f3 en \u00abdefecto sustantivo\u00bb por una errada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 13 de la Ley 793 de 2000, \u00abdefecto procedimental absoluto por actuaci\u00f3n arbitraria\u2026 por pretermisi\u00f3n del principio de limitaci\u00f3n\u2026 [y] por violaci\u00f3n del principio de favorabilidad y non bis in \u00eddem\u00bb en cuanto a la procedencia simult\u00e1nea del recurso de apelaci\u00f3n y la consulta y porque al desatar ese grado jurisdiccional, desconoci\u00f3 el principio fundamental del derecho que proscribe la reforma en perjuicio. <\/p>\n
En su criterio, \u00abse vulneraron los derechos fundamentales porque a) el Tribunal estaba ante un recurso de apelaci\u00f3n que exclu\u00eda el grado jurisdiccional de consulta; (b) el Tribunal estaba ante un apelante \u00fanico\u2026 (c) el Tribunal desat\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta que revivi\u00f3 el debate procesal que ya se hab\u00eda efectuado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y se hab\u00eda resuelto por el juez de primera instancia; y (d) el Tribunal agrav\u00f3 la situaci\u00f3n de las accionantes\u2026 circunstancia que es absolutamente improcedente comoquiera que tal decisi\u00f3n desfavorable se encuentra prohibida por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb <\/p>\n
As\u00ed mismo, estima que el fallo de segundo grado adolece de \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb por valoraci\u00f3n errada del material probatorio recopilado y por haber tenido por probados hechos que no lo fueron, dado que \u00abno contaba con elementos probatorios para ampliar el l\u00edmite temporal de la acusaci\u00f3n del gobierno de los Estados Unidos ni mucho menos contaba con pruebas que demostraran el nexo entre las actividades delictivas de\u2026 Diana Patricia Monsalve Mu\u00f1oz y el origen de los bienes de Yolanda Mu\u00f1oz Bland\u00f3n y Luz Adriana Monsalve Mu\u00f1oz. Por el contrario\u2026 s\u00ed contaba con elementos probatorios que no fueron tachados de falsos ni su autenticidad desconocida durante el transcurso del proceso y que, contrario a ello, se reconoci\u00f3 la inexistencia de motivos para dudar de las pruebas aportadas\u00bb. <\/p>\n
4. Solicitan, en consecuencia, remover los efectos del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en lo relativo al pronunciamiento en sede de consulta y, en su lugar, se le ordene \u00abque proceda a dictar una nueva providencia ajustada a la Constituci\u00f3n y la ley y respetuosa de [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abcontrario a lo manifestado por el actor, correspond\u00eda conocer no s\u00f3lo el recurso de alzada, sino tambi\u00e9n el grado jurisdiccional de consulta, respecto de os bienes sobre los cuales no se declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio\u2026 conforme lo establecido en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 13 de la Ley 793 de 2002, modificado por el art\u00edculo 82 de la Ley 1453 de 2011\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, luego de rememorar lo acontecido en la actuaci\u00f3n censurada, dijo que el fallo que neg\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de propiedad deb\u00eda ser sometido a consulta, con independencia de que se hubiese impugnado el fallo, pues as\u00ed lo dispone expresamente el art\u00edculo 13 de la Ley 793 de 2002 desprendi\u00e9ndose de dicha norma que \u00abla apelaci\u00f3n y el grado de consulta no son excluyentes al tratarse de diferentes bienes\u00bb. <\/p>\n
3. El apoderado general de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. pidi\u00f3 desestimar la solicitud de protecci\u00f3n por desatender el presupuesto de la subsidiariedad en la medida que las accionantes pretenden acudir a esta herramienta como si se tratara de una tercera instancia o como un instrumento adicional de impugnaci\u00f3n de decisiones que han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
4. Por su parte, La Fiscal\u00eda Diecinueve adscrita a la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y el director jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho solicitaron la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb, al carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la protecci\u00f3n por cuanto la sentencia cuestionada \u00abexpuso motivos con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica propia de la adecuada actividad judicial\u00bb, adem\u00e1s que la resoluci\u00f3n del grado jurisdiccional de consulta a la par del recurso de apelaci\u00f3n impetrado conta la sentencia mixta proferida en primer grado no constituye lesi\u00f3n a garant\u00eda fundamental alguna por no ser excluyentes en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, pues \u00abla elevaci\u00f3n de la consulta no depende que el aspecto relacionado con la no extinci\u00f3n de dominio sea recurrido\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Las gestoras discreparon de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si, como lo expresaron las accionantes, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, lesion\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, al extinguir, por v\u00eda de consulta, el derecho de dominio sobre dos inmuebles registrados a su nombre, por una parte, extralimit\u00e1ndose al resolver el grado jurisdiccional a la par del recurso de apelaci\u00f3n por ellas impetrado, lo que en su sentir era improcedente y, por otra, efectuando una valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio allegado que daba cuenta de la licitud de los recursos con los que dichos bienes fueron adquiridos. <\/p>\n
2. La tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la incuria <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
Como se dijo, Yolanda Mu\u00f1oz Bland\u00f3n y Luz Adriana Monsalve Mu\u00f1oz acudieron al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que consideran quebrantado con la providencia del pasado 25 de marzo a trav\u00e9s de la cual la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 coet\u00e1neamente el recurso de apelaci\u00f3n por ellas formulado contra la sentencia que declar\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad de unos bienes registrados a su nombre y el grado jurisdiccional de consulta respecto de la negativa de extinguir dicho derecho respecto de algunos otros, pues, en su sentir, ambas instituciones procesales son excluyentes. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, la acci\u00f3n de tutela se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios -lo que constituye incuria- o porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la primera modalidad puesto que las accionantes omitieron recurrir en reposici\u00f3n el auto de 25 de enero de 2016 por medio del cual la colegiatura convocada admiti\u00f3 el referido medio de impugnaci\u00f3n conjuntamente con el grado jurisdiccional de consulta, por virtud de la regla contenida en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 189 de la Ley 600 de 2000, aplicables por integraci\u00f3n normativa seg\u00fan el canon 7\u00ba de la Ley 793 de 2000, con lo que mostraron su aquiescencia con lo resuelto. <\/p>\n
Sobre la idoneidad y eficacia de dicho recurso, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026) (CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n de la Sala a quo, de desestimar el amparo reclamado, result\u00f3 acertada, porque la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando les es atribuible a los interesados la omisi\u00f3n, quedan inevitablemente vinculados a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Sobre el tema la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed pues, para la Corte la no utilizaci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n contra el auto que admiti\u00f3 simult\u00e1neamente la apelaci\u00f3n y la consulta torna inviable la presente acci\u00f3n de tutela por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, sin que sea necesario realizar consideraci\u00f3n adicional respecto de otras tem\u00e1ticas tales como el acierto de la decisi\u00f3n cuestionada pues, precisamente para ello, se debi\u00f3 hacer uso del referido instrumento defensivo. <\/p>\n
3.2. De la tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Ahora bien, frente al reparo referente a la defectuosa valoraci\u00f3n probatoria, debe indicarse que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por las accionantes es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que les fue adversa, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del Juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, aun cuando las gestoras acusan a la decisi\u00f3n cuestionada de adolecer de defecto f\u00e1ctico, no expresan con suficiencia en qu\u00e9 consisti\u00f3 el supuesto yerro, sino que enfilan su disertaci\u00f3n a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso por los funcionarios competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen en s\u00ed tales argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n ajena al car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La intenci\u00f3n de las querellantes y del profesional del derecho que las asiste, es imponer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las pruebas y el ordenamiento jur\u00eddico, por encima del criterio de los juzgadores ordinarios, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas por la autoridad querellada en la providencia objeto de censura, resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4.1. La tutela no fue establecida como instrumento para rescatar oportunidades procesales desperdiciadas por el descuido de la parte, ni para obtener pronunciamientos alternos por fuera de los cauces regulares establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico, y <\/p>\n
4.2. Lo pretendido por las gestoras resulta improcedente, habida cuenta que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al buscar imponer un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones aqu\u00ed indicadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16037-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16037-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01823-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 16 de septiembre, dentro de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59650","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59650"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59650\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59650"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}