STC16040-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16040-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2021-00395-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 27 de octubre de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mario Restrepo contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Cotty Morales Caama\u00f1o, la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda Municipal de Santa Rosa de Cabal, el Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas de la Regional Risaralda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor, se desprende que su inconformidad radica en que la acci\u00f3n popular que \u00e9l inici\u00f3 (rad. 2021-00358) fue rechazada, \u00abseg[\u00fa]n su sano criterio por no aportar la direcci\u00f3n o el canal electr\u00f3nico de la accionada, pese a que ha (sic) saciedad le manifest\u00f3 desconocer tal canal de notificaci\u00f3n electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, que se ordene la admisi\u00f3n de la demanda y \u00abse demuestre que el [D]ecreto 806 del 2020, derog[\u00f3] t[\u00e1]cita o expresamente art 14, 18 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal hizo un recuento del devenir procesal, en s\u00edntesis, adujo que el 23 de septiembre de 2021 profiri\u00f3 auto inadmisorio \u00abporque el actor popular no acredit\u00f3 haber remitido la demanda a la direcci\u00f3n f\u00edsica de la entidad accionada, tal como lo establece el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 806 de 2020\u00bb, pronunciamiento que fue objeto de recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n por parte del extremo activo, insistiendo en el desconocimiento del \u00abcanal de direcci\u00f3n electr\u00f3nica de FINANFUTURO y solicita se admita la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente indic\u00f3 que, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 4 de octubre de la misma calenda, dispuso abstenerse de reponer el prove\u00eddo atacado y deneg\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Reliev\u00f3, adem\u00e1s, que mediante decisi\u00f3n del 13 de octubre hoga\u00f1o rechaz\u00f3 el l\u00edbelo, comoquiera que no fue subsanado, decisi\u00f3n que no fue objeto de oposici\u00f3n por parte del interesado. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el amparo deprecado, porque \u00abrevisado el expediente que contiene la mencionada acci\u00f3n popular, se evidencia que el auto que rechaz\u00f3 la demanda, frente al que se formula el reproche constitucional, ni siquiera se hab\u00eda proferido para cuando se promovi\u00f3 la tutela que se resuelve. En efecto, el auto de rechazo de demanda se profiri\u00f3 el 13 de octubre de este a\u00f1o, y la solicitud de amparo se formul\u00f3 el d\u00eda anterior ante la Corte Suprema de Justicia, Corporaci\u00f3n que la remiti\u00f3 para su correcto reparto a esta ciudad, y fue asignado a esta Sala el 14 siguiente\u00bb, finalmente concluy\u00f3 que \u00abPara cuando la tutela se present\u00f3, la demanda a[\u00fa]n no hab\u00eda sido rechazada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2021-00358) que promovi\u00f3 el gestor, por haber rechazado la demanda presentada. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Hechos Probados. <\/p>\n
Se encuentra probado lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El 20 de septiembre de 2021, el gestor radic\u00f3 la acci\u00f3n popular de la referencia. <\/p>\n
3.2. Mediante auto del 23 del mismo mes y a\u00f1o, se inadmiti\u00f3 el l\u00edbelo porque el suplicante no acredit\u00f3 haberla remitido a la direcci\u00f3n f\u00edsica del extremo pasivo. <\/p>\n
3.3. El 29 de septiembre hoga\u00f1o, el promotor present\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la precitada determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3.4. El 4 de octubre de 2021, el despacho se abstuvo de reponer la decisi\u00f3n atacada y deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso vertical ante el superior. <\/p>\n
3.5. El 12 de octubre de la misma calenda, el querellante envi\u00f3 al correo electr\u00f3nico de esta Sala (notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co) el escrito inaugural de esta tutela, el cual se remiti\u00f3 al d\u00eda siguiente a la oficina judicial de Pereira (ofjudper@cendoj.ramajudicial.gov.co). <\/p>\n
3.6. Con posterioridad, esto es, el 13 de octubre de esta anualidad, la autoridad encartada dispuso rechazar el asunto, por falta de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Caso Concreto. <\/p>\n
4.1. Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que habr\u00e1 de refrendarse el fallo desestimatorio del tribunal a quo, comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de la prerrogativa esencial invocada, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la queja se circunscribe a que, supuestamente, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal profiri\u00f3 auto rechazando la demanda de acci\u00f3n popular promovida por el censor, pese a que, en su criterio, el estrado judicial acusado es quien tiene la carga de realizar el enteramiento de la providencia de admisi\u00f3n de la misma. <\/p>\n
Sin embargo, revisado el expediente allegado por el despacho querellado y el de este tr\u00e1mite constitucional, se pudo colegir que el 12 de octubre de 2021 el gestor radic\u00f3 al correo electr\u00f3nico de esta Sala la solicitud de amparo de la referencia, mientras que el estrado judicial encartado profiri\u00f3 la decisi\u00f3n confutada el 13 de octubre de la misma calenda, es decir, el accionante cuestion\u00f3 una resoluci\u00f3n inexistente para el momento de la interposici\u00f3n de esta tutela. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
4.2. Por \u00faltimo, tambi\u00e9n se advierte que el peticionario no desarroll\u00f3 de forma inteligible las razones por las cuales, en su criterio, el estrado denunciado se habr\u00eda apartado de las consideraciones vertidas en la sentencia C-420 de 2020 de la Corte Constitucional, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular interpuesta por aquel, de modo que, sin m\u00e1s disquisiciones, no se abre paso el reproche endilgado. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
I. <\/p>\n
Conforme con ello, se confirmar\u00e1 lo decidido en primera instancia constitucional, en tanto los hechos expuestos en esta sede, no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n que deba ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16040-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16040-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2021-00395-01 (Aprobado en Sala de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 27 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-59653","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59653"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59653\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}